Tres estudiantes del instituto público Rosa Chacel del madrileño distrito de Hortaleza han sido expulsados por la directora del centro, Luisa Capell, como represalia por participar en un artículo publicado por EL PAÍS que informaba de las protestas del alumnado por el cierre de los cuartos de baño en este instituto dedicado a las enseñanzas de Formación Profesional. La directora del Rosa Chacel expone en los partes de expulsión que los tres jóvenes difundieron “a través del periódico EL PAÍS informaciones de ámbito escolar y personal relativas a la directora del centro que pueden menoscabar su imagen y consideración”, lo que tipifica como una falta grave que conlleva la expulsión durante cinco días del centro educativo. Tanto la directora del Rosa Chacel como la consejería de Educación de la Comunidad de Madrid no han atendido las peticiones de este diario para recabar su versión de los hechos.

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En el vídeo registrado por la cámara fija del laboratorio del Servicio de Armas de la Guardia Civil de Madrid, se ve al coronel Francisco Pallás entrando con un empleado de la empresa española USP (Uniformidad y Suministros de Protección S.L.) y un guardia, cogen las cajas de cinco fusiles de asalto del instituto armado y comienzan a superponer etiquetas y precintas de la citada empresa sobre los de la Guardia Civil, tapándolos. Esta burda operación, realizada a plena luz del día y con las cámaras de seguridad en funcionamiento, ha sentado esta semana en el banquillo al Coronel, a una directiva de la empresa armamentística y a un empleado de la misma. La Fiscalía pide cuatro años de cárcel para el mando de la Guardia Civil por “un delito de falsificación de documento oficial”; y dos años para los miembros de la compañía por lo mismo. El ministerio público entiende que Pallás “falsificó unos documentos para favorecer durante el proceso de licitación a una empresa de cara a la adquisición de un mínimo de 8.250 fusiles de asalto”.

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Madrid está sucia. Se habla de ello, se lee en redes sociales y se refleja en las miles de reclamaciones que ponen los ciudadanos cada año. Es una queja histórica en la ciudad de 3,5 millones de habitantes. El paisaje que muchos madrileños observan a diario en las calles es el de contenedores desbordados y rodeados por bolsas de desechos de todo tipo. Entre noviembre de 2022, cuando comenzó a operar el contrato de contenerización, recogida y transporte de residuos, y noviembre de 2025, el Ayuntamiento ha abierto 435 expedientes por incumplimientos a las empresas privadas a cargo del servicio. Eso son unas 145 al año, según los datos municipales obtenidos a través de una petición de información realizada por Más Madrid y que ofrece una radiografía de los fallos en el sistema de recogida de basura. De los expedientes abiertos, 363 han terminado en sanciones por un valor de 1,39 millones de euros a las compañías que prestan el servicio por toda la ciudad.

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