El pacto PP-Vox en el Senado: los 3/5 de la Cámara y una factura política desigual
PP y Vox negocian un acuerdo electoral para el Senado que puede alterar el equilibrio de poder de la próxima legislatura y que, según la proyección de NC Report, permitiría a la derecha alcanzar una mayoría cualificada de tres quintos. La operación tiene un beneficio aritmético evidente, pero también costes políticos muy diferentes para las dos formaciones. Santiago Abascal fue el primero en promover el entendimiento, consciente de que puede vender como un ejercicio de generosidad una renuncia que apenas afecta a su representación actual. Alberto Núñez Feijóo, por su parte, tiene más que ganar en escaños, pero también mucho más que arriesgar en términos de autonomía política y de imagen ante el electorado.
Los cálculos de NC Report atribuyen al bloque conservador 164 senadores -la mayoría de 3/5 está en los 161 senadores en la nueva Cámara que tendrá 267 representantes. Es decir, la concentración del voto del PP y Vox permitiría disputar a la alianza de PSOE y Frente Amplio el control de una institución decisiva para los equilibrios constitucionales.
Esta mayoría de tres quintos en el Senado permitiría al PP y Vox reforzar decisivamente su capacidad de influencia sobre los órganos constitucionales. Con esa mayoría cualificada, la derecha podría elegir a los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional cuya designación corresponde al Senado, aunque los candidatos deben proceder de propuestas de los parlamentos autonómicos. También podría elegir a los diez vocales del Consejo General del Poder Judicial que corresponden a la Cámara Alta, seis de procedencia judicial y cuatro juristas de reconocida competencia. Se trata de una ventaja institucional relevante porque permitiría realizar esos nombramientos sin necesitar los votos del PSOE, siempre que se cumplan los requisitos legales y exista acuerdo entre PP y Vox.
El Tribunal Constitucional podría intervenir en el futuro en causas como la de Begoña Gómez, David Sánchez o el mismo José Luis Ábalos mediante recursos de amparo por posibles vulneraciones de derechos fundamentales, una vez agotada la vía judicial ordinaria y cumplidos los requisitos de admisión.
La proyección de NC Report identifica Navarra, Sevilla y Valencia como tres de los territorios donde el entendimiento tendría consecuencias más importantes. En los tres, la concentración del voto conservador permitiría alcanzar tres senadores frente a uno de la candidatura de izquierdas. En Navarra y Sevilla supondría invertir el reparto de 2023, cuando los socialistas obtuvieron tres representantes. En Valencia, la derecha rompería el empate actual a dos. El mismo efecto se produciría en Huelva, Badajoz y Cáceres, donde el equilibrio de dos senadores para cada bloque se transformaría en un reparto de tres a uno favorable a la derecha. En Gran Canaria y Tenerife, los socialistas también perderían representación en beneficio del voto conservador concentrado.
Asimismo, la operación tendría también consecuencias en territorios dominados por las fuerzas nacionalistas e independentistas. En Álava, la derecha obtendría un senador a costa de EH Bildu. En Barcelona, Lérida y Tarragona conseguiría representación y dejaría a ERC sin sus actuales escaños. No obstante, la coalición PSOE-Frente Amplio seguiría por delante de la derecha en Álava, Barcelona, Vizcaya, Guipúzcoa, Lérida, Tarragona y Gerona. En Vizcaya, la concentración del voto de la izquierda permitiría arrebatar dos senadores al PNV. En Guipúzcoa, los socialistas y sus aliados también se beneficiarían de la pérdida del único representante nacionalista.
La posición negociadora de Vox encierra una paradoja. Abascal ha sido el primero en reclamar sacrificios para evitar la dispersión del voto, pero su partido no tiene actualmente ningún senador elegido directamente por los ciudadanos. Sus cinco representantes proceden de designaciones autonómicas, fruto de acuerdos políticos en comunidades donde el PP ha facilitado su presencia institucional. Antes de esos acuerdos tenían dos representantes también por designación autonómica. Esto significa que Vox no perdería ninguno de sus actuales escaños de elección directa por renunciar a presentar candidaturas propias. Su sacrificio consistiría en abandonar oportunidades futuras de representación y aceptar una menor visibilidad electoral.
Según NC Report, Vox únicamente estaría en condiciones de obtener representación por sí mismo en Almería, Murcia y Toledo, donde superaría a la candidatura PSOE-Frente Amplio y podría hacerse con un senador. Para Vox, el entendimiento sí tiene un claro rendimiento político: le permite presentarse como una formación dispuesta a facilitar una mayoría institucional de la derecha y refuerza su capacidad de interlocución con el PP.
Para Feijóo, la operación resulta más compleja. El PP sería el principal beneficiario de la concentración del voto, pero también asume el desgaste de formalizar una colaboración electoral con Vox antes de las generales. La coordinación de candidaturas, incluso sin una coalición formal, ofrece al PSOE argumentos para presentar a ambas formaciones como un bloque político inseparable. En todo caso, la negociación también responde a una presión electoral objetiva.


© La Razón

