Pos Lanai, un asentamiento indígena en el Estado malasio de Pahang, parece ajeno al mundo moderno. La única forma de llegar es en barco, remontando el río Telom entre paredes de selva tropical y aguas turbias. Durante casi una hora, el ruido del motor acompaña el trayecto. Luego, la embarcación reduce la velocidad frente a unas casas de madera construidas justo sobre la orilla del río. La aldea es el hogar de los semai, uno de los principales grupos de los Orang Asli, los pueblos indígenas de Malasia peninsular. Pero este es, también, un territorio en disputa. Bajo el suelo del Estado de Pahang se encuentra una de las mayores reservas de tierras raras de este país del Sudeste Asiático. Desde 2021, los semai luchan porque el Estado les reconozca la posesión de estas tierras y les consulte cuando se presenten proyectos mineros. Ahora, una nueva amenaza se cierne sobre el territorio: el Gobierno de Malasia ha firmado acuerdos de cooperación en materia de minerales críticos con países como Estados Unidos y Japón.
Pos Lanai se encuentra dentro de la Reserva Forestal de Ulu Jelai, conectada a la Espina Dorsal Forestal Central, el vasto corredor ecológico que se extiende a lo largo de Malasia peninsular. Se trata de uno de los ecosistemas más importantes del país, hogar de numerosas especies animales, entre ellas los elefantes asiáticos y el tigre malayo, en peligro crítico de extinción. Yunus bin Sebel, de 57 años, el jefe de la aldea, habla despacio, sin apartar nunca la mirada del Telom. “No estamos acostumbrados a vivir en ningún otro sitio”, dice el hombre que aparece en esta fotografía. “Nuestro sustento proviene del río, la agricultura y el bosque. Si perdiéramos esta tierra, también perderíamos los cimientos de nuestras vidas”. Para los semai, esta tierra es donde vivieron sus antepasados. Aquí aprenden a cazar, pescar, cultivar y recolectar productos del bosque.
Bajo este bosque hay yacimientos de tierras raras. Se calcula que Malasia alberga hasta 16 millones de toneladas de estos elementos esenciales para la fabricación de imanes para vehículos eléctricos, aerogeneradores, semiconductores y numerosas tecnologías militares. En 2021, los habitantes del pueblo descubrieron que más de 660 hectáreas de bosque situadas aguas arriba del Telom habían sido destinadas a un proyecto de extracción de tierras raras. Según la comunidad, el emplazamiento propuesto se superpone a parte de su territorio ancestral e incluye las cabeceras de las que depende el río. Por este motivo, llevaron el caso ante el Tribunal Superior de Temerloh, solicitando el reconocimiento oficial de sus tierras y que no se autorizaran nuevas concesiones sin consultarles previamente. El caso está a la espera de sentencia.
“Si este proyecto sigue adelante, el impacto será enorme”, afirma Jeffrey bin Hassan, de 39 años, presidente del Grupo de Trabajo de Pos Lanai para la Protección de las Tierras Consuetudinarias. “Puede que presenten estudios en los que se afirme que la calidad del agua seguirá siendo buena, pero las consecuencias a largo plazo para el río y el medio ambiente serían inevitables”, agrega el hombre, que aparece en esta fotografía. En 2021, el Departamento de Medio Ambiente de Malasia rechazó los términos de referencia para la evaluación de impacto ambiental. Esto impidió que el proyecto siguiera adelante, pero no revocó la autorización concedida por el Gobierno del estado de Pahang en 2019. El proyecto, en la práctica, ha quedado en suspenso.
Bin Hassan abre una carpeta gastada llena de mapas. Uno a uno, los extiende por el suelo de una pequeña cabaña del pueblo, trazando las líneas con el dedo. Algunos muestran coordenadas GPS, mientras que otros están cubiertos de notas escritas a mano. Son el resultado de semanas de caminatas por el bosque junto a otros miembros de la comunidad. “Para documentar nuestro territorio, nos dividimos en dos grupos”, explica. “Cada uno de nosotros llevaba un dispositivo GPS. Cruzamos arroyos, subimos colinas y seguimos los límites que nos habían mostrado los ancianos”. “Mi bisabuela señalaba una colina y decía que pertenecía a nuestra aldea. La siguiente, decía, pertenecía a otra comunidad. Seguimos esas historias y las convertimos en un mapa para presentarlo ante los jueces. Así es como demostramos que llevamos siglos viviendo aquí”. Esos mapas se encuentran ahora entre las principales pruebas presentadas ante el Tribunal Superior de Temerloh.
Para la comunidad es urgente obtener el reconocimiento de sus tierras. Desde hace años, Estados Unidos ha intentado reducir su dependencia de China, que controla gran parte de la cadena de suministro mundial, y ahora busca en Malasia nuevas fuentes de tierras raras. Según la Agencia Internacional de la Energía, en 2024 China representaba el 60% de la producción mundial extraída de tierras raras magnéticas, el 91% de la producción refinada. En octubre de 2025, Washington y Kuala Lumpur firmaron el Acuerdo de Comercio Recíproco (ART), que también incluye la cooperación en materia de minerales críticos y elementos de tierras raras, con el objetivo de desarrollar nuevas cadenas de suministro como alternativa a las controladas por Pekín. Este agosto, además, el viceministro de Recursos Naturales y Sostenibilidad Ambiental, Syed Ibrahim Syed Noh, ha reconocido que que el Gobierno estaba considerando permitir determinadas exportaciones de tierras raras sin procesar, levantando una prohibición vigente desde 2024.
“Nuestro temor”, afirma Sivarajan Arumugam, miembro del Parti Sosialis Malaysia y activista del movimiento Save Pos Lanai, “es que la creciente demanda internacional acelere la concesión de licencias mineras. Las comunidades indígenas nunca han participado en el proceso de toma de decisiones. Solo se enteraron de ello a través de los periódicos”. “El proyecto implica el uso de una técnica conocida como lixiviación in situ, que consiste en inyectar soluciones químicas en el suelo para separar los elementos de tierras raras de los minerales circundantes”, añade Sivarajan. La contaminación, asegura, llegaría al sistema hídrico del que depende toda la comunidad. “El río, los peces, las tierras de cultivo y el bosque se verían afectados. Todo su modo de vida quedaría destruido”.
No es la primera vez que Pos Lanai ha tenido que defender su territorio. Tras años de protestas y acciones legales, en octubre de 2018 el Gobierno malasio canceló el proyecto de la presa de Telom, que habría inundado el pueblo y unas 7.600 hectáreas de bosque. “Pensábamos que esa sería la batalla más dura. Pero luego llegó la noticia sobre esta mina”, afirma Arumugam.
Mustafar bin Atok, de 57 años, está sentado a la sombra de su porche mientras el Telom fluye a solo unos metros más abajo. De vez en cuando interrumpe su relato para señalar hacia el río. “Cuando era joven, bastaba con lanzar una red para pescar un montón de peces”, dice. “Ahora, muchas especies se han vuelto difíciles de encontrar”. Atribuye parte de estos cambios a las numerosas presas construidas a lo largo de los años en las Tierras Altas de Cameron, aguas arriba de la cuenca del río.
El atardecer cae lentamente sobre el Telom. Los niños siguen zambulléndose en el agua, ajenos a las vistas judiciales, a las licencias mineras y a los acuerdos comerciales firmados lejos de allí. Para los habitantes de Pos Lanai, el tiempo parece medirse ahora por la espera de una decisión del Tribunal Superior de Temerloh, una decisión que podría determinar el futuro de su modo de vida.
El caballito de mar de hocico largo (Hippocampus guttulatus), icono del Mar Menor, ha sido incluido en la categoría de “vulnerable” del Catálogo Español de Especies Amenazadas, tras la entrada en vigor de una orden ministerial publicada este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Los efectos del calor intenso del pasado verano propiciaron que España alcanzara durante este 2026 los niveles más altos de ozono (O3) en el aire desde el año 2010, periodo en el que entraron en vigor los actuales límites legales (180 µg/m³).
Tras el verano más cálido del último siglo y medio, con hasta cuatro olas de calor, las superaciones del objetivo legal de ozono en el aire durante 2026 han aumentado un 25% en el conjunto de España con respecto al periodo 2019-2024, afectando a casi 9 millones de personas (el 17% de la población), según el último informe anual de Ecologistas en Acción.
Los resultados, recogidos entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de este año, provienen de los datos registrados en un total de 490 estaciones fijas de medición repartidas por las 131 zonas en las que se divide el territorio español.
Estos datos, basados en los niveles legales adoptados por el Estado (unos niveles "obsoletos", según la organización), se vuelven aún más preocupantes si se tiene en cuenta el valor recomendado por la Unión Europea (UE) para 2030: 120 µg/m³.
Con estos niveles como referencia, el aire contaminado por ozono habría afectado a 17 millones de personas en España (el 34 % de la población).
Por último, si se tomara el objetivo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), "más estricto y acorde con una adecuada protección de la salud", este contaminante habría afectado al 99 % de la población.
Ecologistas en Acción detalla que la "situación meteorológica extrema" ha sido la principal causante de estos altos niveles de acumulación. Un periodo primaveral muy cálido, lluvias invernales y el verano más tórrido desde hace un siglo y medio, con hasta cuatro "prolongadas e intensas" olas de calor y una avalancha de incendios forestales entre julio y agosto.
Las ciudades más contaminadas
Los niveles legales marcados por el Estado se superaron hasta en 33 zonas de 8 comunidades autónomas (Andalucía, Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid).
Paralelamente, fueron 53 las zonas en 10 comunidades (las anteriores más Aragón y Región de Murcia) las que incumplieron el nuevo objetivo legal de la Unión Europea para 2030.
Cataluña y Comunidad de Madrid fueron, según los datos aportados por el informe, las comunidades más afectadas por la contaminación por ozono en el presente año.
Cataluña en su conjunto registró hasta 124 superaciones del umbral, mientras que la Comunidad de Madrid volvió a batir su récord histórico de este contaminante, especialmente en la capital, con la mitad de sus estaciones de medición duplicando el vigente valor objetivo.
10.000 muertes al año
Ecologistas en Acción ha enfatizado que la contaminación por ozono debe abordarse como "un problema sanitario de primer orden" que, según la Agencia Europea de Medioambiente (AEMA), causa cada año hasta 10.000 muertes en el Estado español.
La organización ha denunciado además que la información a la ciudadanía por parte de las administraciones no es "ni adecuada ni ajustada a la gravedad del problema".
Por ello, han reclamado al Gobierno la "urgente" aprobación del Plan Nacional de Ozono, "tras seis años de elaboración", y la transposición de la Directiva europea de calidad del aire antes del vencimiento del plazo legal para ello, el 11 de diciembre.
Nube, un perro mestizo de tamaño mediano, de cabeza blanca y cuerpo atigrado, lleva la mitad de su vida en una protectora en Las Rozas (Madrid). Fue rescatado hace dos años, cuando el animal, considerado como potencialmente peligroso, fue encontrado encerrado en un piso pequeño, atado al pomo de una puerta y con un bozal de nailon roto. No tenía agua para soportar los cuarenta grados de temperatura y acababa de morder a su dueña. Hoy, sus cuidadoras lo describen como “bueno de carácter, enérgico y muy manso con las personas”. Aún así, nadie pregunta por él.
"Por cada dólar invertido en proteger la naturaleza, todavía se gastan 30 dólares en destruirla", dijo Inger Andersen, directora ejecutiva del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
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