El Gobierno añade presión a Ayuso con el Estatuto del Estudiante Universitario
El nuevo Estatuto del Estudiantado Universitario, impulsado por el Gobierno central, que entra hoy en vigor y amplía el paraguas legal de los estudiantes para realizar paros, llega en un momento de especial tensión con el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. La nueva normativa comienza a aplicarse justo cuando las seis universidades públicas madrileñas han anunciado que irán a la huelga los días 4 y 5 de noviembre por la «asfixia económica» que dicen sufrir por parte del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, tal y como han denunciado las organizaciones estudiantiles y sindicales.
Precisamente, la nueva normativa, aprobada mediante real decreto, sustituye al Estatuto vigente desde 2010 y desarrolla los derechos del alumnado establecidos en la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), de 2023. Uno de los aspectos de mayor alcance es la regulación del paro académico, con un nuevo calendario de movilizaciones a la vista contra la política universitaria regional.
Así, el artículo 7 establece que «el estudiantado tendrá derecho al paro académico» de manera total o parcial y dispone que serán las universidades las encargadas de desarrollar las condiciones y el procedimiento para ejercer este derecho, tras escuchar a los representantes del alumnado.
Más aún, deberán permitir su participación en la elaboración de las normas que regulen las movilizaciones. Aunque también se establece expresamente que se debe respetar a aquellos alumnos que no quieran ir a la huelga.
El segundo frente tiene que ver con la vivienda, una de las principales dificultades a las que se enfrentan los estudiantes que llegan a la Comunidad de Madrid, convertida en el mayor polo de atracción de universitarios del sur de Europa. El artículo 37 del Estatuto prevé que las becas o ayudas tiendan progresivamente a incorporar no solo la situación económica del estudiante, sino también otros condicionantes, como el coste del alojamiento cuando estudiar una carrera universitaria implique un cambio de residencia. Además, prevé que se valore el coste de la vida en las diferentes provincias, si bien supedita esta posibilidad a las disponibilidades presupuestarias.
La medida afecta de lleno a Madrid, donde el alquiler medio de una habitación ronda los 689 euros, según un estudio de la OCU. No obstante, el decreto no obliga a incrementar las becas de forma automática.
En el ámbito de la vivienda, la nueva normativa también establece que las universidades deben facilitar y promover «alojamiento en condiciones de dignidad y suficiencia para sus estudiantes». Y las invita a firmar convenios con entidades públicas o privadas para conseguir que el alojamiento sea asequible.
El texto también establece que los colegios mayores, las residencias y otras instalaciones de alojamiento de las universidades ofrezcan «precios adecuados» para garantizar la igualdad de oportunidades.
Para tener contentos al estudiantado y a las universidades en plena precampaña del 29N, el Gobierno central ha autorizado una partida de 45 millones de euros para impulsar siete proyectos de alojamientos universitarios asequibles en España. En la Comunidad de Madrid, parte de ese presupuesto ha ido a parar a la Universidad Autónoma, que recibirá 13,3 millones. Con ese dinero tiene previsto construir una residencia pionera para estudiantes e investigadores. El proyecto contempla alrededor de 450 habitaciones y más de 18.000 metros cuadrados. Incorporará espacios comunes concebidos para favorecer la convivencia y la interacción entre los jóvenes investigadores que residan en este futuro edificio, único en España.
Según la universidad, la iniciativa «busca ir más allá de la respuesta al problema del alojamiento. Su objetivo es que la residencia se convierta en una infraestructura al servicio de la política científica de la Universidad».
Si bien la actualización del Estatuto era necesaria, teniendo en cuenta que el anterior era de 2010 y que desde entonces se ha aprobado también una nueva ley universitaria (LOSU), llama la atención que el Gobierno se haya apresurado a aprobarlo en este momento preelectoral y, sin embargo, no haya tenido tanta prisa con otras regulaciones. En concreto, con el Estatuto del Personal Docente e Investigador (PDI).
La Ley de Universidades vigente (LOSU) daba un plazo de seis meses al Gobierno, desde su entrada en vigor, para que presentase al Congreso de los Diputados el proyecto de ley del Estatuto del PDI. Así quedaba establecido en la disposición adicional décima de la norma.
El plazo venció en 2023 y, tres años después, no se ha producido ningún avance, entre otros motivos por cuestiones presupuestarias, pese a estar consensuado el texto, según ha podido saber LA RAZÓN.


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