La muerte de Helena Jubany, la bibliotecaria de 27 años cuyo cuerpo fue hallado en el patio de un edificio de Sabadell (Barcelona) en diciembre de 2001, llegará finalmente a juicio 25 años después. La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Sabadell ha decretado la apertura de juicio oral ante un tribunal del jurado en la Audiencia de Barcelona contra Santiago Laiglesia, que se sentará en el banquillo como único acusado por el asesinato y la detención ilegal de Helena Jubany.

En un primer momento, la investigación también señaló a Montserrat Careta, entonces pareja de Laiglesia, quien fue arrestada en febrero de 2002 e ingresó en prisión provisional y sin fianza por su presunta implicación en el crimen. El 7 de mayo de aquel año, Careta se quitó la vida en la prisión de Wad-Ras, en Barcelona, antes de que se celebrara el juicio, dejando previamente una nota en la que mantenía su inocencia.

Según fuentes judiciales a las que tuvo acceso EFE, la magistrada ha considerado que, después de completar las diligencias de investigación, existen "indicios racionales de criminalidad" suficientes para sentarlo en el banquillo. Tanto la Fiscalía como la acusación particular, ejercida por la familia de la víctima a través del letrado Benet Salellas, solicitan para él 26 años de prisión.

La decisión supone un nuevo avance en una causa que ha atravesado más de dos décadas de investigaciones, un archivo provisional y una reapertura motivada por la emisión de un documental que permitió incorporar pruebas que no estaban disponibles durante la instrucción original.

La pareja de una de las primeras investigadas

En diciembre de 2001, cuando Helena Jubany fue asesinada, Santiago Laiglesia mantenía una relación sentimental con Montserrat Careta, una de las primeras personas investigadas por el crimen. Los tres pertenecían a la Unió Excursionista de Sabadell (UES), una entidad asociativa cuyo entorno centró buena parte de las sospechas policiales desde el comienzo de las pesquisas.

Careta ingresó en prisión preventiva y se suicidó en su celda en mayo de 2002, mientras defendía su inocencia. La investigación continuó, pero la falta de pruebas concluyentes contra Laiglesia impidió entonces que el procedimiento avanzara contra él. En 2005, el juzgado acordó el archivo provisional de la causa.

El escenario procesal es ahora distinto. Laiglesia afronta la apertura de juicio oral en libertad provisional y como único acusado, después de que la jueza acordara también el archivo provisional de la causa respecto a Francisco Javier G. M., conocido como Xavier Jiménez. Ni la Fiscalía ni la acusación particular dirigieron finalmente acusación contra él, después de descartarse la presencia de su ADN en las prendas de la víctima.

Laiglesia mostró una actitud "inexpresiva"

Ya en noviembre de 2025, según documentación judicial a la que tuvo acceso la entonces Europa Press, la misma instructora había ordenado el ingreso de Laiglesia en prisión provisional, comunicada y sin fianza. La decisión se apoyaba en el riesgo de fuga y en la necesidad de evitar una posible alteración de los testimonios del entorno de la Unió Excursionista de Sabadell.

En aquella comparecencia, el investigado se acogió a su derecho a no declarar. La acusación ejercida por la familia describió entonces su actitud como "inexpresiva". Su defensa solicitó el archivo de las actuaciones y cuestionó la solidez de las pruebas genéticas, además de aportar informes del Instituto de Medicina Legal de Santa Cruz de Tenerife para poner en duda los resultados de los análisis y plantear una posible ruptura de la cadena de custodia o contaminación indirecta de las muestras.

Entre sus argumentos figuraba que Laiglesia había trabajado en un despacho de abogados que podría haber tenido acceso a la prenda analizada. La jueza, no obstante, rechazó el archivo y acordó que el procedimiento continuara hacia el juicio oral.

Una muerte que se convirtió en parte de la historia negra de Cataluña

El caso se remonta al 2 de diciembre de 2001, cuando un vecino encontró el cuerpo desnudo de Helena Jubany, de 27 años, en el patio interior de un edificio de Sabadell. La joven presentaba quemaduras y su muerte dio lugar a una investigación que, desde el principio, estuvo marcada por las circunstancias en las que había desaparecido y por las sospechas que rodearon a su entorno más cercano.

La bibliotecaria había comenzado a recibir meses antes cartas anónimas acompañadas de refrescos y alimentos. Aquellos envíos se convirtieron en una de las líneas centrales de la investigación: los investigadores contemplaron la posibilidad de que los anónimos hubieran servido para ganarse su confianza y facilitarle sustancias que anularan su capacidad de reacción.

Las diligencias forenses determinaron que Helena había sido sedada con fármacos antes de caer desde la azotea del edificio. Según la reconstrucción de los hechos recogida en la investigación, fue trasladada hasta allí inconsciente, pero todavía con vida, y arrojada al vacío. La hipótesis de que alguien hubiera intervenido para suministrarle las sustancias y trasladar su cuerpo orientó parte de las pesquisas.

Las sospechas se concentraron inicialmente en personas vinculadas a la Unió Excursionista de Sabadell. Sin embargo, tras el suicidio de Montserrat Careta y ante la ausencia de pruebas suficientes contra Laiglesia, el caso quedó archivado provisionalmente en 2005.

La reapertura y el rastro de ADN

La causa volvió a cobrar impulso en 2020, tras años de reivindicaciones de la familia y de una mayor atención pública al caso, alimentada también por programas de televisión que repasaron las contradicciones de la investigación y especialmente por un episodio de Crims, que recogía un análisis de los hechos. La reapertura se formalizó en febrero de 2023, cuando el procedimiento estaba a punto de prescribir.

Al parecer, la investigación se centra ahora en utilizar técnicas de análisis que no habían estado disponibles durante las primeras diligencias y revisar nuevas pruebas que han aparecido a raíz de la reapertura. En este sentido, los investigadores examinaron el ordenador de la víctima, sus correos electrónicos y las cartas anónimas, además de realizar nuevos peritajes caligráficos.

Pero uno de los elementos más relevantes para la causa llegó del análisis de una prenda de ropa; un informe técnico de 14 páginas elaborado por agentes de la Policía Nacional confirmó la presencia de ADN masculino compatible con Santiago Laiglesia en la zona lateral inferior izquierda del jersey que vestía Helena cuando murió.

26 billones de veces más probable que el ADN pertenezca a Laiglesia

Según los datos policiales difundidos por la agencia citada, la compatibilidad genética observada hace aproximadamente 26 billones de veces más probable que la mezcla de ADN contenga material genético de Laiglesia que el de un individuo elegido al azar de la población española.

La presencia de ese material biológico se ha convertido en uno de los elementos centrales de la acusación. En sus resoluciones, la magistrada señala que los investigados no habían declarado haber coincidido con Helena Jubany durante los días previos ni haber mantenido un contacto físico que explicara la presencia de sus restos biológicos en la prenda. La jueza considera que el resultado genético constituye un indicio relevante para situar a Laiglesia en el contexto del crimen.

La instructora también ha valorado las circunstancias del traslado del cuerpo hasta la azotea. En su razonamiento, considera difícil que Montserrat Careta hubiera podido realizar esa operación por sí sola y entiende que la hipótesis de una participación de su entonces pareja resulta coherente con los indicios reunidos. Se trata, no obstante, de una valoración judicial en la fase de instrucción, no de una declaración de culpabilidad.

Con la apertura de juicio oral, el caso de Helena Jubany entra en una nueva etapa. Más de 24 años después del hallazgo de su cuerpo, será un jurado popular de la Audiencia de Barcelona el que deberá examinar las pruebas y determinar si Santiago Laiglesia es penalmente responsable de los delitos que se le atribuyen. La acusación solicita 26 años de prisión, pero la decisión final corresponde al tribunal.

Un Kalashnikov y un lanzagranadas ocultos en una bolsa de basura. Ocho fusiles de asalto abandonados en un coche tras una persecución a más de 150 kilómetros por hora. Dos hallazgos en apenas siete días que hablan del tamaño del agujero: los fusiles de asalto circulan por España sin control.

El primer caso ocurrió en plena calle del barrio sevillano del Tiro de Línea, cuando un vecino alertó de lo que escondía un plástico negro tirado en la acera. Apenas unos días después, la autovía entre Alicante y Elche fue escenario de una fuga que acabó con un vehículo estrellado en unos cultivos de Murcia. El conductor logró huir a pie, pero dejó atrás una carga que eleva el nivel de alerta policial: ocho fusiles automáticos AK-47 en su interior. Ver un fusil tirado en la calle o interceptarlo en una persecución es solo el escaparate: hallazgos aparte, la incógnita necesita saber cuál es la ruta logística de las mafias y cuál es la cotización de estas armas en un circuito tan opaco.

Fusiles de asalto desde 1.000 euros

Conseguir un fusil de asalto a través de los circuitos ilegales puede costar entre 1.000 y 4.000 euros por unidad, según las estimaciones sobre el mercado negro europeo, un precio que varía en función del modelo, su estado de conservación y las circunstancias de cada transacción. En América Central, la presencia de este tipo de armas en países como Costa Rica se ha relacionado con envíos procedentes de Nicaragua y con rutas vinculadas al narcotráfico desde Colombia. En esta región, la horquilla sitúa el precio de los fusiles en torno 1.500 y 2.000 dólares, aunque algunas armas pueden acabar llegando posteriormente a España a través de redes de tráfico ilícito y su precio aumenta.

Frente a los circuitos ilegales, la imagen del AK-47 también tiene presencia en el mercado legal, aunque bajo condiciones muy distintas; en España, la venta de armas de fuego está sujeta a una normativa específica y los establecimientos autorizados comercializan rifles destinados a la caza, el tiro deportivo y el coleccionismo. Es el caso una armería situada en Viladecans (Barcelona), cuyo catálogo en línea incluye modelos civiles de fabricantes como Kalashnikov USA.

Si bien estas armas pueden compartir la estética del conocido fusil, su funcionamiento y su régimen legal difieren de los de las versiones automáticas, sometidas a restricciones específicas. A esta oferta, además, se suman las réplicas recreativas y los modelos de airsoft, que reproducen su apariencia sin ser armas de fuego funcionales o que utilizan balines, mucho más accesibles para el gran público y sin necesidad de navegar demasiado por la denominada 'dark web'. Así, el AK-47 trasciende el mercado negro y su imagen está presente también en ámbitos como la venta legal de armas, el coleccionismo y el ocio.

"Creemos que llegan desde Marsella"

El foco vuelve a Cataluña cuando se trata de analizar las posibles vías de abastecimiento de las organizaciones criminales: su conexión con Francia y la actividad de grupos delictivos asentados en la región forman parte del contexto que construye esta realidad. Albert Palacio, portavoz del sindicato policial USPAC, sostiene que la competencia entre organizaciones criminales contribuye a que estas busquen disponer de armamento para proteger sus actividades y enfrentarse a grupos rivales: ''El crimen organizado tiene que armarse'', afirma. Y añade: ''Se siguen armando con armas de guerra''.

Palacio también apunta a la posible influencia de los conflictos internacionales en el movimiento de armas por Europa: ''Estando la guerra de Ucrania tan cerca, hay muchas armas que pasan por aquí'', asegura. Sobre las posibles vías de entrada en España, señala: ''Creemos que la entrada es por desde Marsella''. Según su explicación, Barcelona como ubicación, desempeñaría un papel relevante en la distribución posterior: ''Tienen sus contactos, sobre todo en Barcelona, que es donde las consiguen y desde aquí se distribuyen'', explica. Su testimonio apunta a la existencia de intermediarios y contactos entre redes internacionales y grupos delictivos locales.

El riesgo para los agentes

La presencia de armas automáticas introduce un factor adicional de riesgo en las intervenciones policiales: una persecución que comienza por una conducción peligrosa puede complicarse si los ocupantes transportan armamento de guerra, como ocurrió en el caso de Alicante. Allí, los agentes tuvieron que hacer frente a una huida en la que el conductor embistió repetidamente a los vehículos policiales y puso en peligro a sus ocupantes.

Palacio advierte de la diferencia entre las armas cortas habituales en otros delitos y los fusiles de mayor calibre –algo sobre lo que ya informó El Independiente–. Su preocupación se centra en la protección de los agentes ante un posible enfrentamiento con este tipo de armamento: "Nuestros chalecos no pueden contra un disparo de armas de guerra".

Una vez incautado un fusil, el trabajo continúa en el laboratorio. Su análisis puede ayudar a identificar el modelo, determinar algunas de sus características y buscar indicios que permitan esclarecer su procedencia o relacionarlo con otros hechos. Palacio describe así parte del procedimiento: ''Recogerlas y llevarlas al laboratorio, a la unidad de armas y que las analicen. En el caso de que sean reales, conocer más o menos el modelo, año de origen y buscar huellas''.

Dos hallazgos y muchas preguntas abiertas

En Sevilla, la Policía Nacional intenta identificar a quien dejó el fusil y el lanzagranadas en la vía pública. En el caso de Alicante, las pesquisas posteriores a la persecución permitieron detener a cuatro hombres, que deberán responder ante la Justicia por los presuntos delitos que se les atribuyen. En ambos episodios, el origen y el destino del armamento siguen siendo cuestiones centrales para esclarecer lo ocurrido.

Los dos casos muestran cómo las armas de guerra pueden aparecer en circunstancias muy diferentes: abandonadas en una calle o transportadas en un vehículo que trata de escapar de la Policía. Pero el hallazgo de un fusil no basta, por sí solo, para determinar de dónde procede, a quién iba destinado o si forma parte de una red criminal más amplia.

Esas son las preguntas que deberán resolver las investigaciones. Mientras tanto, las armas intervenidas quedan fuera de circulación y a disposición de los análisis policiales, que pueden aportar nuevas pistas sobre su procedencia y sobre las personas que las tuvieron en su poder.

Hace casi dos meses, un tiroteo mortal sacudió la barriada de El Rocío (Huelva) en plena escalada de violencia cuando un par de hombres encapuchados y armados con un fusil AK-47 abrieron fuego contra la madre de M.S., alias 'El Baba', de 62 años, que murió en el acto junto con su hija, de 39 años y embarazada de ocho meses, y un menor de 16 años sin vínculos familiares con ellas. Ahora, 'El Baba' se sienta en el banquillo por unos hechos que se investigan como los posibles antecedentes del último tiroteo registrado.

Será la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Huelva la encargada de juzgar a partir de hoy, viernes 16 de octubre, a 'El Baba', por, entre otras cosas, el delito de asesinato con alevosía, relativo a un tiroteo ocurrido el 10 de septiembre de 2024 en el barrio de El Torrejón (Huelva), en el que presuntamente acabó con la vida de una persona mientras que otras dos resultaron heridas, según informó entonces Europa Press.

El procedimiento se prolongará previsiblemente hasta el miércoles 21 de octubre y por el momento, la jornada de hoy estará dedicada a la constitución del jurado popular, por lo que todo apunta, el juicio oral comenzará el lunes 19 de octubre, a las 10.00 horas con la declaración de los testigos propuestos por las distintas partes. El martes 20 será el turno de las pruebas periciales y, si todo sale según lo vaticinado, el miércoles 21 declarará 'El Baba'. Ese mismo día se entregará al jurado el objeto del veredicto para que pueda retirarse a deliberar.

Un juicio marcado por la tensión

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han preparado un dispositivo especial de seguridad ante la tensión que rodea a las familias implicadas y los incidentes registrados en los últimos años. Ya en mayo de 2025, la Guardia Civil desarrolló en Isla Cristina una operación que se saldó con la detención de tres personas, entre ellas un menor de edad, familiares del acusado. Según informó entonces el Instituto Armado, los arrestados habrían puesto "en grave riesgo a la población" y amenazado a vecinos desde una azotea durante la noche, llegando a efectuar "disparos intimidatorios".

Un mes después, en junio de 2025, otro tiroteo en Isla Cristina se saldó con una persona fallecida y otra herida. Además de 'El Baba', se sientan en el banquillo un primo suyo, acusado de encubrimiento por presuntamente ocultarlo tras los hechos, y el hermano de la víctima mortal, al que se imputa un delito de homicidio en grado de tentativa por supuestamente abrir fuego contra el principal acusado.

'El Baba' es el único de los procesados que permanece en prisión provisional por estos hechos. La Audiencia Provincial de Huelva acordó prorrogar su encarcelamiento durante dos años más tras la vista celebrada el pasado 30 de septiembre en Huelva. Entonces, la medida se adoptó ante la posibilidad de que la prisión provisional alcanzara su límite ordinario de dos años sin que se hubiera celebrado el juicio, una situación en la que la ley permite acordar una prórroga cuando se cumplen los requisitos legales.

Fiscalía pide 28 años y seis meses de cárcel para 'El Baba'

La Fiscalía de Huelva solicita 28 años y seis meses de prisión para 'El Baba', como presunto autor del tiroteo ocurrido el 10 de septiembre de 2024 en el barrio de El Torrejón, que dejó un fallecido y dos heridos.

Le atribuye presuntos delitos de asesinato con alevosía, homicidio en grado de tentativa y tenencia ilícita de armas. Además, pide 15 años y medio de cárcel para el hermano del fallecido, acusado de dos presuntos delitos de homicidio en grado de tentativa y tenencia ilícita de armas, y dos años para el primo de 'El Baba', por un presunto delito de encubrimiento.

El relato de los hechos según la Fiscalía

Según el escrito del Ministerio público, los hechos comenzaron sobre las 14.10 horas del 10 de septiembre de 2024, cuando el hermano del fallecido circulaba en su vehículo por la calle Margarita, en El Torrejón. Al pasar frente al portal de su cuñado, con quien mantenía una "conocida enemistad y enfrentamientos violentos" previos, habría abierto fuego desde el coche en marcha, sin detenerse y con la intención de acabar con su vida o con la de sus acompañantes.

El escrito sostiene que efectuó "al menos seis disparos", ninguno de los cuales alcanzó a 'El Baba', aunque uno de sus acompañantes resultó herido en las piernas y los brazos. Al ver aproximarse el vehículo y con "el idéntico propósito de acabar con la vida de su cuñado", 'El Baba' habría respondido disparando contra el coche en movimiento. Según la Fiscalía, dos proyectiles atravesaron la luna trasera: uno rozó a la víctima y quedó alojado en el reposacabezas, mientras que el otro le alcanzó en la parte posterior de la cabeza.

A consecuencia del impacto, el conductor perdió el control del vehículo y colisionó contra varios coches estacionados en la calle Margarita, cuyos propietarios han renunciado a reclamar indemnizaciones. El hombre tuvo que someterse a una intervención quirúrgica para extraerle el proyectil. Apenas unos minutos después del tiroteo, el fallecido, hermano del hombre acusado de los dos homicidios en grado de tentativa y cuñado de 'El Baba', tuvo conocimiento de lo sucedido y se desplazó en coche hasta el lugar junto a su madre. Para entonces, según la versión de la Fiscalía, 'El Baba' se había atrincherado en su vivienda.

Cuando el hombre llegó al inmueble y comenzó a subir las escaleras para acceder al piso en el que residía su hermana junto a 'El Baba', este último habría salido a su encuentro armado con un revólver. Al alcanzar su cuñado el último escalón, presuntamente "abrió fuego a quemarropa sin darle opción de respuesta, percutiendo tres disparos".

Mientras uno de los disparos alcanzó a la víctima provocándole una lesión cardiaca, que según el escrito del Ministerio público fue lo que causo la muerte instantánea al producirle un shock hipovolémico, los otros dos disparos atravesaron e impactaron en la puerta de una vivienda vecina. Tras la agresión, 'El Baba' huyó del lugar. Posteriormente, en el portal se encontró un cuchillo de campo con ADN de la víctima, mientras que en la vivienda del acusado y en el vehículo del hermano del fallecido se localizó numerosa munición.

Detenido en Gijón un mes después

De acuerdo con el relato de las citadas fuentes, 'El Baba' permaneció en paradero desconocido desde el día de los hechos hasta el 12 de octubre de 2024, cuando fue localizado y detenido en Gijón, Asturias. El acusado se encontraba oculto en el domicilio de su primo, también procesado en la causa. Este último le habría dado cobijo "a sabiendas de la orden de busca y captura incoada contra él", con la intención de ayudarle a eludir la acción de la justicia.

Por estos hechos, el Ministerio Público considera que concurren un delito de asesinato consumado atribuido presuntamente a 'El Baba'; tres delitos de homicidio en grado de tentativa —uno atribuido a este y otros dos al hermano del fallecido—; dos delitos de tenencia ilícita de armas, uno para cada uno de ellos, y un delito de encubrimiento atribuido al primo del principal acusado. La Fiscalía señala, asimismo, que ninguno de los procesados cuenta con antecedentes penales computables.