Estaba cantado. El auto del lunes del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que levantaba la orden de arresto contra Carles Puigdemont en aplicación de la doctrina del Constitucional, fijada por su presidente, Cándido Conde-Pumpido, y con notables críticas a esta, era el prólogo. La resolución de ayer de la Sala de lo Penal, firmada por Manuel Marchena, eleva varios grados la fricción entre ambas instituciones y certifica un choque de trenes que no es sólo producto de interpretaciones opuestas en materia jurídica y de competencias.

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El Tribunal Supremo ha aplicado este martes la amnistía al exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y a los exconsejeros Raül Romeva, Dolors Bassa y Jordi Turull. Dos semanas después de que el Tribunal Constitucional estableciera que la Sala Penal debió otorgar la medida de gracia al delito de malversación que atribuyó a los exdirigentes independentistas, el Supremo ha cumplido este mandato y ha amnistiado a los cuatro antiguos miembros del Govern a los que juzgó y condenó por ese delito en 2019. La amnistía deja sin efecto la pena de inhabilitación que aún pesaba sobre ellos, por lo que los cuatro podrían ya presentarse a las próximas elecciones u ocupar un cargo público. En el auto en el que expone su decisión, el Supremo lanza al Constitucional un reproche insólito, por extenso y contundente. “Su innecesaria grandilocuencia revela el deseo de adornar un razonamiento invasivo del ámbito jurisdiccional que corresponde al Tribunal Supremo”, recalcan los jueces.

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