El PSOE ocultó su patrimonio «real» con provisiones «ficticias» en uno de los años de su presunta financiación ilegal. Según un informe de fiscalización elaborado por el Tribunal de Cuentas, el partido de Pedro Sánchez presentó un balance contable en el que su patrimonio neto y el resultado del ejercicio 2020 estaban «infravalorados» en 5, 1 millones de euros como consecuencia de varias provisiones que el propio organismo fiscalizador considera que «no se ajustan» a lo dispuesto en la normativa del Plan de Contabilidad Adaptado a las Formaciones Políticas (PCAFP).

El Tribunal de Cuentas detalla que la formación socialista contabilizó provisiones ante obligaciones futuras que consideró «improcedentes» y que ello provocó que tanto el resultado del ejercicio como el patrimonio neto presentado no se correspondan con la «imagen fiel» de la situación económica del partido.

La mayor parte de esos 5,1 millones de euros de infravaloración dice el Tribunal que se ajustan a una provisión de 3,6 millones de euros por posibles costes laborales –vinculados a las excedencias especiales forzosas de trabajadores del partido–.

El PSOE registró esta cantidad en la contabilidad de su Comisión Ejecutiva Federal (CEF) bajo el concepto de «otros gastos sociales» y mediante una «provisión para otras obligaciones», pero el Tribunal de Cuentas argumenta que, «analizada la documentación que acredita la cuantificación realizada por la formación, según un criterio de prudencia», el registro de esta provisión «hubiera requerido la existencia de una obligación implícita o tácita como consecuencia de un suceso pasado y su valoración de la aplicación de los criterios definidos en la citada norma».

Así, concluye, tajantemente, que «no cabe registrar estas provisiones», más aún teniendo en cuenta que es una práctica contable que ya había sido objeto de observaciones en fiscalizaciones anteriores.

¿Esto significa que el partido maniobró con las provisiones para ‘ocultar’ su patrimonio real? Distintos economistas consultados por LA RAZÓN, explican que, efectivamente, «si se dota una provisión de un gasto futuro sin justificación de que se vaya a producir, se infravalora el valor de tu activo y los fondos propios de la empresa».

Es decir, que el principio de prudencia no permite contabilizar cualquier gasto futuro que una organización considere posible. «En este caso, no ha existido todavía la aparición del riesgo que llevase a poder tener que atender esas obligaciones y, por tanto, es un «riesgo ficticio», argumentan.

Aunque estas fuentes detallan que esta provisión no supone, por sí misma, una salida efectiva de dinero y tampoco debería permitir «enmascarar» otros gastos, sí advierten de que el PSOE podría haber realizado esto para «justificar pagos futuros que no se correspondiesen con obligaciones reales» o para «crear un margen contable susceptible de revertirse, es decir, una reserva encubierta». «Desde luego, el importe de ese ejercicio es muy abultado. Da pie a sospechar de ello», añaden.

El Tribunal también identifica, además, otra provisión de un millón de euros por obligaciones futuras, cuyo registro no se ajustaba a los requisitos contables, y otra de 420.000 euros vinculada a incrementos salariales relacionados con resultados electorales, también «improcedente».

Pero no son las únicas irregularidades detectadas. En ese mismo informe, y según adelantó El Economista, el organismo detecta que el PSOE tenía hasta 295 cuentas bancarias sin registrar en su contabilidad –cuyos saldos ascendían a más de 300.000 euros– y otras 110 cuentas con un saldo de 400.183 euros de las que ni las entidades bancarias ni el partido habían remitido información ni las correspondientes conciliaciones bancarias.

Este ejercicio contable está entre aquellos que se están investigando en una [[LINK:INTERNO|||Article|||6aabb9d9b5bfeb0007c819b9|||pieza separada del «caso Koldo», que instruye el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno]] sobre la presunta financiación ilegal del partido.

El instructor indaga en todos los pagos en metálico realizados entre 2017 y 2024 –tras las palabras del empresario Víctor de Aldama que sitúa una supuesta entrega de 1,8 millones de euros en efectivo al PSOE– y en las donaciones que recibió la candidatura de Sánchez en las primarias de las que salió vencedor como secretario General. Tanto la Guardia Civil como Anticorrupción sospechan de que Sánchez pudo valerse de fondos ilícitos para costear su campaña.

Leire Díez ha presentado una querella contra el Partido Popular (PP) por la difusión de un vídeo elaborado con Inteligencia Artificial en el que se utiliza su imagen y se recrea su voz para atribuirle la contratación de "matones para quitar de en medio a una jueza", en alusión a la magistrada Beatriz Biedma, instructora de la investigación del "caso David Sánchez".

En el escrito, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, la defensa de la exmilitante socialista, ejercida por la letrada Eva María Bejerano, considera que los hechos son constitutivos de presuntos delitos de calumnias con publicidad, contra la integridad moral y la suplantación de identidad digital al crear el PP "expresa e intencionadamente" un vídeo para "humillar, vejar y provocar un menoscabo grave de la dignidad" de su clienta.

El vídeo por el que se querella Díez fue publicado en las redes sociales del PP como parte de su estrategia electoral de cara al 29N. En él, aparecían distintos cargos del PSOE, generados con IA, en el que aseguraban estar orgullosos de ser "zurdos".

La llamada "fontanera" asegura en el escrito que los "hechos y afirmaciones" contenidos en el vídeo difundido por Génova respecto a la juez Biedma son "absoluta y rotundamente falsos" y que el PP ha actuado con pleno conocimiento de la "falsedad", pese a que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil haya corroborado tales extremos.

"Está personado en las actuaciones, siendo perfecto conocedor del estado de las mismas, declaraciones prestadas, y de la ausencia de cualquier tipo de material probatorio en autos con respecto ya no a la existencia de ninguna relación de mi defendida con dicha juez, por cualquier medio, sino de que por parte de aquélla se haya realizado, directa o indirectamente, ninguna actuación que pudiera convertir en mínimamente verosímil el contenido de la acusación que contra ella se formula en el vídeo", dice en la querella.

La defensa de Leire Díez reclama, además, una medida cautelar urgente para que se ordene la retirada del vídeo de las redes sociales del PP y de las plataformas en las que se haya reproducido, que ha tenido más de 2 millones de visualizaciones, al considerar que tal difusión "está generando un perjuicio de extrema gravedad e irreparable en la esfera personal, familiar y profesional" de la "fontanera".

De hecho, la letrada describe que, como consecuencia de la publicación, tanto Díez como sus hijas "han tenido que aislarse en su domicilio, habiendo sufrido mi clienta un ataque de ansiedad del que se encuentra siendo tratada y estando siendo objeto de todo tipo de insultos, descalificaciones y vejaciones al albur del vídeo".

Pide que la Guardia Civil registre la sede del PP

En la querella, dirigida directamente al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, instructor de las "cloacas del PSOE", Díez solicita que el PP facilite los datos de las personas encargadas de la gestión de sus redes sociales y de quiénes hayan diseñado o aprobado la difusión del vídeo. Pero también pide que la Unidad de Delitos Tecnológicos de la Guardia Civil registre la sede de la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo a fin de "identificar" a todos aquellos que hayan participado en la creación del contenido.