El exconsejero catalán Toni Comín, fugado de la justicia española hace nueve años como consecuencia de su papel en el proceso independentista, se ha presentado finalmente este jueves en Madrid para acudir a la Junta Electoral Central (JEC) y jurar la Constitución española para adquirir plenamente la condición de eurodiputado. A la salida, Comín ha querido restar trascendencia a ese gesto formal y lo ha catalogado como “una pataleta de mal perdedor” y “un derecho al pataleo” del Estado español: “Es una prueba más de que saben que hemos ganado. Confirma nuestra victoria”.

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La retirada del derecho al voto a más de 160.000 nacionalizados por la llamada ley de nietos ha puesto el foco en una ley y una instrucción aprobadas en octubre de 2022 sin que ningún partido político las recurriera. La Ley de Memoria democrática se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 19 octubre de ese año tras un año de compleja tramitación parlamentaria con intensos debates, no solo entre el Gobierno y la oposición sino también con los socios de investidura. La instrucción del Ministerio de Justicia con las directrices para tramitar el derecho a optar a la nacionalidad española se aprobó seis días después y solo fue impugnada por una asociación contraria a las leyes de memoria histórica y democrática, pero su recurso fue desestimado por una cuestión de forma. Cuatro años después, el debate político a las puertas de un nuevo ciclo electoral ha desenterrado aquella instrucción que en su momento pasó inadvertida para los partidos y ahora ha derivado en un enorme embrollo jurídico.

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El voto de 160.000 españoles en las próximas elecciones generales sigue en el aire; y, en concreto, en el tejado del Tribunal Supremo que había ratificado su suspensión el 12 de octubre pasado y a donde lo ha devuelto este miércoles el Tribunal Constitucional al rechazar de plano el recurso de amparo del Defensor del Pueblo contra esa suspensión cautelar del sufragio. El pleno del tribunal de garantías, por diez votos a dos, ha inadmitido el recurso del Defensor del Pueblo que pedía restablecer el derecho al voto de los 160.000 nacionalizados a quienes el Tribunal Supremo se lo había retirado el día de la Hispanidad.

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El Tribunal Constitucional ha rechazado intervenir en el debate jurídico que se mantiene en el Tribunal Supremo sobre el derecho al voto de 163.000 nacionalizados por la ya conocida como ley de nietos que viven en el extranjero. Los magistrados han desestimado la petición del Defensor del Pueblo de levantar la suspensión cautelar del sufragio de estos españoles de cara a las elecciones generales del 29-N. El tribunal de garantías ha adoptado esta decisión al considerar prematuro el movimiento impulsado por la institución encabezada por Ángel Gabilondo porque no se ha agotado todavía la vía abierta en el Supremo.

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Romina explica por teléfono que todavía no ha “bajado a tierra del todo” por lo que ha ocurrido. Ella, víctima de violencia machista, llevaba dos años y medio intentando que la justicia declarase su despido como nulo porque la empresa la echó en mitad del proceso contra su pareja por dos agresiones sexuales. Ha llegado hasta el Tribunal Supremo, que en una sentencia del 29 de septiembre le da la razón. El fallo establece que la empresa pensó que las consecuencias derivadas de la violencia que había sufrido Romina “podrían percibirse como inconvenientes o complicaciones que no está dispuesta a asumir como empleadora”, cuando lo que correspondía era una “justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad”. Y esta interpretación sienta jurisprudencia.

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Una mayoría de los doce magistrados que componen el Tribunal Constitucional defenderá este miércoles que se inadmita el recurso de amparo presentado por el Defensor del Pueblo, según fuentes del órgano de garantías. El recurso pedía restablecer el derecho al voto de más de 160.000 españoles, nacionalizados en virtud de la ley de nietos, que viven en el extranjero y a quien el Tribunal Supremo ha retirado cautelarmente el sufragio a poco más de un mes de las próximas elecciones generales. La mayoría del Pleno, sin reflejar esta vez la división de referencia entre progresistas y conservadores, considera que como el Supremo abrió un plazo de alegaciones para los afectados —vigente hasta el viernes, 23 de octubre—, el recurso del Defensor es prematuro y no cumple con el requisito de subsidiariedad del amparo: esto es, que se haya agotado la vía de la justicia ordinaria.

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Estaba cantado. El auto del lunes del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que levantaba la orden de arresto contra Carles Puigdemont en aplicación de la doctrina del Constitucional, fijada por su presidente, Cándido Conde-Pumpido, y con notables críticas a esta, era el prólogo. La resolución de ayer de la Sala de lo Penal, firmada por Manuel Marchena, eleva varios grados la fricción entre ambas instituciones y certifica un choque de trenes que no es sólo producto de interpretaciones opuestas en materia jurídica y de competencias.

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Imaginemos una ley que concede derechos a un grupo de personas que antes no los tenían. Imaginemos que esa ley entra en vigor y, a los pocos meses, se incorpora como disposición adicional una circular administrativa que aclara y concreta los criterios para aplicar la ley. Imaginemos que las previsiones originales sobre la cantidad de gente con derecho a solicitar los beneficios desbordan las capacidades de los funcionarios, por lo que se amplía el plazo inicial de dos años para presentar los papeles.

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El presidente de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha celebrado este martes la decisión del Tribunal Supremo de aplicarle la Ley de amnistía. “Por fin se ha hecho justicia allí donde solo había injusticia”, ha asegurado el líder republicano a través de la red social X. La resolución del Supremo también afecta a otros cargos políticos del procés, como Jordi Turull, Dolors Bassa y Raül Romeva.

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El Tribunal Supremo ha resuelto aplicar la ley de amnistía al exvicepresidente catalán y líder de ERC, Oriol Junqueras, y los exconsejeros Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, después de dos años desde su entrada en vigor y tras el aval del Tribunal Constitucional al perdón de la malversación, delito por el que fueron condenados los cuatro.

La Sala de lo Penal, la que juzgó el 'procés', ha dado ese paso en un auto de 12 páginas, recogido por Europa Press, toda vez que el Constitucional le ordenó amnistiar a los dirigentes independentistas encausados por malversación, tanto a los condenados como a los procesados: el expresidente y líder de Junts, Carles Puigdemont, y los exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig, que no fueron juzgados porque huyeron de la justicia tras el referéndum ilegal de 2017.

Con Manuel Marchena, el magistrado que presidió el juicio al proceso independentista, como ponente, el Supremo declara extinguida la responsabilidad criminal de los cuatro dirigentes, en una resolución que también firman el actual presidente de la Sala Segunda, Andrés Martínez Arrieta, y el magistrado Antonio del Moral, que formaron parte de aquel tribunal.

Los magistrados les amnistían al asumir en su integridad la parte dispositiva de la sentencia del Constitucional que concedió el amparo a Bassa y ordenó al Supremo aplicarles la medida de gracia.

De esta forma, queda extinguida la inhabilitación a la que fueron condenados Junqueras, a 13 años, y Romeva, Turull y Bassa, a 12 años, respectivamente. Y después de que fueran indultados de las penas de prisión por el Gobierno.

El Supremo señala que respecto a la petición de eliminar los antecedentes penales anotados a raíz de la sentencia que les condenó en 2019 y que solicitan los cuatro exmiembros del Gobierno catalán, más las defensas de Joaquim Forn, Meritxell Borrás, Carme Forcadell y Josep Rull, condenados en la misma causa, el tribunal lo pone en conocimiento del Ministerio de Justicia para que proceda a ello.

No obstante, los magistrados critican "la innecesaria grandilocuencia" del Constitucional, que "revela el deseo de adornar un razonamiento invasivo del ámbito jurisdiccional" del Supremo.

Un informe de los letrados del Tribunal Constitucional (TC) considera "prematuro" que el alto tribunal admita el recurso de amparo presentado por el Defensor del Pueblo contra la suspensión del derecho al voto a personas nacionalizadas por la ley de memoria democrática, conocida como ley de nietos, decidida por el Tribunal Supremo.

En el informe, elaborado a petición del magistrado Enrique Arnaldo, adelantado por el diario El Mundo y al que ha tenido acceso EFE, los letrados subrayan que el recurso presentado "debe considerarse prematuro" ya que éste se interpuso "mientras había aún una puerta abierta para un pronunciamiento de la jurisdicción ordinaria", ya que sigue abierto en el Supremo el plazo para que los afectados presenten alegaciones.

Hoy, la sección cuarta del Tribunal Constitucional (TC) ha decidido avocar a Pleno la admisión del recurso de amparo que el Defensor del Pueblo, por lo que será este organismo quien deba pronunciarse al respecto, previsiblemente este miércoles.

"Se trata, por tanto, de una aducida vulneración de derechos fundamentales producida en el seno de una causa que se halla en curso al presentarse la demanda debiendo considerarse el recurso de amparo presentado anterior en el tiempo a lo que correspondería desconociendo, de este modo, el carácter subsidiario de la vía de amparo y siendo prematuro en su planteamiento", indican los letrados en el informe.

Sólo puede presentarse un recurso de amparo, sostienen, una vez haya finalizado la actuación del órgano jurisdiccional, es decir, "solo cuando este haya finalizado por haber recaído una resolución firme y definitiva puede entenderse agotada la vía judicial y, consecuentemente, es posible acudir ante este Tribunal en demanda de amparo", algo que no ocurre ahora.

Y recuerdan que el Supremo ha abierto el plazo para presentar alegaciones a todas aquellas partes afectadas, un plazo que empieza a contar hoy y expira el viernes 23 de octubre.

"De este modo resulta que, conforme a lo decidido en los autos mencionados, el Tribunal Supremo ha de pronunciarse nuevamente, a la vista de las alegaciones de las partes que comparezcan, sobre las medidas cautelares adoptadas en los autos de 10 de septiembre de 2026 y confirmadas en los posteriores autos de 12 de octubre de 2026. Se constata así que los efectos de la decisión cautelar adoptada por el órgano judicial no son definitivos, en el sentido de que los autos dictados en la pieza de medidas cautelares pueden verse modificados" por estas alegaciones, dejan claro.

Entran también los letrados en el recurso del Defensor del Pueblo: "Ciertamente, el Defensor del Pueblo puede recurrir sin haber sido personalmente parte en el procedimiento judicial, pero su intervención no convierte en agotada una vía judicial que todavía ofrezca medios de reparación procedentes y útiles".

Precisamente, el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, ha abundado en el fondo de ese informe en un almuerzo con el Club de Periodistas Gallegos en Madrid.

"El procedimiento en este momento está en curso por parte del Tribunal Supremo. Normalmente en el Tribunal Constitucional nosotros intervenimos siempre después de que se haya acabado el procedimiento judicial", ha señalado.

Tras reiterar que la ley de nietos todavía está en trámite judicial, ha recordado que el TC ha designado ponente y ha encargado un estudio -"siempre trabajamos sobre dictámenes escritos por letrados, que son magníficos letrados", ha enfatizado-. "La sección ha decidido que debería, por la importancia del tema, pasarlo al pleno".

De todos modos, ha dejado claro que hay unas elecciones convocadas y el TC no puede ni tiene tiempo para "debatir esto "a eternidad". En esta situación, el Tribunal Constitucional debería tomar una decisión: "prefiero asegurar un derecho fundamental o miro para otro lado, con perdón de la palabra", ha agregado.

Medidas cautelarísimas para garantizar el voto

El Defensor del Pueblo interpuso el pasado viernes un recurso de amparo ante el TC contra la suspensión del derecho al voto a personas nacionalizadas por la ley de memoria democrática.

La institución que dirige Ángel Gabilondo ha pedido al tribunal de garantías medidas cautelarísimas para que esas personas puedan ejercer su derecho al voto en las elecciones del 29 de noviembre.

Además, solicita que se pronuncie sobre la interpretación del Supremo acerca de la suspensión del derecho fundamental al voto de los españoles nacionalizados de acuerdo con la llamada ley de nietos.

El Defensor ha interpuesto este recurso "tras haber analizado la decisión de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS del pasado lunes, 12 de octubre, cuando confirmó mantener la suspensión de votar a personas nacionalizadas por la mencionada Ley, para que puedan, si así lo desean, ejercitar su derecho al sufragio activo en las próximas elecciones generales".

El alto tribunal decidió ese día mantener la suspensión cautelar del derecho al voto de los nacionalizados por la ley de nietos, lo que afecta a 163.020 personas que no podrán votar el próximo 29 de noviembre, salvo que las oficinas consulares acrediten que son descendientes de exiliados. 

El Tribunal Supremo ha aplicado este martes la amnistía al exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y a los exconsejeros Raül Romeva, Dolors Bassa y Jordi Turull. Dos semanas después de que el Tribunal Constitucional estableciera que la Sala Penal debió otorgar la medida de gracia al delito de malversación que atribuyó a los exdirigentes independentistas, el Supremo ha cumplido este mandato y ha amnistiado a los cuatro antiguos miembros del Govern a los que juzgó y condenó por ese delito en 2019. La amnistía deja sin efecto la pena de inhabilitación que aún pesaba sobre ellos, por lo que los cuatro podrían ya presentarse a las próximas elecciones u ocupar un cargo público. En el auto en el que expone su decisión, el Supremo lanza al Constitucional un reproche insólito, por extenso y contundente. “Su innecesaria grandilocuencia revela el deseo de adornar un razonamiento invasivo del ámbito jurisdiccional que corresponde al Tribunal Supremo”, recalcan los jueces.

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El Tribunal Supremo ha abocado a los responsables de los registros consulares a una misión imposible: la de expedir, “bajo su responsabilidad”, certificación acreditativa de que los 163.020 incorporados al CERA (Censo Electoral de Residentes Ausentes), al amparo de la llamada ley de nietos, son descendientes de españoles que hubieran sufrido exilio por razones políticas, ideológicas, de creencia u orientación sexual. De momento, 32 de los 157 consulados españoles repartidos por el mundo han aportado hasta este lunes información “total o parcial” sobre los afectados que podrán votar o no en las elecciones del 29-N, según fuentes de Exteriores. La cifra supone solo el 20,4% del total de la red consular, cuando quedan menos de tres días para que, este jueves 22 de octubre, se cierre de forma definitiva el censo electoral.

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El Tribunal Constitucional empieza a aplicar su doctrina a favor de amnistiar el delito de malversación a los últimos seis líderes independentistas aún procesados o condenados por ese delito. El Pleno delibera este martes sobre el recurso del exportavoz de la Generalitat Jordi Turull, condenado a 12 años de inhabilitación absoluta en 2019, y previsiblemente la mayoría progresista, tal y como ya ocurrió el pasado 6 de octubre con el recurso de la exconsejera Dolors Bassa, aprobará el perdón legal a Turull. El ponente de la sentencia de Turull será, como en el caso de Bassa, el presidente del tribunal, Cándido Conde-Pumpido, que asumió la ponencia tras la renuncia del magistrado José María Macías en el pleno anterior.

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