Ha habido pocos músicos tan legendarios e históricos en España como Joan Manuel Serrat (Barcelona, 1943). El cantautor de Mediterráneo llevaba dos años retirado cuando, en 2024, recibió el Premio Princesa de Asturias de las Artes. El jurado reconoció una trayectoria que, según destacó en su fallo, había conseguido trascender la música hasta convertirlo en un “referente cívico”, además de su defensa de la tolerancia, la diversidad y el diálogo. “En el trabajo de Serrat, de honda raíz mediterránea, se aúna el arte de la poesía y la música al servicio de la tolerancia, los valores compartidos, la riqueza de la diversidad de lenguas y culturas, así como un necesario afán de libertad”, dictó el jurado, añadiendo que el autor de Hoy puede ser un gran día “es un exponente de su irrenunciable vocación de tender puentes entre países y generaciones”.

Serrat tenía 80 años cuando subió al escenario del Teatro Campoamor de Oviedo para recoger el galardón. Él mismo se presentó con bastante menos solemnidad: “Como ven, soy un señor mayor tirando a viejo”. Después recordó que venía de “una larga posguerra” y de una familia humilde, habló de su oficio —“cantar y escribir canciones”— y terminó haciendo algo parecido a una declaración de principios sobre cómo entiende la vida y la convivencia.

“Soy un hombre partidario de la vida. Prefiero los caminos a las fronteras, la razón a la fuerza y el instinto a la urbanidad”, afirmó. Serrat defendió después la tolerancia, “el respeto al derecho ajeno” y el diálogo como forma de resolver los conflictos. Fue entonces cuando pronunció una de las frases centrales de su intervención: “Creo en la libertad, la justicia y la democracia. Valores que van de la mano o no van”.

Una trayectoria marcada también por sus posiciones políticas

La declaración encajaba con una trayectoria en la que Serrat no siempre ha separado las canciones de sus convicciones. En 1968, el catalán iba a representar a España el mismo año que Massiel ganaba La, la, la. Sin embargo, ante la negativa de RTVE de que cantara la canción en catalán, fue sustituido por la cantante madrileña de 21 años.

Años después, en 1975, sus críticas a las últimas ejecuciones de la dictadura franquista durante una estancia en México le obligaron a permanecer en el exilio, algo que le afectó a nivel creativo: “Era muy difícil escribir, todo lo que tengo escrito de aquella época es francamente malo, como si con todo lo que ocurría me hubiera quedado vacío. Tuve que inventar una gira por México de varios meses para alargar el proceso de la muerte de Franco, que parecía que no acababa nunca, hasta la transición que llevaba a la desaparición de los mecanismos represivos”, dijo en una entrevista a El País en 2014

En Oviedo, Serrat llevó aquellas convicciones hasta la antigua actualidad. Aseguró que no le gustaba un mundo que consideraba “hostil, contaminado e insolidario”, lamentó ser testigo de “atrocidades sin unánimes y contundentes respuestas” y rechazó conformarse con ver “los sueños varados en la otra orilla del río”.

Retirado de las giras desde 2022, Serrat continúa participando en actos culturales. Este mismo octubre de 2026 regresó a un escenario universitario en La Laguna para conversar con estudiantes y terminó cantando Cantares acompañado por la Coral Universitaria. Y el próximo 21 de octubre recibirá en León el Premio Leteo 2026, antes de participar al día siguiente en un coloquio sobre su obra.

Spain’s Left has now missed its last chance to unite ahead of the country’s snap election on 29 November — a historic failure, not so much because the numbers don’t add up, but because it fails to offer an alternative.

The elections are seen as pivotal, with a real chance that the far-right Vox will enter the government for the first time since Spain’s return to democracy in 1978, in a coalition with the centre-right People’s Party (PP), which itself is expected to fall short of an absolute majority.

With that possibility on the horizon, the Spanish parties to the left of the PSOE (Spanish Socialist Workers’ Party), led by PM Pedro Sánchez, tried to agree on a nationwide joint list for the 29 November snap election.

But they failed because of a “war of egos”, as one political leader described it, and old grudges dating back to 2023. This has left many disillusioned and the left even more divided.

“These past few days have been very difficult … some people will be disappointed today, and for that I am sorry,” Ada Colau, former Barcelona mayor and leader of the Broad Front, said last week, as her alliance failed to reach an agreement on a joint electoral platform ahead of the election.

Spain’s electoral system disadvantages smaller parties, especially in less populated provinces. That means their votes are less likely to translate into seats. 

In Spain, a country where a two-party system was the norm until 2015, it is puzzling that the “new” left, born precisely to break that duopoly, has ended up too divided to even compete with the mainstream.

And that makes it harder for Sánchez to keep any leftwing coalition, which relies on these smaller forces.

So what’s the picture? On one side, the right is more aligned than ever: the PP and Vox are running separately, but the conservative party openly says it is willing to strike a deal with the far-right if needed. Liberalism is almost non-existent, even though Democracia 21 will run for the first time, but only in Madrid and Barcelona. And the left is divided. 

War of egos 

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El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha respaldado la decisión del Ejército de Tierra de “no renovar” el compromiso militar de un soldado por no reunir las condiciones necesarias para desempeñar la profesión. Entre las condiciones, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal ha citado sus continuas faltas al trabajo, su falta de aseo personal, el abandono de sus obligaciones cuando no había un superior presente y el incumplimiento de las tareas que le encomendaban sus mandos.

Así lo establece una sentencia del pasado 10 de septiembre, a la que ha tenido acceso Infobae, en la que la sala desestima el recurso presentado por el militar contra la resolución del Ejército de Tierra que rechazó prolongar su compromiso inicial. El soldado, que ingresó en las Fuerzas Armadas el 24 de agosto de 2020, solicitó su renovación en febrero de 2022 y posteriormente reclamó judicialmente su reincorporación, así como el abono de los salarios atrasados.

Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia andaluz no le ha dado la razón. Los magistrados José Santos Gómez, Ángel Salas Gallego y Pedro Marcelino Rodríguez Rosales, ponente de la sentencia, sostienen su decisión en los informes personales de calificación del soldado (IPEC), el documento oficial que valora de forma periódica las cualidades, méritos, aptitudes, competencias y el desempeño profesional de los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil. En 2021, este militar obtuvo la peor nota posible, una E —letra equivalente a un deficiente, un 4 en número—, en seis apartados: carácter, relación personal, actitud ante el servicio, trabajo en equipo, actitud con los superiores y prestigio. También recibió una D, la segunda peor calificación —un “normal”; 6,5 en numérico—, en otros aspectos relacionados con sus capacidades y desempeño profesional.

Según recoge la sentencia, los tres militares que integraban la Junta de Calificación advirtieron de que el militar “no avisa a su superior de sus continuas faltas al trabajo, descuida su aseo personal, abandona sus obligaciones si no hay un mando presente, no colabora en las tareas colectivas, sino que deja el trabajo a sus compañeros, y no realiza las tareas que le encomiendan sus superiores o lo hace tarde”. Los informes también reflejaron seis infracciones leves cometidas entre junio de 2021 y febrero de 2022, relacionadas con el incumplimiento de órdenes, el aseo y la uniformidad, la impuntualidad o el abandono temporal del servicio. No obstante, la instructora redujo a cuatro las faltas que podían tenerse en cuenta.

Obtuvo la peor nota posible en los informes personales de calificación del soldado (IPEC)

A esto hay que añadirle un episodio ocurrido en otoño de 2021. Según el testimonio del teniente coronel jefe de grupo, el militar manifestó que no se encontraba en condiciones de participar en una misión de seis meses en Líbano, por lo que prefirió permanecer en Córdoba y rechazó su participación. Por todo ello, sus superiores le exigían un cambio radical en actitud y colaboración con el resto de sus compañeros, alegando incluso que podría llegar a ser un buen soldado si cambiaba.

En su recurso, el soldado defendió que el informe de un único mando no justificaba la decisión. Sin embargo, los magistrados rechazan este argumento porque las valoraciones negativas procedían de distintos superiores y organismos militares. “No es precisa una actitud constante contraria a los valores militares, sino que basta con los que aun aisladamente revelen su inhabilidad”, sostiene la sentencia. De la misma manera, recuerdan lo dictado en el artículo 9 del Reglamento de evaluaciones y ascensos en las Fuerzas Armadas, que menciona que superar las pruebas físicas, pasar el reconocimiento médico, no consumir drogas y carecer de antecedentes penales no garantiza la continuidad en el Ejército.

Por todo ello, el TSJA desestima la demanda y condena al soldado a pagar las costas procesales, limitadas a 300 euros más IVA. La sentencia contempla la posibilidad de interponer recurso de casación si concurren los requisitos legales.

La Comunidad de Madrid ha solicitado al Tribunal de Cuentas que archive las denuncias presentadas por PSOE y Más Madrid y no abra una investigación para indagar en la adquisición por parte del Gobierno regional de un ático de lujo en el barrio de Chamberí por 6,3 millones de euros. Fuentes del Ejecutivo regional sostienen que la actuación “se ajusta plenamente a la legalidad” y a los “estatutos y competencias” de Planifica Madrid, la empresa pública que compró la vivienda. También subrayan que esa operación “no supone un deterioro económico” para las arcas públicas. 

El Tribunal de Cuentas solicitó a la Fiscalía, a la Comunidad de Madrid y Planifica Madrid que se pronunciara sobre la conveniencia de nombrar a un instructor para que estudie si hubo desvío de fondos públicos en la adquisición de ese ático que seguirá en manos del Ejecutivo regional tras fracasar la operación puesta en marcha para venderlo en julio, justo un día después de que se conociera la adquisición a través de la prensa. 

De acuerdo a las fuentes de la Comunidad de Madrid, Planifica Madrid “adquirió el inmueble dentro del objeto social de la empresa pública, cuya finalidad es adquirir y gestionar parte del patrimonio inmobiliario de la Comunidad de Madrid y ponerlo al servicio de las necesidades de la Administración regional”. En sus alegaciones, los servicios jurídicos afirman también que el inmueble, que costó 6,3 millones de euros, “se adquirió por un precio que se correspondía con el valor de mercado tasado en el momento de la compra”.

El escrito presentado se acoge a la última versión ofrecida por el Ejecutivo de Ayuso, consistente en que el ático se compró para “alojar a las propias autoridades de la Comunidad”. Así, dicen que el inmueble “se adquirió como espacio de apoyo a las consejerías para atender distintas necesidades institucionales, lo cual se concretó en el contrato de arrendamiento suscrito con posterioridad a la adquisición”. Y subrayan que “en ningún caso, el inmueble se adquirió como vivienda oficial para la presidenta”.

El documento también afirma que el consejero delegado de Planifica Madrid “es la persona facultada expresamente para realizar la compraventa de inmuebles en la empresa”. Y resalta que “la operación tenía como finalidad incorporar un activo patrimonial a Planifica Madrid, conservando el valor de la inversión y permitiendo atender distintas necesidades institucionales de la Comunidad de Madrid”.

El juicio por el supuesto amaño del campo de golf que el Partido Popular construyó en el centro de Madrid ha acogido este lunes la declaración como testigos de más de una decena de testigos, la mayoría de ellos vinculados al Canal de Isabel II, la empresa pública de aguas sobre la que se levantó esa infraestructura deportiva ya demolida. 

Entre ellos, ha comparecido el que fuera consejero de Medioambiente durante el Gobierno de Esperanza Aguirre, Mariano Zabía, quien ha negado la existencia de “intereses ocultos” en los contratos del Canal adjudicados a familiares de Ignacio González, entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid. Zabía, quien era vicepresidente de Canal de Isabel II, ha dicho que no percibió de ninguna manera que hubiera interés en beneficiar a TCT, una empresa del hermano de Ignacio González, Pablo Manuel; su cuñado, Juan José Caballero; y un socio de estos últimos, quienes también se sientan en el banquillo.

Los hechos que se están enjuiciando se remontan a hace más de veinte años. En 2003, la empresa de aguas encargó a ACS —posteriormente, Dragados— la construcción del campo de golf. Pero, un año después, Ignacio González e Ildefonso de Miguel, director gerente del Canal, modificaron el proyecto “con el fin de beneficiar a familiares” del entonces vicepresidente regional, según acreditó la investigación del juez Manuel García Castellón.  

Esas variaciones, añade su auto de apertura de juicio oral, eran tan “sustanciales” que hubieran necesitado de una nueva licitación. Pero ambos “convinieron con Dragados” que el Canal le adjudicaría directamente el modificado pero con la condición de que subcontratara a la citada TCT, que obtuvo de la subcontrata con Dragados más de tres millones de euros, pero no podía hacerse cargo del proyecto porque “carecía de capacidad” para ello. 

Así que recurrió a otras dos sociedades —Onlygolf y Fieldturf—, a las que impuso una mordida del 8%. Fueron finalmente 266.972 euros para el hermano de González, su cuñado y su socio José Antonio Clemente. Recibieron ese dinero en sobres de efectivo a través de 49 entregas. Además, TCT también fue adjudicataria, junto a otras empresas, de la gestión, explotación y ajardinamiento del proyecto en otra licitación que el juez también consideró “innecesaria e irregular”. Ambas contratos supusieron para TCT un beneficio total de 504.780 euros, según recoge la resolución judicial.

Ante el tribunal, Zabía, al igual que otros testigos, ha dicho en reiteradas ocasiones que no podía recordar determinadas cuestiones planteadas por las acusaciones. “¿Usted recuerda que en ese Consejo de Administración se dijo algo de que esas empresas estaban vinculadas a Ignacio González? ¿Ese dato lo recuerda? ¿Le podía pasar desapercibido?”, le ha preguntado la fiscal. “Vamos a ver, ese dato no lo recuerdo. Es posible que me pasase desapercibido, digamos, pero no creo que me pasase desapercibido un dato en principio relevante. Pero insisto, no le puedo contestar taxativamente porque no lo recuerdo”, ha respondido el testigo. 

En la sesión de este lunes también ha comparecido Adrián Martín López de las Huertas, quien en la época de los hechos investigados era director de Ingeniería del Canal de Isabel II. Ante el tribunal, el testigo ha dicho que la idea de modificar el proyecto del Tercer Depósito para realizar un campo de golf “partió de Esperanza Aguirre”, quien entonces era presidenta de la Comunidad de Madrid. El testigo, que fue quien dio el visto bueno a ese proyecto, ha reiterado que “nunca” recibió presiones para firmar ese documento. 

“¿Alguien de Dragados le comentó que don Ignacio González estaba influyendo en el proyecto, estaba interviniendo, estaba inmiscuyéndose de alguna manera?”, le ha llegado a preguntar la fiscal. “No”, ha respondido el testigo, quien llegó a estar en prisión provisional por este caso aunque finalmente el caso fue archivado para él.

El tribunal ha comunicado que aplaza al jueves la declaración como testigo de Esperanza Aguirre, prevista inicialmente para este miércoles, debido a que este día finalmente no habrá jornada de juicio. 

Octubre es uno de los mejores meses para la calabaza, uno de los alimentos más emblemáticos y deliciosos que trae el otoño. Pese a que en el imaginario colectivo ha trascendido la imagen de una calabaza pepona, achatada, con un color naranja muy vivo, lo cierto es que se presenta en multitud de formas y tonalidades. Y con estas variedades, la calabaza ha adoptado múltiples nombres, como butternut, delicata o kabocha. No solo varían en su aspecto, también en su sabor y textura, lo que influye a la hora de cocinarlas.

El otoño no solo cambia la gama cromática de todo lo que nos rodea, también trae consigo nuevas oportunidades gastronómicas en forma de deliciosos ingredientes, como las castañas, los caquis y los cítricos. A estos frutos populares les está ganando terreno la calabaza, que está siendo rescatada de nuestro recetario gracias a su delicioso sabor, pero especialmente por su versatilidad. Puede prepararse asada en el horno, en guisos o en postres. No solo eso, cada pieza cunde mucho, por lo que es ideal para preparar comida para varios días, o alimentar a varios comensales a la vez.

Este pariente del melón, el calabacín o el pepino pertenece a la familia de las cucurbitáceas, unas plantas trepadoras rastreras de las que existen más de 800 variedades. En el caso de las calabaceras, estas crecen directamente en el suelo, en una forma que recuerda a la vid, creando estructuras complejas y entrelazadas. Su hoja es grande, ancha y aterciopelada; mientras que su flor -que también se puede comer- es extensa y amarilla, con forma de trompeta.

Con independencia de la variedad que elijas, debes saber que la calabaza es un fruto con un gran atractivo nutricional. De acuerdo con la Fundación Española de Nutrición (FEN), contiene un gran aporte de vitamina C: solo con una ración es capaz de cubrir hasta el 31% de las ingestas diarias recomendadas. Además, es rica en carotenoides, que favorecen la transformación de la vitamina A en nuestro organismo. Por si fuera poco, aporta cantidades atractivas de fibra.

Cómo cocinar la calabaza butternut

Posiblemente esta es la variedad de calabaza que más veas en el mercado o en comercios generalistas. También conocida como calabaza cacahuete o violín, estas denominaciones son extremadamente descriptivas, ya que se deben a su característica forma de pera. Su piel es de un tono anaranjado pálido y mate, con una textura fina y lisa, fácil de pelar si la comparamos con otras calabazas.

Puesto que su temporada puede llegar a extenderse hasta diciembre, es conocida como una calabaza de invierno. Se trata de una de las calabazadas más populares gracias a su versatilidad y su pulpa firme y sabrosa, que no llega a ser demasiado dulce, por lo que puede servir para preparar platos principales y postres por igual. En boca, tiene un ligero sabor a nuez, lo que le dará un toque único a platos al horno, fritos o asados.

La puedes rellenar y gratinar con quesos como el feta y el parmesano, miel y unos frutos secos para potenciar todo su sabor. Otra opción es aprovechar su textura firme, laminarla y prepararla a baja temperatura en el horno: el resultado será una calabaza melosa que podrás depositar sobre una cama de puré de patata o una cucharada generosa de queso ricotta, un entrante perfecto para sorprender a tus invitados.

Cómo cocinar la calabaza delicata

Una calabaza con un perfil gustativo lleno de carácter es la delicata, gracias a su característico sabor dulce, con notas de maíz y frutos secos. Su aspecto exterior recuerda más a un melón amarillo que a un fruto de la calabacera, gracias a su forma cilíndrica y a su color pálido, con rayas verdes. También presenta un tamaño reducido, con un peso que no suele superar el medio kilo. La temporada de esta calabaza es más tardía que la de otras variedades autóctonas, ya que la siembra y cosecha comienzan en diciembre y se extienden hasta abril.

Al igual que la calabaza butternut, su piel es fina, pero ello no impide que se pueda rellenar. De hecho, es perfecta para este fin, gracias a su pequeño tamaño, ideal para una ración. Por su sabor dulce y su pulpa cremosa, es perfecta para prepararla asada. Gracias a su alto contenido en azúcar, asumirá un aspecto glaseado, con un tostado dorado y acaramelado.

Calabaza kabocha

No todas las calabazas son anaranjadas, prueba de ello es la kabocha, un manjar con una piel de tonalidad verde intenso. También conocida como calabaza japonesa, se trata de un ingrediente habitual en el recetario del país nipón, gracias a su sabor dulce, suave e intenso, que recuerda al boniato.

Gracias a su potente sabor, puede ser el protagonista de cualquier plato. De hecho, debido a la consistencia de su pulpa y la dureza de su piel, puede prepararse hervida, aderezándola después con un chorrito generoso de salsa de soja. También hace una pareja perfecta con los cortes más grasos de la carne, como puede ser el tocino, dando como resultado un plato meloso, con un perfil gustativo lleno de contrastes. Por último, puede ser el ingrediente perfecto para preparar una tarta, debido a que su sabor a nuez combina a la perfección con el de la mantequilla, la galleta y otros elementos habituales de la repostería.

Dutch MEP says government is trying to avoid EU environmental rules as protests over luxury development turn violent

MEPs have accused Albania of deploying “sneaky” practices to fast-track a proposed Trump-linked luxury resort in the country amid protests that have turned increasingly violent.

As the prime minister, Edi Rama, pledged to “listen to the voices of young people” taking to the streets, there was mounting criticism of his failure to address demonstrators who had long opposed the controversial project peacefully.

Dutch MEP says government is trying to avoid EU environmental rules as protests over luxury development turn violent

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En ocasiones la ficción supera a la realidad y en otras se dan la mano. Francia vive desde hace unas semanas una oleada de disturbios, manifestaciones y protestas que se ha convertido en una de las crisis sociales más graves a las que se ha enfrentado Emmanuel Macron. Lo que el pasado 17 de septiembre comenzó como una movilización estudiantil para denunciar la falta de recursos en el sistema educativo ha terminado convirtiéndose en un estallido de descontento social con disturbios por todo el país, a la que se han sumado sindicatos, trabajadores y miembros de los chalecos amarillos. Solo este sábado se dejaron las cifras más graves: 2.000 detenidos, 600 policías heridos y más de 1.500 comercios vandalizados. El Gobierno francés responsabiliza a la “ultraizquierda”.

Sin embargo, la actuación de las fuerzas de seguridad tampoco ha estado exenta de polémica. El pasado 5 de octubre en Lens, al norte del país, un estudiante de 15 años perdió una mano después de que le explotara una granada lanzada por los antidisturbios. Para entonces, el Ministerio de Educación ya había contabilizado 215 estudiantes heridos desde el inicio de las movilizaciones.

Y por esto se habla del regreso de los chalecos amarillos, el movimiento vivido en el país en 2018 para protestar contra las políticas económicas del Gobierno de Macron. Precisamente en aquellas movilizaciones se ambienta Caso 137; el thriller policial dirigido por el franco-alemán Dominik Moll convierte una investigación sobre un manifestante herido en una reflexión sobre la violencia policial y las dificultades de depurar responsabilidades dentro de las propias fuerzas de seguridad. La película optó a conseguir la Palma de Oro en el Festival de Cannes el año pasado.

Disponible en Filmin

La película, protagonizada por Léa Drucker, gira en torno al disparo con una bala de goma que recibe un joven en su cabeza durante una protesta en París. Drucker interpreta a Stéphanie, una agente de la Inspección General de la Policía Nacional francesa (IGPN), el organismo encargado de investigar posibles irregularidades cometidas por los agentes. Pese a que en un principio no encuentra pruebas de violencia policial ilegítima, descubrir que la víctima era de su ciudad natal servirá de aliciente para transformar el “caso 137” en algo más que un simple número.

El largometraje, disponible en Filmin desde el pasado 11 de septiembre, fue nominado a ocho premios César en la edición de 2026, entre ellos los de mejor película, dirección y guion original. Finalmente, Drucker se alzó con el galardón a la mejor actriz por su interpretación de Stéphanie, mientras que la cinta también obtuvo el César de los Estudiantes de Bachillerato, concedido por alumnos de centros educativos franceses.

De esta forma, el director franco-alemán vuelve a abordar el universo policial tras su anterior película, La noche del 12, estrenada en 2022 y ganadora de seis premios César, entre ellos el de mejor película y dirección. En aquella ocasión, Moll seguía a un joven inspector de la Policía Judicial obsesionado con resolver el feminicidio de una mujer, quemada viva tras ser rociada con gasolina.

El Consejo de Ministros aprobará este martes un paquete de 45 millones de euros para "impulsar" las residencias universitarias en España y facilitar la movilidad de los jóvenes que tengan que desplazarse para estudiar. Según ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo que se aprobará es un paquete con siete proyectos concretos que se pondrán en marcha "en un muy breve espacio de tiempo" con el objetivo de que, en una primera fase, se puedan crear cerca de 2.000 nuevas plazas en universidades públicas de todo el país.

"La universidad, evidentemente, no es inmune a uno de los principales problemas de nuestro país: el acceso a la vivienda. Cuando un estudiante no puede permitirse vivir donde le gustaría estudiar, lo que sucede es que la universidad deja de ser el motor de prosperidad y de igualdad de oportunidades que todos queremos que sea", ha subrayado el jefe del Ejecutivo tras presidir en el Placio de la Moncloa la firma de la declaración sobre el nuevo Estatuto del Estudiantado Universitario, al que también se dará luz verde mañana para reformar el actual, de 2010.

La norma, anunciada a principios de año, se aprobará in extremis, a poco más de un mes de las elecciones generales del 29-N, con novedades como la atención a la salud mental, la conciliación de los estudios con el trabajo y los cuidados, y una mayor protección para estudiantes con discapacidad. Se actualizará, así, el estatuto aprobado hace ya 16 años, el primero que tenía el estudiantado universitario de la democracia. "Hoy el mundo no es el del año 2010 y la universidad tampoco, ni debe serlo. Han cambiado las formas de aprender, de enseñar y de relacionarse", ha señalado Sánchez, antes de mencionar también el impacto que han tenido las nuevas tecnologías y, sobre todo, la inteligencia artificial (IA) en las aulas.

De igual modo que ha cambiado "la realidad" de los propios estudiantes, cada vez más diversa: ya no todos llegan a la universidad por los mismos recorridos académicos y muchos van a trabajar al salir de clase o tienen que compaginar los exámenes con el cuidado de los hijos o de los padres, o bien sufren algún tipo de discriminación o violencia.

"Todos merecen una universidad que les comprenda, que les acompañe y que les proteja. Porque el talento está repartido por toda la sociedad, lo que no se reparte de la misma manera son las oportunidades entre las personas que componen el sistema universitario y nuestra obligación es conseguir que ninguna circunstancia personal, familiar o económica haga que se imponga un obstáculo a que nadie pueda llegar tan lejos como su esfuerzo y su talento lo permitan", ha defendido, tras celebrar la importancia deesta norma que afectará a casi dos millones de jóvenes "y no tan jóvenes" que estudian en unviersidades de todo el país.

Planes de conciliación y derecho a paro académico

Ese, según Sánchez, es precisamente el "espíritu" del nuevo Estatuto que tienen previsto aprobar este martes en el Consejo de Ministros, para potenciar la participación y la representación del alumnado, promover la movilidad, incidir en el apoyo psicológico y en la salud mental, garantizar la conciliación y proteger los datos y la "desconexión digital". "Ahonda también en la defensa de la integridad académica", ha apuntado.

Según el proyecto de real decreto que se sacó a consulta pública el pasado mes de abril, la norma integra varias medidas clave. Reconoce el derecho a compatibilizar estudios y trabajo y la obligación de que se facilite esa conciliación, para lo cual las universidades deberán elaborar planes generales de conciliación. En esa línea, establece que tiene que haber, por lo menos, dos convocatorias de exámenes por asignatura (una ordinaria y otra extraordinaria) y que se podrá cambiar la fecha de la prueba por motivos de salud, cuidados de dependientes, fallecimiento o enfermedad grave de familiares, representación estudiantil o coincidencia con otras pruebas académicas.

Además, aparece por primera vez la IA y se prohíbe expresamente su uso fraudulento o inapropiado en evaluaciones, trabajos y documentos universitarios. Se refuerzan también las adaptaciones curriculares para el alumnado con discapacidad y necesidades educativas.

El texto establece también que las becas deberán garantizar que ningún estudiante abandone la carrera por motivos económicos y plantea tener en cuenta el coste del alojamiento cuando un alumno haya cambiado de residencia.

Otra de las novedades de la norma es que refuerza la representación estudiantil y se reconoce expresamente el derecho al paro académico, una medida que también estaba incluida en el Estatuto del Becario, que lleva pendiente desde la anterior legislatura.

Desde mediados de los años noventa, en España existen servicios especializados que intervienen en casos conflictivos de separación familiar para garantizar el contacto entre menores y progenitores. Son los llamados Puntos de Encuentro Familiar (PEF), espacios a los que derivan los juzgados en situaciones delicadas y que ofrecen un lugar supuestamente neutro y supervisado por profesionales para facilitar el cumplimiento del régimen de visitas de menores. Se trata, no obstante, de un recurso cada vez más saturado y cuestionado por sus empleadas, que denuncian que, a menudo, detrás de esa situación "conflictiva" que el juez ha decidido pasar por alto apelando al interés superior del menor hay un caso de violencia de género o vicaria.

En su última memoria, la Fiscalía aseguró que la "saturación" de estos servicios es "uno de los problemas civiles más extendidos" de 2025, y que ha empeorado respecto al año anterior. Según recoge el documento, las fiscalías de ciudades como Burgos, Córdoba o Madrid reportaron el año pasado listas de espera "que impiden iniciar las visitas supervisadas durante meses" una vez acordadas judicialmente. El Ministerio Público considera que son recursos "muy útiles e incluso imprescindibles" en rupturas de elevada conflictividad, aunque advierte de que siguen siendo insuficientes. En algunos territorios existe un único centro para toda la provincia, mientras que otros presentan horarios limitados, instalaciones insuficientes o están alejados del domicilio del menor.

El problema, sin embargo, no es únicamente de recursos. Profesionales especializadas en la infancia y la violencia de género que tienen contacto con estos puntos de encuentro familiar ponen el foco en otra carencia: "Nuestra mayor problemática ya no es el número de centros o de horas, sino la falta de perspectiva de género en los puntos de encuentro familiares", señala a 20minutos Eva Atance, trabajadora social especializada en violencia de género. "No se puede trabajar familiar con violencia. No se puede", subraya.

Coincide con Lupa Pérez, psicóloga sanitaria especializada en violencia de género en menores, que insiste en que a veces "hay casos de violencia machista o vicaria detrás", pues los agresores utilizan a los niños para castigar o manipular a la madre a través de estos espacios. "No se cuida ni la protección de la mujer y, sobre todo, no se cuida la vulnerabilidad del menor", sostiene.

Obviar la violencia para mantener el vínculo con el padre

Estos servicios especializados intervienen en situaciones de separación familiar y pueden utilizarse simplemente para las entregas y recogidas de los menores (en el caso de Juana Rivas, por ejemplo, se utilizó un punto de encuentro familiar para la entrega de su hijo menor al padre) o para facilitar visitas supervisadas cuando existe sospecha de riesgo, trato inadecuado o una relación que debe recuperarse progresivamente. Pero lo normal es que se use como un espacio en el que el progenitor —habitualmente el padre— mantenga el contacto con sus hijos en situaciones de separación, divorcio o incluso situaciones de violencia de género.

Y es precisamente ahí donde las profesionales consultadas sitúan uno de los principales problemas: aseguran que en muchas ocasiones se utilizan estos puntos cuando ha habido maltrato porque los casos de violencia machista y las custodias se llevan por procedimientos judiciales separados, lo que propicia que, aunque exista una denuncia, una orden de protección o antecedentes de violencia, el conflicto pueda terminar abordándose en el punto de encuentro como una cuestión de relaciones paterno-filiales. "Ponemos parches a la violencia, pero luego realmente en un punto de encuentro, como estamos hablando de familia, ya obviamos la violencia", señala Atance.

De hecho, la propia Fiscalía habla en su memoria del modelo "pionero" que desplegó la Región de Murcia en 2015, bautizado como PEFVIOGEN, "exclusivo para supuestos de violencia de género", que permite supervisar de forma especializada los regímenes de visitas con rendición de cuentas periódica al juzgado y al Ministerio Fiscal. Según datos del Gobierno autonómico, en los seis primeros meses de 2026 estos puntos habían atendido a 143 menores y a 104 familias.

Sobre esta contradicción hace hincapié Gema Cornejo, abogada experta en derecho de familia y violencia de género: "Yo llevé un caso en el que había una condena al padre por darle una patada a su hija menor y el juez le prohibió las visitas a ella, pero no a su hermana mayor, alegando que ella sí tenía vínculo con el padre y necesitaba verle", cuenta a este periódico. A su juicio, estos recursos se emplean como solución intermedia en casos en los que lo que realmente debería existir es una suspensión del régimen de visitas.

"Normalmente son muy reacios a suspender las visitas porque entienden que es más perjudicial para el menor cortar el vínculo con el progenitor y usan esos puntos de encuentro, que al final no siempre funcionan porque es un suplicio para esos niños que muchas veces van obligados porque tienen miedo al padre y se quedan en un rincón", relata Cornejo, que muchos niños acaban somatizando ese miedo con dolores de estómago o incontinencia fecal. Además, en los casos en los que ha habido violencia de género acaba produciéndose una revictimización de la madre obligada a llevar a sus hijos a estos puntos y a coincidir de forma indirecta con sus agresores.

"Yo he discutido con compañeras que proponían devolver la tutela a un señor con una orden de protección en vigor"

Habitualmente los equipos están formados por una psicóloga, una trabajadora social y, en algunos casos, una educadora social. Estas profesionales deben desarrollar las visitas, elaborar informes y trasladarlos a la Fiscalía. Pero, para Atance, todo esto pierde el sentido sin una debida formación con perspectiva de género. La trabajadora social considera especialmente problemático que profesionales de los PEF puedan elaborar informes en los que se plantee retirar la supervisión de las visitas sin tener en cuenta el contexto de violencia.

En esa línea, cuenta que se ha encontrado con situaciones en las que los profesionales "creen más al agresor que a la víctima". "Yo he tenido muchas discusiones con compañeras mías por proponer la recuperación de la tutela a un señor que tiene una orden de protección en vigor y lo que me responden es que su trabajo no es la violencia de género, sino ver cómo está el menor... pero hay que tener un poco de perspectiva", defiende.

La tarea pendiente: escuchar al menor y ver el contexto

La Fiscalía sí defiende este tipo de recursos como necesarios en situaciones delicadas. Su utilidad, dice en la memoria, es "indiscutible" en aquellas situaciones "sin duda complejas en que es necesario restablecer una relación paternofilial muy dañada o rota, o con gran conflictividad entre los progenitores". Pero para las tres profesionales consultadas por este periódico, la utilidad de estos puntos pierde fuerza o incluso genera el efecto contrario si se usa al margen del contexto en el que se produce la ruptura familiar, especialmente en casos en los que ha habido violencia.

Había un par de leyes en tramitación que buscaban atajar este tipo de situaciones fortaleciendo la escucha a los menores de 12 años (que es el límite establecido actualmente por ley para tener en cuenta su opinión), pero ambas han caído por el sumidero de la legislatura al convocarse elecciones anticipadas. El tener en cuenta la voluntad del niño es algo que llevan reivindicando desde hace años las entidades de infancia. "Hay que escucharles y, en función de la edad, si no saben expresarse aún porque son pequeños, te dan muchas pistas. Un niño que se esconde debajo de la mesa del colegio cuando va a venir el padre a buscarle te dice muchas cosas y no te lo ha contado con palabras", subraya la abogada Gema Cornejo.

Según concluye Eva Atance, no ayuda tampoco que las trabajadoras sociales tengan contratos precarios de 16 horas semanales: "Lo que hay es un cúmulo de problemáticas que siguen fomentando que este sistema no funcione".