La tensión entre el Gobierno de Ceuta y La Moncloa a cuenta de la entrada masiva continúa en aumento. La afrenta mantenida por el presidente de la ciudad autónoma, el popular Juan Jesús Vivas, desde mitad de agosto contra la Administración central ha sumado este martes un nuevo capítulo. El Ejecutivo ceutí envió hace un mes un requerimiento formal solicitando más información sobre los miles de migrantes internados en los recursos de acogida. Y censuran que no se están poniendo los medios suficientes para tramitar los expedientes de devolución. Enfrente, el mando único defiende que los dichos “expedientes se pueden resolver en el plazo de un mes”, que “se deben respetar los procedimientos legales” y que se han movilizado los recursos necesarios. Tras la contestación remitida, el equipo de Vivas amenaza con elevar la cuestión al Tribunal Supremo.

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La veintena de partes médicos remitidos por el Hospital Universitario de Ceuta al Juzgado de Guardia de Ceuta forman ya un material probatorio suficiente para abrir una vía de investigación que permita esclarecer si ha habido agresiones de militares a inmigrantes en la ciudad autónoma. En la documentación revelada por EL PAÍS figuran, con sus identidades, las declaraciones de pacientes atendidos en ese centro por lesiones que sostienen haber sido golpeados por soldados españoles que realizaban patrullas de vigilancia en la ciudad. Se trata de unas acusaciones de naturaleza muy grave, que deben ser aclarados completamente y, en su caso, ser depuradas las responsabilidades correspondientes.

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