Faltan todavía tres semanas para el comienzo legal de la campaña de las próximas elecciones y cada día que pasa aumenta la tensión. Unos de los últimos sucesos como ejemplo han sido las concentraciones de centenares de jóvenes de la ultra izquierda en la Plaza de María Pita en La Coruña al mediodía y en Avilés por la tarde. Convocados para intentar boicotear unos mítines con Santiago Abascal de protagonista, y que obligó a drásticas intervenciones de la Policía para disolverlos. Y por si no fuera suficiente la polarización nacional existente, ha venido el presidente argentino Javier Milei para aumentarla. Efectuando declaraciones con un contenido que no es el momento más oportuno para efectuarlas. Junto a esos ejemplos, la mera actividad ordinaria introduce novedades que mantienen el clima del debate político en grado elevado. Como ha sido la decisión del Tribunal Constitucional sobre el recurso presentado por el Defensor del Pueblo en relación al eventual voto de los “nietos”. Que ha significado -de momento- un acusado revés para la progresía sanchista. El que hasta Conde-Pumpido se haya opuesto a admitir a trámite el recurso, provocando un inaudito 10 a 2 contrario a su admisión, lo demuestra claramente. Si bien ello “todavía” no significa que esos “nuevos” españoles, no puedan votar el 29 N, como desea Sánchez. Aunque obviamente se aleja esa posibilidad, que estimula su celo por conseguirlo. Ya es lamentable, por decirlo suavemente, que la condición de español se adquiera por una disposición adicional 8ª de la ley de memoria democrática. Por parte de gran cantidad de miles de personas que nunca han estado en España, y que lo agrava la Instrucción de una fiscal “progresista” que lo generaliza. Interpretando a su voluntad lo que dice la ley y diluyendo la dignidad de la condición de ser natural español. Este debate ha abierto otro: el de si tener la condición legal de ciudadano español debe exigir tener derecho a votar en las elecciones. La experiencia avala al sentido común que niega esa afirmación con numerosas localidades españolas que tienen registrados más votantes en el extranjero que residentes en ellas. Lo que se puede extender a circunstancias como no tener actividad ninguna ni pagar impuestos, y desconocer de hecho la problemática española en todos sus ámbitos. Es decir, en el económico, cultural, social y político. De tal manera que pueden elegir al alcalde de esas localidades personas que las desconocen absolutamente. E incluso decidir el gobierno en igualdad de condiciones que cualquier auténtico ciudadano español: que en España vive, trabaja y paga sus impuestos.
La protesta está en el origen mismo de la República francesa, pero los niveles de violencia callejera que se han alcanzado estos días han dejado a la nación en estado de shock. «Oscuridad en la ciudad de la luz» reza una pintada de los disturbios de París. Francia es hoy un país fuera de control en lo político, lo fiscal y lo social. La autoridad del presidente Emmanuel Macron, seriamente tocada desde el fracaso del adelanto de las legislativas de 2024, está calcinada junto al ayuntamiento de Limoges, un edificio del siglo XIX, incendiado por una turba de anarquistas el pasado fin de semana. El otrora dios Júpiter es ahora un presidente menguante, tan alejado de la realidad y de lo que ocurre en su entorno que pasó la víspera del 17 de octubre en un concierto de Céline Dion con su esposa, Brigitte Macron, mientras los violentos del Bloque Negro se preparaban para sembrar el pánico al día siguiente. Ajeno a nuevos episodios de furia que se prevén para el 24 de octubre, Macron se ha ido de gira por Oriente Medio. Quizás busque fuera la popularidad que hace tiempo perdió en casa. Quizás, también, se haya convencido de que poco puede hacer antes de las presidenciales de la próxima primavera. Macron ha exculpado a los estudiantes que protestan pacíficamente por el mal estado de las escuelas, la ausencia de profesores y las dificultades para acceder a la educación superior. Y ha culpado al partido de extrema izquierda de la Francia Insumisa de Jean Luc Mélenchon por alentar a los radicales y legitimar la violencia. Pero es el presidente quien tiene la obligación de garantizar la seguridad del país. El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, ha impuesto toques de queda en algunas zonas y prepara un dispositivo de seguridad sin precedentes para controlar la movilización de este sábado.
Una de las razones por las que el actual gobierno francés ha tenido dificultades para apaciguar la revuelta estudiantil es la falta de fondos. Macron destinó unos 11.000 millones de euros en ayudas para sofocar las protestas de los Chalecos Amarillos al inicio de su primer mandato entre 2018 y 2019. Esta vez, las arcas están vacías. El gobierno no solo no puede comprometerse a aumentar el gasto sino que tiene previsto hacer todo lo contrario. Debe realizar recortes y subidas de impuestos por valor de 43.000 millones de euros en el presupuesto de 2027.
A seis meses de las presidenciales, los disturbios han fortalecido a los extremos políticos de Francia. Jean Luc Mélenchon ha tratado de capitalizar el malestar generalizado presentándose como el candidato de los estudiantes y de los antisistema, pero el uso de la violencia por parte de sus «cachorros» podría pasarle factura en las urnas. La más beneficiada es Marine Le Pen. El diagnóstico de Agrupación Nacional de estar ante una presidencia «agotada, exhausta y desorientada» es difícil de rebatir. Para la extrema derecha, que se presenta como el partido de la seguridad y el orden, la sensación de descontrol es un regalo. Mientras tanto, el centro aparece desdibujado con un Édouard Philippe, peleando por una candidatura única, y lastrado por su conexión con un gobierno agotado. Como dijo Alexis de Tocqueville, Francia duerme sobre un volcán.
Los datos son tozudos. Desde que Pedro Sánchez gobierna España, el precio de metro cuadrado en compraventa de vivienda se ha incrementado un 85 por ciento y el del alquiler un 40 por ciento. En paralelo, la oferta inmobiliaria se ha hundido un 38 por ciento en la venta y un 44 por ciento en el alquiler. Además, con unas economías domésticas que no levantan cabeza, cosidas a impuestos, los desahucios se cuentan por decenas de miles cada año, ante la imposibilidad de muchas familias de hacer frente a unos precios disparados, y el alquiler de habitaciones, en malas condiciones de salubridad, ha dejado de ser la excepción, especialmente, entre el colectivo de los inmigrantes. Tras ocho años de propaganda gubernamental, en los que no se ha cumplido ninguna de las promesas realizadas por el inquilino de La Moncloa en materia de vivienda y en los que las políticas de urgencia impulsadas por la extrema izquierda no han hecho más que contraer el mercado, no es de extrañar que la odisea de encontrar un techo decente bajo el que vivir se haya convertido en el primer problema de los españoles, cuando antes del regreso de los socialistas al poder ocupaba el puesto 17. Coexisten muchos factores en el drama de la vivienda, pero la causa principal, el nexo de todos ellos, hay que buscarlo en la proverbial incompetencia de los gobiernos sanchistas. Ahora bien, si algo hay que reconocerle a los ejecutivos de la coalición social comunista es el olfato para la propaganda y la creación de realidades alternativas, como en el caso del desahucio de Maricarmen, uno entre los 20.000 que se producen en España anualmente desde que gobierna Sánchez, pero que, desafortunadamente, no pueden sustituir a una buena política de vivienda social. La propaganda puede crear efectos instantáneos entre la parte más desavisada de la opinión pública, pero una correcta planificación urbanística para fomentar el mercado inmobiliario ni se improvisa ni suele llegar a tiempo para dar resultados electoralistas. Se argüirá, y es cierto, que el Ejecutivo central carece de competencias directas en vivienda, transferidas a las comunidades autónomas, pero también es cierto que el Gobierno sanchista ha preferido la confrontación con las autonomías, esencialmente, las gobernadas por el Partido Popular, en lugar de procurar acuerdos institucionales, apoyados por la financiación europea, que desarrollaran los programas de vivienda social que reclamaba el enorme crecimiento de la población, tras la sucesivas oleadas de inmigración registradas en España. Baste señalar, como paradigma de la falta de previsión gubernamental, que la población residente ha pasado de 46.937.060 habitantes en 2018 a 49.801.559 entre 2018 y 2026, incremento que se debe atribuir exclusivamente a la llegada de extranjeros, puesto que el crecimiento vegetativo de la población de origen español ha sido negativo. Pero a la izquierda no se le ocurrió pensar que habría que proporcionarles casas.
También esta semana podría, perfectamente, pasar a la historia. Para empezar, 15 años han pasado ya desde que ETA colgó las armas y sus herederos entraron en las instituciones para blanquearse y acabar aburguesándose, como los demás partidos. Incluso han llegado a convertirse en socios preferentes de este Gobierno, con Arnaldo Otegi al frente como «hombre de paz», mientras él y sus colegas presumen de sus políticas ecologistas y sueñan con la Lehendakaritza. Bildu, ya con casi todos sus presos excarcelados, no ha condenado aún -oficialmente- la violencia de ETA. ¿En qué situación estarán los líderes del Procés dentro de 3 lustros? Queda claro que, en este país nuestro, no hay imposibles que valgan.
Esta también ha sido la semana en la que se ha amnistiado definitivamente a todos los impulsores de lo que pasó en Cataluña en 2017, y hemos visto regresar a dos de ellos, Puig y Comín, fugados hace 9 años y recibidos ahora como héroes por los suyos. ¡Qué cara la de Toni Comín prometiendo la Constitución española en el mismísimo Congreso de los Diputados, en Madrid! Quién se lo iba a decir a él... Lo mismo habrá pensado el ex presidente Felipe González. ¿Cómo iba él a barruntar siquiera que su PSOE iba a ir mutando hasta convertirse en un partido 100% sanchista? También, por tanto, recordaremos estos días en los que González confirmó públicamente que no votará a Pedro, que votará en blanco el 29N (y a ver quién se atreve a expulsarle).
Esta semana, en la que Javier Milei ha venido por séptima vez a España desde que es presidente de Argentina, hemos comprobado que en Ferraz, sobre todo, se le ha recibido a lo grande, con lona gigante y vídeos trabajados de zurdos y orgullosos. El ruido y las protestas que genera Milei en la ultraizquierda se ha mezclado con un par de manifestaciones agresivas contra los mítines de VOX. Y esos mítines, con las acampadas, con las protestas de los estudiantes, con unas calles que se calientan más y más mientras los sindicatos policiales culpan de semejante caos a los delegados de Gobierno, por permitirlo.
Y entretanto, la Moncloa con sus martes sociales, convertidos en mítines salpicados de decretos de efímera vida, mientras Ferraz sigue negándose a ofrecerle al juez Pedraz la lista de los abogados contratados por el PSOE para poder avanzar en el caso «Cloacas» (Leire Díez es la llave y la clave de todo lo cloaquero, lo veremos tras las elecciones).
Hemos llegado al histórico día de hoy con Ceuta aún en el limbo, sumida en la anormalidad, con los precios de los combustibles disparados y con el resto de nuestros problemas cotidianos ahí, esperando a ser resueltos. Señor, danos paciencia.
El éxito del pacífico cambio de régimen en España se debió a un puñado de abnegados servidores públicos que contribuyeron silenciosamente a ello. Entre estos merece lugar destacado José Luis Graullera, que acaba de morir a los 87 años. Valenciano, abogado e interventor del Estado, embajador de España, amigo personal y hombre de confianza de Adolfo Suárez, ejerció un papel decisivo, desde la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, en la transición administrativa, que él consideraba tan importante como la transición política. Antes, en su papel de interventor, como protector de los recursos públicos, evitó las corrupciones en los principales organismos del Estado, desde RTVE al CSIC o el Consejo de Estado. Como servidor público ejerció su papel pacificador en Guinea Ecuatorial, por encargo del presidente Suárez, en un momento delicado, recién lograda la independencia.
En la transición administrativa, conducida por él, se procuró, como me confesó en «Secretos de la Transición», «respetar todo lo positivo del antiguo régimen eliminando lo negativo». Facilitó las cosas el hecho de que «en el régimen anterior, a falta de legitimidad, había un axioma: el principio de legalidad que se respetaba escrupulosamente». Todos los funcionarios del Movimiento que no tenían funciones políticas, incluidos los de los sindicatos verticales, encontraron cobijo en la nueva Administración. Un día se presentó en el despacho de Graullera, en Castellana, 3, Pilar Primo de Rivera, delegada nacional de la Sección Femenina, a entregarle un dinero que la Sección Femenina tenía en efectivo y que no figuraba en ninguna cuenta. Una indudable prueba de honradez. «¿Qué va a ser de mis chicas?», le preguntó con insistencia. «No te preocupes, Pilar, -le respondió-, las haremos funcionarias». José Luis Graullera me confesó emocionado que mandó un escrito a más de 25.000 empleados que no entraban en el cuerpo de funcionarios y se quedaban en la calle, por si podía hacer algo por ellos, y sólo dos le pidieron ayuda.
Otro de los grandes servicios prestados por Graullera fue la creación y puesta en marcha de AESMIDE, una asociación de empresas contratistas con la Administración del Estado, que, entre otras cosas, ha contribuido decisivamente, externalizando productos y servicios, a la modernización de las Fuerzas Armadas en España. Se ha ido un patriota sin alardes, un servidor público eficaz, en un momento convulso de la vida nacional, que amenaza a la Transición democrática y la concordia constitucional, con la corrupción, que él tanto combatió, escalando como la yedra los muros del poder. Deja una gran familia. No se puede concebir la vida de Graullera sin Esther, su mujer, que él llamaba cariñosamente «la tendera».
Fieles a sus tradiciones más arraigadas, los parisinos se han dispuesto estas semanas a incendiar las calles de su ciudad en protesta por la situación política y social. Lejos de las lecturas racistas que vaticinan el fin de Occidente, que tanto se leen estos días en X, los franceses —tengan el color de piel o religión que tengan— simplemente cumplen con su papel en la historia. Para ellos, rebelarse es algo tan consustancial como la baguette, la supuesta politesse o ese ridículo señor bigotudo con boina, pañuelo rojo y camiseta de rayas marineras comiendo queso y bebiéndose un pinot noir. Y perdón por el cliché.
Al igual que está sucediendo en otros países europeos, la protesta social de colectivos diversos, como los estudiantes y los transportistas, ha llegado también a Italia. Si estos últimos días hemos presenciado escenas de violencia entre jóvenes y la policía en diversas ciudades, en especial Milán, la ola de descontento por el coste de la vida, la vivienda y los salarios ha llegado a otros sectores. Todo ello está creando un clima muy tenso en el país transalpino, que el año próximo celebrará elecciones generales.
Einstein llegó a decir que había dos cosas infinitas: la insensatez humana y el universo, “aunque no estaba muy seguro de lo segundo”. Es lo que tienen los sabios, que acostumbran a soltar grandes verdades, que no cambian el mundo, pero a veces consiguen sacarle los colores a más de un irresponsable. Y eso que a Einstein le tocó vivir tiempos insensatos, si bien la insensatez todavía no se había apoderado definitivamente de la Tierra.
Cambiar el rumbo de la UE no es fácil. La nave es pesada. El color político de los principales dirigentes de Bruselas no depende directamente del voto de los ciudadanos, sino de los acuerdos entre los gobiernos de estados miembros. Los cinco o seis cargos principales (la presidencia de la Comisión, el Parlamento, el Consejo Europeo, el Banco Central, el alto representante para la Política Exterior) son elegidos teniendo en cuenta los resultados de las elecciones europeas, pero buscando que haya hombres y mujeres, candidatos del norte y del sur, de países grandes y países pequeños.
'Oh, la France’. Cayó la aguja de la catedral de Notre Dame, devorada por el incendio del 2019, y pareció un mal presagio. Ahora se desploma el campanil del Ayuntamiento de Limoges, también pasto de las llamas, y la imagen se erige en símbolo de una grave crisis de autoridad. Malestares diversos, acumulados e informes, empezaron a fermentar hace años en la banlieue y han terminado por estallar en el mismo centro del sistema. Jóvenes con un futuro de color carbón, trabajadores precarizados y el rescoldo de los chalecos amarillos protestan por el encarecimiento del coste de la vida y el deterioro de los servicios públicos. Tras un verano de estudiantes achicharrados en las aulas, lo que se ahorraron en maestros y aire acondicionado se lo gastarán ahora en policías.
Cuando hace tres años me instalé en Poblenou entré en su bar. Su rótulo verde prometía entrepans, bar y restaurante, y se llamaba Ángel, pero como los mejores amores de la vida, todo era más o menos mentira. Hacían bocadillos, sí. ¿Era un bar? También, y podías llegar a utilizarlo para almorzar y cenar, pero Ángel debió de ser el tipo que traspasó a aquel otro que, a su vez, cedió el local a uno que lo traspasó a aquel señor y a su mujer, chinos los dos. Enseguida me hice habitual. De hecho, de todo el paseo fue el más exitoso de los bares medio verdad, medio mentira que compartieron público y lugar con Ángel. Su terraza solía estar llena mientras el resto estaban desiertas. Se comía bien, barato y ellos –Ángel y, pongamos, Ángela– eran rápidos y siempre de buen talante. No parecían tener horarios. Cervezas frías, cruasanes lustrosos y cacahuetes pasados. ¿Qué más se podía pedir?
Sabemos que la ansiedad es un síntoma transversal a casi todos nuestros malestares psíquicos. Nos dicen que fuimos diseñados para la hipervigilancia, o sea, para estar permanentemente alerta con el fin de huir de los animales que estaban por encima de nosotros en la cadena trófica y cazar a los que están por debajo. Sabemos que si nuestro estado natural hubiera sido la tranquilidad y la flema en lugar de permanecer siempre al acecho, habríamos sido devorados. Y que si en mitad de la sabana, un gurú del mindfulness prehistórico nos hubiera convencido para practicar la respiración consciente, ninguno de nosotros estaría ahora aquí.
El hombre contemporáneo ha resuelto casi todos los misterios del universo. Ha arañado en su infinito para descubrirle montones de exoplanetas. Ha inventado la inteligencia artificial. Ha descifrado el genoma humano y ha puesto el pie en la Luna. Y aunque ha conseguido incluso que una tostadora funcione con wifi, sigue sin saber cómo hacer para no quedarse calvo ni soportarse a sí mismo sin ayuda química. Si está cansado se precipita sobre los botes de testosterona. Si está triste, toma magnesio. Si no duerme, melatonina. Si los músculos no crecen, proteína. Y creatina. Si no liga, quizá tira de zinc. Y si el espejo le devuelve a pesar de todo una imagen poco satisfactoria sabe que siempre tiene la posibilidad de intervenir química o quirúrgicamente en el personaje... Cada vez hay más gymbros , hombres supuestamente sanos que han hecho de su cuerpo un laboratorio de autoestima portátil.
Estos días se suceden los análisis de lo ocurrido en las calles de París o Milán. Muchos de los manifestantes que actuaron con más violencia, los autores de destrozos y pillajes, eran muy jóvenes, hasta menores de edad. Incluso ante análisis que no se paran solo en si eran hijos de familias autóctonas o inmigrantes o de barrios de clase media o del extrarradio, planea la duda de cuánto tienen de certeros y desprenden desconcierto.
Mark Zuckerberg tiene motivos para preocuparse. El fundador y consejero delegado de Meta lleva varios días discutiendo con su empresa si se va de California para evitar el impuesto a los ricos que se prepara en el estado. Si prospera la iniciativa demócrata, los contribuyentes que tengan un patrimonio superior a los mil millones de dólares, como Zuckerberg, deberán pagar el 5% del total de sus bienes. Pero esta cuestión podría resolverse con un acuerdo con los directivos de su empresa, que están dispuestos a compensarle el dispendio extra con más acciones de la compañía si se queda en California.
Uno de los actos momentos más simbólicos del retorno del exconseller Lluís Puig es que él mismo fue el encargado de retirar ayer el lazo amarillo que ocupa su escaño en el Parlament desde hace años. En realidad, no llevaba tanto tiempo, puesto que los que se pusieron inicialmente se habían dañado y se sustituyeron hace unos meses, en febrero. En cualquier caso, ese lazo estará ahora en el despacho que tiene el diputado de JxCat en la Cámara para trabajar y tener reuniones. Cuando entró al hemiciclo, lo exhibió ante el resto de parlamentarios y una tribuna de invitados abarrotada que le aplaudía. Los grupos del Parlament tienen un cupo de invitaciones y ayer, siendo un día especial para Puig, varias formaciones dejaron las suyas a los posconvergentes, para que pudieran invitar a quien quisieran. Uno de los que estaba allí presente es el rapero mallorquín Valtònyc, que ha explicado en más de una ocasión que el exconseller fue una figura parecida a un padre para él cuando coincidieron en Bélgica. Al verse, muy emocionados, se fundieron en un abrazo.
Vanessa and Nick Lachey like to reiterate the titular question at the center of their hit Netflix dating show by saying, whenever possible, “Let’s find out if love truly is blind.”
But over the past few seasons of the globally popular reality series, the question that has come to dominate the so-called experiment is not whether love is blind, but whether love is political.
Just two episodes into Season 11, set in Boston this time, one couple confronted two increasingly charged political issues in one scene: vaccines and abortion. Enter John Shannon, a 33-year-old account executive, and Sarah Williams, a 34-year-old healthcare program manager whom the internet collectively adores.
The question that has come to dominate the so-called experiment is not whether love is blind, but whether love is political.
Shannon says, “I feel capitalism is injected into healthcare in our country. I feel like Covid really showed the worst side of it to me.” Williams responds with, “I work in a hospital and I got my master’s in this too [and] I feel like recently medicine gets a bad rep when it shouldn’t.”
Minutes later, Shannon pivots the conversation to access to abortion. He says, “I don’t at all think abortion should be illegal, but it’s a very sad thing. People will be like, ‘Well, what about this girl who’s 11 and she’s pregnant by her uncle. She doesn’t deserve to have an abortion?’ And it’s like, OK, that’s horrible. But why does that justify having an abortion at six months because you just never got around to it?” Williams explains: “The six-month thing? That’s where, from a healthcare perspective, I do think there’s a little misinformation as well. The number of women who do it late term, just because it’s almost, like, nonexistently low […] I hate that that’s used as an argument.”
What really made this scene a talker, though, is that after this clear display of a difference of values and belief systems, the two opted to get engaged.
Their exchange has launched a viral conversation, including a proliferation of TikTok videos. And part of what makes the discussion between Sarah and John so remarkable is how commonplace it feels. I’ve heard variations of this very conversation from single friends over drinks, via texts and in lengthy voice notes.
What both “Love is Blind” and my highly eligible single female friends have underscored is that politics, and increasingly conservative politics, is a part of contemporary relationships and dating. For progressive-minded women who find themselves dating men whose politics may fundamentally conflict with their own, the choices are limited: compromise on their political ideology, take on the herculean effort to change their partner or opt out of marriage or long-term partnership altogether.
The premise of “Love is Blind” has become ubiquitous, or perhaps notorious. But if you have yet to experience the pods, the reveal walks and those God-awful opaque gold wine glasses, it goes like this: Single men and women from one city speed-date through a wall, propose, lay eyes on each other for the first time, test their “physical connection” at a resort in Mexico and in a production-provided apartment, and then get married.
Eleven seasons and one streaming record later, criticizing “Love is Blind” is tedious, obvious work: a flawed premise, lack of physical representation, manufactured and manipulated drama, regressive heteronormative ideology and, apparently, exploitation. All of this is to say nothing of the show’s disjointed view of marriage: at once glorified as the ultimate transformative goal and degraded with an artificial timeline and flippant uncertainty at the altar.
Indeed, political misalignment between male and female contestants has become a consistent plot driver on the past few seasons of “Love Is Blind.” If production has a shot list, and I’m certain they do, then a pointed conversation about racism or abortion or health misinformation must top it. Politics has become an increasingly common reason for contestants to end a relationship and opt out of the “experiment.” In Season 8, for example, two men were left at the altar over political issues that mattered to their fiancées. Neither man was fundamentally opposed to Black Lives Matter or LGBTQ+ rights, respectively, but there was an unwillingness to engage intellectually.
Since then, “Love Is Blind” has become increasingly more conservative, more “trad,” so to speak. There is much, much conversation through those glowing walls about “traditional gender roles” and “traditional values.” In Season 9, there was an acutely controversial exchange between two contestants regarding the possibility of having an LGBTQ+ child. “Do you feel like it’s a fad?” Nick asked; “One hundred percent,” Annie answered.
“Love Is Blind” has become increasingly more conservative, more “trad,” so to speak.
This shouldn’t be surprising. Much has been made, including by me, of how media so often mirrors what is happening in American culture. And today mainstream American culture has become increasingly conservative and increasingly natalist: Look at the Trump administration’s plan to use money to ply women into having more children or Project 2025’s plan for women or the realities of the manosphere.
And women are becoming more liberal, more progressive. According to a recent Gallup poll, American women age 18 to 29 are 15 percentage points more likely to identify as liberal than their male counterparts are — a difference five times larger than it was in 2000.
I’m no marriage counselor or relationship expert, but I do not believe politics need to wholly align for a romantic relationship to be happy or healthy or fulfilling. My husband and I disagree on many political issues. What we do share, though, is mutual respect, fundamental values and a willingness to learn from each other.
Williams reflected on her conversation with Shannon on the digital platform Elite Daily, saying, “People are entitled to also make their own choices, and then we have to decide where we as individuals want to draw the line. I think John’s and my communication in that regard was great and healthy and productive.”
Perhaps it was bad editing, or bad luck. Perhaps Shannon and Williams shared something that viewers cannot see yet. Maybe they will walk down the aisle and exchange meaningful vows and then happily hold hands during the reunion special. But for this viewer, especially after watching the latest two episodes last night? It feels doubtful.
So what happens when the person you’re falling in love with, or could potentially fall in love with, holds political views that affect your body, your family or your sense of self? We don’t need a new reality-show premise to answer that question. We can just ask our single friends.
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