El Ministerio de Sanidad ha tenido que aclarar el alcance de la nueva regulación de los ingresos psiquiátricos involuntarios tras la preocupación generada entre las principales sociedades científicas de psiquiatría y salud mental y las asociaciones de pacientes y familiares de personas con enfermedades mentales graves. Después de horas de reunión este jueves entre la comisionada de Salud Mental, Belén González, la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental (Sepms), la Confederación Salud Mental España y la asociación Hierbabuena, los psiquiatras aseguran que los criterios clínicos para ingresar a un paciente contra su voluntad apenas cambian y que el artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil sigue siendo la referencia para estos internamientos.

La rectificación llega después de que la Semps y otras veinte sociedades científicas alertaran del riesgo de que el artículo 13 bis de la Ley 4/2026 dejara sin una respuesta adecuada a pacientes con trastornos mentales graves. La controversia se centraba en la expresión "urgencia vital", que podía interpretarse de forma restrictiva y dificultar ingresos necesarios en personas que atraviesan una crisis psicótica, abandonan sus autocuidados o presentan otros cuadros graves sin que exista un peligro inminente de muerte.

"En definitiva, no cambia prácticamente nada respecto a lo que son los criterios de ingreso", ha señalado a LA RAZÓN la presidente de la Sepsm, Marina Díaz-Marsá tras el encuentro. La psiquiatra considera que la reunión ha permitido despejar las dudas sobre la aplicación de la norma y evitar que la nueva redacción se interprete como un obstáculo para ingresar a quienes necesitan atención hospitalaria.

Sanidad "vende" la reforma como un avance en derechos

Mientras sucedía la reunión, el Ministerio difundió una nota de prensa sobre la entrada en vigor de la reforma. Bajo el enfoque de la garantía de los derechos de los pacientes, Sanidad destacó el consentimiento informado, las decisiones anticipadas y las obligaciones que deberán cumplir los profesionales. Sin embargo, el comunicado no refleja en los mismos términos la rectificación interpretativa del concepto de "urgencia vital" que, según la Semps, se abordó en el encuentro.

La nueva regulación incorpora exigencias de documentación en la historia clínica. Los profesionales deberán dejar constancia de que han consultado las decisiones anticipadas del paciente, de que se han agotado las alternativas de tratamiento voluntario o de que estas son inadecuadas, insuficientes o no están disponibles, y de que se ha informado al paciente de su derecho a recibir asistencia legal.

Las decisiones anticipadas expresan las preferencias de una persona sobre su atención futura, pero, según ha explicado Díaz-Marsá, no serán vinculantes si resultan contrarias a lo que exige la situación clínica en ese momento. Además, será necesario desarrollar cómo se registran y consultan, ya que esta información todavía no está recogida en la historia clínica de todos los pacientes.

En cuanto a los tratamientos voluntarios, la presidenta de la Semps ha precisado que dejar constancia de que se han agotado o de que no son adecuados para la situación clínica ya forma parte de la práctica habitual. La nueva exigencia pasa por documentarlo expresamente, junto con la información sobre el derecho a asistencia legal.

La clave para los psiquiatras es que estas obligaciones no impidan que los profesionales actúen cuando la situación clínica requiere un ingreso. La aclaración sobre la urgencia vital pretende evitar que la norma se aplique de forma más restrictiva que los supuestos previstos en la legislación vigente.

En octubre de 2022, José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, se encontraba en Buenos Aires el día que se aprobó la instrucción de Sofía Puente que hizo una interpretación más allá de lo estipulado por la Ley de Memoria Democrática para ampliar los beneficiarios de la nacionalidad española.

A día de hoy, la hermana del ministro Óscar Puente va a recurrir la admisión a trámite de la querella que en su contra interpuso Hazte Oír (HO) acusándola de un delito de prevaricación administrativa por aquella instrucción, considerada un "pucherazo" por quienes denuncian que solo se trata de una maniobra de captación de voto por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.

En el vídeo porteño, el ministro de Asuntos Exteriores hace referencia a la eliminación del voto rogado, la ampliación de los centros de votación fuera de los consulados y la contratación de nuevos funcionarios para agilizar el voto en el exterior, ahora paralizado por decisión del Tribunal Constitucional. En un proceso que sigue vivo en el Tribunal Supremo, donde la Sala de lo Contencioso-Administrativo mantiene abiertos plazos de alegaciones en relación a la adopción de esa paralización cautelar del voto.

En un vídeo grabado en el Club Español de la capital argentina (fundado en 1852), el titular de Exteriores alude al "país del mundo que concentra la mayor colonia de españoles en el exterior, medio millón" y a Buenos Aires. "La ciudad fuera de cualquier ciudad española que concentra el mayor número de españoles en el mundo".

Albares explica en la grabación que se halla "en un lugar emblemático, la asociación más antigua de españoles en el mundo". Y que allí mismo había "trasladado dos medidas pensadas y dirigidas para los españoles que vivís en el exterior".

"La Ley de Memoria Democrática que va a permitir no solo a los hijos y las hijas sino también a los nietos y a las nietas de los exiliados españoles o de las mujeres que perdieron su nacionalidad por casarse antes del 29 de diciembre de 1978 con una persona de nacionalidad extranjera poderla recuperar".

Continúa Albares: "Precisamente hoy entra en vigor la instrucción [para ejercer] todos estos derechos y podéis encontrar los trámites, los requisitos, la forma de ejercer ese derecho, en la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y también pensando en los ciudadanos españoles en el exterior, se ha derogado el llamado voto rogado".

Explica el ministro que "en adelante, se introducirán varias facilidades para que todos los españoles en el exterior, esos dos millones trescientos mil que vivís fuera de España, podáis ejercer vuestro derecho constitucional al voto, descargando la papeleta electoral directamente desde un ordenador, ampliando el número de días para poder ejercer este derecho del voto y ampliando también los centros donde podrá ejercerse físicamente el voto fuera de los consulados de España en el mundo".

Concluye Albares asegurando que "los españoles y las españolas en el exterior estáis en el centro de la acción del Gobierno".

El vídeo muestra imágenes del interior del Club Español, de un acto con la colectividad española y un despacho con banderas de España y Argentina.

Mayor número de españoles residentes

Argentina es el país con el mayor número de españoles residentes y cuenta con un censo electoral de más de 320.000 personas con derecho a votar.

Solo en Buenos Aires más de 18.000 personas estarían afectadas por la reciente decisión del Supremo español de paralizar el derecho al voto a quienes obtuvieron la nacionalidad por el Anexo 1 de la Ley de Memoria Democrática, es decir, por ser descendientes de españoles que se exiliaron durante la Guerra Civil y los primeros años del franquismo, según fuentes diplomáticas.

Si bien no están unificados los datos de toda Argentina, ya que trabajan de manera autónoma los cinco consulados que operan en el país (Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mendoza y Bahía Blanca), la cifra total podría, como mínimo, duplicar esos 18.000 casos, informa Efe.

"Soy la madre y cuidadora única de un chico de 31 años que lleva 11 años con esquizofrenia paranoide no controlada y quiero confesar que en estos años habría cometido 13 delitos contra la libertad y la dignidad de mi hijo, según dicha norma". Así comienza la carta que una madre ha remitido al Gobierno, al Ministerio de Sanidad y a profesionales de la salud mental para alertar de las consecuencias que, a su juicio, puede tener la nueva regulación de los ingresos psiquiátricos involuntarios. "Pero sin ninguna duda volvería a hacerlo", añade. Su objetivo, asegura, es poder seguir haciéndolo cuando la enfermedad de su hijo le impida reconocer que necesita ayuda.

La mujer, que firma como Ana y omite su apellido para preservar la confidencialidad de su hijo, describe once años de brotes psicóticos y trece ingresos, la mayoría involuntarios. Cuando su hijo atraviesa una crisis, explica, deja de cuidarse, descuida la alimentación, la higiene y el sueño, consume cannabis y cree que otras personas le persiguen o quieren matarle. "No es capaz de tomar decisiones sobre su propia salud, porque la enfermedad le ha arrebatado precisamente esa capacidad", escribe.

El temor de esta madre es que el nuevo marco legal dificulte intervenir antes de que la situación llegue a un extremo. La carta coincide con la polémica abierta por el artículo 13 bis de la Ley 4/2026, que entrará en vigor este viernes, 23 de octubre, y establece que las intervenciones en salud mental deben basarse en el consentimiento libre e informado y prohíbe el internamiento involuntario por razón de discapacidad salvo en supuestos de "urgencia vital". La interpretación de ese umbral es el centro del desacuerdo entre las sociedades científicas y Sanidad.

"Mientras su vida no corra peligro, esta ley dice que no se le puede ingresar", lamenta Ana. La madre recuerda que los ingresos anteriores han permitido a su hijo recuperarse parcialmente y retomar su vida en mejores condiciones. "Nadie, y menos una madre, quiere ver encerrado a su hijo", afirma. Pero defiende que respetar su dignidad también implica poder ofrecerle tratamiento cuando no es consciente de su enfermedad: "Su dignidad no pasa por desentenderse de él cuando más nos necesita".

La mujer no reclama que se mantengan las condiciones actuales sin cambios. Al contrario, denuncia las deficiencias de algunas unidades en las que se atiende a estos pacientes, que describe como espacios "en sótanos, sin luz, sin apenas actividad, sin poder salir, sin estímulos, sin vida". "Eso no es cuidar, eso es contener, que no es lo mismo", sostiene. A su juicio, la solución pasa por mejorar las condiciones de los ingresos, disponer de más recursos y desarrollar protocolos que garanticen tanto los derechos como la atención clínica.

Sanidad, obligada a rectificar y reunirse con los psiquiatras

La carta se conoce el mismo día en que la comisionada de Salud Mental, Belén González, tiene previsto reunirse con la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental (Sepsm) y otras sociedades científicas, después de que estas alertaran de que el cambio puede dejar sin cobertura clara a personas con trastornos graves. Entre los supuestos que les preocupan figuran las psicosis con abandono de los autocuidados, los episodios maníacos graves y determinados cuadros de ideación suicida de alto riesgo.

Sanidad, por su parte, sostiene que los ingresos involuntarios no desaparecen y que el artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil seguirá regulando los internamientos no voluntarios. El Ministerio ha abierto una consulta pública para desarrollar reglamentariamente el nuevo artículo y prepara instrucciones transitorias para aclarar cómo aplicarlo desde su entrada en vigor. La comisionada ha defendido que los ingresos urgentes podrán realizarse con las garantías previstas y que los no urgentes podrán tramitarse mediante autorización judicial.

La inquietud de las familias, sin embargo, va más allá de la interpretación jurídica. En septiembre, durante el II Homenaje a la Enfermería organizado por LA RAZÓN, familiares y enfermeras especializadas en salud mental reclamaron un protocolo para los ingresos involuntarios y denunciaron la falta de coordinación entre servicios, la escasez de camas y las dificultades para atender a pacientes adultos con enfermedad mental grave.

Ana advierte de que los recursos comunitarios que permitirían atender algunas crisis fuera del hospital -como los equipos de tratamiento asertivo, la hospitalización a domicilio o los centros de crisis- no están disponibles en número suficiente. "Legislar como si existiera [esa red] no es proteger al paciente: es mirar hacia otro lado", escribe.

Su petición final se dirige a los responsables políticos: "Que no cierren una puerta sin antes abrir otra donde nos podamos meter". Y deja una pregunta que resume su angustia ante el futuro: "¿En qué momento del proceso puedo solicitar el ingreso? ¿Cuántas puertas tiene que romper, cuántos días enteros tiene que sufrir pensando que le van a matar? ¿Cuándo exactamente se considera que entra en juego su vida?"