El juez ha paralizado este martes el desahucio de una veintena de familias de La Riera de Gaià (Tarragona), que se enfrentaban a tener que dejar las viviendas en las que residen desde hace 13 años en régimen de alquiler. Según fuentes de la Sareb (propietaria de esas casas), el aplazamiento se ha producido después de que haya pedido tiempo al juez para estudiar la situación de los inquilinos. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha anticipado esa decisión de la empresa pública poco antes en Catalunya Ràdio.

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Pregunta. Tengo un piso alquilado por habitaciones. Quiero utilizar la vivienda para mí y no renovar a las tres personas alquiladas. Con la nueva normativa, ¿cómo tendría que actuar? V. De los Reyes

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Tener un techo bajo el que vivir y poder pagarlo. Se trata de una ecuación complicada para muchos bolsillos. Y puede volverse dramática para una parte creciente de quienes reciben un sueldo a final de mes, especialmente si viven de alquiler. Así lo advierte Oxfam Intermón en su último informe, Cuando trabajar no es suficiente, publicado este martes, en el que estima que el coste de la vivienda sitúa a otras 770.000 personas trabajadoras por debajo del umbral de pobreza. De acuerdo con esta metodología, el número de empleados que se encuentran en esa situación se aproxima a los tres millones. Si no se contabilizara el impacto de la vivienda, los trabajadores pobres ascenderían a 2,2 millones. Traducido a porcentaje, la tasa de pobreza laboral aumenta cuatro puntos, del 11,48% al 15,49%, una vez se descuentan de los ingresos gastos como el alquiler, la hipoteca o los impuestos asociados al inmueble, según el estudio.

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