Federico Balestrini tiene 29 años, es secretario general de Vélez Sarsfield y sueña con convertirse en el nuevo presidente. Si el próximo 15 de noviembre los socios le dan su respaldo en las urnas, se convertirá en uno de los mandatarios más jóvenes en la historia de la institución de Liniers, con un antecedente que él mismo se encarga de subrayar: “El único registro que tengo de una persona tan joven siendo presidente de Vélez fue ni más ni menos que José Amalfitani. Es un enorme privilegio y orgullo”.

La comparación no es casual. Balestrini se formó entre las aulas del Instituto Educativo del club —del que es egresado— y conoce los pasillos de la comisión directiva, donde su apellido pesa desde hace dos décadas. Su padre, Álvaro, fue presidente de Vélez entre 2005 y 2008 por la agrupación Círculo El Fortín y fue secretario durante la gestión de Raúl Gámez, otro histórico dirigente. Sus hermanos Tomás y César también formaron parte de la actividad política velezana y su tío, Alberto Balestrini, llegó a ser vicegobernador de la Provincia de Buenos Aires, intendente de La Matanza y diputado nacional.

El propio candidato mencionó que su despertar político se produjo en la elección que enfrentó a Gámez con el ídolo José Luis Chilavert -integraba la lista de Osvaldo Segade como vocal- en 2014, cuando él cursaba la secundaria en el colegio del club y su padre iba como candidato a secretario. “Ahí me empezó a picar un poco el bichito”, reconoce en diálogo con Infobae. Poco después, con apenas 19 años, cofundó la Juventud del Círculo El Fortín, una cantera de dirigentes que terminó nutriendo a la actual agrupación. “Muchos de los chicos que estamos hoy en comisión directiva venimos de ese lado, de esa conformación que se hizo en su momento”, repasa. La experiencia opositora durante el mandato de Sergio Rapisarda al frente de la Cruzada Renovadora terminó de consolidar al grupo y a impulsar una candidatura. “Nos habían dejado en una situación crítica, al borde del descenso”, recuerda de aquella gestión.

En 2023, la alianza Primero Vélez ganó las elecciones con Fabián Berlanga como candidato a presidente y 4.398 votos sobre 7.665 emitidos, un récord de participación en la historia del club. Balestrini, con 26 años, asumió como secretario general. “Significa un montón para mí, porque es un rol donde estuvo mi papá y en el que aprendí muchísimo en este tiempo”, admite.

Tres años más tarde, esa coalición ganadora se fragmentó. Balestrini indicó que el quiebre con sus pares se produjo después de la obtención de la Liga Profesional 2024. Según su relato, Berlanga empezó a tomar decisiones unilaterales que alejaron al club del socio, como por ejemplo la designación de Sebastián Domínguez como director técnico tras la salida de Gustavo Quinteros. A su juicio, fue el punto de no retorno. “De un día para el otro nos enteramos que él iba a ser el técnico de Vélez. Fue una decisión pura y exclusivamente de Fabián Berlanga, sin consultarle a nadie”, afirmó.

El resultado actual es el de un mapa electoral dividido. Nelson Pugliese, actual vicepresidente tercero, encabeza la lista de Legado Vélez, que selló una alianza con dirigentes que en 2023 competían desde la oposición: Gastón Aimaro (Unidad Velezana) y Eduardo Lalo Rado (La V Azulada). Otras dos fuerzas completan el escenario: ADN Azul y Blanco, con Juan Cruz Montero como candidato, y la Cruzada Renovadora, con Ignacio Mazzitelli al frente.

Los objetivos que pretende cumplir Balestrini

Uno de los ejes principales de la campaña es reducir el déficit operativo del club y el plan es concreto: alcanzar los 100.000 socios —actualmente hay poco más de 80 mil—. Además, la agenda de infraestructura incluye tres obras en ejecución: los nuevos palcos de la platea Carlos Bianchi, los vestuarios en el polideportivo, la cancha de hockey sobre césped con pista de atletismo que Balestrini promete como “única en la ciudad de Buenos Aires” y dos proyectos de mayor envergadura para el próximo mandato: la construcción de una cancha de competencia en la Villa Olímpica pensada para las inferiores y un microestadio en el predio de la vieja pileta que da a la calle Álvarez Jonte.

En lo deportivo, el candidato anticipa que renovar el contrato de Guillermo y Gustavo Barros Schelotto sería una de las primeras medidas de su gestión, ya que el vínculo del cuerpo técnico vence a fin de año. “Están muy alineados con nuestra idea de fútbol, que no solo engloba el profesional sino también las divisiones inferiores”, explica. Sobre la secretaría técnica, Balestrini prefirió ser más cauto: Ricky Álvarez y Sebastián Pait también terminan su vínculo y no hay garantías de continuidad. “Si se acomodan a nuestra idea, bienvenidos sean. Y si toman la decisión de no continuar, buscaremos otros nombres”, aclara.

Los comicios del 15 de noviembre tendrán un padrón récord de alrededor de 36.000 socios habilitados, cifra que casi quintuplica los 7.665 votantes de 2023. Balestrini cree que la participación puede superar aquella marca, aunque reconoce que será un contexto distinto: “En ese momento la gente estaba muy necesitada de un cambio. El oficialismo que estaba ni se presentó”. Por último, de cara al cierre de listas previsto para el 4 de noviembre, el candidato de Primero Vélez apela a la memoria reciente. “Somos los mismos que hicimos levantar a este club de la peor miseria. Fuimos la fuerza más votada y la gente depositó su confianza en nosotros, en una alianza que pensaba en proyectos por sobre nombres propios”, concluyó el abogado que sueña con convertirse en uno de los presidentes más jóvenes de la historia velezana.

El oficialismo no llegó a incluir en la última sesión de la Cámara de Diputados el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, que busca, entre otros puntos, defender los recursos naturales en las Islas Malvinas. Pero los libertarios ven difícil alcanzar los consenso necesarios con los aliados para cerrar un texto la semana que viene y la agenda internacional complica las posibilidades de convocar a una sesión durante las dos semanas siguientes.

“Tenemos tiempo, no estamos apurados”, explicó una de las principales referentes del bloque La Libertad Avanza a Infobae, aunque reconoció que las prioridades pasan por otro lado. “Lo más importante es el Presupuesto y se nos puede llegar a complicar el cronograma si desde el Senado llega la Reforma Política (suspención de las PASO)”, señaló.

Sucede que si no se logra un acuerdo contrarreloj el martes de la semana que viene, que permita sesionar el mismo miércoles 28, las dos semanas siguientes están prácticamente descartadas. Los libertarios reconocen que este escenario es muy improbable porque durante las últimas semanas no se avanzó demasiado respecto a los cambios que reclama la oposición. Además, tanto el martes y miércoles habrá reuniones de comisión para tratar el Presupuesto 2027. De hecho, el objetivo es llevar la “ley de leyes” al recinto el 18 de noviembre.

La semana siguiente no se podrá sesionar, por lo menos no en los días habituales (martes o miércoles) ya que el martes 3 se llevarán adelante las elecciones legislativas en Estados Unidos, en las que Donald Trump podría perder el control del Congreso (actualmente tiene mayoría en ambas cámaras). Varios diputados de La Libertad Avanza viajarán para monitorear los comicios y el oficialismo no puede darse el lujo de tener bajas en el recinto.

Luego el país estará convulsionado por la visita del Papa León XIV, entre el 8 y el 11 de noviembre. El Gobierno dispuso feriado nacional para el lunes 9 de noviembre, feriado para CABA y Córdoba el martes 10 y feriado para la provincia de Buenos Aires el miércoles 11. Razón por la cual resultaría virtualmente imposible garantizar la presencia de todos los diputados por las dificultades lógicas que habrá para viajar desde las provincias.

El proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional enviado al Congreso por la Casa Rosada agrava las sanciones por explotación no autorizada de recursos naturales en el Atlántico Sur pero ya no se limita a la actividad hidrocarburífera, sino que incluye toda explotación de recursos renovables o no renovables. También incluye sanciones para empresas, socios y proveedores: prevé multas y suspensión o cancelación de habilitaciones vigentes en la Argentina. Además, incorpora la responsabilidad de proveedores que conozcan que asisten a actividades prohibidas y amplía las restricciones para contratar con empresas o personas inhabilitadas.

Por otro lado, crea el Consejo de Seguridad Nacional, integrado de forma permanente por el Presidente, el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, el secretario de Inteligencia de Estado y la secretaria Legal y Técnica.

En ese marco, estipula nuevas infracciones y sanciones por amenazas a la seguridad nacional y considera infracción, entre otras conductas, afectar la integridad territorial, interferir de forma clandestina, engañosa o coercitiva en decisiones de autoridades argentinas, atacar infraestructura crítica o financiar esas acciones.

El primer cambio aceptado por el oficialismo sería la eliminación del artículo 111, que establece penas de 5 a 12 años de prisión para quienes, por cuenta, orden o financiamiento de un Estado, organización o agente extranjero, intenten interferir en procesos electorales mediante campañas coordinadas de desinformación o promuevan actos de violencia o sabotaje contra el Estado o la población argentina. Tanto el PRO, como la UCR y organizaciones civiles interpretaron que su redacción era demasiado amplia y podría utilizarse para coartar la libertad de expresión o perseguir a la oposición.

Por otro lado, fuentes libertarias al tanto de las negociaciones también reconocieron que se modificarán los artículos que habilitan al Estado a auditar, custodiar o intervenir “infraestructuras críticas”, como redes estratégicas de energía, minería y telecomunicaciones. Según trascendió, las empresas de Estados Unidos también pidieron mayores garantías para evitar futuras sanciones si operan en las islas o como proveedoras.

De hecho, el vicesecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, admitió ayer que Estados Unidos sigue “con interés” los alcances de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.

“Las leyes de la nación argentina son cuestión para las autoridades de la nación argentina”, dijo. Pero agregó: “Nosotros estamos, obviamente, viendo con interés los intereses de nuestras empresas. Es natural que cualquier país se preocupa por eso”.

En tanto, el canciller Pablo Quirno aseguró: “Esta ley no va en contra de nadie en particular, no va en contra de ninguna empresa en particular”. Y planteó que la norma ofrece a las compañías una elección de negocios: operar en el continente argentino, donde el potencial es “muchísimo mayor”, o mantener operaciones “ilegítimas” en las islas.

Otros pedidos de los aliados incluyen la incorporación del Ministerio de Seguridad Nacional como miembro permanente del Consejo de Seguridad y en el Sistema de Seguridad Nacional, “para que cada organismo tenga su rol claro y no haya superposiciones entre Fuerzas Armadas, seguridad interior y Consejo”; una clarificación de las competencias de las Fuerzas Armadas, la Policía y las Fuerzas de Seguridad Federal en la protección de las “infraestructuras críticas”; y aclaraciones sobre cuál será la autoridad de aplicación, que en el texto queda sujeta a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo.

Viñeta de Caín

© La Razón

© Caín

"Lo que supone verla de número dos por Madrid es una apuesta ilusionante de Feijóo por un partido de talento y de valores" Leer

Cuando falta prácticamente un año para las elecciones presidenciales, una de las máximas figuras del oficialismo en la actualidad, Patricia Bullrich, continúa dando señales sobre una eventual candidatura propia, aunque en la cúpula de La Libertad Avanza descartan que la senadora vaya a presentarse en 2027 y prefieren no confrontarla públicamente, mientras ratifican que no habrá cambios en el rumbo económico pese a sus reiterados reclamos por una situación “más holgada para la gente”.

La jefa del bloque violeta en la Cámara alta le deseó en su cuenta de X un feliz cumpleaños al presidente Javier Milei y tan solo unas horas después compartió una foto suya de espaldas con la frase “se vienen cositas”, tres puntos suspensivos y el emoji de ojos mirando hacia el costado.

“No tiene que ver con una ruptura ni nada raro, ya se van a enterar de qué se trata”, remarcaron a este medio en el entorno de la ex ministra de Seguridad, que desde hace meses viene planteando sus diferencias con algunas medidas de la administración nacional y la estrategia parlamentaria, entre otros puntos.

En su equipo de trabajo explicaron que “es una forma de decirles que estén listos“ y recuerdan que esa misma frase ya lo usó unos meses atrás, justo antes de expresar públicamente su desacuerdo con la continuidad de Manuel Adorni en la Jefatura de Gabinete.

Si bien la razón de la publicación la mantienen en estricto secreto, aclaran que no tiene que ver con su rol legislativo, sino que se está refiriendo a su lado de dirigente. Reconocen que es un nuevo gesto de independencia.

En una reciente entrevista con Infobae en Vivo, Bullrich afirmó que está “preparada para ser Presidente”, cargo por el que ya compitió en el 2023, aunque evitó confirmar una postulación y remarcó que “una tiene que saber esperar su momento”.

Consultada sobre una eventual fórmula junto a Milei, la dirigente aclaró que él no le ofreció la Vicepresidencia y, ante la repregunta sobre si aceptaría esa propuesta, respondió con un escueto “no comments”.

“Ella dijo bien claro que lo va a intentar en el 2031, para mí no está diciendo nada malo”, minimizaron en el círculo más íntimo del líder libertario, que niega la existencia de un conflicto interno e, incluso, destacan que la senadora plantee sus quejas.

Hasta Javier Milei debió referirse al tema en la entrevista que dio este jueves en Radio Rivadavia. El Presidente confirmó la estrategia del Gobierno en este tema: no confrontar. “Es cierto lo que dice. ¿Quiénes fuimos los contendientes del año 2023? Yo, Bullrich, Massa, Schiaretti. No es una persona improvisada”, dijo el mandatario.

Y agregó: “Hacer un punto sobre esto es una tontería, porque ella compitió en las elecciones del 2023, sabe de qué se trata esto y ha sido parte de muchos gobiernos”.

Días atrás, la ex ministra también insistió, en otro tuit, con la necesidad de avanzar con un “acuerdo político y una economía más holgada para la gente” durante este año, que también es un debate que está dando en la mesa política.

Tal como anticipó este medio, en ese grupo “hay divergencias en el timing para los cierres” de los acuerdos con los aliados: mientras algunos piden que se confirmen lo antes posible para garantizar el apoyo de los otros sectores, por ejemplo, en el Congreso, hay quienes consideran que, en cambio, se debe demorar esa definición para que La Libertad Avanza “obtenga el mejor resultado posible“ en las negociaciones de las listas.

En cuanto a Bullrich, en el entorno de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, reconocen que “las ambiciones de presentarse” por parte de la senadora “siempre estuvieron”, pero aseguran que “la realidad es que no mide”.

La diputada Lilia Lemoine, una de las personas más cercanas al mandatario nacional y a su hermana, planteó en una entrevista con Infobae en Vivo que le gustaría una fórmula con Bullrich para las elecciones de 2027.

Por el lado de Bullrich, sin embargo, bajaron el tono a esas versiones y remarcaron que “falta mucho” para tomar una definición, al mismo tiempo que señalaron que existen diferencias puntuales con el Gobierno.

Según explicaron, en el plano internacional la senadora valora el vínculo con el Partido Popular español, en sintonía con el encuentro que Milei mantuvo con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante su último viaje a España, pero no comparte la cercanía con Vox, el partido de Santiago Abascal.

La ex ministra, en tanto, todavía no tiene previsto comenzar una campaña de manera explícita en el corto plazo, pero su equipo no descarta que sí pueda empezar a recorrer el país más adelante para ver el apoyo real que tiene en cada lugar y analizar entonces los pasos a seguir. “Más adelante algún viaje por las provincias o algo así vamos a hacer”, anticipan.

En paralelo a estos movimientos políticos, y a pesar de los reclamos de la dirigente oficialista, en la Casa Rosada insisten en que no habrá modificaciones en la política económica y defienten el modelo.

“La Argentina era cíclica, pero ya no lo es más. Entiendo que asuste vivir en un lugare normal, pero es lo que va a pasar. Incluso si vuelve el kirchnerismo, las reformas que se hicieron son demasiado profundas, no van a poder cambiar el rumbo”, confían.

La relación entre la administración libertaria y Washington también atraviesa una semana de intensa actividad y en Balcarce 50 esperan con ansias las elecciones de medio término que habrá allí, aunque creen que, independientemente del resultado, seguirán teniendo el respaldo financiero de la gestión republicana.

Este jueves, Milei recibirá en su despacho a Christopher Landau, subsecretario de Estado de los Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, que llegó al país junto con el subsecretario adjunto, Juan Pablo Segura, en el marco de una gira regional centrada en inversiones y seguridad.

Un día antes, su hermana se reunió con el embajador norteamericano, Peter Lamelas, con quien analizó “la sólida relación bilateral entre ambos países, los distintos proyectos de desarrollo e inversión que empresas americanas tienen en Argentina y el contexto político y económico que atraviesa el país”.

En los próximos días, el funcionario diplomático ofrecerá una cena en su residencia, a la que fue invitada Bullrich, en otro signo del vínculo que también mantiene de forma independiente con la Casa Blanca.

“Yo no tengo que decir: ‘Estoy con USD 75.000 millones a la espera de que me hagan un golpe económico’, porque no es bueno un golpe económico. Yo tengo que decir ‘yo tengo la gobernabilidad, la tranquilidad, y no voy a necesitar esa plata’”, cuestionó la senadora en Infobae en Vivo.

Mientras tanto, en el oficialismo continúan procesando el impacto de las sucesivas señales y, lejos de responderle públicamente, los dirigentes más cercanos al Presidente reiteran que prefieren no profundizar la tensión y remarcan que la prioridad sigue siendo sostener el esquema económico y avanzar con la agenda legislativa, en momentos en que el Gobierno también negocia la eliminación de las PASO y el Presupuesto 2027.

La ripresa delle esportazioni dal Golfo non risolve la crisi

La guerra non ha soltanto interrotto le forniture; ha cambiato le rotte, i costi di trasporto, le condizioni di sicurezza e gli equilibri fra i grandi esportatori

La Justicia ordenó que la mujer que denunció por violación a Joaquín Levinton atraviese una evaluación psicológica y psiquiátrica. La medida fue requerida por Alejandra Provitola, la jueza del caso, luego de que la denunciante se ausentara por presuntos motivos de salud mental a su citación en el marco de la causa el martes 6 de este mes. Así, Provitola fijó una nueva citación para que la mujer se presente la semana próxima y requirió el estudio al decano del Cuerpo Médico Forense de la Justicia de la Nación para evaluar el estado de la denunciante de cara a sus dichos.

En su pedido, la magistrada requirió que el Cuerpo Médico Forense determine “su estado psicofísico actual, con determinación de los rasgos fundamentales de su personalidad y estado de consciencia”, según confirmaron fuentes del caso a Infobae. También, que los peritos que dependen de la Corte Suprema verifiquen “si se encuentra en condiciones psicofísicas de prestar declaración testimonial o estar en juicio”.

Provitola, por otra parte, pidió una serie de puntos de pericia, además de la existencia de las consideraciones básicas para que la mujer acusadora declare o no. Entre ellas, si existen “indicadores de comportamiento compatibles con haber sido víctima de actos de violencia física, psicológica y/o sexual”, y también si “presenta signos compatibles con estrés post -traumático, fobias, depresión o alguna otra consecuencia derivada de eventos violentos o abusivos”.

Finalmente, requirió al CMF que determine si se recomienda un tratamiento, y si la denunciante presenta “riesgo cierto e inminente” para sí misma, o para otros.

Idas y vueltas

La jueza había archivado una denuncia realizada por la misma mujer en diciembre de 2023, y por el mismo delito, luego de que la presunta víctima negó incluso llamar al 911 para acusar al cantante de Turf y figura televisiva. Este archivo, incluso, fue ratificado en diciembre de 2024 por la Sala 7 de la Cámara. Levinton nunca fue sobreseído en este caso. La acusación, simplemente, no avanzó por falta de elementos.

En aquella causa de 2023, la jueza Provitola y su equipo agotaron las medidas para que la denunciante declare. En aquel entonces, la presunta víctima de “refirió que no había realizado ninguna denuncia y que no entendía por qué la policía la buscaba, ya que ella ni siquiera conocía a Joaquín Levinton”, apuntó la magistrada en aquel momento. Tres años más tarde, la denunciante acusó a Levinton de vuelta por los mismos hechos.

C’è una politica che discute di leadership, candidature e assetti interni, mentre una parte della società manifesta un malcontento che fatica a trovare rappresentanza. È in questa frattura che si incrociano alcune delle principali questioni del dibattito pubblico: il campo largo alle prese con le primarie, la Lega che si avvicina al congresso senza aver sciolto il nodo della propria identità, le proteste che attraversano il Paese e un governo costretto a fare i conti con margini di bilancio sempre più stretti. Per Marco Valbruzzi, politologo che insegna Scienza politica all’Università Federico II di Napoli, il problema non riguarda soltanto la tenuta degli attuali equilibri politici, ma la capacità stessa dei partiti di interpretare trasformazioni sociali che procedono a velocità differenti. Un’analisi che si intreccia con il suo ultimo libro, Democrazie e no, appena uscito nelle librerie per Utet. Con una distinzione decisiva: il dissenso non è una patologia della democrazia, mentre lo è l’incapacità della rappresentanza di costruire un dialogo con chi protesta.

Professore, partiamo dal centrosinistra. Le primarie del campo largo potrebbero allargarsi oltre Elly Schlein e Giuseppe Conte. Il pluralismo delle candidature è una risorsa o rischia di trasformare la competizione in una resa dei conti tra leader?

Il campo largo ha di fronte a sé un’occasione irripetibile: proprio mentre il governo attraversa una fase critica sul piano del consenso, dovrebbe essere in grado di proporre un’alternativa credibile a Giorgia Meloni e alle sue politiche. Invece, si sta attorcigliando su se stesso, discutendo dei propri problemi anziché di quelli degli italiani. Se ormai le primarie non si possono evitare, devono diventare l’inizio della campagna elettorale del centrosinistra, non la conclusione della competizione interna tra Conte e Schlein. Si facciano, dunque, bene e in fretta, garantendo agli elettori una scelta autentica e il pluralismo delle candidature. Altrimenti, sarà l’ennesima occasione persa.

Le piazze, intanto, raccontano un malessere che assume forme differenti. Quanto pesa la radicalizzazione del dissenso e quanto l’incapacità dei partiti di intercettarlo?

In questo momento esistono due proteste molto diverse, anche nelle modalità, al Nord e al Sud. Le mobilitazioni studentesche nelle grandi metropoli post-industriali del Nord si muovono in una dimensione distante da quella dei partiti e dei loro rappresentanti. I giovani vivono nel digitale e seguono comportamenti che rispondono alla logica degli algoritmi; i partiti sono ancora immersi nell’analogico e nei ritmi della politica organizzata. Sono due mondi che non comunicano. Non basteranno decreti o misure di ordine pubblico a risolvere il problema. Al Sud, invece, le proteste seguono ritmi più vicini a quelli della politica partitica, ma il contrasto con il governo è netto. Qui è in gioco anche la lunga luna di miele di Meloni con gli italiani. Le risposte non possono arrivare attraverso annunci anticipati sui social, ma richiedono provvedimenti economici che, in questa fase, il governo fatica a permettersi.

Passiamo alla Lega. L’ipotesi di una candidatura di Garavaglia al congresso può rappresentare un’alternativa a Salvini oppure siamo davanti soprattutto a una partita sulle liste elettorali?

Più che un congresso fondato su mozioni e visioni alternative della Lega, mi sembra una conta in vista della composizione delle liste per le prossime elezioni politiche. Il ruolo di Garavaglia è quello di garantire a sé e alla minoranza interna una quota di candidature per il prossimo Parlamento, evitando che Salvini e i salviniani esercitino un controllo pieno. Nel frattempo, il partito continuerà a vivere in una sorta di limbo, senza risolvere la propria crisi d’identità e, di conseguenza, quella della leadership. Il congresso, insomma, rischia di regolare i rapporti di forza interni senza affrontare le ragioni profonde della difficoltà politica della Lega.

Se il Carroccio dovesse cambiare pelle, quali conseguenze ci sarebbero per gli equilibri del centrodestra e per i rapporti tra Salvini, Meloni e Tajani?

In vista del 2027, il centrodestra resterà congelato nella sua composizione storica, quella proposta e imposta per la prima volta da Berlusconi. Ma se la coalizione dovesse uscire sconfitta dalle urne, potremmo assistere alla fine del centrodestra nella sua versione della Seconda Repubblica. Si aprirebbe allora una fase di rimescolamento, che imporrebbe da un lato una ridefinizione interna alla Lega e dall’altro un rapporto meno conflittuale con Futuro Nazionale. Il punto è che gli equilibri attuali possono reggere finché la coalizione mantiene la prospettiva di governare. Una sconfitta elettorale, invece, rimetterebbe in discussione non soltanto i rapporti tra i leader, ma anche il modello politico sul quale il centrodestra si è retto negli ultimi decenni.

Primarie, proteste e leadership in discussione: siamo davanti a una fisiologica ridefinizione degli equilibri democratici o a una crisi più profonda della rappresentanza?

Le proteste, anche quelle smodate e incontrollate delle ultime settimane, fanno parte della democrazia. La sua forza sta proprio nella capacità di assorbire, con tempi e strumenti diversi, le forme radicali di dissenso e opposizione che attraversano la società. Ce lo insegna la storia delle democrazie, compresa quella italiana. L’elemento nuovo di questa fase è però l’incapacità strutturale della rappresentanza partitica di costruire ponti stabili con il mondo nel quale vivono le nuove generazioni. Negli anni Sessanta e Settanta, partiti e movimenti, pur entrando spesso in conflitto, condividevano linguaggi e una grammatica politica comune. Oggi quei mondi sembrano vivere su pianeti diversi. È questa distanza, più ancora della radicalità delle singole proteste, a porre un problema alla democrazia italiana.

L’ultima questione riguarda la manovra economica. Quanto spazio ha il governo per tenere insieme taglio delle tasse, sostegno alle famiglie e crescita, senza compromettere gli obiettivi di bilancio?

Le manovre del ministro Giorgetti sono sempre state orientate alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, ma mai come quest’anno il governo deve fare i conti con proteste sociali e di piazza che potrebbero essere arginate più efficacemente attraverso stanziamenti incisivi. Meloni ha provato a forzare la mano nella trattativa con l’Europa per ampliare i margini di manovra, ottenendo risultati limitati, al netto della flessibilità sulle spese energetiche e di difesa, che consentirà comunque al Paese di respirare. L’impossibilità di costruire una manovra pienamente elettorale, orientata ad allargare il consenso in vista delle prossime politiche, è uno dei fattori che potrebbero spingere il governo a rinviare al prossimo autunno l’appuntamento elettorale, nella speranza che le proteste, soprattutto al Sud, si attenuino. Il problema è che i vincoli finanziari restringono lo spazio delle risposte economiche proprio nel momento in cui la pressione sociale richiederebbe interventi più consistenti.

Los robos de celulares fueron una constante en el histórico show de Iron Maiden, ocurrido este último martes en el estadio de Huracán. Al menos dos delincuentes recibieron una paliza de manos de espectadores en el campo, en pleno concierto de la banda heavy. Los testimonios de damnificados de la noche del martes se repitieron en redes sociales al día siguiente, luego de que Infobae revelara el problema con una investigación periodística.

La situación no es una novedad: los pungas de teléfonos se volvieron una constante en recitales masivos durante los últimos cinco años. Los aparatos terminan revendidos a tan solo $50 mil pesos en cuevas y locales de galerías, donde son desguazados para repuestos, afirman fuentes en el submundo.

Cada robo, que le arruina la noche al espectador, es una historia. En medio de los bises del concierto, un joven comerciante de la zona norte sufrió el robo de su iPhone 15, a metros de la valla frente al escenario. En las últimas horas, el teléfono dio una señal de geolocalización a través de la aplicación Find My iPhone, que rastrea el rumbo de un aparato. El aparato fue encendido brevemente en el cruce de Lanín y Aconcagua, zona de Villa Celina, La Matanza. Luego, se apagó otra vez.

La ubicación no es para nada casual: el punto se encuentra a tres cuadras del Centro Comercial Copacabana, una feria allanada a mediados de este año por la Policía de la Ciudad. Cinco sospechosos, pertenecientes a la comunidad boliviana, fueron detenidos en la redada. La jueza Alejandra Provitola investigó a la feria Copacabana, precisamente, como el destino de varios celulares robados en recitales.

En mayo último, un hombre denunció que le robaron su iPhone 16 durante un show de Divididos en mayo último. Aseguró en su reporte ante la Policía porteña que el teléfono Apple todavía enviaba sus coordenadas. Se encontraba, al parecer, en la calle Evaristo Carriego, Villa Celina. Otro teléfono, robado en el show de Las Pastillas del Abuelo en Ferro, se sumó a la causa. La aplicación Find My iPhone daba exactamente la misma coordenada.

Entonces, la jueza Provitola envió a la fuerza porteña a investigar. Así, encontraron a la feria Copacabana, “en cuyo interior funcionan diversos comercios dedicados a la venta y reparación de teléfonos celulares”, según el reporte policial del día. La feria tenía reseñas en internet. Otros usuarios comentaban que sus teléfonos, también robados, podrían encontrarse allí.

Así, la Policía de la Ciudad allanó la feria. Se incautaron 49 teléfonos, equipos de reparación de celulares, láminas de hidrogel. Entre los teléfonos incautados había 34 equipos telefónicos denunciados por robo, hurto o extravío que constaban en los registros del ENACOM. La Sala V de la Cámara, sin embargo, dictó la falta de mérito para los detenidos y ordenó a la jueza del caso robustecer las pruebas.

Mientras tanto, el joven comerciante de zona norte que vio su iPhone robado titilar en la pantalla prepara una doble acción, asesorado por su abogado. El letrado sabe que, en las últimas semanas, el fuero judicial porteño dictó un fallo de notable importancia para las víctimas de los robos punga de celulares en conciertos, una herramienta desconocida para los cientos de personas que sufrieron este delito.

El fallo

Primero, el abogado le aconsejó al comerciante que denuncie el hurto del celular ante el fuero porteño. Entre las pruebas que presentará se encuentra, por ejemplo, el código QR empleado como entrada en el concierto. Segundo, deberá realizar un reclamo en el área porteña de Defensa del Consumidor.

“Hacé la denuncia en fiscalía de CABA. y hace la denuncia en defensa del consumidor. Esto último contra la organizadora del evento y el club Huracán”, aseveró el letrado. La productora organizadora del concierto, como pudo verse en las pantallas gigantes del show, es Move Concerts Argentina.

¿Qué tiene que ver la productora? Simple. Hay relación de consumo. Quien compra una entrada es consumidor y el organizador es proveedor. Existe una obligación de seguridad.

En base a este vínculo, la Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo ratificó una sentencia clave en mayo último contra Buenos Aires Arena, la operadora del Movistar Arena de Villa Crespo y la productora Trescientos, luego de que un hombre los demandara por el robo de su teléfono Motorola Edge 50 en el show de Ciro y Los Persas, realizado en el estadio en agosto de 2024.

Los camaristas Lisandro Fastman, María Machiavelli y Laura Perugini ratificaron el fallo de primera instancia que ordenaba a la operadora y a la productora pagar el valor del teléfono, la entrada del show y una multa basada en la Ley de Defensa del Consumidor por el valor de cinco canastas básicas. Por otra parte, aumentaron de $250 mil a $800 mil otra multa por daño moral. Finalmente, impusieron las costas a ambas empresas. El iPhone 15 robado al comerciante de zona norte hoy tiene un valor de mercado estimado en 800 dólares.

La Sala, al igual que el primer juez, “consideró aplicables las normas constitucionales y legales de protección al consumidor, que imponen un estándar reforzado de tutela, interpretación favorable y equilibrio en la relación jurídica”. En su respuesta, la productora afirmó que el demandante se encontraba participando “activamente del ‘pogo’ durante el desarrollo del espectáculo”. Así, intentó relativizar la posibilidad de un robo. El teléfono se le podría haber caído, tal vez, en el pogo.

La camarista Perugini determinó que el demandante “fue víctima de un hurto” que se produjo “en el marco de un espectáculo público con acceso restringido, organizado y controlado por el proveedor”. También, recordó otro detalle: la víctima había hecho una denuncia penal por el hecho, radicada en el Juzgado Criminal y Correccional N°6. En esa causa, un imputado “ofreció abonar una suma de dinero al actor para la reparación del daño” y así lograr una probation.

La misma camarista, también, recordó el artículo 42 de la Constitución Nacional que “garantiza los derechos de los consumidores y usuarios de bienes y servicios, establece la protección de su salud, seguridad e intereses económicos”.

En el caso del show de Iron Maiden, el teléfono se volvía un artículo inevitable: la entrada solo era validada en los molinetes a través de un QR dinámico desde una aplicación.

La Real Academia Sueca de Ciencias anunció que Robert E. Hall, de Stanford, y Michael Woodford, de Columbia, compartirán el Premio Nobel de Economía “por los fundamentos microeconómicos de la estabilización macroeconómica”. Es un premio merecido. Cuando las recetas keynesianas de los 70’ prometieron menos desempleo y dieron más inflación, ambos ayudaron a reconstruir la macroeconomía a partir de cómo deciden las familias y las empresas.

Sin embargo, el premio deja afuera la idea de Hall que más hizo por los pagadores de impuestos de todo el mundo. En diciembre de 1981, junto a su colega de la Hoover Institution Alvin Rabushka, publicó en The Wall Street Journal una propuesta que sonaba casi ingenua: gravar todos los ingresos una sola vez, a una tasa única y baja. Luego la convirtieron en el libro The Flat Tax. La tasa era del 19% y la declaración jurada debería caber en una postal.

Recién tras la caída del comunismo la idea encontró su hogar. Estonia adoptó una tasa única en 1994; le siguieron Rusia en 2001, Eslovaquia en 2004 y Georgia en 2005. Argentina demostró en los últimos años que el orden fiscal es posible. Pero equilibrar las cuentas dice poco sobre cómo se llenan. Entre Nación, provincias y municipios, los argentinos enfrentan más de 150 tributos. La evasión en Ganancias ronda el 50%, y lo que se pierde equivale a entre 4 y 5 puntos del PBI por año.

Quien hoy abre un pequeño negocio necesita un contador antes que un cliente. Su competidor grande paga especialistas para recorrer el laberinto; el informal directamente lo ignora. Como dice mi colega Marianela Mendoza, “la complejidad tributaria castiga al que produce y subsidia al evasor”.

Hall y Rabushka, edición argentina

Desde la Fundación Internacional Bases y Somos Innovación venimos trabajando en un impuesto de tasa única para la Argentina. Nuestro policy paper, encabezado por el economista Horacio Arana junto a Marianela Mendoza, adapta el modelo Hall-Rabushka a un país federal:

• Una tasa única del 15 por ciento para personas y empresas.
• Los ingresos tributan una sola vez, en la fuente, sin doble imposición sobre el ahorro y la inversión.
• Deducción total de la inversión en el año en que se realiza.
• Tasas municipales limitadas a servicios efectivamente prestados.

Lo que Argentina puede ganar

Primero, más recaudación con una tasa más baja. Cuando la alícuota es baja y las reglas entran en una página, evadir deja de ser negocio. Si la Argentina igualara la evasión de Chile, cercana al 25 por ciento, recuperaría entre 2 y 2,5 puntos del PBI por año: más o menos lo que hoy se destina a infraestructura. Sin subir un solo impuesto.

Segundo, inversión. A la Argentina no le falta talento, ni tierra, ni energía. Le falta capital, y el capital es famosamente asustadizo frente a códigos tributarios que necesitan un abogado para ser leídos.

Tercero, equidad: la misma regla para todos, sin regímenes especiales negociados en algún pasillo ministerial. Los once países que analizamos muestran el mismo patrón: más simplicidad, mejor recaudación, menos evasión, más inversión extranjera. Georgia, por ejemplo, cuadruplicó su recaudación. Estonia aumentó su recaudación bajando la alícuota.

¿No es esto un regalo para los ricos? Hall y Rabushka escucharon la objeción más de mil veces, y su respuesta sigue en pie. Los ricos son justamente quienes pueden pagar los agujeros de un código complicado; el almacenero de Rosario, no. Una alícuota alta que la mitad no paga es progresiva solamente en los papeles.

Este es un premio que vale la pena honrar. La Academia Sueca premió a Hall por enseñarles a los bancos centrales cómo estabilizar una economía. La Argentina podría homenajearlo de una manera más práctica: adoptando la idea que él y Rabushka pusieron en una postal hace 45 años. Las medallas están bien. Las reformas, mejor.

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La movilidad eléctrica gana terreno gracias a las ayudas a la compra, los modelos más asequibles y un entorno de combustible caro. Así, las matriculaciones de coches eléctricos se dispararon en septiembre en varios países de la Unión Europea, hasta duplicarse en mercados clave como el francés o el alemán, y permitieron que rocen ya una cuota del 30%, un máximo.

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El perfil conservador de los ahorradores españoles convierte a las letras del Tesoro en una de las inversiones favoritas. Los títulos rondan el 3% en un entorno de mayores tipos de interés e inflación elevada. En las subastas más recientes las letras a doce meses se colocaron con un tipo medio del 2,99%, con el 2,96% anualizado a nueve meses; el 2,76%, a seis, y el 2,64%, a tres. La opción recobra atractivo, aunque hay varios factores a considerar, como que no logran batir la inflación.

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La startup catalana Hausum, especializada en la inspección técnica de viviendas, ha cerrado una ronda de medio millón de euros con la que potenciará el crecimiento de la empresa y la plantilla, mejorará su tecnología y reordenará el capital. 

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Tras un largo debate y negociaciones que se extendieron durante toda la tarde, el oficialismo logró consensuar un proyecto con los bloques aliados y la oposición dura para reemplazar la Emergencia en Discapacidad, que vence a fin de año. La nueva propuesta, que obtuvo una mayoría de dos tercios y ahora pasará al Senado, mantiene la pensión no contributiva por discapacidad, su actualización por inflación, el nomenclador universal de prestaciones y el arancel unificado.

Pasada la medianoche el tablero de la Cámara de Diputados informó que la aprobación se logró con 237 votos positivos, 9 negativos y 4 abstenciones. El peronismo terminó acompañando el proyecto porque los libertarios aceptaron gran parte de los cambios propuestos. El riesgo de que Milei termine vetando una prórroga de la Emergencia y la presión de las principales organizaciones del colectivo de discapacidad contribuyendo a que Unión por la Patria terminara votando junto con La Libertad Avanza.

También votaron a favor el PRO, la UCR, gran parte de Provincias Unidas, la Coalición Cívica y casi todos los bloques provinciales. La excepción fueron los diputados de Córdoba (de Provincias Unidas y Unión por la Patria) que se manifestaron en contra porque, según su visión, las organizaciones del colectivo no participaron de la elaboración de la ley. “Es una ley que se discutió sin los verdaderos protagonistas”, explicó Gabriela Estevez. Por su parte, la izquierda se abstuvo por la falta de actualización de las deudas con los prestadores.

A pesar de todo, la mayoría especial de dos tercios que se alcanzó hace virtualmente imposible que el Senado pueda introducir cambios o que Milei recurra al veto presidencial.

El misionero Oscar Herrera Ahuad, de Argentina Federal, fue uno de los principales interlocutores con el oficialismo junto con Juan Marino, Sabrina Selva, Eduardo Valdés y Victoria Tolosa Paz. Por el lado libertario, las encargadas de consensuar el texto fueron Laura Rodríguez Machado, Giselle Castelnuovo y Nicolás Mayoraz.

Las negociaciones habían comenzado hace casi dos meses cuando la oposición, a raíz de un pedido de las organizaciones de personas con discapacidad, comenzó a impulsar la prórroga de la Emergencia en Discapacidad que se había aprobado el año pasado y vence a fin de año. La oposición logró emplazar a las comisiones y se encaminaban a llevar su propuesta al recinto a mediados de octubre.

Para frenar esta ofensiva opositora, las espadas legislativas del oficialismo anunciaron que estaban trabajando, junto a sus aliados del PRO, la UCR y bloques provinciales, en un proyecto “superador” que permitiría terminar con la Emergencia -tal como pretende el Gobierno- pero al mismo tiempo brindaría una solución definitiva que garantice previsibilidad.

Pero la situación se convulsionó cuando el Gobierno envió al Congreso el proyecto de Presupuesto 2027, que contenía un capítulo con fuertes ajustes en Discapacidad que no tenían nada que ver con las conversaciones en marcha. Tanto Martín Menem como Patricia Bullrich fueron tomados por sorpresa y hubo duros reproches al interior de la Mesa Política.

Ese capítulo del Presupuesto 2027 tomaba el criterio de “invalidez laboral” para el acceso a la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral y eliminaba el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como vía directa de acceso al beneficio. También establecía la incompatibilidad absoluta entre la pensión y el empleo formal; y derogaba el arancel único del Nomenclador de Prestaciones Básicas, por lo que cada obra social, prepaga o provincia podría fijar sus propios valores, sin actualización automática por IPC.

Para desactivar la sesión de la semana pasada, el oficialismo se comprometió con sus aliados a dejar de lado el recorte incluido en el Presupuesto y propuso un proyecto que a grandes rasgos retoma los principales puntos del sistema vigente.

El texto consensuado ratifica el sistema de Pensiones por Discapacidad, equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio, y el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como principal vía para acceder al beneficio, con un nomenclador universal de prestaciones y arancel unificado.

Por pedido de los aliados, también se mantuvo la compatibilidad entre la pensión y el empleo formal: habilita que las personas con CUD conserven la pensión si tienen empleo registrado o están inscriptas en regímenes tributarios, siempre que sus ingresos no superen dos salarios mínimos vitales y móviles.

Sin embargo, durante las horas previas a la votación referentes de la oposición pidieron más cambios para sumar su apoyo. Por ejemplo, garantizar que tanto las personas titulares de pensiones no contributivas por invalidez laboral como por discapacidad tengan el acceso a un programa de salud con las prestaciones básicas de la ley 24.901 (Programa Incluir Salud).

Por otro lado, para evitar futuros vetos o cuestionamientos del oficialismo, detallaron las partidas presupuestarias específicas del Ministerio de Salud que se destinarán a financiar el sistema y previeron compensaciones desde el Tesoro si resultaran insuficientes. Además, aclararon que el Gobierno deberá asegurar que el ingreso por beneficiario no pierda poder adquisitivo respecto del año anterior.

El proyecto también introduce mecanismos de control más estrictos. La Secretaría Nacional de Discapacidad realizará auditorías periódicas mediante el cruce de datos con organismos como Anses, Arca, Renaper y el SINTyS, con la posibilidad de suspender preventivamente un beneficio ante un incumplimiento objetivo, aunque bajo un “debido proceso inclusivo” que contempla notificación y rehabilitación provisoria.

Por último, el texto establece que si quedaran pendientes deudas con prestadores al momento de sancionarse la ley, el Poder Ejecutivo deberá difundir un cronograma de pagos dentro de los 30 días y cancelar los pagos dentro de los 90 días.

Los bloques de la oposición mantuvieron diálogo constante con las organizaciones de personas con discapacidad y decidieron votar a favor del proyecto porque para estas se logró ratificar con una ley “permanente” (en lugar de una emergencia que debe prorrogarse) gran parte del sistema vigente.

Al inicio del debate, el diputado Herrera Ahuad leyó los últimos cambios propuestos por la oposición y aclaró que si no eran aceptados en su totalidad, su bloque Argentina Federal no votaría favorablemente. “Pido el compromiso explícito de eliminar lo que hoy está en el Presupuesto 2027 remitido por el Poder Ejecutivo nacional”, dijo. A su turno el diputado libertario Gerardo Huesen adelantó que se aceptarían todas las sugerencias.

Juan Marino, de Unión por la Patria, reconoció que la oposición “no iba a tener el número” para prorrogar la Emergencia. “Empezamos a conversar con las organizaciones del colectivo y nos plantearon que vengamos a discutir para que el proyecto no contemple regresiones. En ese sentido, fueron receptados numerosos planteos”, explicó y remarcó que el dictamen final “es absolutamente contrario a lo que mandaron Milei, Caputo y Santilli en el Presupuesto 2027”.

En la misma línea, Victoria Tolosa Paz, destacó: “Incorporamos garantías para que ambas pensiones tengan cobertura de salud, protegimos las asignaciones familiares, establecimos requisitos claros para acceder a las pensiones y defendimos la compatibilidad con el trabajo formal. También reforzamos el financiamiento, la participación de las provincias y las garantías para evitar bajas arbitrarias, con derecho a defensa y restitución cuando corresponda. Cada una de estas modificaciones fue fruto de la escucha y la negociación”.

La oficialista Laura Rodríguez Machado comenzó por señalar que la sensibilidad social “no se contrapone” con la responsabilidad fiscal y destacó el trabajo de los bloques que participaron de la negociación. No obstante, apuntó sus críticas contra los diputados de Córdoba que dijeron que las organizaciones del colectivo no participaron de la elaboración del proyecto: “Acá hay diputados que han dicho que no se ha trabajado lo suficiente. Muchos bloques ni siquiera han traído un papelito para defender los derechos que dicen representar”.

“Fue una victoria de Menem sobre Luis y Santiago Caputo porque no se hizo el recorte; de la oposición sobre el oficialismo porque impusimos un tema que no querían tratar; y de las organizaciones del colectivo de discapacidad sobre el Gobierno porque lograron establecer por ley el régimen vigente”, sintetizó un diputado de la oposición.

Viñeta de Caín

© La Razón

© Caín

Las elecciones parlamentarias del 27 de octubre en Israel, las primeras desde las masacres de Hamás, vuelven a estar marcadas por la figura de Benjamin Netanyahu, como ocurre desde hace más de tres décadas. El primer ministro consiguió sobrevivir a la catástrofe de seguridad de los ataques del 7 de octubre de 2023 y, si bien las encuestas lo ubican en segundo lugar, conserva opciones de seguir en el poder ante las dificultades de armar una coalición en el variopinto bloque opositor.

Con el presidente Javier Milei todavía de viaje en España, la secretaria general, Karina Milei, recibió este martes en la Casa Rosada al embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas, para continuar reforzando el vínculo entre ambos países, justo en un momento en el que comienzan a definirse la llegada de importantes inversiones en infraestructura, energía, minería y transporte, mientras caen otras.

La reunión coincidió con el avance del proyecto Corredor Andes-Atlántico, pero también con la decisión de Grupo México de retirarse de la licitación para privatizar el Belgrano Cargas, uno de los procesos que administración libertaria buscaba incorporar al esquema de capitales extranjeros.

Durante el encuentro, la funcionaria y el diplomático analizaron “la sólida relación bilateral“ entre ambas naciones, los “distintos proyectos de desarrollo e inversión que empresas americanas tienen en Argentina” y el “contexto político y económico” local, según informó oficialmente Presidencia.

La hermana del mandatario fue quien invitó al representante de la Casa Blanca, que fue a la cita acompañado por Heidi Gómez Rápalo, su ministra consejera y número dos de la Embajada.

La reunión se produjo mientras el Gobierno busca profundizar los vínculos con Washington y generar condiciones para que compañías estadounidenses participen de las obras previstas en sectores considerados estratégicos.

“Estamos poniendo la plata sobre la mesa”, expresó recientemente Lamelas, durante la cumbre de energía organizada por la Cámara de Comercio Argentina y Texas, en la que precisó que la gestión de Donald Trump ya comprometió 20 mil millones de dólares hasta el 2027, cifra que podría ampliarse dependiendo del desempeño de Milei en las urnas, anticipó.

Uno de esos proyectos es el mencionado Corredor Andes-Atlántico, una iniciativa conjunta que contempla inversiones de hasta USD 7.000 millones durante 2027 para ampliar la infraestructura de energía, minería, transporte y telecomunicaciones.

El programa, que fue anunciado en el marco de la última cumbre de líderes de la ONU, en Nueva York, apunta a conectar el noroeste argentino, donde se concentran recursos vinculados con la minería, y la cuenca de Vaca Muerta, con los puertos del Atlántico.

El esquema incluye obras ferroviarias, oleoductos, gasoductos, redes eléctricas, puertos, vías navegables y proyectos de conectividad digital.

De ese total, unos USD 6.000 millones están vinculados con Argentina LNG, el plan de exportación de gas natural licuado que lidera YPF junto con la italiana ENI y XRG, de Emiratos Árabes Unidos.

La iniciativa cuenta con la posibilidad de acceder al respaldo de organismos estadounidenses como la Corporación de Financiamiento para el Desarrollo de Estados Unidos (DFC) y el Export-Import Bank (Eximbank).

El acuerdo bilateral también prevé identificar proyectos prioritarios para rehabilitar y ampliar líneas ferroviarias, entre ellas el Belgrano Cargas, cuya privatización fue incluida dentro de los sectores que podrían recibir inversiones bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Sin embargo, en paralelo con la reunión en Casa Rosada, el Grupo México Transportes comunicó que no avanzará en la licitación para quedarse con la concesión ferroviaria, que tiene como fecha límite para presentar ofertas el 11 de noviembre.

“En relación con el proceso de licitación del Belgrano Cargas, Grupo México informa que ha decidido no avanzar en la contienda”, señaló la compañía, que era el único competidor extranjero que había manifestado públicamente su interés en el proceso y que había comprometido inversiones por hasta USD 3.000 millones.

Fuentes cercanas a la empresa precisaron a Infobae que existió “un interés genuino y prioritario” por el proyecto ferroviario argentino y que en los últimos meses se realizó “un análisis integral de la oportunidad”.

No obstante, sostuvieron que la firma, que contaba con el respaldo de la Secretaría de Estado norteamericana, decidió retirarse al evaluar las condiciones del pliego y advertir la necesidad de mayores precisiones sobre aspectos técnicos que “todavía presentaban incertidumbres“.

Entre los cuestionamientos que planteó la empresa aparecía el funcionamiento del sistema de acceso abierto, conocido como open access. El modelo establece que el futuro concesionario deberá administrar y mantener la infraestructura ferroviaria, pero tendrá que permitir que otros operadores circulen por la red a cambio del pago de un peaje.

La compañía consideraba que la iniciativa no precisaba de qué manera se aplicaría ese mecanismo y advertía que un oferente con una propuesta de peajes bajos y menor nivel de inversión podría resultar más competitivo que otro dispuesto a modernizar las vías. “Son pliegos malos”, resumieron fuentes del sector.

La licitación comprende 7.594 kilómetros de vías a través de esas tres líneas, que recorren 16 provincias y tienen conexión con Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay.

El Gobierno estableció un contrato de concesión por 50 años, sin subsidios estatales ni canon, en el que el adjudicatario obtendría ingresos por el cobro de peajes y por la explotación comercial de los inmuebles cercanos a la traza.

Tras la salida de Grupo México, siguen como posibles interesados el consorcio conformado por Aceitera General Deheza, Bunge, Cargill, Louis Dreyfus y la Asociación de Cooperativas Argentinas, además del Grupo Roggio y de la minera Rio Tinto, que podría participar como socia inversora de algún oferente.

La reunión de Karina Milei con el embajador estadounidense se dio, así, en un momento en el que el Gobierno busca sostener el impulso de los proyectos vinculados con el Corredor Andes-Atlántico y el RIGI, pero deberá resolver las dudas que plantearon potenciales inversores sobre los pliegos y las condiciones de las concesiones de infraestructura.

Cerca de cuarenta mil personas asistieron ayer martes por la noche al show de Iron Maiden en el estadio de Huracán. Fue otro triunfo para la música pesada en la ciudad de Buenos Aires. La banda más emblemática de la historia del heavy metal celebró más de 50 años de historia con versiones perfectas de sus mayores clásicos, ante un público de todas las edades, con un show escénico de potencia simbólica total. El único problema fueron los ladrones de celulares.

Un joven comerciante que se aventuró a pocos metros de la valla frente al escenario al momento de los bises sintió como, en un segundo, su iPhone 15 desaparecía de su bolsillo. A dos metros de distancia, otra víctima formaba un anillo y pedía linternas para encontrar el teléfono que creía caído en el suelo. Segundos más tarde, supo que lo habían robado de su bolsillo. Horas más tarde, las quejas de robos se repetían en redes sociales. Al menos dos rastreros, según testigos, fueron atacados a golpes por miembros del público, una venganza en el campo del Tomás Ducó.

El problema no es nuevo, tampoco específico a un solo espacio: es transversal, un delito que se volvió moda y que ocurre en cualquier show masivo donde haya gente de pie.

El robo de celulares ocurre con fuerza desde el regreso de los shows en vivo tras la pandemia, se repite entre estadios de fútbol, salas de conciertos. Le amarga la vida al espectador que, precavido, pasa dos horas de pie con las manos en los bolsillos, esperando sentir ese manoseo, ante la chance de comerse el garrón.

Pero ese “punga” furtivo -o también capaz de darle una paliza a una mujer por un teléfono- es solo el primer paso: el teléfono que se roba en un show sigue una cadena que funciona hace años, perfectamente aceitada, que la Justicia porteña ya investigó.

Los artistas del robo

Hay artistas del robo. El 16 de septiembre de 2025, un sospechoso fue detenido por la división Prevención en Eventos Masivos de la Policía de la Ciudad con trece aparatos encima en el show del grupo Limp Bizkit en el Parque Sarmiento.

El hombre, de 39 años, oriundo de Lanús -que terminó con una causa por robo en el Juzgado N°24-, intentó correr de vuelta al predio para intentar zafar de un cacheo. Llevaba una calza bajo el pantalón, con todos los teléfonos apilados. Varios fueron devueltos a sus dueños tiempo después por la fuerza porteña. Un mes más tarde, otros dos pungas con diez aparatos entre ambos eran arrestados en el show del rapero Ysy A en Mandarine Park, Punta Carrasco.

El concierto de Milo J en Villa Crespo, que atrajo a casi 13 mil personas en junio del año pasado, terminó con otros cuatro detenidos por el mismo delito. Todos ellos tenían sus particularidades.

Nahuel S., de 24 años, estaba registrado como mensajero en ARCA; tenía un domicilio a pocas cuadra del Riachuelo, en Lanús Oeste. Hoy le debe $5 millones a billeteras virtuales, bancos y tarjetas de crédito. Había pagado el monotributo por última vez poco antes de ser detenido. Damián G., de 34 años, era un ex trabajador fabril oriundo de González Catán, aunque decía vivir en Valentín Alsina.

Cristian R., otro lanusense que pasó por una decena de empleos en blanco en su vida, fue arrestado tras un cacheo preventivo de los efectivos de seguridad del lugar a la salida del show. Llevaba otros nueve teléfonos encima.

Ninguno de los mencionados fue condenado hasta hoy. Estos presuntos pungas son solo el comienzo de la cadena. Los teléfonos robados en recitales siguen la cadena de cualquier teléfono robado en CABA: termina, casi invariablemente, en cuevas de desguace en locales y galerías, donde históricamente se compran los aparatos robados.

¿Cuánto reciben estos ladrones? Poco y nada. Una histórica fuente en el negocio de la telefonía asevera: “Les dan $50 mil por aparato. No se pueden abrir sin la clave. Entonces, se los compran por monedas para reventarlos por repuestos”.

A veces, las aplicaciones de rastreo de los iPhone dan una pista. En mayo último, un hombre denunció que le robaron su iPhone 16 durante un show de Divididos en mayo último. Aseguró en su reporte ante la Policía porteña que el teléfono Apple todavía enviaba sus coordenadas. Se encontraba, al parecer, en la calle Evaristo Carriego, zona de Villa Celina, La Matanza.

La feria donde todo termina

Este teléfono no era el único robado en un concierto porteño que apuntaba a esta dirección en Villa Celina. La Justicia, con el fiscal Marcelo Munilla La Casa y la jueza Alejandra Provitola, descubrió que otro aparato, denunciado tras un show de Las Pastillas del Abuelo en Ferro, habría terminado en el mismo lugar.

La Policía de la Ciudad siguió al GPS. Allí, encontraron una feria llamada Copacabana, “en cuyo interior funcionan diversos comercios dedicados a la venta y reparación de teléfonos celulares”, según el reporte policial del día. La feria tenía reseñas en internet. Allí, otros damnificados se quejaban de que sus teléfonos dormían en Copacabana el sueño del robo y el hurto.

“Me robaron el iPhone en el Quilmes Rock. Me llamó una chica que dijo que lo tenía para devolvérmelo, pero solo quería mi clave”, afirmó una comentarista.

Así, la Policía de la Ciudad allanó la feria. Se incautaron 49 teléfonos, equipos de reparación de celulares, láminas de hidrogel. Cinco sospechosos, pertenecientes a la comunidad boliviana local, fueron detenidos. Entre los teléfonos incautados había 34 equipos telefónicos denunciados por robo, hurto o extravío que constaban en los registros del ENACOM.

En paralelo, otras cuatro víctimas de los robos en el show de Divididos se sumaban a la historia. Una de ellas aseveró que los ladrones lograron entrar a su cuenta bancaria para robarle medio millón de pesos que terminaron en manos de un tal Douglas M., un joven de 29 años con domicilio en Villa Jardín. Más víctimas apuntaban a la feria Copacabana, víctimas de pungueos en el Cosquín Rock de Córdoba, de asaltos motochorros en el conurbano.

Provitola procesó con prisión preventiva a los cinco acusados por integrar una asociación ilícita dedicada al hurto y la recepción de bienes ilícitos, con embargos de hasta $20 millones. Sin embargo, la Sala V de la Cámara de Apelaciones les dio la falta de mérito el 15 de julio. al asegurar que faltaban pruebas.

El punga y la galería son dos extremos del circuito. En el medio, hay otro problema: ¿quién deja entrar al delincuente?

Es bastante cómico pensar que un punga se paga la entrada de $100 mil o más en varios casos para ir a robar. Los damnificados apuntan a supuestas connivencias de barras en estadios, o rastreros en otras connivencias en salas de conciertos sin vínculos con club de fútbol alguno. Sin embargo, estas sospechas no fueron reivindicadas a nivel judicial en la historia reciente: nunca un patovica fue imputado por abrirle a puerta del show a un delincuente.

El problema, sin dudas, repercute en las productoras de conciertos. Varios promotores fueron consultados para esta nota. Algunos pusieron cara de circunstancia. Uno de ellos recordó un episodio reciente en el espacio C. Art Media de Chacarita. Allí, una joven aseguró que su teléfono terminó robado. Buscaba responsabilizar a la productora. El productor, lejos de preguntarle a un abogado, le preguntó a Claude. La IA le respondió que la damnificada tenía un punto.

“Hay un tema con la Ley del Consumidor”, asevera el productor, en base a la consulta con Claude: “Hay relación de consumo. Quien compra una entrada es consumidor y el organizador es proveedor. Existe una obligación de seguridad. La responsabilidad es solidaria; esta chica puede reclamarle a cualquiera de la cadena, es decir a vos como productor, al espacio y eventualmente a la ticketera”.

Sin embargo, esta damnificada tiene que acreditar que el teléfono le fue sustraído dentro del predio. La denuncia policial es una declaración unilateral y la entrada solo prueba que asistió al concierto, lo que se vuelve su punto más débil.

Mientras tanto, una técnica, tal vez efectiva, tal vez no, se implementa en ciertos boliches porteños como Deseo, sobre la avenida Chorroarín en Villa Ortúzar, hoy muy de moda. Al salir, uno debe mostrar su teléfono desbloqueado.

Prima di Parigi e Milano tutto accadde a New York nel 2020