Cuidar de un familiar dependiente puede obligar a muchas personas a reducir su jornada laboral o incluso a abandonar su empleo, una decisión que puede afectar a sus futuras prestaciones. Para evitar que dedicarse a estos cuidados perjudique su vida laboral, la Seguridad Social ofrece un convenio especial que permite a determinados cuidadores no profesionales seguir cotizando sin tener que pagar las cuotas.
Sin embargo, no todas las personas que cuidan de un familiar pueden beneficiarse de ella automáticamente. Para acceder a esta opción es necesario cumplir una serie de requisitos y estar reconocido oficialmente como cuidador no profesional de una persona en situación de dependencia.
Para acceder al convenio es necesario cumplir dos condiciones principales. La primera es que la persona dependiente tenga reconocida la prestación económica para cuidados en el entorno familiar, contemplada en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
El segundo requisito es que la persona que realiza los cuidados esté identificada oficialmente como cuidadora no profesional, tanto en la resolución por la que se concede dicha prestación como en el Programa Individual de Atención (PIA). Por tanto, no basta con atender a un familiar en casa, es necesario que la Administración haya reconocido esa situación.
Pueden ejercer como cuidadores no profesionales el cónyuge de la persona dependiente, sus familiares hasta el tercer grado de parentesco y convivir en el mismo domicilio con la persona dependiente. Solo quienes reúnan estos requisitos podrán acogerse a este convenio para cotizar sin asumir el pago de las cuotas.
La Seguridad Social establece varias incompatibilidades para acogerse a este convenio especial. No pueden suscribirlo quienes ya cobran una pensión de jubilación o de incapacidad permanente, las personas que perciben una pensión no contributiva o una pensión extranjera. También quedan excluidos los pensionistas de viudedad o en favor de familiares que tengan 65 años o más.
La solicitud puede presentarse a través del portal Importass de la Tesorería General de la Seguridad Social, en el trámite específico para cuidadores no profesionales de personas en situación de dependencia.
Para realizarla, se necesita la resolución que reconoce la prestación económica para cuidados familiares y un documento de identificación vigente de la persona dependiente. Aunque, si se autoriza a la Tesorería a consultar los datos directamente, puede no ser necesario adjuntar la resolución.
Una de las particularidades de esta medida es que no exige haber cotizado previamente a la Seguridad Social. Esto permite que personas que no han trabajado anteriormente por estar cuidando de un familiar, puedan acceder al convenio, siempre que cumplan las demás condiciones exigidas.
La cantidad por la que cotiza cada cuidador depende del grado de dependencia reconocido a la persona atendida y de las horas de dedicación establecidas.
Este convenio también puede ser compatible con un empleo, siempre que la base por la que cotiza el trabajador sea inferior a la que le correspondería por el cuidado del familiar. En ese caso, la cotización del convenio se ajusta para cubrir la diferencia entre ambas bases.
El Imserso financia íntegramente las cuotas del convenio. No obstante, quienes quieran conservar una base de cotización superior pueden suscribir otro convenio complementario, cuyo coste asume normalmente el cuidador. Aunque hay una excepción para quienes dejaron de trabajar para atender a un familiar con dependencia de grado III: en ese supuesto, el Imserso cubre el 50% de la cuota complementaria y el cuidador paga la otra mitad.
Los antiguos deportistas profesionales que no pudieron cotizar durante parte de su carrera podrán recuperar esos periodos a efectos de la pensión de jubilación. La medida, aprobada mediante el Real Decreto 739/2026, reconoce el tiempo de actividad desarrollado antes de que los distintos colectivos deportivos se incorporasen al Régimen General de la Seguridad Social, una situación que perjudicó a algunos profesionales al calcular sus futuras prestaciones.
La nueva regulación entrará en vigor el 25 de diciembre de 2026 y permitirá tanto reconocer el derecho a una pensión como revisar su cuantía cuando ya se esté cobrando. No obstante, la medida no se aplica a todos los deportistas ni permite contabilizar cualquier periodo sin cotizar: será necesario acreditar que se ejerció una actividad profesional en las condiciones establecidos por la norma.
La medida está dirigida a antiguos deportistas profesionales que residían en España y desarrollaban habitualmente su actividad deportiva en territorio nacional mediante una relación laboral profesional. En concreto, podrán solicitar el reconocimiento de los periodos trabajados desde el 15 de marzo de 1980 hasta la fecha en que su colectivo se incorporó al Régimen General de la Seguridad Social.
El objetivo es corregir la situación de quienes ejercieron su profesión antes de que existiera una vía para cotizar por esa actividad dentro del sistema general. La incorporación de los deportistas se produjo de forma progresiva: los ciclistas profesionales se integraron en febrero de 1992, los jugadores de baloncesto en agosto de 1993 y los de balonmano en enero de 1998. Para el resto de los deportistas profesionales incluidos en la normativa, la integración llegó a partir de junio de 2003.
Sin embargo, existen exclusiones. La regulación no incluye a quienes jugaron al fútbol profesionalmente, puesto que este colectivo se rige por una normativa específica. Tampoco permite contabilizar dos veces un mismo periodo: los años que coincidan con otras cotizaciones a la Seguridad Social no podrán reconocerse de nuevo al amparo de esta medida.
Los interesados deberán acreditar tanto su condición de deportistas profesionales como el tiempo durante el que desarrollaron esa actividad. Para ello, tendrán que solicitar un certificado al club o entidad deportiva en la que trabajaron, que deberá documentar los periodos correspondientes mediante el modelo previsto en el real decreto.
Si el club ha desaparecido o no dispone de la documentación necesaria, la federación deportiva correspondiente podrá emitir el certificado, siempre que tenga información suficiente para demostrar la actividad profesional realizada. Este documento será fundamental para que la Administración pueda determinar qué periodos pueden reconocerse como cotizados.
La solicitud deberá presentarse ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), de forma presencial o electrónica, junto con la documentación acreditativa. El procedimiento podrá iniciarse al solicitar la pensión de jubilación o mediante una petición de revisión cuando la persona interesada ya tenga reconocida una prestación.
El reconocimiento de estos periodos puede ser relevante para quienes no alcanzan los años mínimos de cotización exigidos para acceder a una pensión contributiva. También puede influir en el cálculo de la prestación, ya que el tiempo reconocido se tendrá en cuenta para determinar el derecho a la jubilación, la base reguladora y el porcentaje aplicable, dentro de los límites establecidos legalmente.
En el caso de quienes ya cobran una pensión, los periodos reconocidos podrán utilizarse para recalcular el porcentaje aplicable a la base reguladora y, cuando corresponda, aumentar la cuantía. La norma establece que esta revisión no podrá reducir el porcentaje que ya tuviera reconocido el pensionista. Los efectos económicos de la modificación comenzarán el primer día del mes siguiente al de la solicitud de revisión, conforme a las condiciones previstas en el real decreto.
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