El sistema de pensiones español se concentra casi exclusivamente en su rama pública. El conocido como primer pilar, es decir las pensiones públicas que reciben cada mes casi 11 millones de personas, supone la principal fuente de renta de los pensionistas. Mientras que el resto de formas de ahorro de cara al futuro son minoritarias y están poco desarrolladas.

En concreto, los planes colectivos de empleo -donde las empresas y los trabajadores hacen aportaciones económicas a un fondo para ahorrar de cara a la jubilación- apenas cubren a 3,3 millones de trabajadores. O lo que es lo mismo, un 15% de los ocupados actuales. Además, su patrimonio es relativamente modesto. Los activos ascienden a 42.400 millones de euros, una cifra equivalente al 2,4% del PIB. Por poner los números en contexto, esta cifra es más de cuatro veces inferior a lo que se gasta cada ejercicio en pensiones públicas.

Estos datos aparecen recopilados en un informe elaborado por el Grupo Mutua Madrileña, que ha presentado este jueves la segunda edición de su Observatorio de Pensiones. Aunque los participantes en este segundo pilar del sistema de pensiones se han incrementado un 12,5% en el último año y las aportaciones brutas lo han hecho un 16%, lo cierto es que las cifras de adhesión siguen siendo bajas para los estándares europeos. El 15% de participación de la fuerza laboral en España es sustancialmente inferior al 28% de media en la Unión Europea.

Los planes colectivos de empleo también manejan menos patrimonio que los individuales y su cobertura también es inferior. Los planes individuales -el tercer pilar del sistema- llegan a 7,2 millones de personas y acumulan un patrimonio de 101.800 millones de euros. Un volumen de activos un 140% superior al de los planes colectivos.

La reforma del segundo pilar que acometió el ex ministro José Luis Escrivá -ahora gobernador del Banco de España- entre los años 2021 y 2022 reforzó los incentivos fiscales, creó nuevos instrumentos con la intención de reforzar los planes colectivos. En detrimento de los individuales, a quienes penalizó fiscalmente reduciendo el volumen de aportaciones anuales.

El informe elaborado por el Grupo Mutua apunta a que el escaso desarrollo de este segundo pilar se explicaría por el elevado peso que tiene el sistema público de pensiones, el predominio de las pymes en la economía española, con menor capacidad para contribuir a estos fondos y el elevado peso de los autónomos en el tejido productivo. Factores a los que se añade la precariedad laboral o la fragmentación de la negociación colectiva.

Para incrementar el despliegue de este segundo pilar del sistema de pensiones, el documento propone apostar por una fórmula de adhesión automática (conocida en la jerga como auto-enrolment) en la que el trabajador sea incluido automáticamente en un plan colectivo. Eso sí, con derecho a abandonarlo si así lo desea.

En la línea de las recomendaciones que ha venido haciendo la Comisión Europea, el documento propone que esa adhesión automática se haga a partir de ciertas edades y niveles de ingresos para no perjudicar a los trabajadores con menor capacidad de ahorro. Además, proponen que las aportaciones iniciales sean bajas y vayan creciendo progresivamente para favorecer su aceptación, así como que las aportaciones sean compartidas entre la empresa y el empleado.

El Gobierno garantiza a los sindicatos que subirá el sueldo de los empleados públicos de España prevista para 2027, pero sigue sin concretar cuándo, para disgusto de las organizaciones sindicales. El departamento de Función Pública que encabeza Óscar López se ha reunido esta tarde con UGT, CCOO y CSIF a quienes ha garantizado que la mejora del 4,5% pactada en diciembre del año pasado se llevará a término, pero sin concretar en qué momento.

El año pasado, los tres sindicatos de la Función Pública acordaron una senda de subidas acumulada del 11,4% entre 2025 y 2028 distribuida en un 2,5% en 2025; un 1,5% este año (con un 0,5% adicional si la inflación se comía esa mejora); un 4,5% en 2027 un 2% final en 2028. Aunque el acuerdo está rubricado, es necesario darle cobertura legal a cada incremento salarial, de ahí la urgencia de los sindicatos.

Desde UGT Servicios Públicos han emplazado al ministerio a que apruebe la mejor retributiva antes del 24 de noviembre, cuando está previsto el último Consejo de Ministros antes de las elecciones, que se celebrarán el domingo de esa semana. La secretaria general del sindicato, Isabel Araque, ha destacado que la mejora retributiva del 4,5% se pactó el año pasado y ha señalado que el Congreso de los Diputados convalidó "sin dificultades" la subida del año 2025 incluso siendo retroactiva.

Además, ha añadido que la mejora está respaldada legalmente aunque se tenga que convalidar en la Diputación Permanente o con el Ejecutivo en funciones. Y ha recordado que también está pendiente una subida adicional del 0,5% vinculada a la inflación que se suma al 1,5% que ya se decretó para 2026.

Por su parte, desde Comisiones Obreras han reclamado al Ejecutivo "el cumplimiento efectivo de todos los compromisos adquiridos". El propio Óscar López prometió hacer "todo lo posible" para ejecutar el incremento salarial antes de las elecciones, pero todavía no lo materializa.

El sindicato ha señalado que hay otras reformas acordadas que todavía no se han desarrollado, como la eliminación de las tasas de reposición -que limitan el número de plazas que la administración puede sacar para reponer las salidas de funcionarios-, la actualización de las indemnizaciones por residencia y por razón de servicio o la mejora del personal del Servicio Exterior.

Del lado de CSIF, sindicato mayoritario en la Administración General del Estado (AGE), han reclamado también que la subida se apruebe antes de las elecciones "para evitar retrasos por las limitaciones que tiene el Ejecutivo una vez que entra en funciones". Algo que consideran de gran importancia porque el texto que recoja la subida "debe estar disponible con suficiente antelación para que las diferentes administraciones puedan presupuestar y preparar nóminas".

La subida salarial afectará a los 3,5 millones de empleados públicos (funcionarios o no) que trabajan en las distintas administraciones. El impacto de la subida del 4,5% para un salario medio del sector público -que rondaba los 3.232 euros brutos al mes en 2024- sería de unos 151 euros adicionales (aplicadas ya las revalorizaciones de 2025 y de 2026). Lo que situaría esta renta en los 42.380 euros brutos.

Otras cuentas pendientes

Más allá de la cuestión salarial, los sindicatos han reclamado al Gobierno que cierre otros asuntos todavía pendientes de desarrollar del acuerdo salarial de 2021. Entre ellos, la implantación de la jubilación anticipada parcial para los funcionarios -la del personal laboral se desbloqueó recientemente en el Congreso- o que se tomen medidas para atajar la temporalidad abusiva que aqueja a la administración pública y que ha colocado a España al borde de una multa de la Comisión Europea.

El Gobierno ha aprobado este martes en Consejo de Ministros dos importantes medidas en el ámbito de la Seguridad Social. Por un lado, ampliará la pensión de viudedad a las parejas con hijos en común que hayan convivido al menos dos años antes del fallecimiento, aunque no estén casadas ni registradas como unión de hecho. Y, por el otro, mejorará la prestación que perciben los trabajadores de baja laboral provocada por catástrofes naturales.

Así lo ha confirmado este martes la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el que el Ejecutivo ha aprobado otras medidas de componente social que benefician a las víctimas de violencia de género, las mujeres con menopausia incapacitante o a las familias con hijos con cáncer.

Saiz ha destacado que el real decreto ley que desarrolla estas medidas, que deberá ser convalidado más adelante en la Diputación Permanente, es el resultado de "meses de diálogo social" y que "amplía derechos", "refuerza la protección de las familias" y "da respuesta a situaciones que requieren una cobertura más adecuada".

En lo tocante a la ampliación de la pensión de viudedad, las parejas que hasta ahora estaban excluidas de la prestación al no estar registradas públicamente podrán solicitarla desde la entrada en vigor del decreto, previsiblemente el miércoles. Para acreditar la convivencia bastará con demostrar dos años de empadronamiento en la misma residencia.

Además, esta posibilidad se amplía a todas las personas que hayan perdido a su pareja antes de la aprobación del real decreto ley. El Gobierno ha habilitado un plazo de un año para que los afectados puedan solicitar la prestación siempre y cuando cumplan el resto de requisitos.

En España hay registradas un total de 1.461.769 personas que perciben pensiones contributivas de viudedad, de las cuales el 95,6% corresponden a mujeres. La gran mayoría, viudas mayores de 65 años para quienes esta renta a menudo es su único sustento.

La cuantía de la viudedad es modesta, apenas alcanza los 976,3 euros mensuales en 14 pagas, frente a los 1.374 de la pensión media del sistema o los 1.576 que cobran los jubilados. Esto se debe a que la cuantía de la prestación oscila entre el 56 y el 70% de la base reguladora del fallecido (algo parecido al salario que cobró el fallecido). En cambio, en las pensiones de jubilación es frecuente cobrar el 100% de esa base reguladora

Mejores prestaciones para las víctimas de catástrofes

Además, la norma aprobada este martes introduce un cambio en la Ley General de Seguridad Social que habilita al Gobierno a aumentar la protección para los afectados de catástrofes como las danas, accidentes ferroviarios o pandemias. Así, los trabajadores que sufran una baja laboral debido a la catástrofe, o que se vean incapacitados permanentemente verán mejoradas sus prestaciones porque se asimilará la situación a la derivada de un accidente de trabajo.

En el caso de las bajas laborales ordinarias (incapacidad temporal), esta mejora se traduce en que cobrarán la prestación desde el primer día -no tendrán que esperar los tres días de carencia- y además lo harán en una cuantía mayor durante los 16 primeros días de prestación.

Interrogada por el coste fiscal y el margen presupuestario de que dispone el Gobierno para aprobar estas medidas, la ministra portavoz se ha limitado a señalar que el Ejecutivo "está demostrando que es perfectamente compatible extender la acción protectora con gobernar con responsabilidad y rigor fiscal".

El Gobierno aprobará el martes un real decreto ley que permitirá que las parejas con hijos que no estén registradas también puedan acceder a la pensión de viudedad en determinados casos. Según ha adelantado este lunes El País y ha podido confirmar La Información Económica, el Ejecutivo plantea ampliar esta prestación más allá de los matrimonios, los divorciados o las parejas de hecho, que ya cuentan con este derecho.

Así, las parejas que no hayan formalizado registralmente su situación podrán acceder a la viudedad si tienen hijos y pueden acreditar que han convivido ininterrumpidamente en los dos años anteriores a la solicitud. En este caso, bastará el certificado de empadronamiento de cada miembro de la pareja para demostrar la cohabitación necesaria para acceder a la pensión.

Además, la norma que verá la luz el martes en Consejo de Ministros prevé que las parejas que cumplan los requisitos pero en las que el fallecimiento ya se produjo puedan solicitar la prestación en el plazo de un año. Asimismo, las peticiones que hayan sido denegadas en el pasado, pero que cumplan los requisitos actuales también podrán revisarse en los próximos doce meses. Eso sí, será necesario acreditar los dos años de convivencia.

Desde Moncloa trasladan que con este cambio normativo se logra eliminar barreras burocráticas que dejaban sin protección a personas que el Gobierno considera que deberían estar protegidas.

Para que un viudo o una viuda puedan acceder a esta pensión, la pareja fallecida debe haber cotizado al menos 500 días dentro de un periodo ininterrumpido de cinco años inmediatamente anteriores al fallecimiento. Aunque cuando el fallecimiento se debe a un accidente o a enfermedad profesional no es necesario haber cotizado previamente.

En España hay registradas un total de 1.461.769 personas que perciben pensiones contributivas de viudedad, de las cuales el 95,6% corresponden a mujeres. La gran mayoría, viudas mayores de 65 años para quienes esta renta a menudo es su único sustento.

La cuantía de la viudedad es modesta, apenas alcanza los 976,3 euros mensuales en 14 pagas, frente a los 1.374 de la pensión media del sistema o los 1.576 que cobran los jubilados. Esto se debe a que la cuantía de la prestación oscila entre el 56 y el 70% de la base reguladora del fallecido (algo parecido al salario que cobró el fallecido). En cambio, en las pensiones de jubilación es frecuente cobrar el 100% de esa base reguladora

Además, también en materia de pensiones, el Gobierno dará luz verde a una subida en las pensiones extraordinarias que cobran víctimas del terrorismo, al considerar que los importes actuales habían quedado desfasados. El Ejecutivo prevé fijar estas prestaciones en un mínimo de 2.442 euros al mes, una cantidad equivalente a dos salarios mínimos y que supera en un 36% el importe actual.

El presidente de la gran patronal CEOE, Antonio Garamendi, ha confirmado este lunes que los empresarios impugnarán la huelga general por la vivienda convocada por los sindicatos el próximo 11 de noviembre. "Es una huelga que nosotros impugnaremos porque consideramos que se ha trufado la convocatoria de temas laborales, pero no lo son", ha señalado Garamendi durante su intervención en el acto de clausura de los premios ATA al Autónomo del Año celebrados en la capital.

Pese a que la patronal puede acudir a los tribunales para cuestionar la legalidad de una huelga, su demanda por sí sola no basta para detenerla. El efecto inmediato sobre una convocatoria depende de si se da una resolución judicial antes de la fecha prevista o de si esta llega después, lo que haría que sus consecuencias fuesen posteriores.

"Me preocupa especialmente mi país", ha asegurado el líder de los empresarios, para insistir en que convocar una "huelga electoral" -que ha calificado de "electoral"- no es el camino, sobre todo porque, ha dicho, las empresas no son responsables ni de la subida del precio de la vivienda ni del alza de la inflación. El líder empresarial ha hecho un llamamiento a que "no se incendien las calles" y que se respete el "derecho a trabajar" de quienes no quieran secundar los paros.

Respecto a la cuestión de la vivienda, Garamendi ha reclamado plantear una solución a un problema "complejo" en el que haya un diálogo con los empresarios. "El sector está pidiendo desde hace mucho tiempo que nos sentemos".

Garamendi ha vuelto a poner sobre la mesa una de las quejas recurrentes de los empresarios desde la pandemia: cómo han aumentado a lo largo de este tiempo las cotizaciones a la Seguridad Social al tiempo que el Gobierno se ha negado a deflactar la tarifa del IRPF. Algo que supone un coste de 17.000 millones de euros para los trabajadores, según sus estimaciones.

El presidente de CEOE también se ha mostrado muy crítico con la decisión del Gobierno de subir el salario mínimo interprofesional previsiblemente antes de las elecciones. Garamendi ha vuelto a insistir en que "no toca ahora" porque ya se elevó el SMI en febrero. Desde la patronal todavía no han aclarado si los empresarios presentarán una propuesta como ya hicieran el año pasado o no.

Por lo pronto, el comité de expertos que asesora al Ministerio de Trabajo ya ha empezado a preparar la propuesta que presentará la vicepresidenta segunda, algo para lo que les ha dado de plazo hasta el puente de Todos los Santos. Es decir, unas dos semanas.

Además, Garamendi ha criticado con dureza la decisión del Ministerio de Trabajo conocida el pasado viernes de renovar el Consejo Económico y Social (CES) con las elecciones ya convocadas. "Consideramos que es una invasión ilegítima de las competencias de las organizaciones empresariales sin fundamentación jurídica", ha dicho el presidente.

Este órgano, en el que están representados sindicatos, empresarios y la sociedad civil, estaba pendiente de renovación desde hace dos años. Según informa El Economista, CEOE y Cepyme, que ostentaban 20 asientos, perderán dos en favor de las patronales alternativas Pimec y Pimeb.

El presidente de ATA (la principal asociación de trabajadores autónomos) Lorenzo Amor, ha cargado este lunes duramente contra el Gobierno y ha tachado de "nefasta" para el colectivo la legislatura recién concluida. "Hay más autónomos, pero son más pobres. Más trabas, más trámites, más obligaciones. Los autónomos dedican 200 horas al año fuera de su negocio a hacer papeles, son 3.000 euros de gasto", ha señalado Amor en su discurso de apertura de los premios Autónomo del Año.

Una gala en la que la asociación ha reconocido a las autonomías de Canarias, Murcia y Castilla-La Mancha por hacer, en sus palabras, "el trabajo que no está haciendo el gobierno central". En concreto, Amor ha reconocido que estos territorios hayan introducido medidas favorables al colectivo como la cuota cero para los emprendedores o exenciones de cuota a quienes enferman.

Además, en la categoría de prensa los premios han reconocido la labor de la periodista Pilar García de la Granja, directora general adjunta del Área Editorial y de Relaciones Institucionales de Henneo y directora del programa Mediodía Cope. De la Granja ha reconocido en su discurso la labor de más de 3,5 millones de autónomos "que se levantan todas las mañanas para trabajar por ellos mismos, las familias y las personas que tienen a cargo". " Tienen ilusiones sueños pese a la situación económica, la burocracia y los impuestos", ha señalado.

Amor ha dibujado un panorama para los autónomos en el que hay "más impuestos, más inseguridad jurídica" y en la que el colectivo "no se deduce los gastos" por temor al "antojo del que te pueda revisar". En esa línea, ha criticado el aumento en las cotizaciones sociales, que ha disparado sus gastos en un 36%, según el líder empresarial.

El presidente de ATA ha calificado de "insoportable" que todavía no se aplique el IVA franquiciado para quienes facturan menos de 85.000 euros al año, como ya sucede "en el resto de países europeos" o que se mantenga el sistema de declaraciones trimestrales. "El resto hace una declaración al año", ha señalado.

Amor también ha criticado con dureza a los acampados por la vivienda en Madrid. "Hay que decir basta ya para los autónomos de la Puerta del Sol y las calles adyacentes. Los autónomos vivimos de que la gente entre por nuestros negocios no vivimos del sueldo público", ha señalado. Además, ha trasladado su "recuerdo y solidaridad" con los 2.900 autónomos de Ceuta, de los que ha dicho "han perdido más de 65 millones desde que se produjo esta invasión. No lo vamos a olvidar", ha dicho.

Once iniciativas premiadas

Los premios al Autónomo del Año, que celebran en este ejercicio su edición número 25, han reconocido once iniciativas o trayectorias profesionales de autónomos. Entre ellas, se ha premiado a las comunidades de Castilla-La Mancha, Murcia y Canarias.

El presidente castellanomanchego, Emiliano García Page, ha pronunciado un discurso en clave preelectoral en el que ha destacado la "valentía" que requiere "gobernar escuchando y pactando". "No concebimos que gobernar signifique gobernar contra nadie", ha agregado. "Le deseo a este país que abandonemos con urgencia el cortoplacismo en el que estamos instalados. Multitud de problemas no se abordan por estar más pendiente del telediario de la noche", ha señalado.

Por su parte, desde la región murciana ha ido a recoger el premio el consejero de Hacienda, Luis Alberto Marín, quien ha destacado que los autónomos "también tienen derecho a enfermar". "Si a los autónomos les va bien, a España le irá bien", ha señalado.

Más allá de los reconocimientos a las comunidades autónomas, ATA ha otorgado galardones al Consejo General de Colegios de Agentes Comerciales de España; al Consejo General del Notariado; al empresario segoviano Jesús Burgos a la trabajadora del lino; Carmen Riveiro; a las emprendedoras Estefanía Escolano y Erika Vicente y a la periodista María Rey.

La inflación se ha disparado en España a máximos que no se veían desde hace tres años. Los precios del consumo suben un 4,9% en todo el país en medio de la crisis energética causada por la guerra en Irán, que ha agravado un Índice de precios de consumo (IPC) que ya iba más 'caliente' en España que en el resto de Europa.

Sin embargo, el alza de precios no golpea igual en todo el país. Del 5,5% que subió el IPC en Galicia o Castilla-La Mancha al 4,4% que registraron Canarias o Aragón hay un trecho importante. Las razones que explican estas diferencias son complejas y tienen que ver con cuánto han subido los precios, qué precios han subido, pero también con los patrones de consumo de cada territorio.

Hay comunidades donde el encarecimiento de la luz y las gasolinas ha pegado más fuerte que en otras. Ya sea porque los precios suben más o porque los hogares en esas autonomías dedican más parte de su presupuesto al consumo de energía. En cambio, hay territorios donde el incremento en el precio de los servicios -en particular de la hostelería- tiene un mayor impacto y viceversa.

Entre las comunidades donde los precios suben más que en el resto (Galicia, las dos Castillas, Cantabria, Navarra, Madrid y Extremadura, especialmente) confluyen varios factores. En Galicia (IPC del 5,5%) la contribución de la energía a la subida de los precios es tres décimas mayor que en el conjunto del país y la de la subyacente, otras tres.

En cambio, hay territorios donde esa mayor subida en el coste de la vida se explica exclusivamente por la crisis energética. El caso más llamativo es el de Castilla-La Mancha (IPC del 5,5%) y Castilla y León (5,4%), los dos territorios del país donde más suben los precios de carburantes, combustibles, luz y gas.

A esto, hay que añadirle que estas dos comunidades están entre las que más porcentaje de su consumo destinan a energía, lo que acentúa el efecto. En Castilla-La Mancha, el 52% de la inflación se explica por el componente energético, mientras que en Castilla y León ese porcentajes es del 45%, frente a una media nacional del 39%.

Otros territorios donde la energía es la razón por la que los precios suben más que en el conjunto del país son Madrid (IPC del 5,3%) y Extremadura (también 5,3%). En ambos territorios, los precios de la energía explican tres cuartas partes de la mayor inflación que registran respecto a la media nacional del 4,9%

En este caso, esa brecha se debe más al encarecimiento de las gasolinas para conducción que al resto del componente energético (luz, gas, gasóleo para calefacción). Estas dos comunidades son la segunda y la tercera del país donde mayor porcentaje del consumo se va al uso del vehículo personal, por lo que cualquier subida de precios, pesa más que en el resto del país.

Pero la energía no es el único motivo por el que unos territorios tienen una inflación más elevada que otros. En Cantabria (IPC del 5,4%) , los precios del turismo y la hostelería y de los alimentos explican tres cuartas partes del diferencial de inflación con el conjunto de España. Mientras que en comunidades como en Navarra (5,4% de IPC) es difícil dar con un único motivo. En este caso, los mayores precios de textil y calzado, de la calefacción, luz y agua y de los productos para la conservación de la vivienda son las principales razones.

¿Por qué en otras comunidades suben menos los precios?

Los motivos por los que el coste de la vida se ha encarecido menos en otros territorios se explican en buena medida por los mismos factores, pero en sentido inverso. En Canarias (IPC del 4,4%, el más bajo de España), la contribución de la energía está tres décimas por debajo de la media nacional y la de la inflación subyacente, dos décimas.

En buena medida, la explicación reside en que Canarias es la comunidad donde menor porcentaje del gasto se dedica a productos energéticos, por lo que cualquier subida se amortigua en comparación con otros territorios. Además, pese a ser una comunidad turística, los precios de este sector y del resto de servicios han subido menos que en el conjunto del país.

La segunda autonomía donde menos ha subido la inflación es Aragón (4,4%) y en este caso el motivo principal es el turismo y la hostelería, que contribuyen cuatro décimas menos a elevar la inflación que en el conjunto del país. Aragón es la autonomía donde menos se ha encarecido el turismo y la hostelería (2,7%) y el conjunto de los servicios (2,9%) lo que le ha permitido una inflación más contenida.

Otra comunidad donde el IPC sube menos que la media nacional es Cataluña (4,5%). La menor inflación catalana se explica fundamentalmente por el precio de los carburantes. Cataluña es una de las comunidades del país donde menor proporción del gasto de los hogares se destina a transporte personal y además es la segunda donde menos han subido los precios en este apartado.

En el caso de otro territorios con menor inflación que la media como Andalucía (4,7%), el motivo es mixto. Por un lado, la contribución de la energía es una décima menor a la media nacional, mientras que la de la inflación subyacente también es algo más baja.

Mientras que en territorios como la Comunidad Valenciana (4,8%), la diferencia de una décima respecto al conjunto del país se debe fundamentalmente a los precios de la energía que ha subido menos y pesa menos en el consumo que en la mayoría de comunidades. En sentido contrario, la Comunidad Valenciana es una de las regiones donde más se consume turismo, aunque los precios han subido algo menos que en el conjunto del país.