El Ministerio de Cultura conmemora el sábado, 24 de octubre, el Día de las Bibliotecas 2026, con el que se promueven distintas iniciativas en todo el territorio con el objetivo de implicar tanto a los usuarios de las bibliotecas de cualquier tipología como a sus profesionales.

El lema de este año, 'Sin profesionales no hay bibliotecas', pone en el centro a las personas que hacen posible que las bibliotecas sean mucho más que un conjunto de recursos y espacios.

Así, el Día de las Bibliotecas 2026 pone el foco en la diversidad del trabajo que realiza su personal: selección y organización de sus colecciones, preservación del patrimonio, facilitación del acceso a la información, fomento de la lectura, acompañamiento en el aprendizaje y creación y organización de actividades y servicios para responder a las necesidades de sus usuarios y usuarias.

Con el fin de visibilizar y poner en valor la profesión bibliotecaria, el Ministerio de Cultura ha realizado una serie de vídeos divulgativos que muestran al público la diversidad y riqueza del trabajo que se lleva a cabo en los distintos tipos de bibliotecas.

A lo largo de este mes de octubre, en el canal de YouTube del Ministerio de Cultura, así como en las redes sociales del ministerio y de la Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura, se están publicando estos vídeos que profundizan en el trabajo realizado en bibliotecas públicas, universitarias, especializadas, científicas y en la propia Biblioteca Nacional de España.

Adicionalmente, el Ministerio de Cultura, en colaboración con SEDIC, ha convocado 300 plazas gratuitas para el webinar online '¡Pasa a la acción! Guía práctica de advocacy para profesionales de bibliotecas', dirigido a bibliotecarios y centrada en la defensa aplicada a este sector.

Red de bibliotecas públicas del Estado

En el portal web del Día de las Bibliotecas 2026 se puede consultar un listado actualizado de las actividades programadas por la Red de 53 Bibliotecas Públicas del Estado con motivo del Día de las Bibliotecas. Entre otras, en la Biblioteca Pública del Estado en Cádiz - Biblioteca Provincial de Cádiz, donde se han organizado visitas teatralizadas bajo el título 'Descubre tu biblioteca', o en la Biblioteca Pública del Estado en Huesca, donde se imparten talleres sobre cómic y se recogen carteles históricos del Día de las Bibliotecas en una muestra virtual.

Por su parte, en los Museos Estatales también se han organizado actividades en sus bibliotecas dirigidas a diferentes públicos. Por ejemplo, el Museo Arqueológico Nacional propone visitas guiadas bajo el título 'Los orígenes de la imprenta madrileña en la Biblioteca del MAN' y la biblioteca del Museo Casa Cervantes en Valladolid organiza el taller infantil 'Tras las pistas del oro', dirigido por la artista Dora García.

El diseño del cartel de este año, disponible en todas las lenguas del Estado, ha sido obra de la ilustradora Carmen Segovia. Mientras que, para el video conmemorativo, el Ministerio de Cultura ha contado con la colaboración de la escritora Irene Vallejo, autora de El infinito en un junco, Premio Nacional de Ensayo en 2020, obra que presta especial atención a las bibliotecas como baluartes de la cultura y el conocimiento y a sus profesionales como guardianes de la memoria.

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres de 29 y 41 años acusados de dos robos con fuerza y dos allanamientos de morada con hurto cometidos entre septiembre y octubre en apartamentos de la calle Rumanía y un campin de Benidorm (Alicante).

Presuntamente sustrajeron joyas, cuyo valor podría rondar los 10.000 euros, además de dos móviles, una tableta electrónica y dinero. Según han señalado fuentes policiales, uno de los presuntos autores, el de 29 años, fue arrestado el pasado 15 de octubre, mientras que el segundo, el de 41, aunque en un primer momento no pudo ser localizado, fue detenido este miércoles.

El primero de los hechos investigados ocurrió el 26 de septiembre en un domicilio de la citada calle, donde presuntamente cometieron un robo con fuerza al sustraer "bastantes" joyas, según la víctima, por un valor que podría rondar los 10.000 euros.

Con el inquilino dentro

Asimismo, el 9 de octubre al parecer robaron un móvil y la tableta, también en un apartamento de esa calle, al que supuestamente accedieron mientras el morador de la vivienda estaba durmiendo la siesta, han apuntado las mismas fuentes.

Por otro lado, el tercer suceso se produjo a la jornada siguiente, es decir, el día 10 de ese mes, cuando presuntamente entraron a otro domicilio de la calle Rumanía, aunque el denunciante no echó nada en falta.

Finalmente, el cuarto y último de los hechos investigados ocurrió en el camping el 11 de octubre, momento en el que supuestamente fue robada una bandolera con una cartera, donde había otro móvil y 80 euros, han detallado desde el cuerpo de seguridad.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Huelva ha condenado a dos hombres a penas de hasta cinco años y medio de prisión por secuestrar a un conocido en Cortegana, maniatarlo con bridas y mantenerlo encerrado durante toda una noche en una finca de Galaroza para reclamarle deudas relacionadas con el tráfico de drogas. El tribunal ha absuelto a otros tres procesados al no considerar acreditada su participación en los hechos.

Según recoge la sentencia, consultada por Europa Press, ambos acusados han sido condenados a dos años y medio de prisión por un delito de detención ilegal. A uno de ellos se le añaden tres años de cárcel por los delitos de robo con intimidación y estafa, mientras que el otro deberá pagar una multa de dos meses por un delito leve de maltrato de obra y ha sido absuelto de las acusaciones de robo y estafa.

Los hechos ocurrieron la noche del 25 de octubre de 2023, cuando los dos condenados localizaron a la víctima en Cortegana y la acompañaron hasta su domicilio. Una vez allí, y debido a las deudas que había acumulado por negocios ilícitos relacionados con el suministro y la venta al menudeo de drogas, le taparon los ojos con un chaleco, le ataron con bridas y le introdujeron por la fuerza en un vehículo.

A continuación, lo trasladaron a una finca alquilada a las afueras de Galaroza, donde permaneció encerrado en una habitación durante toda la noche, atado de pies y manos, mientras sus captores le exigían la devolución del dinero. Al día siguiente, lo desataron y lo llevaron de vuelta en el mismo automóvil hasta el municipio.

Días después, uno de los condenados acudió al domicilio en el que se alojaba la víctima, en Galaroza, armado con una barra de hierro con la que comenzó a golpearla. El agredido consiguió escapar y refugiarse en una sucursal bancaria. Desde allí, la Guardia Civil acudió en su auxilio tras recibir un aviso sobre la presencia de un hombre alterado y con marcas de golpes en el cuerpo.

Amenazas y varias transferencias bancarias

A finales de octubre de 2023, el segundo condenado volvió a abordar a la víctima en Cortegana, acompañado de otra persona que no ha sido identificada. Bajo amenazas de matarlo y de hacer daño a su hijo, ambos le obligaron a entregar su teléfono móvil, su tarjeta bancaria, el DNI y las claves de acceso a sus cuentas.

Con esta información, el acusado realizó varias transferencias mediante Bizum por un importe total de 863,60 euros a la cuenta de un familiar. Ese mismo día, acudió a dos oficinas bancarias de Huelva capital para retirar en efectivo el dinero sustraído.

En los fundamentos jurídicos, la Audiencia destaca la "plena validez" de la declaración de la víctima, cuyo relato considera respaldado por los testimonios de testigos presenciales y de los agentes de la Guardia Civil que intervinieron en el caso.

La sala ha aplicado una atenuante por la liberación de la víctima dentro de los tres primeros días, aunque ha fijado las penas en la parte superior de la horquilla correspondiente por la violencia ejercida y el hecho de mantenerla atada durante toda la noche.

Por el contrario, el tribunal ha rechazado la atenuante de drogadicción solicitada por la defensa de uno de los acusados. La sentencia señala que "el mero consumo o adicción a sustancias estupefacientes no exime ni atenúa la responsabilidad criminal", si no se acredita documental y clínicamente que, en el momento de cometer los delitos, existía una alteración o un deterioro grave de las capacidades intelectivas y volitivas.

En cuanto a los otros tres procesados, para quienes la Fiscalía solicitaba penas como cómplices o coautores de los delitos de estafa y robo, la Audiencia ha dictado una sentencia absolutoria al concluir que "no existe prueba alguna" que demuestre su participación en los hechos ni que conocieran el origen ilícito del dinero transferido.

En concepto de responsabilidad civil, el condenado por robo y estafa deberá indemnizar a la víctima con 863,60 euros por el dinero sustraído, además de abonar el valor de los objetos y dispositivos personales retenidos que no hayan sido recuperados, cuya cuantía se determinará durante la ejecución de la sentencia. Contra el fallo cabe interponer recurso de apelación.

Este jueves la Asamblea de Madrid ha aprobado la Ley de Defensa del contribuyente y la Ley para la Ordenación del Turismo. Ambas normas han salido adelante con los votos favorables del Partido Popular y de Vox, pese al rechazo de Más Madrid y el PSOE-M. La primera de estas leyes busca reforzar la seguridad jurídica de los ciudadanos ante la Administración. Mientras que la segunda modificará el texto actual sobre turismo de 1999 para contemplar las nuevas modalidades de alojamiento como las hosterías (hostels), las áreas de acogida y pernocta para autocaravanas, vehículos cámper y similares.

La regulación para la Defensa del Contribuyente será de aplicación exclusiva a los tributos cedidos por el Estado cuya gestión corresponde a la Comunidad de Madrid. Entre ellos se encuentran el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP y AJD), el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, el Impuesto sobre el Patrimonio y los Tributos sobre el Juego. La ley busca incorporar el principio de buena administración como criterio inspirador de la actuación de la Administración tributaria regional, con el fin de garantizar una protección efectiva de los derechos de los contribuyentes.

Para ello, establece un modelo de asistencia basado en la confidencialidad, la gratuidad de los servicios y una asistencia adaptada a las circunstancias y necesidades de cada ciudadano. Asimismo, se creará la Oficina de Defensa del Contribuyente. Este órgano sustituirá al anterior para dotar al sistema de una mayor robustez técnica, según han explicado desde el Ejecutivo autonómico. Además, este recurso se encargará de tramitar de manera ágil las quejas o sugerencias referidas a demoras indebidas, incidencias electrónicas o deficiencias. Junto a estas novedades, se pondrá en marcha la carpeta tributaria que permitirá un acceso a la información ágil, comprensible con un lenguaje más claro.

Para defender la ley ha intervenido la diputada del PP Ainhoa García Jabonero, quien ha subrayado que el objetivo de esta norma es "garantizar los derechos" y el "respeto" a los ciudadanos. "Respeto a su esfuerzo, a su trabajo, a su dinero y también a su tiempo. Pero también respeto a las instituciones, a las reglas del juego y a nuestro trabajo", ha recalcado. La diputada 'popular' ha explicado que se trata de una ley "clara, sencilla y útil" que trata de actualizar la manera de atender al contribuyente. Se quiere que los madrileños tengan más facilidades para cumplir con sus obligaciones tributarias, que reciban una información clara, que sepan dónde tienen que acudir cuando tienen una duda y obtengan una respuesta cuando necesiten ayuda.

En el caso de Vox, Ana Cuartero ha afirmado que es "más necesario que nunca" defender al contribuyente en toda España ante "las garras de un Gobierno depredador que no ha dudado en lucrarse" a costa del "dinero de todos los españoles". La parlamentaria ha defendido que esta norma debería ser "más ambiciosa" en la defensa del contribuyente y que sumase a ella una "reducción de impuestos" enfocada en aliviar la carga fiscal de las familias, así como un énfasis en desregulación.

El PSOE ha defendido, de la mano de Agustín Vinagre, que en la ley no se incluyen "buena parte de las garantías" de las que hace gala el Gobierno regional. "No estamos en contra de defender al contribuyente, sino precisamente creemos que merece una defensa bastante más seria", ha planteado. Aun así, ha puesto en valor que se llegara a acuerdo con el PP para advertir al ciudadano de que una queja no suspende los plazos de recurso y otro para fijar un plazo máximo de respuesta a las sugerencias; pero ha insistido en que el PP plantea la defensa del contribuyente únicamente a través de "mirar cuánto paga" sin atender a "qué recibe y quién se beneficia de las decisiones fiscales".

También ha sido crítico con la norma el diputado de Más Madrid Gumersindo Ruiz Rosales, quien ha afirmado que es un ejercicio de "redundancia legislativa" que se limita a agrupar derechos que ya están plenamente reconocidos en la Ley General Tributaria y en la Ley del Procedimiento Administrativo Común. "Cuando una ley no añade nuevos derechos sustantivos a la nueva Oficina de Defensa del Contribuyente no se le asigna un solo euro de presupuesto adicional, no incorpora ni un funcionario de refuerzo y no se la dota de independencia real, por más que la vendan con grandes titulares, estamos ante una simple campaña de propaganda", ha zanjado.

Ley de Turismo

La Ley para la Ordenación del Turismo actualiza la normativa de 1999 para incluir nuevas modalidades de alojamiento como las hosterías (hostels) y las áreas de acogida y pernocta para autocaravanas, vehículos cámper y similares. Entre los cambios que se introducen, se establece la necesidad de que los servicios turísticos cuenten con seguros y otras coberturas. Por otro lado, esta ley plasma el principio de libertad de precios y actualiza la regulación sobre la permanencia en los alojamientos, información que deberá estar a disposición de todos los interesados. La regulación también adecúa el régimen sancionador para adaptarlo al marco normativo actual.

Para defender la ley ha intervenido la diputada del PP Isabel Vega, quien ha explicado que su objetivo era "mejorar una ley y actualizarla al Madrid de hoy" frente al modelo que propone la izquierda del Madrid "en blanco y negro". "Antes éramos una ciudad de paso, no había plataformas, se reservaba de otra manera y hoy somos un destino internacional de referencia con cultura, gastronomía, patrimonio, naturaleza y grandes acontecimientos durante todo el año. Y no hemos llegado aquí por casualidad. Detrás hay trabajo de empresas, de profesionales de nuestros municipios y de decisiones valientes del Gobierno regional", ha reivindicado.

Por su parte, la diputada del PSOE Raquel Barahona considera que esta ley sigue sin garantizar "unos mínimos" y ha defendido que, aunque el turismo genera riqueza, también genera "necesidades", como limpieza o la protección del comercio y ha puesto el foco en hacer compatible el éxito del turismo con los vecinos. "Nos parece imprescindible que una parte de la riqueza que genera el turismo contribuya a los lugares que lo hacen posible", ha reivindicado, a la vez que ha afirmado que se puede "presumir" de hoteles de cinco estrellas en los que los trabajadores pueden asumir unas "condiciones penosas".

De su lado, la parlamentaria de Más Madrid Alicia Torija ha cargado contra anuncios que "nadie comprueba", alojamientos que "nadie inspecciona" y viviendas que están "al margen de la normativa", además de poner el foco en los problemas de vivienda que hay en la región. En concreto, ha puesto el foco en las viviendas de uso turístico y se ha preguntado "cuántos vecinos tienen que marcharse de sus casas" para que comprendan que el turismo "también tiene que ver con la vivienda. "No me digan que es problema del Ayuntamiento, la Comunidad tiene competencias y tiene instrumentos para intervenir", ha enfatizado.

Por último, el parlamentario de Vox Jorge Cutillas valora positivamente la actualización de esta ley y ve necesario que no se pongan "obstáculos innecesarios" a la actividad económica sino que se establezcan "reglas claras y que garantice la competencia leal". "Reconocemos los avances que incorpora el proyecto en materia de modalidades de alojamiento, derechos de los usuarios, obligaciones de las empresas y régimen sancionador", ha señalado, además de defender que su posición se articula en base a la protección de la propiedad privada, lucha contra la ilegalidad y responsabilidad de los poderes públicos.

La Parroquia Nuestra Señora de la Asunción, situada en la localidad madrileña Parla, ha interpuesto una denuncia por el robo de un sagrario que habría sido sustraído durante el desarrollo de la catequesis celebrada este miércoles. Así lo han confirmado fuentes de la Diócesis de Getafe, que han explicado que la desaparición se ha producido entre los dos turnos de esa catequesis, cuando varias personas se encontraban en las dependencias, aunque ninguna ha advertido el robo. La parroquia espera poder recuperar tanto la pieza como su contenido.

El sagrario en cuestión contenía "un copón" con las formas consagradas y otra de mayor tamaño destinada a la adoración nocturna que la comunidad celebra cada tercer viernes de mes. El párroco, Orlando Mateos, ha recorrido los alrededores para tratar de localizarlo, incluidos contenedores de basura y solares vacíos de la zona antigua de Parla, sin suerte. "Cuando han llegado los del segundo turno a hacer la oración, el sagrario ya había desaparecido, pero es que nadie ha visto nada, nadie sabe nada", ha lamentado.

Mateos ha apuntado a una posible relación con Halloween, que se celebra el 31 de octubre, aunque ha reconocido que no existe confirmación al respecto. La proximidad de esa fecha "hace pensar que pueda tener algo que ver con lo satánico", ha señalado. El sacerdote ha expresado la conmoción de la comunidad parroquial por lo ocurrido. "Estamos aquí así un poco como en shock", ha reconocido Mateos.

El centro parroquial donde se ha producido el robo se encuentra a unos 150 metros del templo. En el momento de la desaparición estaban presentes catequistas, madres de niños que acudían a la formación y el vicario parroquial, Andrés Klonowski, que estaba en el despacho. Ninguno ha podido aportar información sobre lo sucedido y la Policía ya investiga el caso.

La Mezquita-Catedral de Córdoba se ha convertido en el primer monumento español declarado Patrimonio de la Humanidad en obtener la certificación internacional Zero Waste, que reconoce la implantación de un sistema de gestión de residuos centrado en su reducción, reutilización y reciclaje.

Según ha informado el Cabildo Catedral en un comunicado, la distinción, concedida por OCA Instituto de Certificación, sitúa al monumento como "referente en la aplicación de criterios de sostenibilidad ambiental a la gestión del patrimonio histórico". La institución ha obtenido la categoría Oro tras superar una auditoría externa que acredita una tasa de reciclaje real del 87,3%.

La iniciativa comenzó a desarrollarse en 2025 y ha contado con la colaboración de Global Zero Waste, Innoune Group y OCA Global. Durante este periodo, se han implantado nuevos procedimientos para controlar y realizar un seguimiento de los residuos generados por la actividad de la Mezquita-Catedral. El reconocimiento supone, según el Cabildo, "un importante avance en el compromiso" con la economía circular y el uso responsable de los recursos.

El deán del Cabildo Catedral, Joaquín Alberto Nieva, ha destacado que "esta certificación representa un reconocimiento al esfuerzo que venimos realizando para hacer compatible la conservación de un patrimonio excepcional con una gestión cada vez más eficiente y respetuosa con el medio ambiente". Asimismo, ha subrayado que ser pioneros en España entre los monumentos Patrimonio de la Humanidad constituye "una responsabilidad que nos anima a seguir mejorando".

Tres certificaciones internacionales

La certificación Zero Waste se suma a las normas ISO 9001 e ISO 14001, obtenidas por el Cabildo el pasado mes de junio. Estos sellos acreditan, respectivamente, sus sistemas de gestión de la calidad y del medio ambiente, y abarcan las principales actividades del monumento, desde el mantenimiento y la conservación de sus instalaciones hasta la organización del culto, las visitas turísticas y la atención al público.

La ISO 9001 reconoce la implantación de un sistema orientado a garantizar la calidad de los procesos y servicios, así como su evaluación y mejora continua. Por su parte, la ISO 14001 acredita la existencia de un modelo de gestión ambiental que permite identificar y controlar el impacto de la actividad y fomentar un uso responsable de los recursos.

El deán ha destacado que estos reconocimientos refuerzan la apuesta de la institución por la transparencia y la colaboración con la sociedad cordobesa. "Queremos que los ciudadanos conozcan cómo gestionamos la Mezquita-Catedral, qué medidas adoptamos para conservarla y cuáles son los resultados de nuestra actividad. La transparencia, la calidad y la mejora continua son pilares fundamentales de nuestro trabajo", ha señalado.

"Nuestra responsabilidad es cuidar y transmitir este patrimonio a las generaciones futuras en las mejores condiciones posibles. Y queremos hacerlo con rigor, profesionalidad y de la mano de Córdoba, porque la Mezquita-Catedral es una parte esencial de la identidad de nuestra ciudad", ha concluido Nieva.

Un juzgado de instrucción de O Porriño (Pontevedra) ha abierto diligencias por la actividad de un chat de Telegram con decenas de agentes policiales, donde supuestamente se compartió durante años información confidencial.

El diario The Objective adelantó que la Fiscalía investigó los hechos tras la denuncia de un inspector de Policía Nacional de Vigo y fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) han confirmado que un juzgado de O Porriño ha abierto diligencias, aunque la causa está declarada secreta y no han trascendido detalles, ni si hay alguna persona investigada.

Antecedentes y documentos

Según The Objective, la Fiscalía vio indicios de delitos como revelación de secretos, infidelidad en la custodia de documentos y omisión del deber de perseguir delitos.

Así, en el chat se habría compartido información relativa a antecedentes de personas, filiaciones, datos y documentos de consultas policiales, información sobre vehículos o fotografías de personas, todo ello al margen de la supervisión y control de los mandos policiales.

El titular de la Plaza de Instrucción número 4 del Tribunal de Instancia de Santander ha abierto juicio oral contra un policía local de la ciudad por consultar repetidamente y sin autorización el sistema VioGén para conocer el nivel de riesgo de una víctima de violencia de género cuya protección no tenía asignada. La Fiscalía solicita para él cuatro años y medio de prisión, mientras que la acusación particular, ejercida por la mujer, reclama tres años. Además, el juez ha declarado al Ayuntamiento de Santander responsable civil subsidiario.

Según las diligencias practicadas, el agente habría utilizado la información obtenida para dirigirse al policía nacional encargado de proteger a la mujer y pedirle que rebajara de medio a bajo el nivel de riesgo que le había asignado el sistema, al considerar que era "exagerado".

El agente, destinado en la Oficina de Protección de Víctimas (Oprovic), está procesado por un presunto delito contra la intimidad. Anteriormente, fue detenido por una supuesta revelación de secretos al informar al cabecilla de una trama dedicada al tráfico de cocaína en Cantabria.

Este presunto narcotraficante es también el supuesto agresor de la mujer cuyos datos consultó el policía local y, además, el arrendador de la vivienda del agente investigado. El hombre había denunciado a la mujer y tenía reconocida la condición de víctima protegida, por lo que su protección había sido encomendada al policía local. La seguridad de la mujer, por su parte, correspondía a un agente de la Policía Nacional.

La Fiscalía considera al acusado autor de un delito contra la intimidad y solicita una condena de cuatro años y medio de prisión, diez años de inhabilitación absoluta y el pago de una indemnización de 3.000 euros por los daños morales causados.

La acusación particular reclama tres años de cárcel, una multa de 8.100 euros, seis años de inhabilitación absoluta y una indemnización de 6.000 euros. Asimismo, el magistrado ha acordado que el agente deposite una fianza de 4.000 euros para garantizar las posibles responsabilidades económicas derivadas del procedimiento.

El Consistorio deberá comparecer en un plazo de diez días, representado por abogado y procurador, y presentar también un escrito de defensa en esta condición.

"Acceder al fichero no es delito, pero a los datos sí"

En su auto, el magistrado rechazó la petición de sobreseimiento de la defensa y argumentó que "el acceso al fichero no es delito, pero a los datos contenidos en el mismo sí", en referencia a la valoración del riesgo registrada en VioGén.

"Maniobrar para intentar rebajar el nivel de riesgo a una víctima a la que el funcionario policial no está protegiendo, porque la lleva otro cuerpo policial, tras acceder repetidamente al sistema VioGén en pos de ese dato, debe considerarse que colma las exigencias del tipo penal, al menos a priori, pues se accede a un dato protegido con la finalidad de perjudicar a su titular sin estar autorizado a ello", sostuvo el juez.

La Audiencia Provincial confirmó posteriormente la decisión del instructor, después de desestimar el recurso de apelación presentado por el policía local contra la transformación de las diligencias en procedimiento abreviado.

Una vez firme esa resolución, las acusaciones presentaron sus escritos y el magistrado ha acordado ahora la apertura de juicio oral, el paso previo a que el agente sea juzgado.

La Guardia Civil ha identificado a ocho personas en distintas localidades de España como supuestas autoras de varios delitos de estafa en el marco de un operativo policial iniciado a raíz de una denuncia en Lugo, donde una persona fue víctima de un fraude bancario con un perjuicio económico final de 25.000 euros.

A los ocho identificados se les atribuye la utilización de técnicas de 'smishing' y 'vishing' para la suplantación de la identidad corporativa de bancos, según el instituto armado. La denuncia que activó la investigación fue presentada a principios de año en Lugo, en la que se alertaba de un presunto fraude de este carácter.

Los hechos delictivos comenzaron cuando la víctima recibió un mensaje SMS que simulaba proceder de su entidad bancaria y en el que se le informaba de una supuesta compra por importe de 5.000 euros.

El mensaje advertía de que, si no reconocía la operación, debía contactar urgentemente con un numero de teléfono facilitado en el propio texto. "Alarmada por el importe, la victima llamó al número indicado, contestándole un supuesto operador, que se identificó como miembro del departamento de seguridad informática de la entidad bancaria, comunicándole que debía actuar con diligencia para anular el cargo y bloquear sus cuentas", relata la Guardia Civil.

Durante aproximadamente una hora, los estafadores mantuvieron a la víctima al teléfono y le indicaron que accediera reiteradamente a su aplicación de banca electrónica para, supuestamente, "revertir la operación", según los agentes. De forma simultánea, le enviaron códigos de verificación y le indicaron como proceder, "consiguiendo que autorizase operaciones fraudulentas creyendo que estaba cancelando una transferencia".

Las gestiones practicadas por los investigadores permitieron determinar que los autores realizaron operaciones en distintos establecimientos comerciales, lo que supuso un perjuicio económico a la víctima de 25.000 euros totales.

Ante estos hechos, la Guardia Civil recuerda que las entidades bancarias no solicitan por teléfono ni mediante SMS las claves de acceso a la banca electrónica ni los códigos de verificación de un solo uso para autorizar operaciones y recomienda contactar directamente con la entidad a través de los canales oficiales. Además, insiste en la importancia de denunciar los fraudes a la mayor brevedad posible.

Tres testigos que eran menores cuando se originó el bulo del 'caso Bar España' han asegurado este jueves, durante el juicio, que las acusaciones que realizaron sobre supuestas prácticas de pederastia eran "mentira" y que las formularon bajo amenazas de la persona a la que la Fiscalía sitúa como origen de la trama, ya fallecida.

Uno de los testigos ha explicado que hizo aquellas afirmaciones porque el fallecido le amenazaba. "Nos dictaba lo que teníamos que decir y lo escribíamos", ha señalado.

Su hermano, que también ha declarado en la vista, ha relatado que denunció esas supuestas prácticas porque esta misma persona le obligaba a hacerlo. Según ha explicado, le amenazaba con impedirle ver a sus hermanos si no obedecía. "Pero todo era mentira", ha recalcado.

Una prima de ambos ha corroborado esta versión y ha afirmado que también recibió amenazas para denunciar unos abusos en el Bar España que, según ha sostenido, nunca ocurrieron.

"Fue duro, muy desagradable y muy ofensivo"

En la sesión de este jueves también ha declarado la exconsellera de Justicia Gabriela Bravo, quien ha recordado las informaciones publicadas sobre una supuesta red de pederastia en la que se señalaba a distintos personajes públicos. A ella se le acusaba de conocer los presuntos delitos y no actuar para investigarlos ni proteger a los menores.

"Yo no sabía de dónde podía salir eso. Se me acusaba de que era encubridora de la red de pederastia, es decir, que no hacíamos nada porque lo estábamos encubriendo", ha manifestado.

Bravo ha explicado que las acusaciones le afectaron tanto por su responsabilidad política como por su trayectoria profesional como fiscal, especializada en la jurisdicción de menores. "De repente, verme involucrada en un tema de que consentía determinados hechos delictivos y que los encubría fue duro, muy desagradable y muy ofensivo como persona y para mi profesión y mi carrera", ha afirmado.

La exconsellera ha relatado que tuvo conocimiento de un informe en el que se solicitaba abrir una investigación y que, al mismo tiempo, se la atacaba por no haber investigado los hechos. A su juicio, "lo que se publicó basándose en ese informe" es lo que considera injurioso.

Por ello, ha reclamado una indemnización y que se eliminen de las redes sociales las informaciones relacionadas con estas acusaciones. "Estas afirmaciones injuriosas no pueden seguir estando ahí, pues a veces, a base de repetir mucho una mentira, puede dar apariencia de verdad, y eso hace daño", ha subrayado.

"Me han destrozado la vida"

Durante la jornada también han declarado varios empresarios que, según han relatado, fueron vinculados en redes sociales y mediante panfletos distribuidos por Benicarló con una supuesta red de pederastia con sede en el Bar España. Los testigos han descrito las consecuencias que estas acusaciones tuvieron en su vida personal y profesional. "Me han destrozado la vida", ha asegurado uno de ellos.

Otro de los empresarios ha recordado que se les atribuían abusos a menores e incluso asesinatos. "Se decía que había un tema de abuso de niños, que a algunos los habíamos matado, que era un bar de violaciones y asesinatos", ha declarado.

Una tercera persona ha explicado que, a raíz de las acusaciones relacionadas con el caso, su negocio comenzó a ir mal hasta que finalmente tuvo que cerrarlo.

El desahucio de Daniel González Iglesias, físico e investigador en la Universitat de València (UV), se ha ejecutado en la mañana de este jueves tras diez años peleando por evitarlo. "No tengo ganas de más follones, quiero intentar vivir tranquilo y está siendo muy difícil intentar hacer valer mis derechos".

Así lo ha expresado el investigador en un audio facilitado a los medios, ya que, aunque en un principio estaba previsto que atendiera a los periodistas poco antes de la hora programada para el lanzamiento --las 09.30--, finalmente la Policía Nacional ha acudido a la vivienda sobre las seis de la madrugada y ha desplegado un dispositivo con ocho furgones.

Ante esta situación, Daniel ha "decidido colaborar", identificándose con DNI y número de teléfono al ser requerido y abandonar el inmueble. Por su parte, el portavoz del Sindicat d'Habitatge de València, Esteban Arellano, en atención a los periodistas, ha incidido en que, tras lo sucedido, Daniel se ha "alejado" del domicilio por necesidad, al sufrir un "cuadro de ansiedad", por el que ha sido atendido en un centro de salud.

En su audio, el propio Daniel explica que se encontraba durmiendo "como se puede dormir la noche anterior a un desahucio", cuando ha escuchado "ruido" en la calle. "Había furgones de antidisturbios cortando la calle, un montón de señores", en ese momento ha comenzado a experimentar síntomas de ansiedad porque "lo que quería precisamente evitar era este tipo de situaciones".

Desde el sindicato han indicado que el despliegue policial se debía a la posibilidad de convocar una concentraran para intentar paralizar el desahucio, pero ha sido el investigador el que "no quería exponer a nadie a esta situación", por lo que no se ha convocado. "Si hubiéramos estado concentrados aquí nos hubiéramos enfrentado a una situación como la que se vivió en el desahucio de Mari Carmen, una represión policial muy importante", ha lamentado Arellano.

Un "ejemplo claro de la crisis de vivienda"

Arellano ha incidido en que el caso de Daniel y lo sucedido este jueves es un "ejemplo claro de la realidad de la crisis de la vivienda que sufren las trabajadoras", al tiempo que ha lamentado que la mayoría de la población está "más cerca de encontrarse en esta situación que de poder tener una casa".

Daniel llegó a la vivienda en 2009 como estudiante con un alquiler compartido de 594 euros. A lo largo de los años, se quedó solo en el piso y a causa de la crisis, el entonces propietario, añadió anexos que rebajaban el precio hasta los 350 euros. Más tarde, se firmó otro nuevo que establecía la opción de compra del piso por un precio de 71.000 euros y el derecho al tanteo y retracto, según relató Daniel anteriormente en declaraciones a Europa Press TV.

Tres años después la empresa entró en concurso de acreedores y Daniel consignó el pago del alquiler en los juzgados. El piso salió a subasta pública en 2017 y Caixabank lo adquirió a través de la sociedad participada, Coral Homes S.L, que demandó a Daniel por ocupar ilegalmente la vivienda. Tras en 2018 ser informado por el administrador concursal de no ingresar más alquileres al juzgado y en 2020, presentar un procedimiento de jurisdicción voluntaria y pagar de nuevo, no pudo efectuar ningún abono por no disponer de la cuenta bancaria del arrendador.

La propiedad volvió a denunciar al investigador en 2023 y en 2025 vendió el piso por mucho más de 71.0000 euros a una propietaria particular. Después de haberle dado la razón en las dos sentencias anteriores, esta última demanda condena a Daniel al desalojo del piso y al pago de 35.620,88 euros en concepto de rentas vencidas --por la diferencia entre los 494 euros y los 350 euros sin "contar modificación"--. El Sindicat d'Habitatge ha recordado que el desahucio se ha producido mientras "hay un real decreto que en teoría prohíbe los desahucios, frena la especulación y defiende a los inquilinos".

Además, acusa a la inmobiliaria de "engañar y vender la casa, de manera que se han vulnerado los derechos de Daniel, y además, la justicia lo ha permitido". En este sentido, ha manifestado que hay dos recursos en marcha, uno de queja para elevar la situación al Tribunal Supremo y otro de reposición, ya que "no se han aceptado los diez días hábiles que tenía para intentar que los recursos llegaran a máximo término posible".

"Intentamos que se demuestre que hay una falsedad procedimental porque se han negado los derechos de una persona que tiene reconocido su derecho a compra y su contrato de alquiler, por lo que este desahucio no se debería de haber producido", ha reivindicado.

Para el Sindicat d'Habitatge, este procedimiento no ha acabado y esperan que tenga "más recorrido". Sobre la manera en la que se ha realizado, creen que se trata de "estrategias de desgaste a largo plazo" a la que ya se han enfrentado "muchas veces". "Al final, por mucho que el procedimiento judicial siga adelante, el resultado es que llaman a ocho furgones de policía, llegan a las seis de la mañana a tu casa, te echan y por mucho que tengas la razón y ganes el juicio, ya has perdido la casa", ha concluido el portavoz.

Un 95,7% de las víctimas que han sufrido violencia sexual bajo el efecto de drogas en contextos de ocio no ha comunicado la agresión a los servicios sanitarios, psicológicos, policiales o judiciales, según ha revelado un estudio sobre sumisión química con finalidad sexual (VSFD) liderado por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y la Universidad de Alcalá (UAH).

En este sentido, el informe recoge que, entre las 583 personas que declararon haber sufrido VSFD, el 17,5% nunca había contado lo ocurrido a nadie, el 78,2% lo había comunicado exclusivamente a su entorno cercano y el 4,3% lo había hecho a algún servicio sanitario, psicológico, policial o judicial. En concreto, el 1,9% había informado a instituciones policiales o judiciales.

El estudio, publicado en Frontiers in Public Health, también refleja la diferencia en la comunicación a instituciones según la estrategia de agresión sexual empleada por el perpetrador. Mientras que el 34,2% de las víctimas de sumisión química proactiva -aquella en la que el agresor administra de forma encubierta o forzada sustancias a la víctima- había comunicado la agresión a alguno de estos servicios, la proporción desciende hasta el 1,4% cuando el agresor se había aprovechado del consumo voluntario de alcohol por parte de la víctima.

Igualmente, los investigadores proponen un modelo conceptual en el que confluyen diversas barreras que pueden dificultar el reconocimiento de la agresión, su comunicación y la búsqueda de ayuda. Entre ellas destacan los mitos asociados a la sumisión química, las alteraciones de la memoria provocadas por las sustancias, la ausencia de lesiones físicas visibles y los estereotipos sexistas que "pueden favorecer la culpabilización de las víctimas".

Cuestionamiento a las víctimas

"La interacción de estos factores podría contribuir a que las agresiones sexuales oportunistas permanezcan especialmente invisibilizadas. Por ello, resulta fundamental evitar cualquier juicio o cuestionamiento hacia las víctimas, favoreciendo un entorno de comprensión, apoyo y confianza que facilite la comunicación de lo sucedido y la búsqueda de ayuda", ha asegurado el investigador del Departamento de Salud Pública de la UCM, Pablo Prego.

Una investigación anterior del mismo equipo, publicada en Public Health en 2024, encontró que el 48,4% de las mujeres y el 27,0% de los hombres de entre 18 y 35 años declaran haber sufrido al menos un episodio de VSFD mientras estaban de fiesta.

Entre las víctimas con información disponible sobre la modalidad de consumo, el 92,6% declaró que el agresor se había aprovechado de los efectos de sustancias consumidas exclusivamente de forma voluntaria, principalmente alcohol, frente al 7,4% que refirió algún tipo de consumo involuntario de sustancias.

La investigación ha sido desarrollada por un equipo de investigadores vinculados al Observatorio Universitario de Violencia Sexual Facilitada por Drogas (ObservaVSFD), una iniciativa de carácter interuniversitario en la que participan investigadores de la Universidad Complutense de Madrid y de la Universidad de Alcalá.

Reorientar las campañas de prevención

La muestra inicial de este estudio estuvo constituida por 1.601 participantes, seleccionados mediante un procedimiento de muestreo por cuotas según sexo, grupo de edad y comunidad autónoma de residencia, con cobertura de las 17 comunidades autónomas. De ellos, 583 (36,4%) declararon haber experimentado al menos una agresión sexual facilitada por alcohol u otras drogas durante o inmediatamente después de una actividad de fiesta u ocio nocturno.

El cuestionario fue elaborado por un equipo interdisciplinar tomando como referencia instrumentos científicos previamente utilizados en investigaciones sobre violencia sexual. Se analizaron los patrones de comunicación correspondientes a la experiencia de victimización más reciente, así como su relación con diferentes características sociodemográficas y de la agresión, incluyendo su carácter invasivo, el número de agresores, la relación previa entre víctima y agresor y la estrategia utilizada para facilitar la agresión.

Los investigadores destacan la necesidad de reorientar las campañas de prevención hacia una representación más completa de la VSFD, que incorpore la sumisión química oportunista.

"Es muy importante dejar claro que no se debe, en ningún caso, estigmatizar ni responsabilizar a la víctima por la agresión sexual sufrida, aunque el agresor se haya aprovechado del consumo voluntario de sustancias por parte de aquella. La responsabilidad debe recaer únicamente sobre quien perpetra la agresión, no sobre quien la sufre", recuerdan los autores.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares ha condenado este jueves a dos años de prisión a un hombre por violar a una mujer en un hotel de Magaluf, en el municipio mallorquín de Calvià.

La Sala ha dictado oralmente una sentencia de conformidad después de que el acusado alcanzara un acuerdo con la Fiscalía y la acusación particular para reducir de siete a dos años la petición inicial de cárcel. Para rebajar la condena, se han aplicado como atenuantes el consumo de alcohol y drogas y las dilaciones indebidas en la tramitación de la causa.

El condenado no ingresará en prisión, siempre que no cometa ningún delito durante los próximos dos años. Además, ha reconocido los hechos y se ha comprometido a abonar a la víctima una indemnización de 6.000 euros en un plazo de seis meses, mediante pagos mensuales de 1.000 euros.

El hombre ha admitido que el 15 de julio de 2022 invitó a la víctima, a quien había conocido en una fiesta en la piscina, a subir a su habitación del hotel. Una vez allí, aprovechó que la mujer perdió repentinamente el conocimiento tras consumir una gran cantidad de cocaína y vodka para agredirla sexualmente en dos ocasiones.

Un hombre ha fallecido este jueves tras caer desde el tejado de una nave industrial en la que trabajaba en Lucena (Córdoba), desde una altura de entre seis y siete metros, según ha informado el servicio de Emergencias 112 de Andalucía.

El accidente se ha producido sobre las 11:10 horas en una nave situada en la calle Mercedes la Partera. A esa hora, el centro de coordinación ha recibido una llamada de socorro que alertaba de la caída de un hombre desde la cubierta de las instalaciones.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061, la Policía Local y la Policía Nacional, que han confirmado el fallecimiento del trabajador, de unos 40 años, según los testigos.

La Policía Local ha indicado que el hombre había subido al tejado para comprobar su estado, ya que estaba prevista una reforma de las instalaciones. El 112 ha puesto los hechos en conocimiento de la Inspección de Trabajo y del Centro de Prevención de Riesgos Laborales.

La Jefatura Superior de Policía de la Región de Murcia ha alertado sobre la estafa conocida como la "falsa urgencia hospitalaria", en la que los delincuentes recurren al engaño y la presión psicológica para conseguir dinero y objetos de valor de sus víctimas, principalmente personas mayores, haciéndoles creer que un familiar necesita una intervención médica urgente.

Los estafadores se hacen pasar por profesionales sanitarios y comunican una supuesta emergencia que requiere un pago inmediato para recibir tratamiento. A continuación, envían a una persona al domicilio de la víctima para recoger el dinero y las pertenencias de valor. En algunos casos, incluso les piden que introduzcan los objetos en un paquete opaco y lo arrojen por la ventana o el balcón, según ha explicado la Policía Nacional.

Medidas a tomar para evitar la estafa

La Policía Nacional recomienda mantener la calma y evitar decisiones precipitadas, ya que los delincuentes utilizan el miedo y la presión psicológica para impedir que las víctimas comprueben la veracidad de la información. Por ello, aconseja detenerse, verificar lo sucedido y no realizar pagos ni entregar objetos de valor sin confirmar antes la situación.

Asimismo, insta a contactar directamente con el familiar supuestamente afectado para comprobar si existe una emergencia real y a desconfiar de quienes soliciten dinero en efectivo o joyas para sufragar una intervención médica urgente, especialmente si anuncian que enviarán a alguien al domicilio para recogerlos.

También aconseja desconfiar de las llamadas procedentes de números ocultos, no facilitar información personal y establecer una pregunta o clave de seguridad compartida entre familiares y personas de confianza, cuya respuesta solo conozcan los miembros de ese círculo cercano.

En caso de sufrir una estafa o sospechar de un intento de fraude, la Policía Nacional recomienda llamar inmediatamente al 091 o acudir a una comisaría para denunciar los hechos.

Si la víctima ya ha entregado dinero o joyas, las autoridades aconsejan denunciar lo antes posible, proporcionar una descripción detallada de la persona que recogió los objetos y aportar cualquier información que pueda contribuir a la investigación.

Miembros del cuerpo de bomberos han rescatado a un perro que había quedado atrapado en el desagüe de una vivienda en la localidad valenciana de Sollana.

Según ha informado el Consorcio Provincial de Valencia (CPBV), el incidente movilizó a los efectivos de emergencias tras recibir el aviso de los propietarios del animal, al observar que la mascota no podía salir por sus propios medios del conducto.

Para localizar al animal, los efectivos realizaron pequeñas excavaciones. Gracias a estas labores de precisión, la dotación logró ubicar el punto exacto en el que se encontraba encajado el perro y proceder a su liberación.

En el operativo participó una dotación del parque de Silla, según ha informado el propio Consorcio, y en el vídeo del rescate, difundido por el organismo en sus redes sociales, se observa cómo los bomberos sacan al perro del desagüe en buen estado.

Patrimonio Nacional ha abierto al público el nuevo Centro de Interpretación de las Fuentes de La Granja de San Ildefonso (Segovia), con el Rey como primer visitante de este espacio de investigación, conservación y divulgación del histórico complejo hidráulico y monumental. En la inauguración, el Rey ha visitado las instalaciones para conocer el proyecto estratégico, en una visita que ha realizado tras haber presidido en este mismo Real Sitio la reunión anual del Patronato de la Fundación Pro Real Academia Española.

El nuevo centro es el punto final a una profunda transformación de los jardines históricos de La Granja y del Real Sitio de Aranjuez, que ha convertido ambos recintos paisajísticos en museos al aire libre, mediante la instalación de nuevos puntos de información y el uso de recursos tecnológicos interactivos.

El conjunto global de estas actuaciones ha contado con una inversión presupuestaria total de 1.127.169 euros, financiada íntegramente a través de fondos procedentes de la Unión Europea. En cuanto al desglose de los presupuestos asignados, la creación y acondicionamiento del Centro de Interpretación de las Fuentes ha absorbido una partida de 481.653 euros, mientras que la musealización de los espacios ajardinados del recinto de La Granja ha dispuesto de un montante de 283.092 euros.

Por su parte, la intervención desarrollada en los célebres jardines del Real Sitio de Aranjuez ha supuesto un desembolso económico de 362.424 euros, destinado a la implantación de una infraestructura informativa homologable.

El origen de los jardines

Ubicado dentro del propio recinto del Palacio Real de La Granja, el Centro de Interpretación combina en su diseño expositivo paneles divulgativos, maquetas táctiles, instalaciones interactivas y audiovisuales de carácter inmersivo.

El espacio ha sido ideado para explicar minuciosamente el origen de los jardines impulsados por el monarca Felipe V durante el siglo XVIII, detallando la historia individual de las fuentes y el significado iconográfico de sus esculturas, inspiradas en dioses y héroes de la mitología clásica.

Mediante la exhibición de maquetas y proyecciones, la instalación desvela el entramado de depósitos, conducciones y mecanismos que componen una red hidráulica ideada en el siglo XVIII, que ha continuado funcionando hasta la actualidad bajo los mismos principios técnicos con los que fue concebida.

Estas proyecciones permiten además contemplar los surtidores en funcionamiento a lo largo de todo el año, superando la limitación temporal de los encendidos reales, los cuales permanecen supeditados a la disponibilidad hídrica. De manera paralela, la intervención paisajística en La Granja y Aranjuez ha incorporado un total de 215 puntos informativos distribuidos a lo largo de los itinerarios de ambos conjuntos arquitectónicos. Estos soportes permiten identificar las etapas artísticas, las especies botánicas, el trazado del agua y la huella dejada por monarcas, arquitectos y jardineros a lo largo de los siglos.

Para articular el recorrido, los paseos disponen de códigos QR enlazados a una aplicación web que permite a los usuarios seleccionar rutas guiadas predeterminadas, circular libremente o diseñar visitas a medida en función de intereses específicos como la botánica, la mitología o los puntos imprescindibles.

En el Real Sitio de La Granja se han configurado dos rutas principales por los jardines históricos, con duraciones estimadas de una hora y de hora y media, complementadas por tres senderos adaptados que se adentran en las áreas forestales. En Aranjuez, la propuesta incluye un itinerario de hora y media por los jardines del Parterre y de la Isla, junto a un recorrido de unas tres horas por el Jardín del Príncipe.

La herramienta digital ha sumado también una ruta orientada a familias y centros escolares basada en acertijos y retos, accesible a través de los códigos instalados sobre el terreno, las páginas oficiales de Patrimonio Nacional y el portal especializado jardines.patrimonionacion

Un fallo técnico en la última adjudicación de plazas en la Universidad Pablo de Olavide (UPO) a través del Distrito Único Andaluz ha provocado la adjudicación de más plazas de las autorizadas en el grado en Análisis Económico y en el grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la Universidad Pablo de Olavide, en concreto de 41 plazas. El fallo en el proceso de adjudicación ha conllevado que algunos estudiantes fuesen erróneamente admitidos.

No obstante, a los estudiantes se les ofrecerá desde el DUA acceso a los grados que cuentan con plazas libres en las universidades públicas que conforman el Distrito Único Andaluz, lo que implica que tal vez podrán acceder a estos grados, pero en otros campus, según han concretado fuentes de la UPO.

Al detalle, cada titulación tiene establecido previamente un número máximo de plazas, si bien, a consecuencia de esta incidencia, se superó ese límite. Por tanto, ha sido necesario dejar sin efecto algunas de las admisiones realizadas, según ha adelantado la Cadena Ser y han confirmado a esta agencia fuentes de la institución académica.

La UPO ha querido aclarar que a pesar "de la gravedad de los hechos y del perjuicio que supone para el estudiantado afectado", la Universidad "no puede decidir por sí sola aumentar el número de plazas de estas titulaciones, ya que legalmente está condicionada por la oferta oficial aprobada anualmente por su Consejo de Gobierno".

Agentes de la Policía Nacional han detenido este miércoles 21 de octubre en Valencia a un hombre de 46 años tras presuntamente incendiar su domicilio y atrincherarse con un soplete, según ha adelantado Las Provincias, y han confirmado fuentes policiales.

Sobre las 15.00 horas se ha recibido un aviso alertando de un incendio en el interior de una vivienda. En concreto, el domicilio está ubicado en la sexta planta de un edificio de la avenida Burjassot.

Han acudido efectivos de Bomberos y agentes de la Policía Nacional. Rápidamente, el edificio ha sido desalojado. Tras ello, los bomberos han accedido al interior del edificio para rescatar al presunto autor de los hechos.

El arrestado se negaba a abrir la puerta de su vivienda y mostraba una actitud agresiva, por lo que ha tenido que ser reducido y detenido por la Policía Nacional, según las mismas fuentes. Además, al detenido se le ha localizado un soplete en un bolsillo.

Desde el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) han informado de que se ha movilizado una unidad del SAMU que ha trasladado al hombre al Hospital General de Valencia por inhalación de humo.

Un varón de unos 40 años ha perdido la vida tras caer sobre él parte de la carga de una cinta transportadora en una bodega cooperativa de la localidad burgalesa de Aranda de Duero, según los datos aportados por el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112.

Los hechos han ocurrido a las 15.05 horas del miércoles 21 de octubre, en una bodega cooperativa de Aranda de Duero donde, según los alertantes, un varón de unos 40 años había quedado inconsciente tras caer sobre él parte de la carga de una cinta transportadora.

El 112 dio aviso a los Bomberos de Aranda de Duero, a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado al lugar una UVI móvil. Las mismas fuentes han confirmado que el trabajador ha fallecido.

La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias concretas del accidente.