Los sindicatos mayoritarios entre los empleados públicos —CSIF, CCOO y UGT— se reunieron este martes con el Ministerio de Función Pública, que dirige Óscar López, para garantizar la subida salarial acordada en noviembre de 2025 para los próximos años. El acuerdo contemplaba un incremento del 4,5% en 2027, al que se sumará otro 0,5% adicional correspondiente a 2026, ya que la inflación se ha disparado por encima del 1,5% previsto inicialmente.

De esta forma, en conjunto, los funcionarios verán cómo aumentan sus salarios un 5% en 2027, el mayor incremento anual del siglo. Además, la subida tiene un coste adicional para las arcas públicas de alrededor de 9.000 millones de euros, que se incorporará de forma estructural al gasto de las Administraciones, al consolidarse los incrementos salariales en las nóminas de los próximos ejercicios. Es decir, supondrá un gasto público fijo que no podrá ser utilizado para financiar otras partidas presupuestarias. Por ello, la reunión ha vuelto a poner en el foco del debate público las retribuciones de los empleados públicos y su evolución respecto a los salarios privados.

La brecha salarial supera los 1.000 euros

Según los últimos datos disponibles del Instituto Nacional de Estadística (INE), correspondientes a 2024, el salario bruto medio mensual de los asalariados del sector público alcanzó los 3.232 euros en 12 pagas, frente a los 2.182 euros del sector privado. Una diferencia que supera los 1.000 euros mensuales.

La brecha también se aprecia en la distribución por tramos salariales: el 45% de los trabajadores del sector público percibía más de 3.200 euros brutos mensuales en 12 pagas, frente al 14% de quienes se empleaban en el sector privado.

Además, si se rebaja el umbral hasta los 2.000 euros, la diferencia persiste y se ensancha: el 82% de los empleados públicos cobraba por encima de esta cantidad, frente al 35% de los asalariados privados. De hecho, este umbral también permite verlo de otra manera: más de la mitad de los trabajadores del sector privado —el 65%— no alcanzaba los 2.000 euros brutos mensuales, frente al 18% del sector público.

La paradoja del poder adquisitivo: los funcionarios pierden y en el sector privado ganan

No obstante, la comparación cambia cuando se analiza la evolución acumulada de los incrementos salariales y se descuenta la inflación. Es decir, cuando se estudia la variación del poder adquisitivo. Pues bien, los cálculos realizados por El Independiente a partir de las series de subidas pactadas desde 2001 y hasta 2026 apuntan a que las retribuciones públicas han aumentado casi un 50%, frente a un incremento acumulado de los precios del 78%. Un resultado que se traduce en una pérdida de poder adquisitivo para los empleados públicos.

Por su lado, la evolución de los incrementos salariales pactados en los convenios colectivos privados ofrece un resultado distinto. Según la Estadística de convenios colectivos elaborada mensualmente por el Ministerio de Trabajo, las subidas acumuladas desde 2001 alcanzan aproximadamente el 86%, por encima de la inflación registrada durante el mismo periodo. Es decir, los trabajadores privados han mejorado su poder adquisitivo (al menos, una parte de ellos, ya que hay 'truco' en esta estadística).

La fuente de datos del Ministerio de Trabajo no mide la evolución del salario medio de todos los trabajadores privados, sino las subidas acordadas para quienes están cubiertos por estos convenios. Aunque la estadística permite aproximarse a la evolución de los salarios pactados en el sector privado, sus resultados no son directamente extrapolables al conjunto de los trabajadores.

Los convenios registrados afectan a unos nueve millones de empleados (una cifra que se mantiene estable desde 2001), frente a los 22,4 millones de afiliados a la Seguridad Social. Por tanto, el incremento acumulado del 86% refleja la evolución de las subidas salariales acordadas en los convenios, pero no permite generalizar que el conjunto de los asalariados privados haya ganado poder adquisitivo.

Asimismo, también es relevante señalar por el lado de los funcionarios que, incluso si la inflación se situara en el 0% tanto en 2027 como en 2028, los empleados públicos seguirían sin recuperar el poder adquisitivo perdido desde 2001. En este escenario hipotético, si se aplicasen las subidas salariales pactadas del 5% en 2027 y del 2% en 2028, el incremento acumulado de sus retribuciones rondaría el 60%, frente al encarecimiento del 78% registrado por los precios en el periodo. De hecho, este escenario sería un supuesto especialmente favorable, dado que la guerra en Irán continúa y las tensiones en los mercados energéticos garantizan unos precios al alza en los próximos años.

Mientras las calles de Francia se llenan de protestas exigiendo mayor gasto público, los intereses que exige el mercado para comprar los bonos franceses a diez años rozan el 5% y su prima de riesgo supera los 100 puntos básicos, un nivel que no se veía desde la crisis del euro de 2012.

Francia se encuentra bajo la lupa de los mercados. Y no es para menos. Su deuda pública pasará del 115% sobre el PIB en 2025 al 120% al cierre de 2026 y el déficit sigue sin corregirse. Además, con un crecimiento previsto de apenas el 0,5% y una factura anual por los intereses de la deuda que ronda los 90.000 millones de euros, el Ejecutivo francés tiene cada vez menos margen para cuadrar sus cuentas.

Pero no es solo un problema económico, la política incrementa la desconfianza de los inversores. A las puertas de las elecciones presidenciales de 2027, las propuestas económicas de la candidata de extrema derecha, Marine Le Pen, y del candidato de extrema izquierda, Jean-Luc Mélenchon, añaden incertidumbre sobre la credibilidad financiera del país.

Y, mientras los mercados ponen en entredicho la capacidad de Francia para corregir sus desequilibrios, queda otra incógnita: ¿hasta dónde estaría dispuesto a llegar el Banco Central Europeo realmente para frenar una eventual crisis de deuda francesa?

"El lobo son ellos. Yo, en todo caso, seré un perro que no tiene amo", proclamó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este sábado en Dos Hermanas (Sevilla), donde señaló al PP y a Vox como responsables de alimentar el miedo y desacreditar la gestión del Gobierno. La metáfora bien puede trasladarse a su política fiscal: desde que llegó a La Moncloa en junio de 2018, el presidente ha visto cómo la deuda pública española pasaba de aumentar en unos 30.000 millones de euros al año a hacerlo a un ritmo de 63.600 millones, más del doble, pese a los reiterados llamamientos de los organismos internacionales reclamando "disciplina fiscal".

El más reciente, el informe publicado este martes por el FMI (Fondo Monetario Internacional). En este documento, el organismo identificaba tres prioridades que deberían abordar los Gobiernos con urgencia y, la primera de ellas es "situar la deuda en una trayectoria sostenible". El organismo advierte de que la combinación de "el alto nivel de la deuda pública, el resurgimiento de las presiones inflacionarias y los elevados costos de endeudamiento" puede convertirse en una 'tormenta perfecta' para las cuentas públicas.

Ante un contexto internacional marcado por la guerra en Irán, el encarecimiento de la energía y la persistencia de otros focos de tensión e incertidumbre geopolítica, el FMI advierte de que los Gobiernos disponen de "mucho menos margen que antes para respaldar la economía tras un shock". Por ello, mantener unas cuentas públicas saneadas permite afrontar nuevas perturbaciones con medidas extraordinarias de apoyo, sin poner en riesgo la confianza de los mercados sobre la capacidad del Estado para devolver lo prestado, lo que puede encarecer todavía más la financiación de la deuda (y en el peor de los casos, requerir recortes presupuestarios).

¿Cuál es la situación de la deuda pública española?

Antes de la pandemia, la deuda pública aumentaba a un ritmo de unos 30.000 millones de euros anuales. 29.400 millones entre julio de 2017 y julio de 2018 y una cifra prácticamente idéntica en el ejercicio siguiente. Sin embargo, la irrupción de la pandemia cambió la trayectoria: hasta julio de 2020 el endeudamiento se disparó en 96.500 millones de euros, en plena crisis sanitaria y económica, y volvió a crecer en otros 92.000 millones durante el año posterior.

Un aumento extraordinario que respondía a la necesidad de sostener la actividad y amortiguar el impacto de una crisis sin precedentes recientes. La cuestión es que, una vez superada la emergencia, la deuda no ha vuelto a crecer al ritmo anterior. En los tres últimos ejercicios, el incremento anual se ha mantenido (y cronificado) en torno a los 60.000 millones de euros.

Precisamente esta cuestión ha suscitado el reproche del Banco de España. Durante la presentación del Informe Anual 2025, el director general de Economía del organismo, David López Salido, señaló que España debería haber aprovechado el dinamismo económico y el aumento de la recaudación para sanear las cuentas públicas y reducir su elevado endeudamiento.

La deuda pública española alcanza los 1,74 billones de euros

Y es que, según el último dato disponible del Banco de España, correspondiente a julio, la deuda pública española alcanzó los 1,74 billones de euros, frente a los 1,68 billones registrados en el mismo mes de 2025. Por su lado, su peso sobre el PIB se ha reducido del 102,3% al 99,9% durante el mismo periodo. Esta aparente contradicción se explica porque la ratio no solo depende de cuánto debe el Estado, sino también del tamaño de la economía. Como el PIB crece a un ritmo superior al de la deuda, su peso relativo disminuye; no obstante, en euros contantes y sonantes sigue marcando cifras récord.

Los intereses de la deuda pasarán de 40.000 a 60.000 millones en 2030

A la elevada deuda acumulada se suma otro factor clave para medir la solvencia de España: el coste de financiarla. Es decir, el interés que exigen los inversores para prestar dinero al Estado a través de los bonos. Pues bien, BBVA Research prevé que el tipo de interés de la deuda pública española a diez años se sitúe en el 3,57% de media en 2026 y aumente hasta el 3,89% en 2027. De cumplirse estas previsiones, se registrarían los promedios anuales más elevados desde 2013.

José Manuel Corrales, profesor de Economía y Empresa de la Universidad Europea, explica que "los tipos de interés y las condiciones de refinanciación importan especialmente porque una parte de la deuda debe renovarse progresivamente". Y es que un mayor coste supone un mayor impacto sobre las cuentas públicas. En este sentido, Funcas calcula que España destinará unos 60.000 millones de euros al pago de intereses en 2030, 20.000 millones adicionales en apenas cuatro años frente a los alrededor de 40.000 millones actuales.

No obstante, Corrales matiza que esto no significa que España se encuentre ante "una crisis de solvencia inmediata". La cuestión de la que advierte el FMI es que es "necesario reconstruir colchones fiscales para afrontar riesgos futuros", ya que "una deuda elevada hace que el Estado sea más vulnerable a una subida de los tipos de interés, a una desaceleración económica o a una crisis que obligue a incrementar el gasto".