El Gobierno garantiza a los sindicatos que subirá el sueldo de los empleados públicos de España prevista para 2027, pero sigue sin concretar cuándo, para disgusto de las organizaciones sindicales. El departamento de Función Pública que encabeza Óscar López se ha reunido esta tarde con UGT, CCOO y CSIF a quienes ha garantizado que la mejora del 4,5% pactada en diciembre del año pasado se llevará a término, pero sin concretar en qué momento.

El año pasado, los tres sindicatos de la Función Pública acordaron una senda de subidas acumulada del 11,4% entre 2025 y 2028 distribuida en un 2,5% en 2025; un 1,5% este año (con un 0,5% adicional si la inflación se comía esa mejora); un 4,5% en 2027 un 2% final en 2028. Aunque el acuerdo está rubricado, es necesario darle cobertura legal a cada incremento salarial, de ahí la urgencia de los sindicatos.

Desde UGT Servicios Públicos han emplazado al ministerio a que apruebe la mejor retributiva antes del 24 de noviembre, cuando está previsto el último Consejo de Ministros antes de las elecciones, que se celebrarán el domingo de esa semana. La secretaria general del sindicato, Isabel Araque, ha destacado que la mejora retributiva del 4,5% se pactó el año pasado y ha señalado que el Congreso de los Diputados convalidó "sin dificultades" la subida del año 2025 incluso siendo retroactiva.

Además, ha añadido que la mejora está respaldada legalmente aunque se tenga que convalidar en la Diputación Permanente o con el Ejecutivo en funciones. Y ha recordado que también está pendiente una subida adicional del 0,5% vinculada a la inflación que se suma al 1,5% que ya se decretó para 2026.

Por su parte, desde Comisiones Obreras han reclamado al Ejecutivo "el cumplimiento efectivo de todos los compromisos adquiridos". El propio Óscar López prometió hacer "todo lo posible" para ejecutar el incremento salarial antes de las elecciones, pero todavía no lo materializa.

El sindicato ha señalado que hay otras reformas acordadas que todavía no se han desarrollado, como la eliminación de las tasas de reposición -que limitan el número de plazas que la administración puede sacar para reponer las salidas de funcionarios-, la actualización de las indemnizaciones por residencia y por razón de servicio o la mejora del personal del Servicio Exterior.

Del lado de CSIF, sindicato mayoritario en la Administración General del Estado (AGE), han reclamado también que la subida se apruebe antes de las elecciones "para evitar retrasos por las limitaciones que tiene el Ejecutivo una vez que entra en funciones". Algo que consideran de gran importancia porque el texto que recoja la subida "debe estar disponible con suficiente antelación para que las diferentes administraciones puedan presupuestar y preparar nóminas".

La subida salarial afectará a los 3,5 millones de empleados públicos (funcionarios o no) que trabajan en las distintas administraciones. El impacto de la subida del 4,5% para un salario medio del sector público -que rondaba los 3.232 euros brutos al mes en 2024- sería de unos 151 euros adicionales (aplicadas ya las revalorizaciones de 2025 y de 2026). Lo que situaría esta renta en los 42.380 euros brutos.

Otras cuentas pendientes

Más allá de la cuestión salarial, los sindicatos han reclamado al Gobierno que cierre otros asuntos todavía pendientes de desarrollar del acuerdo salarial de 2021. Entre ellos, la implantación de la jubilación anticipada parcial para los funcionarios -la del personal laboral se desbloqueó recientemente en el Congreso- o que se tomen medidas para atajar la temporalidad abusiva que aqueja a la administración pública y que ha colocado a España al borde de una multa de la Comisión Europea.

El Gobierno ha aprobado este martes en Consejo de Ministros dos importantes medidas en el ámbito de la Seguridad Social. Por un lado, ampliará la pensión de viudedad a las parejas con hijos en común que hayan convivido al menos dos años antes del fallecimiento, aunque no estén casadas ni registradas como unión de hecho. Y, por el otro, mejorará la prestación que perciben los trabajadores de baja laboral provocada por catástrofes naturales.

Así lo ha confirmado este martes la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el que el Ejecutivo ha aprobado otras medidas de componente social que benefician a las víctimas de violencia de género, las mujeres con menopausia incapacitante o a las familias con hijos con cáncer.

Saiz ha destacado que el real decreto ley que desarrolla estas medidas, que deberá ser convalidado más adelante en la Diputación Permanente, es el resultado de "meses de diálogo social" y que "amplía derechos", "refuerza la protección de las familias" y "da respuesta a situaciones que requieren una cobertura más adecuada".

En lo tocante a la ampliación de la pensión de viudedad, las parejas que hasta ahora estaban excluidas de la prestación al no estar registradas públicamente podrán solicitarla desde la entrada en vigor del decreto, previsiblemente el miércoles. Para acreditar la convivencia bastará con demostrar dos años de empadronamiento en la misma residencia.

Además, esta posibilidad se amplía a todas las personas que hayan perdido a su pareja antes de la aprobación del real decreto ley. El Gobierno ha habilitado un plazo de un año para que los afectados puedan solicitar la prestación siempre y cuando cumplan el resto de requisitos.

En España hay registradas un total de 1.461.769 personas que perciben pensiones contributivas de viudedad, de las cuales el 95,6% corresponden a mujeres. La gran mayoría, viudas mayores de 65 años para quienes esta renta a menudo es su único sustento.

La cuantía de la viudedad es modesta, apenas alcanza los 976,3 euros mensuales en 14 pagas, frente a los 1.374 de la pensión media del sistema o los 1.576 que cobran los jubilados. Esto se debe a que la cuantía de la prestación oscila entre el 56 y el 70% de la base reguladora del fallecido (algo parecido al salario que cobró el fallecido). En cambio, en las pensiones de jubilación es frecuente cobrar el 100% de esa base reguladora

Mejores prestaciones para las víctimas de catástrofes

Además, la norma aprobada este martes introduce un cambio en la Ley General de Seguridad Social que habilita al Gobierno a aumentar la protección para los afectados de catástrofes como las danas, accidentes ferroviarios o pandemias. Así, los trabajadores que sufran una baja laboral debido a la catástrofe, o que se vean incapacitados permanentemente verán mejoradas sus prestaciones porque se asimilará la situación a la derivada de un accidente de trabajo.

En el caso de las bajas laborales ordinarias (incapacidad temporal), esta mejora se traduce en que cobrarán la prestación desde el primer día -no tendrán que esperar los tres días de carencia- y además lo harán en una cuantía mayor durante los 16 primeros días de prestación.

Interrogada por el coste fiscal y el margen presupuestario de que dispone el Gobierno para aprobar estas medidas, la ministra portavoz se ha limitado a señalar que el Ejecutivo "está demostrando que es perfectamente compatible extender la acción protectora con gobernar con responsabilidad y rigor fiscal".