El voto de 160.000 españoles en las próximas elecciones generales sigue en el aire; y, en concreto, en el tejado del Tribunal Supremo que había ratificado su suspensión el 12 de octubre pasado y a donde lo ha devuelto este miércoles el Tribunal Constitucional al rechazar de plano el recurso de amparo del Defensor del Pueblo contra esa suspensión cautelar del sufragio. El pleno del tribunal de garantías, por diez votos a dos, ha inadmitido el recurso del Defensor del Pueblo que pedía restablecer el derecho al voto de los 160.000 nacionalizados a quienes el Tribunal Supremo se lo había retirado el día de la Hispanidad.

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Una mayoría de los doce magistrados que componen el Tribunal Constitucional defenderá este miércoles que se inadmita el recurso de amparo presentado por el Defensor del Pueblo, según fuentes del órgano de garantías. El recurso pedía restablecer el derecho al voto de más de 160.000 españoles, nacionalizados en virtud de la ley de nietos, que viven en el extranjero y a quien el Tribunal Supremo ha retirado cautelarmente el sufragio a poco más de un mes de las próximas elecciones generales. La mayoría del Pleno, sin reflejar esta vez la división de referencia entre progresistas y conservadores, considera que como el Supremo abrió un plazo de alegaciones para los afectados —vigente hasta el viernes, 23 de octubre—, el recurso del Defensor es prematuro y no cumple con el requisito de subsidiariedad del amparo: esto es, que se haya agotado la vía de la justicia ordinaria.

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El Tribunal Constitucional empieza a aplicar su doctrina a favor de amnistiar el delito de malversación a los últimos seis líderes independentistas aún procesados o condenados por ese delito. El Pleno delibera este martes sobre el recurso del exportavoz de la Generalitat Jordi Turull, condenado a 12 años de inhabilitación absoluta en 2019, y previsiblemente la mayoría progresista, tal y como ya ocurrió el pasado 6 de octubre con el recurso de la exconsejera Dolors Bassa, aprobará el perdón legal a Turull. El ponente de la sentencia de Turull será, como en el caso de Bassa, el presidente del tribunal, Cándido Conde-Pumpido, que asumió la ponencia tras la renuncia del magistrado José María Macías en el pleno anterior.

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