El 26 de octubre de 1976, la Dirección General de Seguridad facilitó una nota a la prensa: las fuerzas del orden habían detenido a 43 terroristas de los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (Grapo). Las autoridades identificaron a estos como la rama armada del Partido Comunista de España (reconstituido), formación nacida de la antigua Organización de Marxistas-Leninistas Españoles tras su escisión del Partido Comunista marxista-leninista. Eran las típicas divisiones en la extrema izquierda por una cuestión doctrinal o estratégica. La ofensiva policial permitió neutralizar seis pisos francos e incautar abundante armamento, municiones, vehículos robados con matrículas falsas, material de propaganda y equipos de multicopia para la agitación subversiva. Los arrestos se distribuyeron en tres zonas estratégicas: 22 detenidos en Galicia, 16 en Barcelona y 5 en Madrid. A la organización se le atribuía la autoría de los atentados con explosivos del 18 de julio contra edificios oficiales y monumentos del Movimiento Nacional, así como el asesinato de cuatro policías en Madrid el 1º de octubre de 1975, fecha que tomó la banda terrorista para su nombre. En un año desde su fundación habían conseguido una estructura nacional potente, pero con fisuras de información.

Galicia se reveló como el núcleo logístico de los Grapo al albergar los seis pisos descubiertos por la policía. Allí cayeron 22 integrantes, destacando la captura de Juan Carlos Delgado de Codes. La policía lo situaba como organizador del asesinato de un guardia civil en Madrid en el otoño de 1975, además de su participación en el atentado contra los cuatro policías armados. Junto a Delgado fue detenida su esposa, Guadalupe Núñez Morales. Ambos fueron puestos en libertad por la Ley de Amnistía de 1977, pero volvieron al crimen. Delgado murió en un enfrentamiento con la policía en 1979, y ella fue detenida en 1981 tras organizar el asesinato del general González de Suso.

En Barcelona, la intervención policial de octubre de 1976 se saldó con la captura de 16 miembros de los Grapo, desarticulando una célula activa en sabotajes y atracos. Entre los arrestados figuraba Francisco Gutiérrez Álvarez, responsable de organización y finanzas, acusado de participar en el ataque con cócteles molotov contra la Delegación de Sindicatos de Cornellá el 11 de septiembre. La nómina de detenidos en Barcelona puso al descubierto a Manuel Fraga Sánchez (alias «Toni»), Manuel García González («Tino») y Antonio Tosina García («Luis»), organizadores del atentado del 17 de julio contra la delegación del Movimiento en el distrito de Sants. Tosina salió a la calle también por la Ley de Amnistía del 77 y mató a tres personas en 1979. Del mismo modo, en octubre de 1976 se detuvo a Antonio Pedroso Donoso («Jorge») acusado de sustraer armamento del Parque de Artillería de Madrid. Pedroso fue puesto en libertad condicional por orden del Juez de Instrucción de Barcelona, bajo fianza de 25.000 pesetas. El terrorista aprovechó para escapar y siguió matando. En 1984 asesinó en Sevilla al empresario Rafael Padura de un tiro en la cabeza en el despacho de su empresa de Artes Gráficas. Tenía 37 años.

La caída del grupo terrorista

El aparato de propaganda catalán sufrió otro golpe con la detención de Eugenio Jesús Bueno de Pablos («Santiago»), responsable del grupo de aquella comunidad, arrestado previamente en marzo por el robo de explosivos en el polvorín de La Reigosa, Pontevedra. Asimismo, la lista incluyó a Francisco Aguilar-Galindo Jiménez («Pedro»), y a los atracadores Joaquín Pérez Alcario («Rafa») y Francisco Martín Valero («Vicente»). Finalmente, se aprehendió a José María Álvarez Zurdo, hallado gravemente herido por los disparos de un vigilante durante el atraco al Banco Garriga Nogués. Algunos de estos se beneficiaron de sobreseimientos y amnistías, y volvieron al terrorismo.

En Madrid, la policía detuvo a cinco personas en esa operación de octubre de 1976, que integraban la célula local. Según la DGS, los arrestados en Madrid tenían programados varios atentados durante una «jornada de lucha». Los objetivos seleccionados eran entidades bancarias situadas en la avenida del Generalísimo, hoy, Paseo de la Castellana. La caída de los Grapo el 26 de octubre de 1976 coincidió con el descubrimiento en Sevilla de un artefacto explosivo de gran potencia en la quinta planta de la Organización Sindical, siendo desactivado por artificieros del Ejército. La acción coordinada contra las células de Galicia, Barcelona y Madrid supuso un golpe importante a la infraestructura, finanzas y capacidad operativa de los Grapo, pero no acabó ni mucho menos con la pesadilla terrorista.

En el debate sobre el poder gremial pesquero en el Perú, algunos sostienen que los gremios empresariales ejercen presión política mientras los pescadores artesanales permanecen dispersos. Esa lectura, como la publicada en Revista Pesca («El poder gremial pesquero en el Perú», 18 de octubre de 2026), plantea interrogantes legítimas sobre la influencia de los gremios, pero reconoce que no existe evidencia comparable suficiente para determinar cuál tiene mayor influencia efectiva. Esa admisión obliga a distinguir entre una hipótesis y un hecho demostrado.

La Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) y el Comité de Pesca y Acuicultura de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) han desarrollado estructuras institucionales que les permiten elaborar propuestas técnicas, participar en procesos normativos y sostener una agenda continua. Esa capacidad no constituye, por sí misma, un privilegio ni una señal de captura del Estado. También puede ser el resultado de organizarse, invertir recursos y mantener una representación sectorial. Si se cuestiona la influencia de un gremio, corresponde identificar qué decisiones habría condicionado, mediante qué mecanismos y con qué evidencia. La sospecha no sustituye a la prueba.

Por supuesto, defender intereses empresariales no equivale automáticamente a defender el interés nacional. Pero tampoco permite concluir lo contrario. La legitimidad de las propuestas debe evaluarse según su sustento técnico, sus efectos económicos, la sostenibilidad de los recursos y su compatibilidad con el interés público. El Estado tiene la responsabilidad de examinar esos elementos con independencia, transparencia y criterios verificables, sin confundir la capacidad de interlocución con una influencia indebida.

En el ámbito artesanal, el desafío es diferente. La diversidad de organizaciones sociales de pescadores artesanales (OSPAs) refleja la amplitud territorial y social de esta actividad, pero el número de organizaciones no garantiza, por sí solo, una representación efectiva ni una mayor capacidad de negociación. La fragmentación puede dificultar la construcción de agendas comunes, la continuidad institucional y el seguimiento de las propuestas. Fortalecer la organización, la rendición de cuentas y la coordinación entre las bases es una tarea que corresponde asumir a sus propios representantes, con el acompañamiento que pueda brindar el Estado.

La defensa de la pesca formal no admite una división artificial entre industria y pesca artesanal. Ambas forman parte de una actividad estratégica para el país, generan empleo y sostienen economías que dependen del aprovechamiento responsable de los recursos hidrobiológicos. Sus escalas, necesidades y capacidades son diferentes, pero eso no convierte sus intereses en necesariamente incompatibles. El desafío es fortalecer a ambos sectores, promover su formalización y asegurar que puedan desarrollarse dentro de reglas claras, con seguridad jurídica, sostenibilidad y oportunidades reales de participación.

La experiencia de los gremios empresariales ofrece una referencia útil: construir instituciones requiere recursos, compromiso y continuidad. Una organización necesita financiar sus actividades, contar con canales de comunicación y sostener propuestas más allá de una coyuntura. La representación no se consolida únicamente reclamando atención; también exige capacidad para organizarse, formular alternativas y rendir cuentas a quienes se representa. Esta reflexión no desconoce las limitaciones económicas de muchos pescadores artesanales, sino que identifica una dimensión institucional que merece atención.

La industria pesquera formal también debe ser evaluada por su contribución económica. Un estudio de Apoyo Consultoría elaborado para la SNP estimó que esta actividad aportó más de S/ 25.000 millones a la economía peruana durante 2025, equivalentes al 2,1 % del PBI, al incluir efectos directos, indirectos e inducidos. Asimismo, calculó que por cada S/ 100 de producción directa se generaban S/ 80 adicionales en otros sectores. Estas estimaciones permiten dimensionar su efecto sobre proveedores, transporte y consumo de los trabajadores. No convierten automáticamente en legítima cualquier propuesta empresarial, pero tampoco corresponde ignorar esa contribución al evaluar el papel de la industria en el país.

La discusión no debería reducirse a contraponer poder económico y representación social. Ambos son elementos relevantes, pero ninguno demuestra, por sí solo, la calidad de una propuesta ni la legitimidad de quien la formula. Si se sostiene que determinados intereses privados condicionan las decisiones públicas, corresponde mostrar qué propuestas fueron incorporadas, qué decisiones se adoptaron y qué fundamentos las respaldaron. Del mismo modo, si se cuestiona la dispersión artesanal, corresponde examinar qué mecanismos permitirían convertir su representación territorial en una participación institucional más articulada.

El poder gremial no se mide únicamente por el acceso al Gobierno ni por la cantidad de organizaciones existentes. Se expresa en la capacidad de formular propuestas, sostenerlas con evidencia y contribuir a decisiones que puedan evaluarse por sus resultados. La industria formal cuenta con estructuras que facilitan ese trabajo; las organizaciones artesanales también pueden fortalecer las suyas mediante coordinación, transparencia y participación efectiva.

La pregunta de fondo no es si los gremios empresariales deben tener voz ni si las organizaciones artesanales merecen ser escuchadas. Ambas cuestiones tienen respuesta afirmativa. La cuestión es cómo garantizar que las decisiones pesqueras se sustenten en evidencia, respondan al interés público y sean transparentes. Para avanzar en esa dirección, hace falta exigir pruebas cuando se denuncia una influencia indebida y promover responsabilidad institucional cuando se reclama una representación más sólida. La organización no garantiza la razón, pero la falta de organización puede dificultar que una posición legítima sea escuchada.