Agentes de la Policía Nacional han detenido este miércoles 21 de octubre en Valencia a un hombre de 46 años tras presuntamente incendiar su domicilio y atrincherarse con un soplete, según ha adelantado Las Provincias, y han confirmado fuentes policiales.

Sobre las 15.00 horas se ha recibido un aviso alertando de un incendio en el interior de una vivienda. En concreto, el domicilio está ubicado en la sexta planta de un edificio de la avenida Burjassot.

Han acudido efectivos de Bomberos y agentes de la Policía Nacional. Rápidamente, el edificio ha sido desalojado. Tras ello, los bomberos han accedido al interior del edificio para rescatar al presunto autor de los hechos.

El arrestado se negaba a abrir la puerta de su vivienda y mostraba una actitud agresiva, por lo que ha tenido que ser reducido y detenido por la Policía Nacional, según las mismas fuentes. Además, al detenido se le ha localizado un soplete en un bolsillo.

Desde el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) han informado de que se ha movilizado una unidad del SAMU que ha trasladado al hombre al Hospital General de Valencia por inhalación de humo.

Un varón de unos 40 años ha perdido la vida tras caer sobre él parte de la carga de una cinta transportadora en una bodega cooperativa de la localidad burgalesa de Aranda de Duero, según los datos aportados por el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112.

Los hechos han ocurrido a las 15.05 horas del miércoles 21 de octubre, en una bodega cooperativa de Aranda de Duero donde, según los alertantes, un varón de unos 40 años había quedado inconsciente tras caer sobre él parte de la carga de una cinta transportadora.

El 112 dio aviso a los Bomberos de Aranda de Duero, a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado al lugar una UVI móvil. Las mismas fuentes han confirmado que el trabajador ha fallecido.

La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias concretas del accidente.

Un jurado popular de la Audiencia Provincial de Madrid ha declarado culpables por unanimidad a un teniente general retirado de la Guardia Civil y a un empresario por un delito de cohecho en el denominado caso Cuarteles en relación a irregularidades en la adjudicación de obras de mejora en instalaciones del Instituto Armado, han informado fuentes jurídicas.

El veredicto considera acreditado que el alto mando favoreció al empresario en la contratación de trabajos en distintos acuartelamientos a cambio de dádivas y beneficios. Se trata de un fallo sin precedentes por el rango del principal acusado, que se ha convertido en el primer teniente general de la Guardia Civil juzgado y declarado culpable por corrupción.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que ejerce la acusación popular en el procedimiento, ha valorado muy positivamente el veredicto unánime del jurado, que declara culpable de cohecho a Vázquez Jarava.

La asociación subraya que es la primera vez en la historia de la Guardia Civil que un mando de este rango es juzgado y declarado culpable por corrupción. Los hechos enjuiciados se remontan a 2016 y 2017, cuando el teniente coronel ocupaba la Subdirección General de Apoyo de la Guardia Civil y tenía competencias sobre la gestión de recursos económicos del cuerpo.

Según las acusaciones, el teniente general recomendó a distintas comandancias contratar al empresario para realizar obras de impermeabilización y mejora de fachadas mediante corcho proyectado. Las empresas administradas por el condenado obtuvieron contratos por cerca de 1,4 millones de euros en 2016.

A cambio, el empresario habría agasajado al mando con viajes, estancias hoteleras y entregas de dinero en efectivo. Entre los beneficios investigados figuran desplazamientos para asistir a las finales de la Champions League de 2016 y 2017, además de cantidades en metálico que, según la información publicada sobre el veredicto, superaron los 39.000 euros.

La Fiscalía y las acusaciones populares ejercidas por la AUGC y la Asociación de Suboficiales de la Guardia Civil (ASESGC) habían solicitado un año de prisión para cada acusado por cohecho, mientras que las defensas reclamaban su absolución

El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional de Santa Cruz de Tenerife ha detenido al presunto autor del asesinato cometido en el barrio de Añaza, en Santa Cruz de Tenerife, culminando una investigación que ha permanecido activa durante casi una década.

La investigación se inició en la madrugada del 19 de octubre de 2017, cuando una mujer fue abordada de forma sorpresiva mientras se disponía a subir a su vehículo, que se encontraba estacionado en un garaje comunitario del barrio de Añaza, para acudir a su puesto trabajo en El Rosario, según ha informado la Policía en una nota.

La víctima, que fue agredida sexualmente y posteriormente asesinada, apenas pudo defenderse ante la gran violencia ejercida por el detenido, que solamente tenía 22 años en aquel momento.

Durante los primeros meses, la falta de testigos directos y la ausencia de un perfil claro de agresor dificultaron el avance de las pesquisas, que se centraron en varones con antecedentes por delitos de naturaleza sexual residentes en la zona.

Sin embargo, el dato decisivo llegó seis meses después de la tragedia, momento en el que una mujer fue nuevamente asaltada en el interior de un edificio del limítrofe barrio de Santa María del Mar, con la salvedad de que en esta ocasión la víctima logró solicitar ayuda de los vecinos provocando la huida de su captor.

En el lugar de los hechos, los agentes recuperaron un pañuelo abandonado por el agresor, de cuyo análisis, realizado por Policía Científica, se obtuvo una muestra de ADN que resultó ser coincidente con la obtenida en la escena del crimen del garaje de Añaza.

Esta prueba permitió a los investigadores centrar todas sus hipótesis en establecer un vínculo directo entre ambos sucesos y determinar la posibilidad de que el autor residiera en la proximidad de ambos barrios.

Para la identificación del autor tuvieron que emplearse novedosas técnicas de análisis del origen biogeográfico de las muestras recabadas, aplicadas por la Universidad de Santiago de Compostela, que arrojaron una descripción física aproximada del autor, así como de técnicas de cribado genético dirigidas a la confección de un árbol genealógico que condujera a la averiguación de la identidad del presunto autor, lo que requirió de la consulta de archivos y libros de registro parroquiales desde principios del siglo XIX hasta la actualidad, resultando imprescindible la participación del laboratorio de biología- ADN de la Comisaría General de Policía Científica para la resolución del caso.

Una vez detenido el autor se procedió a realizar una entrada y registro de su vivienda para recabar datos en pro del pleno esclarecimiento de los hechos, culminando de esta forma con casi una década de investigación. El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, que ha decretado su ingreso en prisión.

M.S., conocido como 'El Baba', ha admitido este miércoles haber efectuado el disparo que acabó con la vida de su cuñado durante un tiroteo ocurrido en septiembre de 2024 en el barrio de El Torrejón, en Huelva, aunque ha asegurado que actuó "por miedo" a que la víctima lo matara y ha negado haber iniciado el enfrentamiento.

Durante su declaración ante la Audiencia Provincial de Huelva, el acusado ha sostenido que fue otro de sus cuñados, L.M., quien comenzó a disparar desde un vehículo contra él y otro hombre, que resultó herido. Según su versión, consiguió refugiarse en su edificio y, desde una ventana, efectuó varios disparos contra las ruedas del coche para intentar que se marchara.

Posteriormente, ha relatado que su cuñado R.M., que acabaría falleciendo, apareció en el rellano de su vivienda armado con un cuchillo y gritando "te mato, te mato". El acusado ha asegurado que efectuó primero dos disparos disuasorios, pero que finalmente disparó contra él porque temía por su vida.

En su último turno de palabra, 'El Baba' ha pedido "de rodillas" al jurado popular que "metan en la cárcel" a L.M. para evitar que "mate a más familiares", en referencia a los tiroteos ocurridos en Isla Cristina en los que fallecieron su padrastro, su hermana embarazada de ocho meses, su madre y un joven de 16 años ajeno a los clanes enfrentados.

El otro acusado señala a 'El Baba' como responsable de iniciar el tiroteo

Sin embargo, L.M., también acusado en el procedimiento, ha ofrecido una versión completamente distinta y ha señalado a 'El Baba' como responsable de iniciar el tiroteo. Según su declaración, circulaba en su vehículo cuando M.S. comenzó a dispararle por detrás, alcanzándolo en la cabeza y provocando que perdiera el control del coche y chocara contra otros vehículos.

L.M. ha negado haber disparado y ha cuestionado las pruebas encontradas posteriormente en su vehículo, alegando que permaneció durante horas sin vigilancia policial y que otras personas pudieron introducir objetos en su interior. También ha asegurado que mantenía conflictos previos con 'El Baba', a quien ha descrito como una persona "muy conflictiva".

El enfrentamiento, ocurrido el 10 de septiembre de 2024, terminó con una persona fallecida y otras dos heridas. La Fiscalía solicita para 'El Baba' un total de 28 años y seis meses de prisión por presuntos delitos de asesinato con alevosía, homicidio en grado de tentativa y tenencia ilícita de armas. Por su parte, L.M. se enfrenta a una petición de 15 años y medio de cárcel por dos presuntos delitos de homicidio en grado de tentativa y tenencia ilícita de armas.

Las defensas piden la absolución o una rebaja de las penas

En sus conclusiones finales, la Fiscalía ha mantenido su petición de 28 años y medio de prisión para 'El Baba' y de 15 años y medio para L.M., mientras que la acusación particular del fallecido solicita 27 años de cárcel para el primero por asesinato y tenencia ilícita de armas. Por su parte, la defensa de L.M. ha reclamado su absolución al considerar que no existen pruebas suficientes de que iniciara el tiroteo.

El abogado de 'El Baba' ha sostenido que existen "hasta 13 indicios" de que L.M. comenzó el enfrentamiento y ha solicitado que se aplique a su cliente la eximente o atenuante de legítima defensa por "miedo insuperable", o que los hechos se califiquen como homicidio en lugar de asesinato. Asimismo, ha reclamado que se modifique la calificación del delito atribuido a L.M. de tentativa de homicidio a tentativa de asesinato.

El jurado popular recibirá este jueves el objeto de veredicto y se retirará a deliberar en secreto antes de comunicar su decisión.

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre como presunto autor del asesinato por arma blanca de una mujer de 52 años en un portal de una urbanización de la calle Ontanilla, en el distrito madrileño de Carabanchel.

Tras realizar diversas gestiones de investigación, la Policía, que investiga la muerte como un posible asesinato por violencia de género, determinó la identidad del presunto responsable e inmediatamente estableció un dispositivo de búsqueda.

El presunto autor fue localizado en el interior de su vehículo por un indicativo del Grupo Operativo de Respuesta perteneciente a la comisaría de distrito de Usera-Villaverde, en la calle Montejo con la calle Ciudad de Frías. Por estos hechos se ha procedido a la detención del hombre como presunto autor de un delito de homicidio.

En torno a las 14:45 horas de este martes, el Centro Inteligente de Mando, Comunicación y Control (Cimacc) recibió una llamada alertando de que una persona se encontraba herida en la vía pública.

A la llegada al lugar de los sanitarios del Samur Protección Civil y Summa 112, que han actuado de forma conjunta, localizaron a la mujer en parada cardiorrespiratoria debido a las múltiples heridas de arma blanca que presentaba, principalmente, en tórax y abdomen.

Los servicios sanitarios consiguieron revertir la parada y trasladar a la mujer en estado crítico al Hospital 12 de Octubre, donde finalmente ha fallecido, según han podido confirmar Emergencias y Policía Nacional a Europa Press.

Hasta el lugar se desplazó el Grupo de Delitos Violentos de Policía Científica y el Grupo V de Homicidios, quienes se han hecho cargo de la investigación. También ha colaborado Policía Municipal.

Una menor de dos años de edad se encuentra herida "muy grave" tras caer de un balcón de un primer piso (desde unos 5 metros de altura) en Lleida este martes sobre las 17 horas, han confirmado fuentes policiales a Europa Press.

Según ha avanzado 'Catalunya Ràdio', la menor estaba consciente tras la caída y fue trasladada de gravedad al hospital Arnau de Vilanova de la capital ilerdense.

La policía catalana investiga las causas de la caída y si la menor estaba acompañada.

El gigante textil Inditex ha recuperado este martes el trono como la empresa del Ibex 35 con una mayor capitalización o valor en bolsa. Lo ha hecho tras superar a Banco Santander, casi cuatro meses después de que la entidad cántabra le arrebatase el liderazgo del selectivo español el pasado 22 de junio.

En concreto, los títulos del gigante textil gallego han cerrado la sesión de este martes en los 56,56 euros por acción, tras subir un 2,06% con respecto a la jornada previa. Con ello, su valoración bursátil supera los 176.277 millones de euros.

Por su parte, las acciones de Banco Santander han marcado un precio de cierre de 11,728 euros por título (-0,37%), por lo que su capitalización se sitúa en los 170.718,63 millones de euros.

De este modo, Inditex aventaja en algo más de 5.559 millones de euros a la entidad presidida por Ana Botín y vuelve a situarse en la cima de la cotización nacional.

Cambio de tendencia desde junio

El pasado 22 de junio, Banco Santander se encumbró como la firma más valiosa de la plaza española al registrar una valoración bursátil de 176.242 millones, sustentada en una cotización de 11,998 euros por título sobre una base accionarial que entonces contaba con 15.018,5 millones de títulos en el mercado. En aquella misma fecha, la compañía con sede en Arteixo quedaba relegada a la segunda posición del Ibex 35 con una capitalización de 171.915 millones de euros y sus títulos cotizando a 55,16 euros.

Desde entonces, la evolución en los parqués ha permitido a Inditex elevar su valoración en más de 4.363 millones de euros, resultado del incremento de 1,40 euros en el precio de cada una de sus acciones (pasando de 55,16 a 56,56 euros) aplicado sobre su volumen de 3.116,7 millones de títulos.

Por su parte, el cambio en la valoración de mercado de Banco Santander refleja el impacto conjunto del comportamiento de su cotización y de sus operaciones sobre el capital social. Por un lado, afecta el hecho del descenso de 0,27 euros por título (al pasar de 11,998 a 11,728 euros).

A este ajuste en el precio se suma la reducción del volumen de títulos emitidos tras concluir el pasado 24 de agosto un programa de recompra de acciones por 5.030 millones de euros. La posterior amortización y retirada del mercado de más de 462 millones de títulos redujo la base accionarial del banco desde los 15.018,5 millones iniciales hasta los 14.556,5 millones actuales, que a 11,728 euros por título recorta en cerca de 5.500 millones de euros su capitalización global respecto a junio.

Agentes de la Policía Nacional investigan el asesinato de una mujer de 52 años con múltiples heridas de arma blanca en la calle Ontanilla, en el distrito madrileño de Carabanchel. Se baraja que se trate de un caso de violencia de género.

Los hechos han ocurrido en torno a las 14.45 horas de este martes, en el portal de una urbanización, cuando la Policía Nacional ha recibido la llamada al Centro Inteligente de Mando, Comunicación y Control (Cimacc) alertando de que una persona se encontraba herida en la vía pública.

A la llegada al lugar de los sanitarios del Samur Protección Civil y Summa 112, que han actuado de forma, han localizado a la mujer en parada cardiorrespiratoria debido a las múltiples heridas de arma blanca que presentaba, principalmente, en tórax y abdomen.

Los servicios sanitarios han conseguido revertir la parada y trasladar a la mujer en estado crítico al Hospital 12 de Octubre, donde finalmente ha fallecido, según han podido confirmar Emergencias y Policía Nacional a Europa Press.

Hasta el lugar se ha desplazado el Grupo de Delitos Violentos de Policía Científica y el Grupo V de Homicidios, quienes se han hecho cargo de la investigación. También ha colaborado Policía Municipal.

El primer acusado en declarar en el juicio por la difusión del bulo del caso Bar España, que se celebra en la Plaza 3 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Castellón, ha asegurado este martes que nunca dio por ciertos los hechos denunciados y que su única intención era que se investigaran. El procesado, que ejerce su propia defensa al ser abogado, ha comparecido por videoconferencia a preguntas de una de las acusaciones.

El acusado ha denunciado una "ausencia absoluta" de investigación por parte de la Fiscalía y de las demás autoridades competentes. "Yo solo me limité a hacer una actuación profesional para solicitar la investigación y que se llegara a la conclusión de quién era víctima y quién no", ha afirmado.

Un informe en 2016

Durante su declaración, se ha referido al encargo que recibió en 2016 de una persona, ya fallecida, a la que el fiscal considera el iniciador del bulo. Según ha explicado, esta le entregó un documento con diversas denuncias, a partir de las cuales elaboró un informe para que se esclarecieran los hechos y se determinara si eran ciertos o falsos.

En esa documentación se describía supuestamente una red de pederastia a la que se atribuían 13 asesinatos, dos de ellos de menores. El procesado ha insistido en que su informe instaba a las autoridades competentes a investigar las acusaciones. "Yo puse sobre la mesa hechos que no se han investigado, por lo que ahora el informe que realicé queda en aguas de borrajas", ha señalado.

A preguntas del fiscal, ha confirmado que remitió el informe de 2016 y otro posterior a diversas instituciones, entre ellas la Casa Real, la Fiscalía Anticorrupción, la Generalitat Valenciana, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. También los envió a políticos como Pedro Sánchez y Mariano Rajoy, con el objetivo, según ha dicho, de que los hechos denunciados "no volvieran a producirse".

La veracidad de las denuncias

Preguntado por si había podido comprobar la veracidad de las denuncias, ha respondido que no pudo hacerlo "por falta de medios económicos". No obstante, ha asegurado que la documentación presentaba una apariencia "muy grande" de verosimilitud. "Me impresionó mucho lo que leí y por eso insté a los organismos competentes para que colaboraran en la investigación", ha añadido.

Antes de la declaración, el fiscal ha solicitado que se incorporaran como prueba varios enlaces a publicaciones en redes sociales en las que, según ha indicado, continúa difundiéndose contenido relacionado con el bulo del 'caso Bar España'. La petición pretendía que se tuvieran en cuenta al valorar los argumentos de las defensas sobre la prescripción de los delitos y el arrepentimiento de los acusados. El juez, sin embargo, ha rechazado la solicitud al considerar que no se puede atribuir a los procesados la autoría de los vídeos incluidos en esos enlaces.

El magistrado también ha desestimado la petición formulada por las defensas el pasado viernes para que se reconociera la falta de legitimación activa de la Fiscalía en relación con los delitos de injurias y calumnias contra particulares.

La Fiscalía acusa en este juicio a seis personas por difundir el bulo del conocido como 'caso Bar España', que atribuyó falsamente, al menos desde 1998, a autoridades y funcionarios públicos de distintas instituciones su participación en una supuesta red de pederastia con base en un bar de Benicarló (Castellón). En el procedimiento también está acusado el editor de un medio digital, en este caso como responsable civil.

La Guardia Civil ha investigado a dos personas por utilizar peróxido de hidrógeno de alta concentración industrial para blanquear carne en una instalación clandestina de Benaoján (Málaga), en una operación desarrollada en colaboración con los servicios de control sanitario de la Junta de Andalucía.

La investigación, denominada operación 'Redox', comenzó en diciembre de 2025 tras una inspección en una nave que operaba sin las licencias necesarias, según ha informado el instituto armado a través de un comunicado. Las instalaciones se encontraban junto a otra nave que sí disponía de autorización oficial y, según los investigadores, se utilizaban para desviar la producción y ocultar la mercancía adulterada antes de volver a introducirla en el mercado.

Durante la inspección, los agentes detectaron graves deficiencias higiénico-sanitarias. La carne se almacenaba sin refrigeración y había productos depositados directamente en el suelo, entre fluidos y suciedad.

Un producto prohibido en el sector alimentario

Los análisis determinaron que los investigados sumergían huesos y espinazos de cerdo en soluciones de peróxido de hidrógeno al 50%, un producto conocido como agua oxigenada de uso industrial cuya utilización en el sector alimentario está expresamente prohibida.

Los informes del Grupo de Periciales de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (Ucoma) de la Guardia Civil y de la Junta de Andalucía advierten de los riesgos de esta práctica. Debido a la elevada porosidad del hueso, la sustancia química puede quedar absorbida y provocar quemaduras graves y daños corrosivos en el aparato digestivo. Además, la ruptura de la cadena de frío favoreció una importante contaminación microbiológica de los productos.

El rastreo de las compras del producto químico reveló que la titular de la explotación había adquirido 45.830 kilogramos de esta sustancia entre febrero de 2025 y junio de 2026.

Ante la amenaza para la salud pública, la Delegación Territorial de Salud y Consumo en Málaga ordenó el cierre inmediato de las instalaciones y la intervención y destrucción de un total de 30.530 kilogramos de carne y huesos contaminados.

La propietaria de la empresa y el encargado de la planta están siendo investigados como presuntos autores de delitos contra la salud pública y falsedad en documento privado. Las diligencias han quedado a disposición de los Servicios Generales de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ronda (Málaga).

Cuatro personas han sido detenidas este lunes por la tarde en Oliva (Valencia) por robos en domicilios afectados por las inundaciones provocadas por la dana Adam, según han confirmado a Europa Press fuentes de la Guardia Civil. Los arrestos se produjeron en plena emergencia por el temporal, que ha dejado graves daños materiales en la localidad y ha obligado a desplegar un amplio dispositivo de rescate y asistencia a los vecinos.

La acumulación de agua ha anegado calles y viviendas, ha dejado a vecinos atrapados y ha dificultado los desplazamientos en distintos puntos de la comarca de la Safor. La Guardia Civil ha participado en las labores de auxilio junto a otros equipos de rescate y ha desplegado medios aéreos y unidades especializadas para atender a las personas aisladas por las inundaciones. En Oliva, un helicóptero de Salvamento Marítimo llegó a rescatar a ocho adultos, un niño, un bebé y un perro.

La localidad valenciana de Oliva es una de las más afectadas por el paso de la dana Adam, que ha dejado un balance trágico de víctimas mortales y cuantiosos daños materiales. Según los datos difundidos durante la jornada del lunes, dos personas habían fallecido en Oliva y otra en Sagunt (Valencia), y este martes se ha hallado otro cadáver en la zona. Las autoridades investigan ahora si este fallecimiento está relacionado con las inundaciones.

Por ahora, la Guardia Civil no ha facilitado más información sobre los arrestos, que se produjeron durante la tarde del lunes, mientras continúa la atención a los afectados por el temporal.

La huelga general convocada en todo el país por la crisis de la vivienda sigue generando suspicacias y el rechazo por parte de las asociaciones empresariales. Si hace unas semanas eran los empresarios de Guadalajara quienes consideraban “inadmisible” que las empresas sufrieran el coste de este paro, ahora ha sido el presidente de la patronal regional, Ángel Nicolás, quien ha calificado la huelga del 11 de noviembre como “política” y ha asegurado que el trabajador no sabe “por qué se tiene que movilizar”, hablando de una convocatoria que causa “sonrojo y carcajada”.

Nicolás, que en los últimos años se ha acostumbrado a protagonizar titulares por sus polémicas declaraciones -uno de los ejemplos más recientes fue cuando llamó “memos” a los jóvenes que piden bajas laborales por problemas de salud mental-, ha insistido en una reciente rueda de prensa que el paro general promovido por el Sindicato de Inquilinas y apoyado por sindicatos como CCOO y UGT, y asociaciones como Amnistía Internacional, es una “huelga política contra la oposición”.

El problema no es subir los salarios, y culpa a Sánchez

El presidente de la Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha (CECAM) también ha tenido palabras sobre el caso que inició toda la movilización social en España por la vivienda: el desahucio de Maricarmen. Es la “primera vez que en el Boletín Oficial del Estado se publica un decreto se dirige a una persona. Eso es un auténtico disparate”.

Los sindicatos también han sido señalados por Nicolás. Les acusa de estar “ocho años en sus casas” y critica que ahora “salgan a decir que la culpa es del empresario”, un argumento que rechaza. Niega que la culpa la tengan los empresarios porque no suben los salarios y por ello es que “la gente no puede comprar viviendas”.

“El problema no es que no hayan perdido poder adquisitivo --los trabajadores--, porque los convenios se han ido renovando y se han ido firmando”. Según su punto de vista, el problema no está en que los salarios sean bajos o no, sino en que el Gobierno tiene un “excesivo afán recaudatorio” y hace pagar a los trabajadores un “40 por ciento en impuestos y cotizaciones”, a quien ha tildado de ser “el verdadero causante del problema”.

Respecto a lo que espera de la huelga, lo desconoce, porque “los propios trabajadores no están entendiendo muy bien por qué se tienen que movilizar” y los convocantes se pueden encontrar “colgando de la brocha”.

“Cuando llegue el día de la huelga ya veremos si la huelga está secundada por un 80% de los trabajadores o por un 10% porque los trabajadores no entienden por qué se les llama”, ha afirmado.

CCOO: “Hay argumentos laborales de sobra”

Estas declaraciones de Nicolás han sido respondidas por el secretario regional de CCOO Castilla-La Mancha, Javier Ortega, que ha defendido este martes que la huelga general del próximo 11 de noviembre es “absolutamente legal” y tiene “argumentos laborales de sobra”, al tiempo que ha insistido en que la vivienda, los salarios y el encarecimiento de los precios son motivos suficientes para convocar una movilización de estas características.

Ortega ha explicado que, a diferencia de anteriores huelgas generales, convocadas para rechazar recortes de derechos, esta tiene un carácter “ofensivo” ante el deterioro de las condiciones de vida.

“La vivienda no se puede separar del trabajo”, ha defendido, recordando que el acceso a un hogar está directamente relacionado con los salarios, la temporalidad y la precariedad laboral.

Por ello, ha pedido a la patronal que “no tengan ninguna duda” de que existen motivos laborales suficientes para secundar una movilización que considera uno de los ejercicios democráticos más importantes para los trabajadores.

Ortega también ha respondido a Nicolás después de que este rechazara que se responsabilice sistemáticamente a los empresarios de los accidentes laborales.

El dirigente sindical ha recordado que la legislación atribuye a las empresas la responsabilidad en materia preventiva, aunque corresponde a los tribunales determinar las posibles culpabilidades.

“Lo que no puede ser tan barato como es en Castilla-La Mancha es incumplir la ley de manera reiterada, poniendo en peligro la vida de las personas trabajadoras”, ha denunciado.

Ortega ha insistido en que “los muertos siempre están del mismo lado” y que siempre les “toca ser a las personas trabajadoras”.

La huelga general por la crisis de la vivienda tendrá, que tendrá lugar el próximo 11 de noviembre, está promovido por el Sindicato de Inquilinas y en Castilla-La Mancha ha sido apoyado por la Plataforma por el Derecho a la Vivienda regional, que ha llamado a todas las organizaciones, colectivos y personas de la región a sumarse a la huelga y a las movilizaciones que se convoquen en Castilla-La Mancha en torno a esta jornada.

Detrás de la plataforma están 14 organizaciones provinciales o autonómicas de la región. Muchas de ellas están relacionadas directamente con la vivienda (el Sindicato de Inquilinos de Guadalajara, la Unión Popular de Inquilinos de Toledo, la Asamblea de Vivienda Talavera o las plataformas de Afectados por la Hipoteca de Tomelloso y de Toledo), pero también por ONG como Amnistía Internacional Castilla-La Mancha, Proyecto Kieu o Colectivo Sin Fronteras de Albacete; entidades feministas como la Plataforma 8M Toledo o Feministas de Pueblo CLM; así como otros colectivos u organismos como CCOO Castilla-La Mancha, la Asociación Socioeducativa e Intercultural ASIEM , la Red de la Economía Alternativa y Solidaria (REAS-CLM) y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Toledo.

Siniestralidad laboral: “Nos va la vida en ello”

CCOO también se ha pronunciado este martes en Ciudad Real el secretario general estatal de CCOO del Hábitat , Daniel Barragán, quien también ha defendido que existen motivos suficientes para convocar la huelga general ante los bajos salarios, la precariedad y la elevada siniestralidad en sectores como la construcción y la ayuda a domicilio.

Unas declaraciones que cobran importancia después de un lunes negro en el que dos trabajadores han fallecido en sus puestos de trabajo en sendos accidentes laborales.

“Nos sobran los motivos, nos va la vida en ello”, ha advertido Barragán, quien ha reclamado un pacto de Estado contra la siniestralidad laboral y la aplicación de coeficientes reductores que permitan adelantar la jubilación en las profesiones más peligrosas.

"Un paso histórico". Así ha descrito el Centro de Conservación de la Biodiversidad Zoobotánico de Jerez de la Frontera (Cádiz) el nacimiento de los primeros torillos andaluces, una especie extinguida en España, en el marco del programa de reintroducción de la especie que se desarrolla en la comunidad autónoma.

Se trata de seis pollos procedentes de las primeras puestas realizadas por dos hembras del grupo de 18 aves que llegaron el pasado mes de septiembre desde Marruecos. La Junta ha publicado una nota en la que, además de remarcar que significa "un nuevo comienzo para la especie", ha informado sobre un séptimo huevo que permanece en incubación y que presenta "una evolución favorable".

El programa de reproducción 'ex situ' del torillo andaluz constituye una de las actuaciones de conservación de fauna más relevantes del contexto internacional. La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta colabora en el mismo con otras administraciones, instituciones científicas y entidades especializadas de España y Marruecos.

El punto de partida ha sido el traslado a Andalucía de 18 ejemplares de torillo andaluz procedentes de Marruecos. La adaptación de los "fundadores" a sus respectivas instalaciones en el Zoobotánico de Jerez ha sido "muy favorable", según se ha apuntado.

Una evolución próspera y éxito en el nacimiento

Desde su llegada, las aves mostraron un comportamiento normal y, en apenas un mes y medio, dos hembras han realizado sus primeras puestas, con cuatro huevos en una instalación y tres en otra. Los siete huevos fueron sometidos a incubación artificial, con condiciones de temperatura y humedad ajustadas a sus requerimientos.

Los técnicos del Centro de Conservación de la Biodiversidad han supervisado el desarrollo embrionario mediante ovoscopia, con dos revisiones semanales para comprobar la evolución de los embriones. Además, se han tomado medidas biométricas de cada huevo y se han conservado muestras para futuros estudios, con el objetivo de ampliar el conocimiento sobre la biología reproductiva de la especie y mejorar los protocolos de manejo.

Los seis primeros huevos han eclosionado con éxito y sin necesidad de intervenir durante el proceso. Los pollos nacieron entre la madrugada del domingo 11 de octubre y la tarde del lunes 12 y presentan una evolución favorable. Tras ello, pasaron a la nacedora, donde se controla la temperatura y la humedad.

Seguimiento individual y detallado

Cada pollo cuenta con una anilla identificativa que permite llevar un seguimiento individual de su crecimiento y desarrollo. De hecho, la identificación y el registro de los datos son importantes para la gestión genética de la población reproductora, la planificación de las futuras parejas y el control de la consanguinidad.

En cuanto a la alimentación durante los primeros días, reciben tomas cada 30 minutos. En cada una de ellas se registra la cantidad de piezas consumidas por cada ejemplar para controlar su ingesta y desarrollar un seguimiento más detallado.

En esta primera fase, la dieta se basa principalmente en larvas de tenebrio y pequeños grillos. A medida que los pollos crecen, se incorporan progresivamente otros alimentos, como mixtura de semillas para canarios, pienso para aves insectívoras, zanahoria, vegetales de hoja verde y mijo, entre otros.

Durante el seguimiento diario, se pueden observar distintos aspectos, como los baños de arena, cantos y la preferencia de algunos por unas zonas u otras dentro de cada recinto. Esto permite conocer mejor su comportamiento, así como mover a ejemplares de una instalación a otra si se percibe incomodidad o malestar en ese espacio o grupo.

El seguimiento se amplía con cámaras de videovigilancia instaladas en algunos puntos, así como en la zona donde se encuentran las incubadoras y en otra donde están las crías. Esto permite observar el comportamiento de los adultos, supervisar las eclosiones y la evolución de los pollos, como ha señalado la Junta.

Especies amenazadas

La cría 'ex situ' proporciona un margen de seguridad frente al riesgo de extinción. Así, el planteamiento en el programa de reintroducción del torillo andaluz sigue el camino utilizado para recuperar otras especies muy amenazadas como el lince ibérico.

El propósito es que, una vez se establezca un núcleo reproductor firme en Jerez, sus descendientes puedan participar en futuros programas de conservación 'in situ', dentro del hábitat natural, mediante su reintroducción en enclaves seleccionados del litoral andaluz.

Tras el traslado de los 18 primeros torillos, está previsto desarrollar, al menos, cuatro campañas más en Marruecos durante los próximos años, con el fin de reunir un grupo reproductor suficiente y con la mayor variabilidad genética posible.

El objetivo es evitar la consanguinidad y mantener una población sana, aspectos fundamentales en el manejo de las aves. Conforme el núcleo de cría se consolide, podrán multiplicarse las posibilidades de reintroducción en Andalucía y de fortalecimiento de la propia población.

"18 torillos. Un nuevo comienzo, una esperanza para la especie", concluye el comunicado

Otros tres nuevos casos de bebés maltratados, que pasaron desapercibidos por el sistema de sanidad vuelve a cuestionar el protocolo que se impuso en Catalunya a raíz de las graves agresiones que sufrió una niña llamada Alba, hace dos décadas.

Los tres nuevos casos de maltrato infantil se han cometido este año, según ha avanzado El Periódico, y pasaron desapercibidos en diferentes centros sanitarios donde fueron atendidos. La Conselleria de Salut investiga porqué no se detectaron a tiempo las lesiones que presentaban las criaturas. Así, la consellera portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha admitido que el Govern "está implicado" en "revisar y afinar" los mecanismos de control. "Son casos puntuales pero uno solo ya justifica la revisión" de los protocolos, ha subrayado.

Según ha avanzado este martes El Periódico se trata de tres lactantes que pasaron por los hospitales Joan XXIII de Tarragona, de Mollet y Sant Joan de Déu de Barcelona, y Parc Taulí de Sabadell. Una de las criaturas falleció el pasado 26 de junio y sus padres están en prisión. El lactante presentaba una hemorragia cerebral y fracturas diversas, pero el cuadro médico pasó desapercibido por los profesionales que lo atendieron hasta en tres ocasiones. Según ha podido saber 20minutos, los otros dos bebés están bajo la tutela de la Generalitat y viven con su familia extensa, abuelos o tíos.

Los niños pasaron también por varios centros de atención primaria (CAP) de esas zonas, y se suman al caso del bebé presuntamente maltratado que se detectó en el Hospital Vall d'Hebron en marzo. En este caso, los dos padres están siendo investigados y la criatura está siendo tutelada por la Generalitat con una familia de acogida.

Salut investiga también el caso de un bebé maltratado detectado en el Hospital Joan XXIII, que había visitado varios CAP de la zona, y cuyo padre pasó a disposición judicial acusado de malos tratos.

Además, estudia un tercer caso de una bebé maltratada que pasó en mayo por el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, y que antes había sido atendida en el hospital de Mollet y del Parc Taulí. Los médicos le vieron una lesión en la zona genital, pero no se pensó en maltrato infantil y se le dio el alta. Tras acudir una segunda vez con las costillas rotas, el hospital dio la voz de alarma.