Hanoi, 23 oct (Prensa Latina) Vietnam operará en 2027 un cambio de paradigma en la investigación científica al pasar de la asignación de proyectos individuales a las tareas en paquetes vinculados a objetivos y resultados, anunció hoy una fuente oficial.
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Hanoi, 23 oct (Prensa Latina) Diputados a la Asamblea Nacional (AN) examinaron hoy las enmiendas al proyecto de ley sobre la promulgación de documentos jurídicos, que el presidente del órgano legislativo, Tran Thanh Man, consideró la piedra angular del ordenamiento jurídico vietnamita.
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Francesc Augé, el hombre de 56 años que luchó en los tribunales contra su padre por su derecho a la muerte digna, recibirá la eutanasia el 27 de noviembre. El catalán podrá completar el procedimiento que empezó en 2024 tras el archivo definitivo de su causa, según ha adelantado El País y ha confirmado su abogada a Infobae.
La eutanasia de Francesc Augé ha permanecido bloqueada 856 días desde el aval de la Comisión de Garantía y Evaluación de la Generalitat, emitido el 24 de julio de 2024. El derecho a recibir ayuda para morir le fue concedido tras sufrir cuatro ictus y dos infartos, que le han dejado graves secuelas de movilidad y una afasia que le impide comunicarse con normalidad.
Fue el padre de Augé, de 96 años, quien pidió a los tribunales paralizar el procedimiento, alegando que su hijo tenía problemas de salud mental y, por tanto, no estaba en condiciones de tomar esta decisión. Durante el proceso, Augé ha denunciado lo que entendía como una vulneración de sus derechos: “No respetan mi derecho a morir”.
La denuncia de su padre abrió una batalla legal que llegó hasta el Tribunal Supremo. Los magistrados establecieron el pasado mes de mayo que los familiares tenían derecho a interceder judicialmente si consideraban que había fallos en la concesión de eutanasia de un solicitante. El fallo suponía reabrir de nuevo la pelea en los tribunales, pero el padre, cansado y enfermo, decidió no continuar con sus recursos.
Pese al desistimiento del padre, el archivo judicial ha tardado en llegar. Según la abogada de Augé, el problema venía de los letrados del nonagenario, que no habían presentado el escrito ante los juzgados. La espera judicial ha provocado en Augé episodios de hartazgo, rabia y desesperación, y alusiones reiteradas a la posibilidad de quitarse la vida si no podía ejercer el derecho reconocido. El pasado septiembre fue ingresado de urgencias después de un intento de suicidio.
Augé pudo ir ayer a su médico y poner fecha a su eutanasia. El procedimiento se hará en el hospital de Vilafranca del Penedès, a petición propia, y se realizará el próximo 27 de noviembre, dos días antes de las elecciones generales. Según su abogada, querían que se realizara antes de los comicios para evitar que cualquier cambio político volviese a afectar su muerte digna.
Este mismo viernes, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado en una entrevista con Cadena Ser que reformará la ley de eutanasia. El candidato a la presidencia del Gobierno se ha comprometido a elaborar una “nueva redacción” para “perfeccionar” la norma con “garantías” y que los solicitantes tengan “más información médica” y “más libertad” para tomar “una decisión irreversible”.
Feijóo ha recordado que la madre de Noelia le pidió realizar un cambio legislativo. El líder del PP ha asegurado que se puso en contacto con ella para pedirle “disculpas en nombre de los poderes del Estado” porque “no se le atendió correctamente” y fue “fallo multiorgánico de los servicios públicos”.
Saber cuántas personas están en lista de espera en España no es tan sencillo como parece. Las estadísticas de cada comunidad autónoma, realizadas en dos momentos muy concretos del año (junio y diciembre), se publican bajo la sospecha de maquillaje por parte de las administraciones regionales, que intentan mejorar sus resultados antes de que se publiquen los datos.
Aun con estas estrategias, los números alarman. A finales de 2025, más de 850.000 españoles esperaban para pasar por quirófano y cuatro millones intentaban conseguir una cita con el médico especialista. Mientras, el último barómetro sanitario del CIS mostraba que el 22,8% de la ciudadanía no había sido capaz de ir a la consulta de su médico de cabecera por falta de citas. Quienes sí lograban llegar al centro de salud, pasaron más de 10 días esperando para por fin ser atendidos.
En este contexto, la ministra de Sanidad, Mónica García, quiere cambiar la forma en la que se mide cuántos pacientes hay en lista de espera. La propuesta de reforma llega este viernes al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), sin esperanzas por parte de la ministra de que salga adelante.
“Lamentablemente, no va a salir porque hay intereses políticos y partidistas que no quieren que las listas de espera sean una herramienta de gestión, sino de confrontación política. Pero por nosotros hemos hecho el trabajo, hemos hecho todo lo que teníamos que hacer para poner todas las herramientas al servicio de los pacientes, al servicio de los profesionales y al servicio del sistema”, aseguró durante un encuentro organizado por eldiario.es.
Las listas de espera de los 17 sistemas sanitarios autonómicos se concibieron en 2003 para comparar la atención sanitaria, pero el modo de registrar a los pacientes ha provocado sospechas de maquillaje desde su creación. En al menos dos ocasiones, esto ha llevado a cambios importantes en las estadísticas nacionales de pacientes.
La Comunidad de Madrid quedó fuera del cómputo estatal entre 2005 y 2011 porque el Ministerio de Sanidad consideró que su sistema incumplía las reglas comunes: incorporaba al paciente después de las pruebas preoperatorias y de la consulta con el anestesista, con un retraso de entre 20 y 40 días.
Mientras el resto de comunidades empezaba a contar la espera desde que el especialista prescribía la operación, la sanidad madrileña demoraba la inclusión en el registro. El sistema permitía reducir simultáneamente el número de pacientes contabilizados y la demora oficial.
El segundo caso en el que las sospechas se tradujeron en un cambio visible de las cifras ocurrió en Andalucía en 2018. No hubo exclusión de los datos estatales, sino una ruptura de la serie entre junio y diciembre que dibujó una realidad muy distinta.
Los pacientes pendientes de una operación pasaron de 65.615 a 143.887, mientras que quienes aguardaban una primera consulta con el especialista aumentaron de 222.962 a 685.523. El nuevo Gobierno de PP y Ciudadanos acusó al anterior Ejecutivo socialista de haber dejado sin contabilizar a más de medio millón de personas.
Según esa acusación, entre los pacientes no registrados había personas con procedimientos sin plazo garantizado, atendidas en determinados hospitales concertados o pendientes de una cita que todavía no se había asignado. El objetivo, sostenía el nuevo Ejecutivo, era maquillar las listas de espera.
El PSOE respondió que se trataba de estadísticas diferentes. La serie se rompió para incorporar los nuevos datos, una decisión que evidenció hasta qué punto los criterios de registro pueden modificar el diagnóstico sobre las demoras sanitarias.
En los últimos años, la atención del Ministerio de Sanidad se ha dirigido de nuevo a la Comunidad de Madrid. Los casos del Hospital de Torrejón y del Ramón y Cajal han vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre las listas de espera. Aunque el Gobierno regional ha negado en todo momento que se manipulen los números, García les ha acusado de “maquillar” y “manipular” las listas de espera.
Con la reforma que se presenta este viernes, el objetivo del Gobierno es que el sistema sea capaz de registrar todo el proceso asistencial, desde que un paciente acude a una primera consulta hasta que recibe su tratamiento o pasa por quirófano. “La lista no empieza a contar desde que te dice un cirujano que te tiene que operar; la lista empieza a contar desde que fuiste a atención primaria, todo eso que es profundamente transparente”, expresó García a los medios el pasado 15 de octubre.
La titular de Sanidad subrayó que una reforma “tan profundamente democrática y profundamente transparente” como la relativa a las listas de espera “no puede ser un cajón negro”, y criticó que las comunidades autónomas “compitan” por mostrar quién presenta menos demoras.
Hanoi, 23 oct (Prensa Latina) Diversas instituciones en Hanoi aceleran hoy los preparativos ante la cercanía del Primer Festival Mundial para la Preservación y el Desarrollo de las Aldeas Artesanales Tradicionales.
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La SEPI ha acelerado en el último año y medio la recuperación de los préstamos que, a modo de rescate, concedió durante la pandemia para mantener a flote empresas estratégicas en apuros. Sin embargo, conforme pasa el tiempo los intereses de esta deuda van en aumento y se ceban ahora con las empresas con más dificultades para devolver los préstamos. Quedan menos por pagar, pero en peores condiciones.
El verano de 2026 ha sido el más cálido de la historia de España y Europa. Las mediciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y Copernicus han confirmado que este último periodo estival superaba con creces los datos del 2025, ahora el segundo más caluroso, con un récord de 61 días bajo ola de calor y 2,4 grados por encima del promedio normal.
Este verano ha sido, además, el más mortal para el continente, según un nuevo estudio publicado en Nature Health. Investigadores del Imperial College de Londres y la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres han determinado que más de 50.000 personas han muerto este verano en Europa a causa del calor provocado por el cambio climático. Estos datos sitúan al verano de 2026 como el más mortífero desde el año 2000.
La distribución de las muertes no fue homogénea. En términos absolutos, España, con 5.227 muertes atribuibles al cambio climático, se encuentra entre los países con mayor número de fallecidos. Tan solo le superan Italia (8.772 muertes estimadas) y Francia (4.661).
En términos relativos, Malta registró la tasa más alta de toda Europa: 716 muertes por millón de habitantes (con un intervalo de confianza del 95% entre 535 y 874). Le siguieron Italia, con 561 por millón; Hungría, con 537; y Croacia, con 461.
El análisis se limita a poblaciones urbanas, que representan cerca del 40% de los habitantes de los 30 países incluidos. La carga total de mortalidad por calor en toda Europa —zonas rurales incluidas— será necesariamente mayor, aunque su magnitud no puede inferirse directamente de estos datos.
En España, los investigadores del Imperial College de Londres han medido las muertes por calor de noventa ciudades repartidas por todo el país. Barcelona, con 1.587 fallecimientos, sería la más afectada por este fenómeno, seguida de Madrid (967) y Valencia (262). Son, justamente, los municipios más poblados del país.
Las estimaciones realizadas por el estudio no quedan lejos de las mediciones del propio Gobierno español. El sistema de monitorización de mortalidad de España contabilizó 5.123 fallecidos entre junio y agosto.
Los autores del estudio analizaron datos meteorológicos y modelos climáticos con el fin de comparar cómo han variado las temperaturas estivales entre el clima actual —con un calentamiento global de aproximadamente 1,4 °C— y el clima preindustrial, más fresco. Estos informes se centraron en las temperaturas diarias registradas en 854 zonas urbanas europeas de 30 países europeos, entre el 1 de junio y el 31 de agosto, en los años comprendidos entre 2000 y 2026.
“La relación entre temperaturas más altas y un mayor número de muertes relacionadas con el calor está bien establecida y es estadísticamente sólida. Esto nos permite modelar y predecir con precisión el probable impacto de la mortalidad por las temperaturas de verano en comunidades de toda Europa”, explica el doctor Garyfallos Konstantinoudis, profesor del Imperial College de Londres.
Como cada año, el sur y el oeste europeo han sido las regiones más afectadas del país, pero otras zonas típicamente más frescas, como el norte, han registrado miles de muertes este verano. Es el caso de Reino Unido, con cerca de 4.500 fallecimientos. Aunque las muertes relacionadas con el calor suelen afectar a las personas mayores, se estima que unas 6.000 personas menores de 65 años murieron en las áreas urbanas analizadas este verano.
El trabajo ha concluido que, si el clima no se hubiera calentado por la quema de combustibles fósiles, habría habido unas 32.600 muertes menos en el continente. Es decir, cerca del 65% de los fallecimientos en Europa los provoca el cambio climático.
“Estas cifras son un recordatorio contundente de que nuestros veranos más cálidos y extremos están teniendo un impacto cada vez más severo en la salud pública. Detrás de estas estadísticas hay personas reales cuyas vidas se perdieron y familias reales que las lamentan”, ha aseverado la doctora Clair Barnes, investigadora especializada en fenómenos meteorológicos extremos y cambio climático del Imperial College de Londres.
El éxito del pacífico cambio de régimen en España se debió a un puñado de abnegados servidores públicos que contribuyeron silenciosamente a ello. Entre estos merece lugar destacado José Luis Graullera, que acaba de morir a los 87 años. Valenciano, abogado e interventor del Estado, embajador de España, amigo personal y hombre de confianza de Adolfo Suárez, ejerció un papel decisivo, desde la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, en la transición administrativa, que él consideraba tan importante como la transición política. Antes, en su papel de interventor, como protector de los recursos públicos, evitó las corrupciones en los principales organismos del Estado, desde RTVE al CSIC o el Consejo de Estado. Como servidor público ejerció su papel pacificador en Guinea Ecuatorial, por encargo del presidente Suárez, en un momento delicado, recién lograda la independencia.
En la transición administrativa, conducida por él, se procuró, como me confesó en «Secretos de la Transición», «respetar todo lo positivo del antiguo régimen eliminando lo negativo». Facilitó las cosas el hecho de que «en el régimen anterior, a falta de legitimidad, había un axioma: el principio de legalidad que se respetaba escrupulosamente». Todos los funcionarios del Movimiento que no tenían funciones políticas, incluidos los de los sindicatos verticales, encontraron cobijo en la nueva Administración. Un día se presentó en el despacho de Graullera, en Castellana, 3, Pilar Primo de Rivera, delegada nacional de la Sección Femenina, a entregarle un dinero que la Sección Femenina tenía en efectivo y que no figuraba en ninguna cuenta. Una indudable prueba de honradez. «¿Qué va a ser de mis chicas?», le preguntó con insistencia. «No te preocupes, Pilar, -le respondió-, las haremos funcionarias». José Luis Graullera me confesó emocionado que mandó un escrito a más de 25.000 empleados que no entraban en el cuerpo de funcionarios y se quedaban en la calle, por si podía hacer algo por ellos, y sólo dos le pidieron ayuda.
Otro de los grandes servicios prestados por Graullera fue la creación y puesta en marcha de AESMIDE, una asociación de empresas contratistas con la Administración del Estado, que, entre otras cosas, ha contribuido decisivamente, externalizando productos y servicios, a la modernización de las Fuerzas Armadas en España. Se ha ido un patriota sin alardes, un servidor público eficaz, en un momento convulso de la vida nacional, que amenaza a la Transición democrática y la concordia constitucional, con la corrupción, que él tanto combatió, escalando como la yedra los muros del poder. Deja una gran familia. No se puede concebir la vida de Graullera sin Esther, su mujer, que él llamaba cariñosamente «la tendera».
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La Asamblea Nacional abrió la discusión de dos propuestas para modificar los requisitos de idoneidad de los abogados, después de que cerca de mil graduados de Derecho enfrentaran dificultades para obtener la autorización profesional. Las iniciativas buscan corregir los efectos de la Ley 500 de 2025, aunque plantean soluciones diferentes.
Los anteproyectos fueron presentados por Shirley Castañedas, presidenta de la Asamblea Nacional, y Manuel Cheng, vicepresidente del Legislativo. Ambas iniciativas fueron prohijadas por la Comisión de Gobierno y Asuntos Constitucionales, pero una establece excepciones para antiguos estudiantes y la otra flexibiliza las evaluaciones.
La controversia comenzó con los cambios introducidos en la regulación profesional. Durante 38 años, la Ley 9 de 1984 permitía solicitar la idoneidad con el título universitario. Posteriormente, la Ley 350 de 2022 incorporó un examen de competencias, mientras que la Ley 500 de 2025 estableció otras alternativas.
La última reforma contempló tres mecanismos para obtener la autorización profesional: aprobar un examen, publicar una tesis en una revista especializada o realizar tres meses de servicio voluntario. Sin embargo, el examen quedó reservado para quienes comenzaron la carrera después de la promulgación, limitando las opciones anteriores.
En la práctica, los estudiantes anteriores a la reforma quedaron exentos del examen, pero no de las demás exigencias. Quienes se graduaron mediante seminarios, prácticas o materias de maestría no podían utilizar la alternativa de tesis. Además, la obligación de publicarla en una revista especializada complicó ese mecanismo.
El servicio voluntario también generó dificultades porque los horarios disponibles y las restricciones sobre las oficinas autorizadas representaban obstáculos para graduados que ya tenían empleo. Aunque algunos trabajaban como asistentes legales, debían completar una práctica adicional que podía retrasar su incorporación formal al ejercicio profesional.
La primera iniciativa, presentada por Castañedas, propone crear un régimen transitorio para quienes iniciaron Derecho antes del 24 de noviembre de 2025. La excepción comprendería a graduados y estudiantes matriculados, incluidos aquellos con tesis pendientes. Las nuevas exigencias continuarían aplicándose a quienes ingresaron posteriormente.
El anteproyecto busca que los beneficiarios puedan solicitar su idoneidad conforme a los requisitos anteriores, según el momento en que comenzaron sus estudios. También establece un plazo máximo de 60 días para resolver solicitudes y contempla revisar expedientes pendientes, suspendidos, devueltos o rechazados por la reforma.
La propuesta de Cheng sigue otro camino: mantener las tres alternativas, pero hacerlas accesibles para todos los aspirantes. Su texto permitiría presentar el examen a graduados y estudiantes con materias completadas. Además, eliminaría la obligación de publicar la tesis, sustituyéndola por una certificación universitaria.
En cuanto al servicio voluntario, Cheng propone mantener los tres meses, equivalentes a 480 horas, pero permitir horarios flexibles. Los aspirantes podrían completar la práctica en jornadas parciales, nocturnas o durante fines de semana. Las horas comenzarían a acumularse desde el segundo año universitario, con certificación institucional.
La iniciativa también ampliaría los espacios autorizados para realizar la práctica, incluyendo oficinas judiciales, departamentos de audiencias y dependencias con funciones jurídicas. Asimismo, permitiría reconocer tesis y horas de servicio anteriores a la reforma, además de presentar nuevamente solicitudes rechazadas por requisitos de publicación o prácticas.
Castañedas sostiene que su propuesta pretende evitar que estudiantes y graduados queden atrapados entre normas diferentes, mientras Cheng plantea ajustar las evaluaciones sin eliminar los estándares profesionales. Ambas iniciativas coinciden en reducir la incertidumbre que ha dificultado obtener la idoneidad, aunque sus mecanismos son distintos
El Colegio Nacional de Abogados expresó una posición favorable a las propuestas legislativas. Su representante, Alexander Hepburn, señaló que existe preocupación por cerca de mil licenciados que terminaron sus estudios sin conseguir la autorización profesional.
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