La primera reacción del Gobierno italiano de Giorgia Meloni a los incidentes de Milán del fin de semana ha sido, como en muchos otros momentos de crisis y más aún cuando hay elecciones a la vista, aprobar un decreto con nuevos delitos que endurecen las medidas de seguridad. Ya van ocho decretos en cuatro años, más otras normas y proyectos de ley. Además, ha habido críticas a la escasa presencia policial, pues un gran despliegue no se hizo hasta el lunes. Pero al margen de que las protestas surgen de un claro descontento social, los servicios de inteligencia italianos van más allá: el análisis de las redes sociales de esos días indica que no todo fue tan espontáneo en la movilización de unos 2.000 chavales, sin ninguna organización ni reivindicación, que súbitamente se dirigieron al centro de Milán y rompieron escaparates para robar zapatillas y ropa de marca. “Es el punto culminante de una guerra híbrida”, ha dicho sin rodeos el ministro de Defensa, Guido Crosetto, que desde hace años alerta sobre el problema.

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La seguridad ha desplazado a la economía en el centro de la política latinoamericana. La creciente insatisfacción social y el avance sin tregua de la criminalidad ha empujado a los candidatos presidenciales a abandonar el tradicional debate sobre reformas, crecimiento y desarrollo para colocar el control territorial, el despliegue policial y la lucha contra el crimen organizado como prioridades de gobierno, según se concluye del Informe de Economía Latinoamericana, publicado este martes por el Banco de España.

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El Gobierno de la Comunidad de Madrid reubicará en los próximos días el despacho de Isabel Díaz Ayuso por los inconvenientes provocados por la acampada en Sol, según un miembro de su equipo. “En estos momentos la Real Casa de Correos —la sede— no reúne las condiciones necesarias, especialmente de seguridad, para llevar a cabo el trabajo institucional y se están viendo diferentes opciones en instalaciones de la Comunidad de Madrid para desempeñar, de manera temporal, ese trabajo que normalmente se realiza en Sol”, cuenta la misma fuente.

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Uno de los grandes retos de las democracias del primer tercio del siglo XX fue la transformación de su modelo de orden público. Nos lo han contado muy bien especialistas como Diego Palacios, Sergio Vaquero o Rafael Cruz. Si en el paradigma predemocrático el objetivo prioritario era defender el Estado y mantener el orden, en el modelo democrático, lo nuclear es servir a la comunidad y respetar los derechos cívicos. Ya no se trata de blindar al Estado o al Rey, sino de proteger los derechos y libertades de las personas. La ciudadanía deja de ser amenaza potencial u objeto pasivo de control y se convierte en sujeto de derechos y agente activo. Los conflictos no se abordan desde la fuerza para reprimir o disuadir. Se busca la mediación y la gestión pacífica. El ejército y las fuerzas de seguridad quedan bajo control civil y sometidos a mecanismos de rendición de cuentas. La conversión civil del Estado, que diría Charles Tilly, es un ingrediente fundamental de la democracia. Ante una huelga, los poderes políticos dialogan. Si es necesario intervenir, acude la policía, pero sin sables ni máuseres. Las muertes ya no son el precio inevitable de cualquier protesta.

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