El Tribunal Supremo ha resuelto aplicar la ley de amnistía al exvicepresidente catalán y líder de ERC, Oriol Junqueras, y los exconsejeros Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, después de dos años desde su entrada en vigor y tras el aval del Tribunal Constitucional al perdón de la malversación, delito por el que fueron condenados los cuatro.
La Sala de lo Penal, la que juzgó el 'procés', ha dado ese paso en un auto de 12 páginas, recogido por Europa Press, toda vez que el Constitucional le ordenó amnistiar a los dirigentes independentistas encausados por malversación, tanto a los condenados como a los procesados: el expresidente y líder de Junts, Carles Puigdemont, y los exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig, que no fueron juzgados porque huyeron de la justicia tras el referéndum ilegal de 2017.
Con Manuel Marchena, el magistrado que presidió el juicio al proceso independentista, como ponente, el Supremo declara extinguida la responsabilidad criminal de los cuatro dirigentes, en una resolución que también firman el actual presidente de la Sala Segunda, Andrés Martínez Arrieta, y el magistrado Antonio del Moral, que formaron parte de aquel tribunal.
Los magistrados les amnistían al asumir en su integridad la parte dispositiva de la sentencia del Constitucional que concedió el amparo a Bassa y ordenó al Supremo aplicarles la medida de gracia.
De esta forma, queda extinguida la inhabilitación a la que fueron condenados Junqueras, a 13 años, y Romeva, Turull y Bassa, a 12 años, respectivamente. Y después de que fueran indultados de las penas de prisión por el Gobierno.
El Supremo señala que respecto a la petición de eliminar los antecedentes penales anotados a raíz de la sentencia que les condenó en 2019 y que solicitan los cuatro exmiembros del Gobierno catalán, más las defensas de Joaquim Forn, Meritxell Borrás, Carme Forcadell y Josep Rull, condenados en la misma causa, el tribunal lo pone en conocimiento del Ministerio de Justicia para que proceda a ello.
No obstante, los magistrados critican "la innecesaria grandilocuencia" del Constitucional, que "revela el deseo de adornar un razonamiento invasivo del ámbito jurisdiccional" del Supremo.
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