Sergio Ramos empieza a recoger los frutos de la apuesta inmobiliaria en la que se aventuró hace quince años con la compra de suelo en el nuevo barrio madrileño de Los Berrocales. La sociedad en la que participa junto a la cadena de supermercados Eroski, Desarrollos Inmobiliarios Los Berrocales (DILB), catapultó sus ingresos del último ejercicio hasta los 13,1 millones de euros, seis veces más que un año atrás, cuando empezó a registrar ingresos gracias al avance urbanístico de uno de los grandes desarrollos urbanísticos del sureste de Madrid.

La evolución de DILB está estrechamente ligada a la de este área situado junto a la A-3 y la M-45 y concebido para albergar alrededor de 22.000 viviendas. La reparcelación consumada en 2023 y la inscripción registral de los solares formalizada meses después han permitido avanzar desde la planificación urbanística hacia una fase en la que los propietarios pueden desarrollar, comercializar o transmitir parcelas. En este contexto, como adelantó entonces Cinco Días, la sociedad traspasó terrenos a la junta de compensación - el órgano gestor que agrupa a los dueños de los suelos- por unos 2,1 millones para reinvertirlos en la urbanización del futuro barrio.

Según apuntan a este periódico fuentes conocedoras, las ventas que esta sociedad registra en el último ejercicio, que finalizó en enero, no se corresponden con traspasos a la junta, sino a operaciones privadas. Gracias a la desinversión de estas parcelas, la compañía cosechó ganancias de 4,1 millones de euros frente a los 281.000 euros anotados un año atrás. Así lo recoge el balance depositado recientemente en el Registro Mercantil, donde también consta que el valor de sus terrenos restantes quedó situado en 8,7 millones, unos seis millones menos que un año atrás, pese a revalorizarse sus solares en torno a 3,3 millones.

Lo cierto es que los propietarios de suelo en Los Berrocales han tardado años en sacar partido a sus terrenos. La crisis del ladrillo, los atascos en los trámites urbanísticos y los pleitos que paralizaron este desarrollo urbanístico fueron aplazando una y otra vez la rentabilidad de la inversión. En el caso de DILB, el fondo Blackstone se quedó con parte de sus terrenos en 2020 para cancelar una deuda hipotecaria heredada del Banco Popular y previamente del Banco Pastor. A lo largo de esta etapa, la sociedad llegó a sumar pérdidas de 19,1 millones en 2019 que obligaron a sus socios a maniobrar con una inyección de capital.

Tras esa operación, Eroski, a través de Cecosa Hipermercados, reforzó su posición hasta hacerse con el control del 60% de DILB, mientras que el excapitán del Real Madrid, quedó como segundo accionista con un 39,2% y su padre, José María Ramos, como minoritario. Ahora, según recoge la memoria, la compañía aprovechó el impulso de los ingresos para aliviar parte de la deuda que mantiene con sus accionistas con la amortización de unos 7,8 millones durante el último ejercicio.

Los Berrocales forma parte de la gran operación urbanística del sureste de Madrid, junto con Los Ahijones, Los Cerros, Valdecarros y El Cañaveral, que en conjunto prevé decenas de miles de viviendas. De todos ellos, es hoy uno de los grandes focos de la nueva oferta residencial de la capital. Según un estudio de Foro Consultores Inmobiliarios publicado en febrero, concentra más de la mitad de las 1.136 viviendas de obra nueva en venta en estos desarrollos, una cifra un 39,4% superior a la de un año antes. Los precios, por su parte, han seguido la misma tendencia. La vivienda libre de obra nueva alcanzó en enero de 2026 los 4.061 euros por metro cuadrado, un 11,2% más que doce meses atrás, lo que equivale a unos 390.000 euros por vivienda. Aun así, sigue por debajo de El Cañaveral, donde el precio medio rondaba, a cierre de dicho informe, los 427.000 euros.

El mayor fondo de infraestructuras de España, Asterion, ha lanzado una oferta por la totalidad de Mobico, el grupo británico que controla Alsa. Para ello, la gestora madrileña se ha aliado con el principal accionista de la compañía, la familia Cosmen, para formular una oferta de carácter no vinculante que ofrece 46 peniques por acción del grupo y valora el grupo de transporte en 283 millones de libras esterlinas (338 millones de euros al cambio).

La propuesta se ha articulado a través de Autobuses de León (AdL), una sociedad instrumental en la que se reparten el capital la familia Cosmen, a través de su holding CMC Group, y Asterion, mediante su tercer fondo de infraestructuras, Asterion Infra Fund III. Su propuesta supone una prima del 59% respecto al precio de 29 peniques con el que abrió la sesión bursátil. Poco después del anuncio, la cotización se disparaba cerca de un 35%, hasta los 40 peniques, aún por debajo del precio ofertado.

Según ha comunicado Mobico, sus consejeros independientes han estudiado la oferta con sus asesores y creen que el precio justificaría recomendarla a los accionistas, siempre que los interesados anuncien formalmente su intención de presentar una oferta en firme y se pacten las condiciones finales. Para avanzar en ese sentido, han permitido a AdL revisar las cuentas de la compañía mediante una due diligence. La normativa británica marca como fecha límite el 18 de noviembre, plazo que el regulador podría ampliar si las partes lo solicitan.

Dos décadas después de la venta de Alsa

La relación entre ambas compañías se remonta a 2005, cuando los Cosmen vendieron Alsa a National Express a cambio de un paquete de acciones que han ido ampliando de forma progresiva. En 2023 la matriz adoptó el nombre de Mobico, aunque la marca National Express sigue vigente para los autocares británicos. Con los años, la compañía española se ha convertido en el pilar del grupo, sobre todo después de que Mobico sufriera dificultades en sus negocios de Estados Unidos y Alemania. La situación llegó hasta el punto de que este año la dirección encomendó a Alsa la gestión de sus autobuses en el Reino Unido, con el objetivo de frenar el deterioro de su rendimiento operativo en ese mercado.

La evolución de Alsa contrasta con la de su matriz, ya que encadena récords de facturación en los últimos años. Su crecimiento se apoya sobre todo en el mercado español, donde las políticas públicas, como los viajes gratuitos o los descuentos subvencionados, han disparado la demanda. Además, la empresa ha ampliado su presencia internacional y opera ya en países como Marruecos, Portugal, Suiza, Arabia Saudí y Baréin. Por otra parte, la familia Cosmen colabora con la empresa ferroviaria estatal italiana, Trenitalia, para explotar los trenes que unen Francia y Reino Unido a través del Eurotúnel, bajo el Canal de la Mancha.

Iberdrola cerró los nueve primeros meses de 2026 con un beneficio neto reportado de 5.816 millones de euros, un 10% más que en el mismo periodo del año anterior. Según ha notificado este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la compañía atribuye estos resultados al crecimiento de su negocio de redes, que se ha consolidado como el principal motor del grupo. Las cifras, no obstante, incluyen la plusvalía neta de 953 millones obtenida por la venta del negocio de México a Cox y 278 millones en deducciones fiscales en el Reino Unido. En el mismo periodo, los ingresos del grupo aumentaron un 8%, hasta 34.405 millones.

La eléctrica que preside Ignacio Galán aprovechó este impulso para seguir acelerando su inversión en redes, que creció un 28%, hasta 6.277 millones de euros, y supone ya el 62% de los 10.087 millones que el grupo ha invertido en total, un 13% más que hace un año. El dinero se concentra en tres países: más del 90% de la inversión en redes se destina al Reino Unido, Estados Unidos y Brasil, y a España le corresponde cerca del 8%. Como resultado, el valor de las redes sobre las que la compañía cobra una retribución regulada, lo que se conoce como base de activos regulados, creció un 14%, hasta 56.000 millones.

Con estos resultados, la compañía mejora su previsión para el conjunto de 2026 y espera ahora un crecimiento del beneficio neto ajustado superior al 10%. Iberdrola ha avanzado además que su objetivo es lograr un crecimiento medio anual del 10% en el beneficio neto ajustado durante los próximos cinco años, y que presentará los detalles en su Capital Markets Day de marzo de 2027. De cara al accionista, la compañía ha acordado subir un 8,7% el dividendo a cuenta, hasta 0,275 euros por acción, a los que se sumará el dividendo complementario que se apruebe en la Junta General de Accionistas de 2027.

En el plano operativo, su negocio de generación y clientes invirtió 3.600 millones, de los que 3.257 millones fueron a renovables, sobre todo eólica terrestre y marina, y más del 80% en Estados Unidos, Reino Unido, Europa continental y Australia. En ese negocio, el Ebitda -el resultado bruto de explotación- fue de 5.359 millones, un 2% menos, por los mayores costes de aprovisionamiento, aunque la compañía señala que las nuevas ventas ya reflejan precios más altos.

El valor de sus redes será de 90.000 millones en 2030

En sus perspectivas, Iberdrola anticipa que la evolución positiva del tercer trimestre continuará en el cuarto, con una base de activos regulados que alcanzará los 58.000 millones de euros al cierre del ejercicio, un 15% más, incrementos de tarifas en distribución, mayor contribución del transporte en el Reino Unido, Estados Unidos y Brasil, y 1.500 MW adicionales previstos para el cuarto trimestre, que se suman a los más de 3.300 MW instalados en los últimos doce meses. A más largo plazo, el grupo prevé que la base de activos regulados aumente un 60%, hasta superar los 90.000 millones de euros en 2030, con cerca del 65% en Estados Unidos y el Reino Unido.

El Ministerio de Defensa británico puso en marcha este verano el esperado concurso para renovar la histórica flota de todoterrenos de la British Army. Con un primer encargo de 3.000 vehículos de movilidad ligera, que puede llegar a triplicarse, el contrato ha atraído un importante interés de la industria, dando fruto a sucesivas alianzas entre fabricantes de defensa y de automoción. En concreto, según los pliegos, llegaron a presentarse hasta 14 proveedores, de los cuales el ministerio ha preseleccionado a siete candidaturas.

En toda una carrera de gigantes industriales destaca la aparición de Iturri -grupo familiar sevillano especializado en equipamiento y vehículos para seguridad, emergencias y defensa-, que se ha postulado al programa británico con una candidatura sustentada por una fuerte producción local. La compañía que dirige Juan Iturri ha vuelto a apostar por una alianza con el grupo Stellantis, cuya filial británica aportará la ingeniería y la fabricación automotriz en un consorcio también participado por los proveedores locales TVS y Sonovision.

Su candidatura forma parte de un elenco de alianzas de peso como la que forman las estadounidenses GDELS y Ford o las alemanas Rheinmetall y Mercedes. A ellas se suman las británicas Babcock y NP Aerospace, que concurren con Toyota y General Motors, respectivamente, y Jaguar Land Rover e Ineos, que lo hacen por separado. No han tenido oportunidad de participar los proveedores chinos, que han quedado fuera por primera vez de forma explícita, en aplicación de la ley británica de contratación pública de 2023, que permite excluir ofertas de empresas de países que no estén sujetos a determinados acuerdos comerciales.

El acuerdo abarcará la entrega desde camiones de patrulla y logística hasta vehículos de reconocimiento, con el objetivo de dar relevo a la flota compuesta principalmente por Land Rover. Su valor estimado oscila desde los 900 millones de libras (1.070 millones de euros al cambio actual) para un primer pedido de 3.000 unidades hasta los 2.500 millones de libras (2.980 millones de euros) si el volumen del encargo se amplía hasta los 9.500 vehículos. El contrato abarcará el suministro de vehículos, la formación y las soluciones de soporte para la flota, así como la posibilidad de prorrogar el contrato hasta 11 años más allá del plazo inicial de nueve años.

Las credenciales de Iturri

La candidatura de la compañía sevillana está respaldada por un amplio bagaje como proveedor del Ejercito británico. Iturri presta servicios de defensa y emergencias al Reino Unido desde 1998 y se ha consolidado como proveedor de vehículos especializados y sistemas de misión para organizaciones de defensa, seguridad y protección civil de todo el mundo. En la actualidad desarrolla y respalda programas de vehículos complejos para clientes gubernamentales y de defensa en Europa, Oriente Medio y América, además de otros mercados internacionales, con plataformas de movilidad táctica y soluciones de apoyo para la OTAN y sus países socios.

En España, Iturri ha sumado esta semana un nuevo contrato del Ministerio de Defensa con la adjudicación del suministro de 61 vehículos todoterreno tácticos por 4,57 millones de euros, sin impuestos. Con él, el grupo suma tres contratos consecutivos con Defensa, por casi 25 millones, para suministrar 333 todoterrenos Landtrek al Ejército de Tierra. Todos nacen del programa de 4.500 vehículos que Defensa le adjudicó a Iturri en 2024, con un importe anunciado de 217,7 millones. El plan contempla un periodo inicial de cuatro años, ampliable a otros dos, para sustituir de forma progresiva los Santana Aníbal que utiliza el Ejército.

Enagás acude a su cita con el mercado con un beneficio después de impuestos de 204 millones de euros en los primeros nueve meses del ejercicio. La cifra incluye el empujón contable de la venta del 40% de su filial de gases renovables pero se sitúa un 22% por debajo de la registrada hace un año cuando registró las plusvalías de las ventas de Soto la Marina y de Sercomgas y la plusvalía contable neta de Gasoducto Sur Peruano (GSP). Sin contar la desinversión en su filial, el beneficio se queda en 195,8 millones, una cantidad con la que la compañía asegura estar bien encaminada para alcanzar los 235 millones que se ha marcado como meta para el conjunto de 2026.

Con más detalle, según ha informado este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el beneficio bruto de explotación fue de 491,5 millones, y la gasista sostiene que avanza al ritmo adecuado para llegar a los 620 millones previstos a final de año. Estas cifras, no obstante, están condicionadas por el periodo regulatorio que ahora termina y que le ha recortado los ingresos un 2% respecto a un año antes hasta los 696,7 millones, y ha reducido su Ebitda -el resultado bruto de explotación- un 2,9% hasta los 505,9 millones.

En este escenario, la gasista ha compensado su balance con la aportación al Ebitda de nuevos negocios con partidas pequeñas como los 5,4 millones más gracias al buque 'Alisios LNG', una instalación flotante que recibe gas natural licuado, y otros 5,9 millones por haber integrado en sus cuentas a Axent, una compañía de fibra óptica. El grueso del alivio ha llegado de sociedades en las que Enagás participa sin controlarlas, que aportaron 145,8 millones al beneficio bruto, un 23,9% más que en el mismo periodo de 2025, un salto que se explica sobre todo por la ampliación del gasoducto TAP, la gran arteria que lleva gas desde el Cáucaso hasta Italia, y por la compra del 31,5% del operador francés Teréga, cerrada el 30 de julio.

Esa compra es, probablemente, el movimiento más llamativo del trimestre. Enagás pagó 573 millones de euros al fondo GIC por su parte en Teréga, una operación que defiende como una forma de reforzar la seguridad del suministro y de avanzar en la descarbonización de ambos países, aunque manteniendo, subraya, la independencia de los dos operadores. Casi a la vez, el 21 de julio, anunció un acuerdo para quedarse con el 20% que Osaka Gas tiene en la planta de regasificación de Saggas, en Sagunto, por 31 millones, a la espera de recibir las autorizaciones correspondientes, previsiblemente, este año.

El futuro inmediato del negocio se ha despejado en septiembre, con la entrada en vigor de las circulares definitivas con las que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) fija cómo se retribuirá el transporte y la regasificación de gas entre 2027 y 2032, así como la rentabilidad que podrán obtener las compañías. El nuevo marco supondrá, según la empresa, un ahorro del 10% para el sistema gasista frente al periodo que concluye, lo que en la práctica significa unos costes algo menores para el conjunto del sector.

El Tribunal Supremo vuelve a tumbar las cuentas del Gobierno sobre la indemnización por el rescate de las autopistas R-3 y R-5 de Madrid y le exige que cierre, sin más demora, la responsabilidad patrimonial definitiva por la resolución anticipada de la concesión. En una sentencia fechada el 6 de octubre, la Sala de lo Contencioso-Administrativo estima parcialmente el recurso de varios fondos de titulización y entidades financieras acreedoras y deja sin efecto las liquidaciones aprobadas por el Consejo de Ministros en diciembre de 2021 y diciembre de 2023. No determina, sin embargo, una cifra ni ordena pagar cantidad alguna, y rechaza el resto de las peticiones de los recurrentes, que reclamaban más de 918 millones de euros.

El fallo llega después de otros dos varapalos judiciales al cálculo del Ejecutivo. En enero, el Supremo estimó parcialmente el recurso de Accesos de Madrid, la empresa concesionaria de las autopistas, contra la liquidación complementaria de 2023. En junio hizo lo mismo con el recurso de la constructora Sacyr, que también había impugnado ese cálculo. Ahora, al resolver la demanda de los acreedores, el tribunal vuelve a anular la liquidación complementaria y deja sin efecto, además, la primera, aprobada en 2021.

El pronunciamiento se enmarca en el largo contencioso derivado del colapso de las autopistas radiales de Madrid, uno de los episodios más complejos del modelo concesional español. El origen se remonta a la concesión adjudicada en 1999 para construir, conservar y explotar las R-3, entre Madrid y Arganda del Rey, y R-5, entre Madrid y Navalcarnero, además de un tramo de la M-50. La explotación comenzó en 2004 y el contrato tenía una duración prevista de 50 años. Sin embargo, el desplome del tráfico tras la crisis económica de 2008 hizo inviable el proyecto, lo que condujo a la insolvencia de la concesionaria y a la apertura de la fase de liquidación del concurso de acreedores en noviembre de 2017.

Desde entonces, el Gobierno intenta calcular cuánto debe reconocer por la terminación anticipada de la concesión. Es lo que se conoce como responsabilidad patrimonial de la Administración (RPA), la cantidad que corresponde reconocer por las inversiones cuando la concesión termina antes de tiempo. El Gobierno aprobó una primera liquidación en diciembre de 2021 y una complementaria dos años después, tras las correcciones exigidas por sentencias anteriores. Esta última resolución contemplaba un pago a cuenta de unos 450 millones de euros a Accesos de Madrid y la retención provisional de otros 92 millones.

Esa cadena de liquidaciones es la que han combatido los fondos de titulización y entidades financieras que adquirieron la deuda vinculada a la concesión. La Abogacía del Estado cuestionó su legitimación, pero el Supremo la rechaza al entender que, como acreedores afectados por el rescate de las autopistas, tienen derecho a cuestionar cómo se ha calculado la compensación.

Urge al Ejecutivo cerrar la indemnización

Resuelta esa cuestión, el tribunal insiste en que el Gobierno deje de encadenar cálculos provisionales, subrayando que el Consejo de Ministros, "siguiendo su propio esquema cronológico", no dictó una liquidación definitiva sino la complementaria, y lo hizo antes de la sentencia de 2025. El tribunal no acepta, en cambio, la petición de declarar inactiva a la Administración por la vía utilizada por los demandantes. Aunque reconoce que los plazos previstos para las actuaciones previas se han superado ampliamente, considera que eso no permite estimar esa reclamación concreta.