El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo (PP), ha respaldado al proyecto de su socio, Vox, de supeditar las ayudas a la creación audiovisual a que no haya contenido “ideológico”. Carriedo ha aludido a la “libertad y la calidad” para que los fondos autonómicos lleguen a los proyectos que lo soliciten y no ha explicado exactamente en qué criterios se apoyará el “comité” de funcionarios que según el consejero de Cultura, Alberto Díaz Pico, de Vox, evaluará si procede o no asignarles subvenciones. Este alto cargo también criticó al festival de cine Seminci de Valladolid, que este viernes inicia su 72 edición, porque “tiene mucho que mejorar en neutralidad ideológica”. El alcalde vallisoletano, Jesús Julio Carnero (PP), ha respondido con que el certamen “es un espacio de libertad” y ha negado que haya “cine ideologizado”, como proclama su socio en la Junta y en el Consistorio.

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El tribunal Contencioso-Administrativo 1 de Valladolid ha dictado sentencia en contra del fondo inversor Testa Residencial Socimi, que provocaba que 351 usuarios de Viviendas de Protección Oficial (VPO) de la Junta de Castilla y León (PP y Vox) lleven meses pagando de más a este fondo de inversión, poseedor de viviendas protegidas en Laguna de Duero y Arroyo de la Encomienda (Valladolid). La Justicia ratifica que sus contratos tienen sobreprecio, por lo que ha marcado unas consecuencias claras: el fondo debe devolver con intereses la cantidad de más que uno de los usuarios, de capacidad económica baja, pagaba por su piso hasta que lo llevó a los tribunales. Esto, según fuentes cercanas al caso, sienta el antecedente para que los demás agraviados puedan reclamar la restitución de ese exceso. Muchos abonaban hasta 140 euros más al mes, un incremento de en torno al 33% respecto al precio prefijado para los adjudicatarios de estas casas, muchas de ellas además en mal estado de conservación.

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