El expresidente del Gobierno Felipe González ha entrado en la precampaña, pero no para apoyar al PSOE, el partido del que fue secretario general durante 23 años. Preguntado durante un acto en el Círculo Empresarial de Málaga sobre cuál va a ser su preferencia electoral en las elecciones generales del 29 de noviembre, ha justificado por qué va a votar en blanco: “Si me siento representado, voto por alguien que me represente. Si no, voto en blanco. Es un voto positivo, no es una abstención. Explica lo que siento, la carencia de representación”.

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El cabeza de lista de Vox por Tarragona, Jordi de la Fuente, debe sentarse en julio del año próximo en el banquillo para ser juzgado por el asalto al centro de menores de El Masnou (Barcelona), en julio de 2019, que se saldó con cuatro heridos. El fiscal imputa al candidato de Vox y secretario general del sindicato ultra Solidaridad un delito de “incitación al odio, la hostilidad, la violencia o la discriminación por motivos de origen nacional” y le pide dos años y dos meses de cárcel, con la accesoria de inhabilitación de sufragio pasivo (presentarse a cargos de elección popular), cinco años de inhabilitación especial para oficios relacionados con menores, nueve meses de multa y prohibición de acercarse a menos de 300 metros del albergue. De haber sido condenado a esta pena, De la Fuente no podría presentarse a las elecciones del 29 de noviembre, pero la disputa sobre el órgano competente para juzgar el caso ha hecho que, siete años después de sucedidos los hechos, aún esté pendiente de juicio.

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El exconsejero catalán Toni Comín, fugado de la justicia española hace nueve años como consecuencia de su papel en el proceso independentista, se ha presentado finalmente este jueves en Madrid para acudir a la Junta Electoral Central (JEC) y jurar la Constitución española para adquirir plenamente la condición de eurodiputado. A la salida, Comín ha querido restar trascendencia a ese gesto formal y lo ha catalogado como “una pataleta de mal perdedor” y “un derecho al pataleo” del Estado español: “Es una prueba más de que saben que hemos ganado. Confirma nuestra victoria”.

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Cayetana Álvarez de Toledo y Borja Sémper, las dos almas del PP, ocuparán las dos posiciones más destacadas de la lista de Madrid al Congreso, la que encabeza Alberto Núñez Feijóo. La diputada madrileña será la número dos tras el líder del PP, mientras que el parlamentario vasco irá como el número tres, el mismo en el que concurrió en las pasadas elecciones generales de 2023. Es Álvarez de Toledo la novedad y quien escala en la lista, porque en las últimas iba en el puesto seis, coincidiendo con el ascenso de los perfiles más duros en el PP para competir con Vox.

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No solo hay 10 horas de diferencia entre los dos vídeos. El primero, del PSOE, se publicó en la cuenta oficial de Pedro Sánchez a las 8.29 de la mañana de este miércoles, justo antes de la ponencia de Javier Milei en el Casino de Madrid. Y el segundo, del PP, pasadas las diez de la noche. Pero uno es real: grabado con cámaras, micrófonos y editado por un equipo de comunicadores audiovisuales. Y el otro, no: está generado por una aplicación de inteligencia artificial. Es más, es la primera vez que un partido político en España usa esta estrategia para suplantar la identidad y la voz de dirigentes y figuras políticas, como José Luis Rodríguez Zapatero, Begoña Gómez, la exportavoz socialista Montse Mínguez y hasta José Luis Ábalos, entre otros. En el caso de este último, quizá sea el más realista y parece que habla él mismo de verdad. Dice así:

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Tres ciudadanos españoles residentes en el extranjero se han personado ante el Tribunal Supremo para pedir que anule las medidas cautelares que mantienen suspendidos los efectos electorales de la inscripción en el censo de parte de los nacionalizados por la llamada ley de nietos. Lo han hecho representados por el despacho del exjuez Baltasar Garzón, después de que el Tribunal Constitucional rechazara el recurso de amparo presentado por el Defensor del Pueblo y antes de que expirara el plazo dado por el alto tribunal para que los afectados comparecieran y formularan alegaciones en el procedimiento.

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La diputada en el Congreso y portavoz adjunta parlamentaria de Sumar durante esta legislatura, Aina Vidal, no estará en la lista por Barcelona del Frente Amplio que encabeza Ada Colau. El Consejo Nacional de Comuns celebrado este miércoles a última hora de la tarde aprobó en una larga reunión las listas de las cuatro provincias y Vidal, que cuenta con una amplia trayectoria política e intervenciones que ha aplaudidotoda la izquierda en la Cámara, no estará, una decisión que no es voluntad de la diputada, aseguran varias fuentes del partido. La decisión ha causado una gran conmoción en Esquerra Verda, el partido heredero de la antigua Iniciativa per Catalunya. Vidal (Barcelona, 41 años) era diputada desde enero de 2016. Los cinco primeros nombres de la lista son Ada Colau, el ministro Ernest Urtasun, la politóloga y miembro de la ejecutiva Júlia Miralles, el actual diputado en el Parlament Andrés García Berrio, y la concejal de Barcelona en Comú y ex diputada en el Congreso Lucía Martín. En un comunicado emitido más tarde, la formación ha trasladado que Vidal seguirá ejerciendo de portavoz de los Comuns y “participará activamente” en la campaña electoral del 29-N.

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Antes de que su abogado, Pedro J. Díaz, pudiera darle la noticia, el único ciudadano español nacionalizado al amparo de la ley de nietos que acudió al Tribunal Constitucional para adherirse al recurso de amparo del Defensor del Pueblo ya le había enviado el enlace de la información con el fallo. El pleno del tribunal de garantías había inadmitido, por diez votos a dos, el recurso que reclamaba restablecer el derecho al voto de más de 160.000 nacionalizados, entre ellos el suyo. Junto al enlace, el hombre, español de origen argentino, escribió una pregunta tan breve como cargada de desazón: “¿Y ahora qué se puede hacer?”. El portazo judicial lo dejó triste y desmoralizado, aunque no ha conseguido apagar del todo su esperanza. Su abogado, sin embargo, mira al futuro con mucho menos optimismo. Las posibilidades de que los afectados puedan votar el próximo 29 de noviembre son, a su juicio, “pocas o ninguna”.

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La retirada del derecho al voto a más de 160.000 nacionalizados por la llamada ley de nietos ha puesto el foco en una ley y una instrucción aprobadas en octubre de 2022 sin que ningún partido político las recurriera. La Ley de Memoria democrática se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 19 octubre de ese año tras un año de compleja tramitación parlamentaria con intensos debates, no solo entre el Gobierno y la oposición sino también con los socios de investidura. La instrucción del Ministerio de Justicia con las directrices para tramitar el derecho a optar a la nacionalidad española se aprobó seis días después y solo fue impugnada por una asociación contraria a las leyes de memoria histórica y democrática, pero su recurso fue desestimado por una cuestión de forma. Cuatro años después, el debate político a las puertas de un nuevo ciclo electoral ha desenterrado aquella instrucción que en su momento pasó inadvertida para los partidos y ahora ha derivado en un enorme embrollo jurídico.

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Este octubre se cumplen seis meses desde que el PP inaugurase la segunda ronda de Gobiernos autonómicos con Vox. María Guardiola, baronesa extremeña, cedía de nuevo ante la extrema derecha incluyéndola en su Ejecutivo y desataba la caída del resto de fichas del dominó: Aragón, Castilla y León y Andalucía. En todas los pactos, los populares dieron cancha a la formación de Santiago Abascal, cuya agenda ultra ha ido avanzando en los boletines territoriales desde entonces hasta hoy. Medidas que se han acelerado con el inicio del curso político, así como con la paulatina aprobación de los Presupuestos autonómicos en plena precampaña de las elecciones generales del 29 de noviembre en la que, según las encuestas, la alianza de PP y Vox puede alcanzar una mayoría de gobierno.

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Pasado el folletín del intento frustrado para una única papeleta en la izquierda, Frente Amplio empieza a despejar las incógnitas sobre la configuración de sus listas. La coalición que aúna a una quincena de partidos por todo el país y que tiene como principales referentes a Izquierda Unida, Más Madrid, Comuns y Movimiento Sumar (MS) ha cerrado ya los primeros puestos de la candidatura en Madrid, donde, tras un pulso intenso que mantuvo bloqueado el acuerdo durante días, finalmente estarán todas las fuerzas de Sumar en el Gobierno excepto la catalana Comuns, que acaparará la papeleta por Barcelona, encabezada por la aspirante a la presidencia, Ada Colau. Aunque las encuestas dibujan en este momento una representación de la izquierda muy a la baja respecto a los comicios de 2023, cuando el grupo de Yolanda Díaz obtuvo 31 escaños, el reparto final otorga a la organización de la ministra Mónica García las dos primeras posiciones y la quinta, mientras que la tercera será para IU y la cuarta para MS.

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Esperanza Aguirre estaba decidida. Como el resto de invitados, quería pasar por el arco de seguridad. Pero nada, que no. Un agente de seguridad le ha indicado con la mano hacia la imponente y limpia escalera de caracol —en un gesto más propio de un pase de toros que de hombre uniformado— que no hacía falta. Minutos después, un hombre altísimo, enfundado en una gabardina beige, gafas de sol y apoyado en un bastón, subía también para escuchar a todo un presidente como el argentino Javier Milei en el Casino de Madrid.

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La motosierra de Javier Milei ha irrumpido de lleno en la campaña electoral. El PSOE ha desplegado esta mañana una lona en la fachada en Ferraz aprovechando la visita del presidente argentino a España, mientras la derecha no se jacta de su relación con el mandatario ultraderechista a diferencia de en otras ocasiones, aunque en la agenda de Milei sí figura al menos una reunión con la presidenta autonómica Isabel Díaz Ayuso. Frente a la incomodidad manifiesta del PP -la Comunidad de Madrid ha confirmado a las 10.51 el encuentro, que se celebrará a las 17.00, sin especificar dónde será-, pero también de Vox, porque les asocien con los recortes de Milei a cinco semanas de las elecciones generales del 29-N, los socialistas han aprovechado la oportunidad para reivindicarse como los defensores de temas tan sensibles como las pensiones. “Hola, Milei. Los zurdos y zurdas te dan la bienvenida a España, el país que más crece de Europa”, reza el mensaje en la lona.

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Óscar Puente está feliz. Es su turno. Se arremanga. Sube al escenario de un edificio con forma de caparazón de tortuga, la Cúpula del Milenio de Valladolid. Pedro Sánchez lo observa desde abajo. El ministro de Transportes no falla. Pone patas arriba a la militancia:

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La calle también juega en la precampaña. Desde las grandes manifestaciones iniciales por el desahucio de Maricarmen Abascal, que se condensaron después en la acampada en la Puerta del Sol y que también empujaron a un adelanto electoral, hasta las protestas, la huelga indefinida de maestros en Madrid y, dentro de tres semanas, una huelga general por la crisis de la vivienda ya a las puertas de la campaña electoral: todo suma o resta en una campaña atípica en la que la calle, que en los últimos años se había movido mucho con la derecha contra el Gobierno, ha recuperado un gran protagonismo de la izquierda en un momento de máxima debilidad del bloque progresista y de euforia en el conservador, cada vez más convencido de que su llegada al poder es inminente.

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PSOE y Frente Amplio irán juntos al Senado en casi toda España, con una lista llamada Senado de Progreso. Ese movimiento estratégico tiene ahora un eco en la derecha: Vox estudia no presentarse en varios territorios para no dividir el voto conservador. Tiene hasta el lunes 26, cuando se cierra el plazo de candidaturas. Son movimientos que pueden decidir quién controla la Cámara alta.

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