Julio Martínez Martínez, el empresario amigo personal del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, envió un escrito al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama el pasado 20 de julio en el que se mostraba dispuesto a colaborar en la causa en la que se indaga en si el expresidente del Gobierno lideró una trama de influencias que maniobró para que, entre otros asuntos, la aerolínea Plus Ultra se hiciera con un rescate público de más de 50 millones. Un día después de que al juez le llegara ese escrito, Martínez Martínez declaró ante él y, ahora cuando se cumplen tres meses de ese capítulo, la transcripción de lo que dijo ante el juez ha sido puesto a disposición de las partes.

A lo largo de las 35 páginas lo que queda claro es que al magistrado Calama no le convencieron para nada las explicaciones de Julio Martínez. Tanto es así que, tras preguntas y repreguntas sobre el origen de determinados cobros en sus cuentas -la mayor parte por negocios relacionados con Venezuela-, el juez le indicó en varias ocasiones que quizá lo mejor sería que enviara “un escrito ampliatorio”. La declaración de Martínez Martínez basculaba entre su defensa de la existencia de un trabajo de intermediación real y la desmemoria y falta de fluidez para aclarar el origen de pagos a empresas chinas.

“Es que no sé cómo explicarlo”, decía sobre por qué cobró 169.000 euros en 2025 de una mercantil china a la que facilitó negocios relacionados con la compra venta de minerales en Venezuela. El juez no entendía qué había hecho él para cobrar, y por eso insistía: “Hago esa gestión de que esos barcos vayan a Venezuela”. Para Calama tanta “logística” y tanta “gestión” no le valían -“son términos muy genéricos”- y volvía repreguntar intentando meter en la ecuación a Zapatero. Pero quien fuera amigo del expresidente no le mezcló en esos negocios y sostuvo que, aunque viajaron juntos en siete u ocho ocasiones a ese país, fue para asuntos distintos y con agendas separadas. “Perdón, el señor Zapatero aquí no hace nada”, le dijo al juez.

Dado que al juez no le valían las explicaciones, llegó a interpelarle: “Mire, se lo voy a decir más claro, si quiere me contesta y, si no, no me contesta, pero no me gusta que me hagan la rueda de hámster”. Julio Martínez trató de subirse al carro del interrogatorio pero no terminaba de entrar porque sus respuestas eran vagas y poco precisas. En un momento dado, confirma que él facilitaba gestiones contactando con autoridades venezolanas, pero no daba nombres porque no se acordaba. Y eso a Calama le molestó: “No estamos hablando de las guerras púnicas, estamos hablando de octubre de 2025”. Finalmente, Julio Martínez dio un nombre: “Vamos a ver, mi relación fundamental en Venezuela es con la vicepresidenta Delcy Rodríguez”.

Lo que, a juicio del juez, eran respuestas poco claras se extendieron al tema clave de la causa, el rescate millonario de Plus Ultra y el papel que pudieron jugar Zapatero y él para facilitarlo. “Hablan a veces de acompañamiento y cosas así curiosas, pero si la empresa -Plus Ultra- cumplía los requisitos de la orden ministerial que se dictó, tampoco necesitaban, no les necesitaban a ustedes en principio salvo que lo que hicieran ustedes eran gestiones con la SEPI o con otro tipo de funcionarios o autoridad”, llegó a indicarle el magistrado tratando de arrojar luz sobre qué pudo hacer el expresidente en favor de la aerolínea.

Martínez Martínez una vez más sabía que su respuesta no iba a gustar al juez -“lo que le voy a decir no le va a gustar a usted, señoría”- pero aun así explicó que ellos vieron que esa empresa estaba “loca por financiación” y que la compañía se encargó de todas las labores administrativas. Plus Ultra le informaba de los pasos y él a su vez le transmitía a Zapatero: “Yo, obviamente, en mi regularidad informo al presidente Zapatero de lo que ellos están haciendo... Es que no sé cómo explicarlo”.

“No me creo” el trabajo de las hijas, dijo el juez

Calama volvía a la carga indicándole que ellos recibieron “un pastón de Plus Ultra” -la investigación sostiene que cobraron el 1 por ciento del rescate, 530.000 euros- y entendía que no lo harían “por nada”. Acto seguido le soltó a la cara la tesis acusatoria, y es que la aerolínea compraba los contactos de Zapatero con las autoridades y los funcionarios de la SEPI y quizá con alguien de “más arriba”. “Luego se viste el santo en esa serie de informes no sé si simulados o de escasísimo valor (...) para pagar el tráfico de influencias”, añadió. A esto, Julio Martínez respondió la frase clave de su declaración: “Lo que hace el presidente Zapatero, yo lo desconozco”.

Por otro lado, sobre los pagos a la empresa de las hijas de Zapatero desde su mercantil Análisis Relevante -más de 200.000 euros-, Julio Martínez defendió que ambas hicieron al principio un buen trabajo. “Nosotros firmamos un contrato de iguala de alrededor de 3.000 euros al mes y, al principio, de verdad creo que debo de ser honesto, la verdad, trabajan muy bien”, dijo, para añadir que hicieron labores de seguimiento de informes, organización de webinars, etc. Pero Calama volvió a ser cortante: “Bueno, sobre este tema, que yo no me lo creo, digo abiertamente que no lo creo, haremos una investigación muy exhaustiva”.

La Agencia Tributaria, principal perjudicada en el caso en el que está imputado Víctor de Aldama por un fraude millonario del IVA en el sector de los hidrocarburos, no quiere que el empresario y comisionista sea quien venda sus propios vehículos de alta gama para el juzgado que le investiga. Fue en agosto cuando Aldama se dirigió al juez Santiago Pedraz para explicarle que quién mejor que él para vender en el mercado sus coches, incluido un flamante Ferrari F12 de coleccionista. Aldama no se fía de que tengan buena salida en una subasta oficial y prefería encargarse personalmente.

Sin embargo, el escrito de Hacienda al que ha tenido acceso elDiario.es indica que debe oponerse a ese ofrecimiento porque la representación legal del comisionista ha hecho una proposición “genérica y sin corroboración objetiva”: “Se plantea una venta en mercado como posibilidad más ventajosa, pero esta petición no viene acompañada de una oferta de compra concreta de los vehículos por importe superior u otros datos que permitan justificar la conveniencia de acceder a lo solicitado como medida alternativa a la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA)”.

Frente a ese ofrecimiento carente de detalle, la Agencia Tributaria explica que el Ministerio de Justicia sí ha explicado que hará una subasta electrónica a través del Portal de Subastas de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. Y añade que la defensa de Aldama no debe olvidar que al ser una subasta pública en ella puede participar cualquier persona que cumpla los requisitos y que el precio de salida no tiene por qué ser el de venta ya que depende de las pujas que se hagan.

Fue a finales de agosto cuando la ORGA informó de que procedía a organizar esa subasta pública de varios de los vehículos de Aldama porque el mantenimiento de los mismos cuesta dinero al erario público y pueden llegar a perder valor al estar aparcados durante tanto tiempo en los depósitos judiciales. El objetivo es que esa venta sirva para hacer frente a las posibles multas e indemnizaciones futuras, se busca obtener de ellos el mayor valor posible.

Tras pedir un peritaje a la tasadora Tinsa, la ORGA informó a Pedraz de que el precio de subasta del Ferrari sería de 241.613 euros. El modelo en cuestión está matriculado en 2013 y lleva sin pasar la ITV desde 2024. Además, indicaba que a ese vehículo se unían para la subasta tres todoterreno de la marca Land Rover que sumarían un valor de tasación total de 200.000 euros.

En mayo de 2025, la defensa de Aldama pidió expresamente al juez Pedraz que no autorizara esas subastas de sus vehículos al entender que con esa medida se vulneraba su presunción de inocencia. Solicitó, además, que se acordara mantener los vehículos a resguardo y en “buen estado de conservación”. Luego, en agosto de 2026 fue cuando pidió encargarse él de la venta al entender que lograría un mejor precio.

Cabe recordar que en esta causa, que gira en torno a la instrumentalización que supuestamente hicieron Aldama y su socio Claudio Rivas de la operadora Villafuel, se investiga una trama que liderarían ambos y a la que se le atribuye un fraude del IVA de 231,7 millones de euros. Varios de los Land Rover que entrarían en esa subasta eran utilizados no solo por Aldama sino también por su socio y por la esposa de este, Stella Duarte, según consta en los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

El empresario Víctor de Aldama tiene una oportunidad de oro para vender el edificio que posee en Málaga y quitarse una deuda de 3,5 millones, que fue lo que le costó comprar en su día el solar. Pero tiene un problema, esa propiedad, al igual que el resto de su patrimonio, está en manos de la Audiencia Nacional, en concreto en manos del magistrado Santiago Pedraz, que le investiga en el caso Villafuel por ser uno de los presuntos cabecillas de una trama que perpetró un fraude millonario en el IVA del sector de los hidrocarburos.

Para salvar ese obstáculo, la representación legal del comisionista ha pedido al juez que le permita enajenar, esta vez sí, ese inmueble para sufragar el importe del préstamo. Y advierte de que en caso de que no le permitan vender, hay riesgo cierto de 'okupación'. Aldama ya intentó sin éxito en 2025 poder vender esa propiedad que está a nombre de Logística Comercial Montelimar, mercantil de la que es administrador único.

El escrito de la defensa de Aldama, al que ha tenido acceso elDiario.es, señala que para poder construir ese edificio en Málaga, el comisionista firmó en agosto de 2023 un contrato de préstamo con la mercantil Invercenter USA inc. para así poder disponer de fondos para adquirir ese terreno. Adquisición a la que se había comprometido con otra de sus mercantiles, la portuguesa Atmosferaudaz Unipessoal Lda.

El objetivo de Aldama era poder sacar adelante ese proyecto inmobiliario con esas dos sociedades en UTE: Logística Comercial Montelimar y Atmosferaudaz.

Las empresas portuguesas

Según la investigación patrimonial llevada a cabo en el marco de este caso concreto, Aldama habría utilizado empresas como la mercantil Lógistica Comercial Montelimar para retornar los fondos de origen delictivo que pudo sacar previamente a Portugal. De hecho, otro informe que consta en el caso realizado por la Agencia Tributaria expone que tiene registrados dos movimientos de entrada de capital desde una cuenta portuguesa desconocida por valor de 3,5 millones de euros. Hacienda recalcaba que, a juzgar por las declaraciones tributarias de esa mercantil, su volumen de facturación no justificaba esos cobros. A los 12 días de haber recibido tal cantidad de dinero, compró por 3,52 millones ese solar en Málaga.

A pesar de estas sospechas, Aldama vuelve a la carga y explica que necesita vender ese inmueble porque la fecha prevista para la devolución de los 3,5 millones del préstamo era el 29 de febero de 2024. Lamenta que ese plazo no ha podido cumplirlo a consecuencia de la investigación abierta contra él y las medidas cautelares adoptadas contra su patrimonio.

Aldama adjunta a ese escrito tanto el contrato de compradel solar como el firmado con los posibles compradores del edificio. Defiende que en el primero “se evidencia el origen de los fondos con los que se llevó a cabo dicha operación inmobiliaria, que se encuentra completamente desvinculado de lo que conforma el objeto del presente procedimiento”.

Advierte, por otro lado, que existe “riesgo cierto de ocupación del edificio” porque ya en mayo de 2025 se tuvo que denunciar ante la policía que un grupo de personas “realizaron actuaciones tendentes a la ocupación del inmueble”. Recuerda que al respecto se incoaron diligencias en un juzgado malagueño por posibles delitos de daños y usurpación.

En este sentido, conisdera que el hecho de que haya un procedimiento abierto no impide que hechos aprecidos puedan volver a tener lugar, y considera que “la eventual ocupación causaría daños irreparables a la propiedad” e impediría la venta del edificio y la posterior devolución del préstamo.

Esta petición llega después de que en septiembre el comisionista pidiera ser él quien llevara a cabo la venta de su Ferrari F12, que también le fue incautado por el caso Villafuel, al entender que la cifra 241.000 euros por la que iba a ser subastado se quedaba corta.

El clima belicista que sobrevuela la geopolítica terrestre comienza a cristalizar en el espacio. Hace unas semanas, EE UU reconoció por primera vez que tenía armas activas “en órbita”. Y en los últimos días, Rusia también ha enseñado los dientes en el espacio al acosar al satélite Iceye-X36, un artefacto comercial de propiedad estadounidense que proporciona a Ucrania imágenes muy nítidas de los escenarios de la guerra que libra contra las tropas de Vladímir Putin. El satélite ruso Kosmos-2612 comenzó a finales de septiembre una serie de sospechosas maniobras que culminaron el pasado 18 de octubre, acercándose hasta un punto de “extrema proximidad” mientras recorrían la Tierra a 540 kilómetros de altura, poniendo en peligro la integridad del artefacto. Los especialistas en tráfico espacial consideran la persecución una maniobra de una agresividad inédita. La sombra de los sabotajes que hoy recorre Europa también llega al espacio con un claro significado geopolítico: un satélite militar ruso se ha acercado extraordinariamente a un satélite comercial estadounidense que presta apoyo militar a Ucrania.

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El juez del Tribunal Central de Instancia (la nueva denominación de la Audiencia Nacional) Antonio Piña ha enviado este martes a prisión provisional por presuntos delitos de terrorismo a los dos detenidos el pasado sábado por la Ertzaintza. Según la información policial inicial, en septiembre se les intervino información sobre las Fuerzas de Seguridad y la posible localización de un depósito de armas y explosivos. El juez Piña, en el auto de encarcelamiento, da por buena esa tesis y concreta que tenían “planos” de “zulos” (en plural) de ETA, “listados” de guardiaciviles, el “contenido íntegro” del móvil clonado de un agente de la Policía Nacional, “fotografías” de vehículos policiales, símbolos de ETA e imágenes de “entrenamientos para la perpetración de actos violentos o contra la paz pública”.

El fiscal Vicente González Mota había solicitado la prisión provisional para ambos detenidos. Es una medida extrema que se adopta si hay riesgo de fuga o un peligro real, y el magistrado ha entendido que las acusaciones son sólidas. Los dos detenidos son un hombre de 34 años y una mujer de 22, a los que se les relaciona con un grupo disidente abertzale que ya estaba siendo investigado, Jarki. Cuando se inició la operación, en septiembre, iban acompañados de un irlandés presuntamente relacionado con la disidencia del IRA.

El grupo fue detectado en un control de carretera en la GI-627, en Eskoriatza. Eran las 4.03 horas del 26 de septiembre, la víspera del Gudari Eguna. Iban en un Toyota Yaris amarillo conducido por ella, con él de copiloto y el irlandés en la parte trasera. Pesaban sobre ellos avisos de Italia y Francia por “razones de seguridad nacional”.

En el asiento del copiloto, el hombre de 34 años, al que se describe como “motor principal” de Jarki, tanto para la “captación” de militantes como para otras tareas, llevaba una mochila con “evidencias sospechosas” de un zulo y otro material, como un listado manuscrito de matrículas de vehículos. Había pendrives de Jardun, la coordinadora de la que forma parte Jarki. Se indicó a los ertzainas que venían de Navarra, de la sierra de Urbasa, la zona de los planos del zulo. La joven llevaba en el bolso dos teléfonos satelitales “que permitían enviar mensajes de texto encriptados sin cobertura de móvil ni internet”. No llevaban móviles normales, para evitar ser localizados, siempre según la versión oficial.

Entre el material recopilado y analizado 'a posteriori' han aparecido símbolos de ETA, fotografías de “entrenamientos” para la “perpetración de actos violentos” y hasta el clonado de un dispositivo de un agente de la Policía Nacional. No se explica por qué quedaron en libertad tras este control y no fueron arrestados hasta este sábado, cuando dos de ellos, los de nacionalidad española, se presentaron con un abogado en la comisaría de Irún de la Ertzaintza.

La figura y la memoria de Alfredo Pérez Rubalcaba han vuelto a concentrar este martes toda la atención en el Congreso de los Diputados, donde ejerció como parlamentario 21 años. La Mesa del Congreso aprobó hace casi un año otorgar el nombre de Pérez Rubalcaba a la tradicional sala del escritorio de prensa donde trabajan a diario los representantes de los medios de comunicación, justo al lado de la salida del hemiciclo, para homenajear la importancia de un político que falleció hace siete años. En el salón de los pasos perdidos del Congreso se ha ubicado este martes una fotografía de Rubalcaba en la tribuna de oradores y un escritorio con sus libros y los seis premios de oratoria que le concedió en su día la Asociación de Periodistas Parlamentarios. Su viuda, Pilar Goya, ha agradecido su presencia a todos los asistentes en un salón lleno. El PP solo envió a una diputada de base, Carmen Navarro, que fue hasta el final de esta legislatura secretaria cuarta de la Mesa.

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La huelga general convocada en todo el país por la crisis de la vivienda sigue generando suspicacias y el rechazo por parte de las asociaciones empresariales. Si hace unas semanas eran los empresarios de Guadalajara quienes consideraban “inadmisible” que las empresas sufrieran el coste de este paro, ahora ha sido el presidente de la patronal regional, Ángel Nicolás, quien ha calificado la huelga del 11 de noviembre como “política” y ha asegurado que el trabajador no sabe “por qué se tiene que movilizar”, hablando de una convocatoria que causa “sonrojo y carcajada”.

Nicolás, que en los últimos años se ha acostumbrado a protagonizar titulares por sus polémicas declaraciones -uno de los ejemplos más recientes fue cuando llamó “memos” a los jóvenes que piden bajas laborales por problemas de salud mental-, ha insistido en una reciente rueda de prensa que el paro general promovido por el Sindicato de Inquilinas y apoyado por sindicatos como CCOO y UGT, y asociaciones como Amnistía Internacional, es una “huelga política contra la oposición”.

El problema no es subir los salarios, y culpa a Sánchez

El presidente de la Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha (CECAM) también ha tenido palabras sobre el caso que inició toda la movilización social en España por la vivienda: el desahucio de Maricarmen. Es la “primera vez que en el Boletín Oficial del Estado se publica un decreto se dirige a una persona. Eso es un auténtico disparate”.

Los sindicatos también han sido señalados por Nicolás. Les acusa de estar “ocho años en sus casas” y critica que ahora “salgan a decir que la culpa es del empresario”, un argumento que rechaza. Niega que la culpa la tengan los empresarios porque no suben los salarios y por ello es que “la gente no puede comprar viviendas”.

“El problema no es que no hayan perdido poder adquisitivo --los trabajadores--, porque los convenios se han ido renovando y se han ido firmando”. Según su punto de vista, el problema no está en que los salarios sean bajos o no, sino en que el Gobierno tiene un “excesivo afán recaudatorio” y hace pagar a los trabajadores un “40 por ciento en impuestos y cotizaciones”, a quien ha tildado de ser “el verdadero causante del problema”.

Respecto a lo que espera de la huelga, lo desconoce, porque “los propios trabajadores no están entendiendo muy bien por qué se tienen que movilizar” y los convocantes se pueden encontrar “colgando de la brocha”.

“Cuando llegue el día de la huelga ya veremos si la huelga está secundada por un 80% de los trabajadores o por un 10% porque los trabajadores no entienden por qué se les llama”, ha afirmado.

CCOO: “Hay argumentos laborales de sobra”

Estas declaraciones de Nicolás han sido respondidas por el secretario regional de CCOO Castilla-La Mancha, Javier Ortega, que ha defendido este martes que la huelga general del próximo 11 de noviembre es “absolutamente legal” y tiene “argumentos laborales de sobra”, al tiempo que ha insistido en que la vivienda, los salarios y el encarecimiento de los precios son motivos suficientes para convocar una movilización de estas características.

Ortega ha explicado que, a diferencia de anteriores huelgas generales, convocadas para rechazar recortes de derechos, esta tiene un carácter “ofensivo” ante el deterioro de las condiciones de vida.

“La vivienda no se puede separar del trabajo”, ha defendido, recordando que el acceso a un hogar está directamente relacionado con los salarios, la temporalidad y la precariedad laboral.

Por ello, ha pedido a la patronal que “no tengan ninguna duda” de que existen motivos laborales suficientes para secundar una movilización que considera uno de los ejercicios democráticos más importantes para los trabajadores.

Ortega también ha respondido a Nicolás después de que este rechazara que se responsabilice sistemáticamente a los empresarios de los accidentes laborales.

El dirigente sindical ha recordado que la legislación atribuye a las empresas la responsabilidad en materia preventiva, aunque corresponde a los tribunales determinar las posibles culpabilidades.

“Lo que no puede ser tan barato como es en Castilla-La Mancha es incumplir la ley de manera reiterada, poniendo en peligro la vida de las personas trabajadoras”, ha denunciado.

Ortega ha insistido en que “los muertos siempre están del mismo lado” y que siempre les “toca ser a las personas trabajadoras”.

La huelga general por la crisis de la vivienda tendrá, que tendrá lugar el próximo 11 de noviembre, está promovido por el Sindicato de Inquilinas y en Castilla-La Mancha ha sido apoyado por la Plataforma por el Derecho a la Vivienda regional, que ha llamado a todas las organizaciones, colectivos y personas de la región a sumarse a la huelga y a las movilizaciones que se convoquen en Castilla-La Mancha en torno a esta jornada.

Detrás de la plataforma están 14 organizaciones provinciales o autonómicas de la región. Muchas de ellas están relacionadas directamente con la vivienda (el Sindicato de Inquilinos de Guadalajara, la Unión Popular de Inquilinos de Toledo, la Asamblea de Vivienda Talavera o las plataformas de Afectados por la Hipoteca de Tomelloso y de Toledo), pero también por ONG como Amnistía Internacional Castilla-La Mancha, Proyecto Kieu o Colectivo Sin Fronteras de Albacete; entidades feministas como la Plataforma 8M Toledo o Feministas de Pueblo CLM; así como otros colectivos u organismos como CCOO Castilla-La Mancha, la Asociación Socioeducativa e Intercultural ASIEM , la Red de la Economía Alternativa y Solidaria (REAS-CLM) y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Toledo.

Siniestralidad laboral: “Nos va la vida en ello”

CCOO también se ha pronunciado este martes en Ciudad Real el secretario general estatal de CCOO del Hábitat , Daniel Barragán, quien también ha defendido que existen motivos suficientes para convocar la huelga general ante los bajos salarios, la precariedad y la elevada siniestralidad en sectores como la construcción y la ayuda a domicilio.

Unas declaraciones que cobran importancia después de un lunes negro en el que dos trabajadores han fallecido en sus puestos de trabajo en sendos accidentes laborales.

“Nos sobran los motivos, nos va la vida en ello”, ha advertido Barragán, quien ha reclamado un pacto de Estado contra la siniestralidad laboral y la aplicación de coeficientes reductores que permitan adelantar la jubilación en las profesiones más peligrosas.

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha reconocido que entiende el malestar de los socialistas de Palencia por la modificación de la candidatura al Congreso de los Diputados, después de que la dirección federal sustituyera a Álvaro Bilbao por Mariluz Martínez Seijo como cabeza de lista. Sin embargo, ha defendido el procedimiento seguido por Ferraz y ha recordado que la elaboración de las candidaturas a las Cortes Generales no funciona como unas primarias.

“A nadie nos gusta que nos modifiquen las propuestas que se lanzan desde aquí”, ha afirmado este martes en una entrevista en El programa de Ana Rosa, de Telecinco. Martínez ha admitido que puede comprender e incluso compartir el “cabreo” de las agrupaciones provinciales cuando sus propuestas son alteradas, aunque ha insistido en que los órganos federales tienen competencias para introducir cambios y aprobar definitivamente las listas.

Martínez ha explicado que la dirección federal y los socialistas palentinos trabajan ahora para configurar “otro equipo humano” que permita completar la candidatura al Congreso. El objetivo, según ha indicado el líder socialista, es encontrar personas dispuestas a asumir esa responsabilidad y alcanzar un acuerdo que permita cerrar la lista, respetando también los criterios de paridad establecidos por los estatutos del partido.

El dirigente autonómico ha precisado que la renuncia afecta a la candidatura al Congreso, mientras que la lista al Senado por Palencia se mantiene sin cambios. También ha expresado su confianza en que el proceso quede resuelto antes de la presentación formal de las candidaturas ante la Junta Electoral, prevista para este viernes, 23 de octubre.

Dimisión de los dos candidatos y suplentes

En la tarde del lunes los integrantes de la candidatura propuesta inicialmente por la militancia renunciaron a ocupar sus puestos en protesta por la decisión de imponer a Martínez Seijo al frente de la lista al Congreso. La propuesta original estaba encabezada por Álvaro Bilbao, que había recibido el respaldo de las agrupaciones locales de la provincia.

Con 126 votos frente a los 15 de Martínez Seijo, Bilbao se impuso en la asamblea celebrada en Palencia el pasado miércoles. En la lista, de dos estaba Alicia García Alonso, concejala y portavoz socialista en Carrión de los Condes, y Luis Ángel Marín Paredes, alcalde de Tariego de Cerrato, en el tercer puesto.

Los cuatro integrantes de la lista, incluidos los suplentes Luis Fernando Cantero Mena y Mireia Barrios Bernardos, renunciaron el lunes a ocupar sus puestos, mostrando su apoyo a Bilbao por tener el apoyo de la militancia.

“No es un proceso de primarias”

Durante la entrevista, Martínez ha insistido en la necesidad de distinguir entre las primarias para elegir a los candidatos a una Alcaldía o a la Presidencia de una comunidad autónoma y el procedimiento para elaborar las listas al Congreso y al Senado.

“Tenemos unos procesos reglamentados, legales, que nos hemos dotado con aprobación mayoritaria en los últimos congresos federales”, ha defendido. El secretario autonómico ha reiterado que no hay que confundir ambos mecanismos y ha subrayado que el reglamento permite modificar las propuestas provinciales antes de cerrar las candidaturas.

“El proceso de elegir entre las personas que conforman las candidaturas siempre genera tensiones y fricciones”, ha apostillado. A su juicio, el malestar aumenta cuando se producen cambios inesperados respecto a las propuestas iniciales de las ejecutivas provinciales.

Martínez recuerda otros casos del PSOE de Castilla y León

El líder del PSOE autonómico ha defendido que lo ocurrido en Palencia no es un caso excepcional. Ha recordado que en las elecciones de 2023 se produjeron situaciones similares en las candidaturas de Ávila y Valladolid, cuando también se modificaron propuestas provinciales.

Asimismo, ha aludido a los cambios introducidos este año en la lista al Senado por Burgos, donde la candidatura fue modificada para excluir a Luis Tudanca. El dirigente socialista ha evitado dar por hecho que puedan producirse nuevas renuncias en otras provincias, como en Burgos por el caso de Tudanca. “Yo entiendo que no”, ha respondido al ser preguntado por esta posibilidad, aunque ha admitido que las tensiones podrían prolongarse hasta que queden cerradas todas las candidaturas.

Martínez ha concluido que, una vez resuelta la composición de las listas, el partido deberá centrarse en la campaña para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Su objetivo, ha señalado, es plantear un modelo alternativo que permita consolidar un “gobierno progresista”.

En busca de candidatos: nadie se postula por el momento

El PSOE de Palencia ya busca entre sus militantes para completar la lista al Congreso de los Diputados. Fuentes del partido han explicado este martes a EFE que la Ejecutiva provincial tantea a la militancia para cubrir las cuatro vacantes, correspondientes a los dos puestos titulares y los dos suplentes que acompañarían en la lista al Congreso a Mariluz Martínez Seijo, aunque por el momento nadie se ha postulado.

El plazo para presentar las candidaturas termina el próximo lunes, 26 de octubre, y la dirección provincial confía en encontrar personas de Palencia dispuestas a acompañar a Martínez Seijo.

Preguntada por EFE, la cabeza de lista del PSOE al Congreso por Palencia, Mariluz Martínez Seijo, ha declinado hacer declaraciones sobre la crisis abierta por la renuncia en bloque de los integrantes de la candidatura provincial y ha asegurado que está centrada en ganar las elecciones a la derecha.

“Ese es mi motor”, ha afirmado la actual diputada, que se ha mostrado convencida de que el PSOE de Palencia presentará una lista para el Congreso.

En cualquier caso, si no se logra completar la lista desde la provincia, la dirección federal tendrá que intervenir en la designación de los candidatos. En las últimas convocatorias, el PSOE ha obtenido un solo escaño por la provincia de Palencia, que si se completa la lista y obtiene suficientes votos, correspondería Martínez Seijo.

Ferraz defiende su posición

Fuentes del partido han dicho a EFE que en una campaña nacional Ferraz tiene la potestad y los argumentos para realizar cambios en las listas, así como han lamentado que el malestar de estos compañeros no se manifestara antes de ratificar las candidaturas.

En ese sentido señalan que las listas fueron ratificadas por unanimidad en la reunión del Comité Federal el pasado sábado en Fuenlabrada, donde estuvieron representantes de las federaciones regionales y los secretarios generales.

Además, han precisado que Martínez Seijo -una veterana política cercana al líder del partido, Pedro Sánchez- ya era diputada por Palencia y que al ponerla a ella como número uno por esta provincia, se cumple con el mandato del último Congreso socialista de que la mayoría de candidaturas estén encabezadas por mujeres.

En el caso de la mayor hecatombe mundial imaginable, la supervivencia de la raza humana dependería del archipiélago de Svalbard. La Bóveda Global de Semillas ubicada en las islas del Ártico noruego es una instalación subterránea que conserva millones de muestras de plantas de todo el mundo para proteger la diversidad agrícola ante guerras, catástrofes y otras amenazas. 

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Octubre ya ha sacado las sudaderas del fondo del armario, pero a mediodía todavía hay quien rebusca las gafas de sol en el bolsillo de la chaqueta. Ese cruce de estaciones se nota en las ofertas de Amazon de este martes. Hay ropa de entretiempo y también esos básicos de casa que acabas comprando igual, estén rebajados o no.

Gafas de sol HAWKERS One LS con montura negra

El sol de octubre entra bajo y te da de frente justo al volver a casa en coche. Es cuando más se echan de menos unas gafas, y estas, rebajadas, no llegan a los 18 euros. Las One LS llevan lentes de categoría 3 con protección UV total y una montura de TR90, un material ligero y flexible. Negras, cuadradas y unisex, no se pelean con ninguna chaqueta.

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Comprar unas bermudas a finales de octubre parece un despiste, y es justo lo contrario. Las Levi's 405 son de esas prendas que se reponen cada verano sin pensarlo: pernera recta, cinco bolsillos y el corte de vaquero de toda la vida. El tejido lleva un 1% de elastano, lo justo para sentarte en una terraza sin que el pantalón te recuerde que existe. Ahora están a mitad de precio, un 50% menos. En un básico que te vas a poner igual el verano que viene, eso es dinero que no sale de tu cuenta en junio.

Televisor Xiaomi TV Pro de 32 pulgadas

Para la cocina, el dormitorio o el cuarto del estudiante, 32 pulgadas es el tamaño que cabe donde no entra otra cosa, y esta se queda por debajo de los 140 euros. La Xiaomi TV Pro de este año trae Fire OS con Alexa y el sonido llega con Dolby Audio. Es compatible con AirPlay, así que mandas fotos o una serie desde el iPhone sin cables. Conviene saber lo que compras: la resolución es 720p. A un par de metros se ve bien, pero de cerca se nota que no es la pantalla del salón. Para seguir el telediario mientras cocinas, sobra.

Flexómetro Stanley Tylon de 3 metros

Ese metro que nunca aparece cuando vas a colgar un cuadro. El de Stanley es pequeño, cabe en el cajón de la entrada y su cinta mate se lee sin reflejos aunque midas junto a la ventana. Cuesta menos de 4 euros, que es lo que vale no tener que pedírselo al vecino.

Maquinilla GilletteLabs Champion Gold Edition

Su gracia está en la barra exfoliante que va delante de las hojas: suelta los pelos atrapados antes de que pase la cuchilla. Viene con mango de metal en dorado, soporte magnético y 3 recambios, y no llega a los 16 euros. Con la Navidad a dos meses, también es de esos regalos que quedan bien sin tener que adivinar tallas.

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Con el fresco de primera hora, la sudadera con capucha vuelve a ser el uniforme del fin de semana, y la Entrada26 de adidas se queda por debajo de los 28 euros. Tiene corte clásico y es de felpa, con un 70% de algodón y un 30% de poliéster. Va en rojo con detalles blancos.

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Si tienes terraza, bicis o un coche que no pasa por el túnel de lavado, el problema suele ser el grifo, no las ganas. Esta hidrolimpiadora de LanBlu cuesta menos de 26 euros y funciona con batería: coge el agua de un cubo o una garrafa con su manguera de 5 metros, así que limpias donde no hay toma. La batería da para entre 25 y 35 minutos según el fabricante, suficiente para un coche y poco más. La boquilla tiene seis posiciones, del chorro fino a la ducha.

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Quien ya tiene freidora de aire sabe que lo pesado no es cocinar, es fregar la cesta. La Ninja CRISPi, que se queda por debajo de los 130 euros, lo resuelve cambiando la cesta por dos recipientes de vidrio, de 3,8 y 1,4 litros, que van al lavavajillas. Los dos llevan tapa: cocinas en uno, guardas las sobras en el mismo y al día siguiente lo vuelves a calentar. El módulo de 1.700 W llega a 230 grados, de sobra para patatas, pollo o gratinar unas verduras, y también sirve para mantener la comida caliente. Las rejillas son de cerámica antiadherente y la superficie de cocción es de vidrio, que según Ninja va libre de PFAS. Va en piedra y dorado.

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La Rival Fleece va un punto más hacia el abrigo que la adidas: más algodón, un 80%, y un interior cepillado que da ese tacto de manta. Bolsillo canguro, puños acanalados y en azul con el logo en menta. Baja de los 40 euros.

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Por dónde empezar este martes

De todo lo de hoy, lo más redondo es lo que vas a usar seguro: el metro del cajón, una sudadera para las mañanas que ya refrescan y unas bermudas que esperarán en el armario hasta mayo. Merece la pena si vas a reponer básicos este otoño, porque son las compras que acabas haciendo igual y hoy salen bastante más baratas.

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La semana pasada, el Institute for National Security Studies (INSS), el centro de investigación de seguridad más importante de Israel, publicó un artículo desgranando la nueva doctrina de seguridad nacional del país nacida tras los ataques del 7 de octubre de 2023 y consolidada en los últimos tres años.

Se ha hablado mucho de este cambio de doctrina, pero lo que hace relevante este análisis, además de su crudeza, es que viene del propio INSS y está escrito por su director, Tamir Hayman, antiguo jefe del departamento de inteligencia del Ejército. El autor no está defendiendo la creación y el impulso de esta doctrina, sino que está analizando y describiendo algo que ya está en marcha, lo cual es casi peor. 

Estos son cinco de los 10 principios más preocupantes:

“Primacía de la identidad judía sobre la democracia”: “La identidad judía del Estado tiene prioridad sobre su sistema democrático de gobierno. Esta prioridad tiene por objeto garantizar la supervivencia de Israel como Estado judío, incluso a costa de socavar sus valores democráticos”.

Por fin se hace evidente dentro del establishment israelí algo que los activistas contra la ocupación llevan años diciendo: que el sionismo, tal y como está concebido hoy, es incompatible con la democracia. La ley nacional judía y el régimen de apartheid que sufren los árabes en el país son claros ejemplos.

“La paz es un medio, no el fin”: “Cualquier acuerdo con actores árabes es temporal y engañoso. Por lo tanto, luchar por la paz supondría repetir el error de la ‘conceptzia’, el marco conceptual predominante considerado una de las causas principales del desastre del 7 de octubre [...] La paz no es un valor intrínseco que genere seguridad, sino un medio para alcanzar otros objetivos políticos”.

Ello explica la negativa constante de Netanyahu en los últimos meses a cualquier acuerdo de paz en cualquiera de sus múltiples frentes: Gaza, Líbano, Irán...

“La guerra como estado fundamental”: “La guerra es esencial para la seguridad nacional y no puede ser sustituida por un estado de paz, que, como ya se ha señalado, no es más que un medio y no un fin [...] La guerra es necesaria, y la guerra preventiva es preferible porque garantiza un logro significativo desde el principio. Su intensidad puede variar según las circunstancias, pero su presencia constante constituye una ventaja para la seguridad nacional”.

Para Israel, considerar la guerra como un mal que hay que evitar es un elemento de inseguridad. “El estado de guerra permanente está en la identidad de Israel, y con razones fuertes en el pueblo judío. Otra cuestión es si vivir en guerra con los Estados árabes, que hace décadas aceptaron la existencia de Israel, y con Irán, con quien sería mejor negociar que vivir en estado de crisis permanente, es la vía adecuada”, me decía Mariano Aguirre, investigador del think tank CIDOB especializado en el tema.

Este nuevo concepto no se ha articulado ni presentado oficialmente al público, ni se ha definido de forma vinculante en el ámbito de la defensa. Sin embargo, en la práctica, sus principios influyen en la toma de decisiones y determinan el enfoque de Israel en materia de seguridad

Tamir Hayman — INSS

“Autosuficiencia y ruptura de la dependencia de Estados Unidos”: “Aunque es importante, la relación con Estados Unidos se rige exclusivamente por intereses. Estados Unidos es una 'potencia en declive' y, dados los cambios sociales y políticos que está experimentando, pronto abandonará a Israel [...] Una dependencia excesiva de Estados Unidos expone a Israel a la influencia de un sistema de valores progresista estadounidense que es incompatible con el carácter judío de Israel. Romper los lazos con EEUU no solo es inevitable, sino también esencial para la independencia de Israel y la solidez de su identidad nacional judía”.

“Hay cambios en la política de EEUU, especialmente en el Partido Demócrata, que podrían llevar a que la política oficial de ese país hacia Israel cambie en el sentido de no apoyarle sin condiciones haga lo que haga, y que se reduzca la ayuda militar”, dice Aguirre. “Israel, por las dudas, se prepara para depender menos de EEUU, desarrollar sus capacidades militares con la más alta tecnología y establecer nuevas alianzas con otros socios para comprar o cofabricar armamentos”.

“Rechazo de la existencia independiente de los Estados árabes”: “La premisa subyacente es que la mayoría de los Estados árabes no son auténticos Estados-nación, sino conjuntos de tribus y grupos étnicos que carecen de una historia común y de una visión nacional fundamental. En consecuencia, socavar su estabilidad se considera un proceso natural, uno que Israel puede gestionar con mayor eficacia que si tuviera que enfrentarse a Estados-nación fuertes, y que incluso debería fomentar”.

El papel de las elecciones

He hablado de esta nueva doctrina de seguridad con Yossi Alpher, analista israelí y exmiembro del Mosad. Alpher está de acuerdo con el análisis de Hayman sobre la puesta en marcha de esta nueva doctrina, aunque aclara que no la defiende y se muestra optimista respecto a que las elecciones de la semana que viene puedan cambiar el rumbo.

“Esta visión estratégica de Hayman aún no se ha consolidado ni concretado”, dice el analista. “Está claro que seguimos viviendo bajo el trauma del 7 de octubre, el punto de partida de la investigación. Nuestras elecciones del 27 de octubre pueden aclarar este asunto. Si Bibi es sustituido, la estrategia nacional emergente que describe Hayman podría ser objeto de reconsideración por parte de responsables políticos menos inclinados hacia la derecha que Netanyahu y su séquito. Personalmente, creo que la estrategia que describe Hayman sería desastrosa para Israel. Pero no es de extrañar, dado el giro mesiánico de derechas que ha tomado la vida política israelí”.

El ex Mosad tiene mucha fe en las elecciones, pero el rival de Netanyahu, Gadi Eisenkot, antiguo jefe del Estado Mayor de la Defensa entre 2015 y 2019 y exministro de Netanyahu, es más de lo mismo. Eisenkot formó parte del gabinete de guerra en lo más alto del genocidio en Gaza y durante su jefatura en las fuerzas armadas, los soldados, buena parte de ellos francotiradores, mataron a sangre fría a los manifestantes palestinos que participaron en las movilizaciones de la Gran Marcha del Retorno. “Más allá del resultado de las elecciones, las líneas maestras de la estrategia de seguridad van a continuar. Puede haber énfasis diferentes, pero sin perder de vista la idea de ser un estado altamente militarizado, que debe controlar a sus vecinos, incluido Irán, porque el conflicto con ellos es existencial, y que, en particular, la guerra con los palestinos es de larga duración”, señala Aguirre.

El propio Netanyahu reconoció el domingo algunos de estos puntos. “En dos años, un nuevo presidente muy hostil a Israel podría llegar al poder en Washington. Debemos hacer todo en nuestro poder durante estos dos años y trabajar para establecer muchas alianzas en nuestra región y más allá”, dijo. Netanyahu admitió incluso el papel central de la guerra eterna en su nueva doctrina. Se acabó la contención. “La Guerra de la Redención exigió una actualización de los principios fundamentales de la doctrina tradicional de seguridad nacional, entre los que se incluye dar prioridad a la prevención y al ataque frente a la contención y la defensa, lo que incluye lanzar ataques preventivos para frustrar las amenazas emergentes”, añadió.

“Este nuevo concepto no se ha articulado ni presentado oficialmente al público, ni se ha definido de forma vinculante en el ámbito de la defensa. Sin embargo, en la práctica, sus principios influyen en la toma de decisiones y determinan el enfoque de Israel en materia de seguridad”, escribe Hayman en su artículo, quien aclara que el texto es un ejercicio para incentivar el debate y, para ello, ha exagerado deliberadamente algunos elementos de la estrategia. El propio INSS que dirige el antiguo jefe de la inteligencia militar se fundó sobre ese objetivo de debate como respuesta a los ataques sorpresa que desencadenaron la guerra de Yom Kippur.

“Una posible razón por la que Israel fue tomado por sorpresa el 6 de octubre de 1973 fue que ninguna institución ajena al establishment israelí había asumido la responsabilidad de evaluar los supuestos en los que se basaba la política del Gobierno”, señala el instituto. “Estos supuestos guiaban la planificación y la actuación del aparato de defensa israelí. Si hubiera existido un instituto de investigación de este tipo, podría haber cuestionado los supuestos que llevaron a la evaluación de los servicios de inteligencia según la cual era poco probable que estallara una guerra”.

Tienes que escuchar...

La rage (La rabia), de Keny Arkana. Ya te he recomendado algún tema de la rapera francesa, pero mientras la ira juvenil se extiende por Europa, (y la derecha aprovecha para culpar a la migración), este tema tiene más sentido que nunca.

Gracias por llegar hasta aquí.

¡Hasta la semana que viene!

Las empresas del sector energético podrán beneficiarse de 8,93 millones de euros en ventajas fiscales en Castilla y León durante 2027, según las previsiones recogidas en el presupuesto de beneficios fiscales del proyecto de cuentas de la Junta. El Ejecutivo autonómico, formado por PP y Vox, quiere introducir rebajas fiscales en el Impuesto sobre la Afección Medioambiental, el tributo propio con el que la Comunidad grava el impacto ambiental y visual de infraestructuras como parques eólicos o solares.

Una de las principales ventajas es la exención durante dos años para las nuevas instalaciones eólicas y fotovoltaicas. Las empresas no abonarán el impuesto durante el ejercicio en el que comiencen a funcionar sus parques y el siguiente ejercicio completo. En el caso de la energía eólica, el periodo supone una reducción respecto a la exención de cinco años que se había aprobado en 2017. El proyecto de ley presupuestario está pendiente de aprobación por el parlamento autonómico, aunque la mayoría parlamentaria de PP y Vox permitirán este beneficio para las eléctricas.

La Junta justifica este cambio por la evolución del sector en la Comunidad, que se ha consolidado como una de las principales potencias nacionales en energía eólica. La Administración autonómica defiende que mantener incentivos durante la puesta en marcha de las instalaciones permite evitar que la fiscalidad ambiental se convierta en un obstáculo para atraer nuevas inversiones.

Según la documentación presentada por el Ejecutivo autonómico, no tributan las placas solares situadas en tejados o cubiertas de edificios ni los parques en suelo que ocupen menos de cinco hectáreas. A estas excepciones se suman las instalaciones destinadas principalmente al autoconsumo y las dedicadas a investigación y desarrollo.

Descuentos por renovar los molinos y por invertir en los pueblos

El proyecto de Ley contempla, además, una bonificación del 20% sobre el incremento de la cuota tributaria para los parques eólicos con más de diez años de antigüedad que sustituyan sus aerogeneradores por otros de mayor potencia y reduzcan el número total de molinos. El incentivo se aplica durante dos ejercicios.

El objetivo de esta medida es favorecer la modernización de las instalaciones para producir la misma cantidad de electricidad o incluso más con menos aerogeneradores, reduciendo así la ocupación visual del territorio y los efectos sobre el paisaje y la fauna.

Otro beneficio fiscal pasa por las inversiones en el medio rural. Las empresas podrán deducirse el 20% de las cantidades destinadas a programas socioeconómicos y actuaciones de lucha contra la despoblación en los municipios directamente afectados por sus instalaciones, con un límite máximo del 30% de la cuota del impuesto.

Para acogerse a esta deducción deberán formalizar convenios con las entidades locales o con la Administración autonómica. El mecanismo pretende que una parte de los recursos empresariales revierta en los pueblos que acogen las infraestructuras energéticas, mediante actuaciones destinadas al desarrollo económico y a la fijación de población.

La norma encuadra estos incentivos en el carácter extrafiscal del tributo, es decir, en su finalidad de influir en la actividad de las empresas y no únicamente de recaudar. La Junta argumenta que Castilla y León produce más energía renovable de la que consume y que, por tanto, el territorio soporta parte de los costes ambientales y paisajísticos asociados a estas instalaciones.

Nuevas tarifas para los grandes aerogeneradores

La reforma también actualiza las tarifas aplicables a la energía eólica, que, según la documentación presupuestaria, permanecían sin cambios desde 2012. La nueva estructura incorpora tramos para aerogeneradores de mayor potencia: 14.000 euros por unidad para los que se sitúan entre 3.001 y 5.000 kilovatios y 16.000 euros para los que superan los 5.000 kilovatios.

El sistema establece un importe por aerogenerador que disminuye en relación con cada kilovatio de potencia a medida que aumenta el tamaño de los molinos. La intención, según la Junta, es favorecer instalaciones más eficientes y de mayor capacidad de generación.

Este impuesto también alcanza otras infraestructuras con impacto ambiental o visual, entre ellas determinados embalses y líneas de alta tensión. La documentación de la reforma incluye asimismo las instalaciones de telecomunicaciones dentro del ámbito regulado.

Con todo esto, las ventajas fiscales previstas para el sector eléctrico suponen que Castilla y León va a dejar de recaudar 8,93 millones de euros, según la estimación de la Junta. Un dinero que el Ejecutivo autonómico quiere que las compañías eléctricas destinen a nuevas inversiones, modernizar las instalaciones y promover actuaciones en los municipios rurales afectados.

El Neckarstadion de Stuttgart, ahora patrocinado y bautizado por el gran mecenas de la ciudad como Mercedes Benz Arena, forma parte del santoral del Atlético de Madrid. En este escenario, el 5 septiembre 1962, el club rojiblanco conquistó la Recopa de Europa ante la Fiorentina (3-0), su primer título europeo. “Siempre es lindo volver a donde han pasado cosas importantes. Mañana [por este martes] tendremos un gran rival, gente alta, gente fuerte”, advirtió Simeone, que prevé a un Stuttgart dispuesto a proponer un partido de mucho voltaje en las transiciones.

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La defensa de Cristina Álvarez, la asesora que fue procesada junto a Begoña Gómez por el juez Juan Carlos Peinado, ha presentado un escrito en el que solicita abrir una investigación para dar con la persona que realizó fotografías de ambas en una de las vistas que se celebró a puerta cerrada, la de la audiencia preliminar, y que posteriormente filtró al medio Libertad Digital. Fueron publicadas el pasado 9 de octubre.

En el escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, en realidad el letrado deja poco lugar a la imaginación de una futura investigación porque, tras cruzar las fotos, los encuadres y los vídeos de esa audiencia celebrada el día 15 de junio, señala a un abogado de Iustitia Europa como el filtrador de esas imágenes en las que se veía a la esposa del presidente del Gobierno junto a Álvarez y al empresario Juan Carlos Barrabés.

“Si observamos detenidamente las imágenes filtradas a Libertad Digital, y las comparamos con la grabación de la vista entregada a las partes, es muy fácil observar el tiro de cámara desde el que se realizaron las fotos y, de este modo, determinar la identidad del autor de esta ilícita filtración”, indica el letrado en un ejercicio de deducción poco habitual en este tipo de escritos jurídicos.

El abogado, José María de Pablo, se fija primero en dos de las imágenes filtradas, y explica que fueron realizadas “desde el lado ocupado por los abogados de la acusación popular” porque en primer plano aparece Begoña Gómez, que era la que más cerca de ellos estaba. Añade que fue tomada por un abogado que estaba situado fuera de los estrados y a la misma altura que los investigados.

Indica que cruzando esa foto con la imagen proporcionada por el juzgado solo pudieron captar esa imagen dos personas: el letrado de Iustitia Europa o la de Manos Limpias: “Se van a convertir en nuestros primeros sospechosos”, indica.

Tras esa primera deducción, la 'investigación' da un giro inesperado porque tras revisar la grabación ve que una vez terminada la audiencia preliminar tuvo lugar la vista de medidas cautelares. Y ahí se produce la salida de la abogada de Manos Limpias, y de otros letrados. Y se puede apreciar como el de Iustitia Europa cambia de sitio, sube a la zona de estrados.

De Pablo explica que ese cambio de ubicación se puede apreciar también en las fotos filtradas a Libertad Digital, donde “se observa sin dificultad ese cambio de tiro de cámara”. “El autor ya no se encuentra a la altura de las investigadas fotografiadas, sino por encima de ellas —en estrados— y claramente por delante”, dice.

“A juicio de esta defensa, no existe ninguna duda acerca de la autoría de la filtración”, concluye, para señalar al letrado de Iustitia Europa. Y recuerda que la conducta “no constituye una mera irregularidad procesal” sino que comporta “una grave lesión de los derechos fundamentales de las personas fotografiadas”. Entiende que la captación y difusión de la imagen en el interior de la sala durante unas vistas celebradas a puerta cerrada “vulnera su derecho a la intimidad personal y a la propia imagen, y su derecho a la protección de datos personales”. Atenta, además, al derecho a la presunción de inocencia “al exponer a la opinión pública a quien ostenta la condición de investigada en un procedimiento de máxima repercusión mediática”.

Por todo esto, el letrado pide que la apertura de pieza separada “a fin de esclarecer la autoría de la filtración, las circunstancias en las que las fotografías fueron tomadas y posteriormente facilitadas al medio de comunicación, así como determinar, en su caso, las responsabilidades penales y disciplinarias que pudieran derivarse”. Añade que, también, debe remitirse el resultado de la investigación al Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid por si la conducta tuviera efectos disciplinarios.

Javier Milei aterriza este martes en España. Es el séptimo viaje del presidente argentino en menos de tres años. En ninguno de ellos ha tenido agenda oficial con la Casa Real o con el Gobierno central. Se ha visto, eso sí, con Isabel Díaz Ayuso y con Santiago Abascal, que en esta ocasión repiten en la agenda del libertario, que incluye unas jornadas universitarias sobre la escuela austriaca de economía, su faro ideológico. La última vez que estuvo por Madrid, en marzo, lo hizo para participar en un encuentro sobre criptomonedas, otra de sus pasiones libertarias, que le ha supuesto más de una complicación judicial.

Milei sigue enredado en los Tribunales por el caso $LIBRA, una estafa millonaria con un token que promocionó en sus redes sociales en 2025, ya como presidente. Esta no es la primera vez que una de las incursiones del libertario en el desregulado mundo de las monedas virtuales acaba en los juzgados: ocurrió en 2022 con otra de sus recomendaciones, CoinX, una plataforma financiera investigada por fraude y formada por un entramado de sociedades sobre las que planea la sombra del lavado de dinero.

Pero los chascos con $LIBRA y CoinX no han hecho mella en la apuesta de Milei por las criptomonedas. En marzo pasado, mientras el presidente argentino cerraba en España el Madrid Economic Forum 2026 –un encuentro organizado por el influencer cripto conocido como Wall Street Wolverine–, la prensa de su país publicaba detalles de su relación con Mauricio Novelli, el trader acusado de una estafa que se calcula entre 70 y 100 millones de dólares.

El 14 de febrero de 2025, Milei recomendó en un tuit el token $LIBRA, que gracias a eso multiplicó frenéticamente su valor y lo perdió a mayor velocidad aún, llevándose por delante el dinero de los inversores y generando ganancias en unas pocas –poquísimas– cuentas. Tras el colapso de la moneda, el presidente libertario borró su post y dijo no saber nada de $LIBRA. Pero los datos que halló la Justicia en el móvil de Novelli lo desmintieron categóricamente: hubo más de 30 llamadas telefónicas entre ambos, antes y después de que Milei hiciera la publicación. Además, se recuperó un modelo de contrato en el que se acordaba pagar a Milei y su hermana Karina cinco millones de dólares por esa promoción. 

Ahora se sabe incluso que la relación (y los negocios) de Novelli y Milei se remontan al menos a 2021, un año clave que lo relaciona con otra criptoestafa, mucho menos conocida: CoinX. Por entonces, Novelli pagaba a Milei para dar clases online en su escuela financiera N&W Profesional Traders, mientras el libertario pasaba sin escalas de tertuliano televisivo extravagante a extravagante político profesional.

Pulgares arriba

El 18 de diciembre de 2021, Javier Milei se convierte en diputado. Apenas una semana después, promociona en sus redes sociales CoinX. La sonrisa amplia, el pulgar hacia arriba. Es un gesto repetido cientos, miles de veces frente a la cámara por el presidente argentino. Y es lo que se puede ver en el post de Instagram de la cuenta de Javier Milei el 18 de diciembre de 2021, días después de las elecciones que le abrían las puertas del Congreso de los Diputados. 

El modus operandi es similar al de $LIBRA: publicidad en redes y miles de dólares que se esfuman. Pero si en $LIBRA la red se amplía a un creador de memecoins texano (Hayden Davis), un experto cripto indio (Abhyudoy Das) y un misterioso pensionista que declara ingresos mínimos, pero conduce coches de alta gama, el backstage de CoinX es oscuro y local: de hecho, no existe una entidad responsable sino un conjunto de empresas creadas casi simultáneamente, que bascula entre las ciudades de Buenos Aires y Rosario. Un entramado complejo con nombres que se vinculan a sospechosos de lavar dinero del narcotráfico. 

“Tuve el placer de conocer las oficinas de @coinx.world y su equipo. Están revolucionando la manera de inversión para ayudar a los argentinos a escapar de la inflación. Desde ya puedes simular tu inversión en pesos, dólares o criptomonedas y obtener una ganancia. Escribanles @coinx.world de parte mía, así los asesoran con lo mejor!”, decía Milei a sus 1,3 millones de seguidores de aquel entonces (hoy supera los 3 millones). 

CoinX era una plataforma de inversión en criptodivisas que prometía rendimientos elevados, pero que acabó denunciada como estafa piramidal. En un país castigado por la inflación, CoinX se promocionaba como una financiera digital que ofrecía supuestas ganancias de entre el 5 y el 8% mensual en dólares, y daba la posibilidad de operar con criptomonedas. La web se lanzó a finales de noviembre de 2021, unas tres semanas antes de que Milei la publicitara en sus redes. Nunca se explicó en detalle cómo la empresa prometía llegar a esos retornos. 

Los denunciantes aseguran que funcionaba con el conocido como ‘esquema Ponzi’, en el que el dinero no se invertía en activos financieros, sino que se utilizaba para pagar los intereses a otros inversores, usándolos como cebo para captar más dinero. 

En marzo de 2022, la Inspección General de Justicia (IGJ) emitió un dictamen para inspeccionar las sociedades relacionadas con CoinX. En junio de ese año el ya candidato presidencial Milei negaba en una entrevista –igual que haría después con $LIBRA– cualquier implicación con la empresa y el proyecto CoinX. Pero ante las repreguntas del periodista Ernesto Tenembaum, acabó por reconocer que había recibido dinero a cambio de su promoción: “Yo mis opiniones las cobro, claro”.

En agosto, la Comisión Nacional de Valores (CNV) intimó a CoinX a cesar su actividad por no estar habilitada para operar en el mercado financiero. La advertencia fue dirigida a Juan Manuel Malaspina, que figuraba como director de inversiones del grupo. 

Pero Malaspina era solo la cara visible. Detrás había una organización mucho más compleja. De hecho, CoinX ni siquiera existía como empresa. En el informe de la IGJ se describe un entramado de cinco sociedades, de las cuales cuatro fueron inscritas entre agosto y septiembre de 2021, y en la que se repiten una serie de nombres, algunos vinculados al mundo de la política y otros relacionados con personas investigadas por lavado de dinero del narcotráfico. 

Un entramado societario y un juez polémico

A pesar de la participación del mediático legislador y candidato de La Libertad Avanza, el caso CoinX no tuvo demasiada repercusión en la prensa. Tampoco en los juzgados. Se presentó una denuncia por fraude ante la Justicia y la causa quedó en manos del juez Ariel Lijo. Milei nunca fue llamado a declarar. En 2024, el ya presidente Javier Milei propuso a Lijo para ocupar un cargo vacante en la Corte Suprema de Justicia. La postulación era tan polémica que generó división incluso dentro del propio Gobierno libertario: el juez tiene en el Consejo de la Magistratura decenas de denuncias que cuestionan su desempeño. 

La denuncia por fraude activó en 2023 una serie de allanamientos de la Policía Federal en una veintena de oficinas y domicilios de la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires y Santa Fe. Allí se secuestraron ordenadores, documentación y dinero en efectivo. 

CoinX estaba organizada como una caja que contenía cinco sociedades, cuatro de ellas constituidas en menos de un mes –entre el 27 de agosto y el 23 de septiembre de 2021– y con objetos sociales de lo más diverso. Proyectos RRS SA y Digital Pelicanoy SA, vinculadas a servicios informáticos, Fin American World SA, dedicada a operaciones financieras, LH Construcciones del Sur SA y SF Centro Integral de Estética SA. En todas hay un elenco de nombres y apellidos que se repiten en diferentes papeles: socios, presidentes, directores, suplentes...

En tres de ellas destaca un nombre conocido para la Justicia argentina: Francisco José Hauque. 

En 2013, Hauque fue candidato a edil de la ciudad de Rosario por Unite, uno de los partidos que dieron origen a La Libertad Avanza y posibilitaron la elección de Milei como diputado nacional en 2021. Dos años antes, Unite acogía también la candidatura presidencial de José Luis Espert, padrino y mentor de Milei. El año pasado, Espert se vio obligado a bajarse de la lista electoral de La Libertad Avanza a última hora –incluso con las papeletas ya impresas– por sus vínculos con un supuesto narcotraficante con una petición de extradición en Estados Unidos, como reveló una investigación de eldiarioAR. 

Hauque, además, protagonizó un confuso episodio a comienzos de 2025. Fue detenido junto a su pareja con dos kilos de cocaína y un arma dentro de un auto de alta gama en pleno centro de Buenos Aires. Finalmente, las pesquisas concluyeron que el operativo policial había sido “armado” y señalaban como sospechoso a un socio de Hauque, Elías Piccirillo, entonces pareja de una conocida vedette, Jésica Cirio. En medio, un préstamo cuantioso: seis millones de dólares que Hauque le habría entregado a Piccirillo, que se encuentra desde hace casi un año preso por esa causa.

Tanto Piccirillo como Hauque están siendo actualmente investigados por otra cuestión muy diferente: sus oficinas de cambio de divisas. Se intenta establecer si había algún tipo de connivencia con funcionarios del Banco Central de Argentina que les permitían adquirir dólares al valor oficial, saltándose las restricciones impuestas por el Gobierno de Alberto Fernández. Más tarde, ese dinero era vendido en el mercado negro (o blue, como se le llama en el país) a un precio mucho más alto, reportándoles ingentes ganancias en una maniobra conocida como rulo cambiario. En el periodo que se investiga (de enero a agosto de 2023) la diferencia entre el dólar oficial y el paralelo era de un 100%.

La conexión con el lavado (y con $LIBRA)

La única de las sociedades de CoinX que no se creó en 2021 es Proyectos RRS SA, registrada en 2016 a nombre de Guillermo Daniel Veiga y Ulises Fernando Carcani Papadacos. Sin embargo, en las mismas fechas en las que se constituye el resto de sociedades de CoinX, Proyectos RRS SA cambia su directorio: nombra como director a Maximiliano Ismael Alberto Cena Castro y como suplente a Luis Gastón Arteaga, los mismos que figuran como accionistas de Digital Pelicanoy SA y Fin American World SA, en la que Hauque aparece como director.

Guillermo Daniel Veiga y Ulises Fernando Carcani Papadacos aparecen en una investigación como sospechosos de formar parte de la estructura de lavado de activos para organizaciones narco que operan en Rosario (Santa Fe). En concreto, una liderada por Jorge Adalid Granier Ruiz, alias 'El Nono', condenado en 2025 por narcotráfico, y señalado como cabeza de una organización narcocriminal que entre otras cosas “bombardeaba” droga desde avionetas en zonas rurales del norte argentino que luego era transportada a Buenos Aires.

La Sala II de la Cámara Federal de Salta (una provincia limítrofe con Bolivia) envió un escrito en mayo de 2022 en el que pedía la intervención del juez federal de Rosario porque de las pesquisas sobre el Clan Granier –integrado por varios hermanos y familiares– se desprendía que podían estar realizando “maniobras de lavado de activos” a través de varias sociedades, entre ellas una llamada Agro San Jorge SA. Aunque la empresa está a nombre de los Granier, indican que “la presunta dueña sería Carolina Inés Yunior, mujer de Ulises Fernando Carcani Papadacos”, al que también relacionan con Jorge Adalid Granier Ruiz por transferencias de vehículos.

El escrito subraya además que la Agencia Antidroga estadounidense (DEA) involucra a Granier Ruiz en un envío de cocaína líquida de Bolivia a España en el año 2006 y que lo identifica en 2013 como proveedor de cocaína de Esteban Lindor Alvarado, un narcotraficante condenado a cadena perpetua por asesinato. El texto resalta que Carcani y Veiga “estarían abocados al lavado de activos [...] a través de una 'cueva financiera” (una casa de cambio de divisas) en la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, nunca se investigó esta pista señalada en el escrito. Fuentes judiciales reconocen que las sospechas no se tradujeron en nuevas pesquisas, algo que atribuyen a la complejidad de las causas y a cuestiones de jurisdicción: “Por lo que sea, no se avanzó por ese lado”.

El cruce de investigaciones nos devuelve al peritaje del teléfono móvil de Mauricio Novelli, el que demostró la participación activa de Javier Milei en la estrategia de promoción de $LIBRA. Entre los miles de documentos que se encontraron en el terminal, hay tres que vinculan, aún no está claro de qué manera, a los gestores de una estafa cripto con otra. Los peritos informáticos encontraron tres archivos relacionados con Digital Pelicanoy SA, parte del entramado de CoinX World.

El primero corresponde a la inscripción de la sociedad ante la agencia tributaria argentina. El segundo, a una declaración de impuestos fechada el 12 de enero de 2022, que confirma que la firma estaba registrada en El Salvador desde 2021. El tercero es una actualización de domicilio para recibir notificaciones, con la misma fecha que el anterior. Aun no se ha podido establecer la conexión entre Novelli y la empresa de CoinX.