Los seguros no se inventaron hace décadas en una oficina, sino que son más antiguos de lo que parece. Mucho antes de que existieran las compañías aseguradoras y el sistema financiero tal y como hoy lo conocemos, las personas ya buscaban la manera de protegerse frente a las pérdidas económicas y los accidentes. Hay que retroceder al año 3.000 antes de Cristo para encontrar la primera póliza de la que se tiene constancia.

En China, los comerciantes ya aseguraban la mercancía que transportaban por los ríos. Para mitigar el riesgo de perder la carga se les ocurrió distribuir la mercancía de cada vendedor en diferentes barcos. De este modo, si uno se hundía, se repartían las pérdidas y se evitaba una mayor para una única compañía. Funcionaban bajo el principio de la diversificación: divide y no perderás todo.

Otro ejemplo lo tenemos en la Antigua Babilonia. El famoso Código Hammurabi recoge que si un comerciante solicitaba un préstamo para enviar mercancía al barco y la nave naufragaba, la ley establecía que el crédito quedaba cancelado. Hay que avanzar un poco más en la historia para encontrar el contrato de aseguramiento que sentó las bases para el sistema actual. Concretamente al 1347.

Ese año se dejó constancia mediante escritura notarial del navío de Santa Bárbara, que realizaría un viaje entre Génova y la isla de Mallorca. Las cláusulas recogidas en este documento detallaban aspectos como el riesgo, la valoración de los elementos a los que se daba cobertura o el tiempo de duración.

La Información Económica lanza este nuevo episodio de 'Economía Indiscreta', una serie de contenidos audiovisuales de carácter divulgativo con la que buscamos contribuir al debate público-económico. En el anterior, publicado hace justo una semana, explicaba el número de viviendas que se pagan al contado en España.

El gigante textil Inditex ha recuperado este martes el trono como la empresa del Ibex 35 con una mayor capitalización o valor en bolsa. Lo ha hecho tras superar a Banco Santander, casi cuatro meses después de que la entidad cántabra le arrebatase el liderazgo del selectivo español el pasado 22 de junio.

En concreto, los títulos del gigante textil gallego han cerrado la sesión de este martes en los 56,56 euros por acción, tras subir un 2,06% con respecto a la jornada previa. Con ello, su valoración bursátil supera los 176.277 millones de euros.

Por su parte, las acciones de Banco Santander han marcado un precio de cierre de 11,728 euros por título (-0,37%), por lo que su capitalización se sitúa en los 170.718,63 millones de euros.

De este modo, Inditex aventaja en algo más de 5.559 millones de euros a la entidad presidida por Ana Botín y vuelve a situarse en la cima de la cotización nacional.

Cambio de tendencia desde junio

El pasado 22 de junio, Banco Santander se encumbró como la firma más valiosa de la plaza española al registrar una valoración bursátil de 176.242 millones, sustentada en una cotización de 11,998 euros por título sobre una base accionarial que entonces contaba con 15.018,5 millones de títulos en el mercado. En aquella misma fecha, la compañía con sede en Arteixo quedaba relegada a la segunda posición del Ibex 35 con una capitalización de 171.915 millones de euros y sus títulos cotizando a 55,16 euros.

Desde entonces, la evolución en los parqués ha permitido a Inditex elevar su valoración en más de 4.363 millones de euros, resultado del incremento de 1,40 euros en el precio de cada una de sus acciones (pasando de 55,16 a 56,56 euros) aplicado sobre su volumen de 3.116,7 millones de títulos.

Por su parte, el cambio en la valoración de mercado de Banco Santander refleja el impacto conjunto del comportamiento de su cotización y de sus operaciones sobre el capital social. Por un lado, afecta el hecho del descenso de 0,27 euros por título (al pasar de 11,998 a 11,728 euros).

A este ajuste en el precio se suma la reducción del volumen de títulos emitidos tras concluir el pasado 24 de agosto un programa de recompra de acciones por 5.030 millones de euros. La posterior amortización y retirada del mercado de más de 462 millones de títulos redujo la base accionarial del banco desde los 15.018,5 millones iniciales hasta los 14.556,5 millones actuales, que a 11,728 euros por título recorta en cerca de 5.500 millones de euros su capitalización global respecto a junio.

El Gobierno garantiza a los sindicatos que subirá el sueldo de los empleados públicos de España prevista para 2027, pero sigue sin concretar cuándo, para disgusto de las organizaciones sindicales. El departamento de Función Pública que encabeza Óscar López se ha reunido esta tarde con UGT, CCOO y CSIF a quienes ha garantizado que la mejora del 4,5% pactada en diciembre del año pasado se llevará a término, pero sin concretar en qué momento.

El año pasado, los tres sindicatos de la Función Pública acordaron una senda de subidas acumulada del 11,4% entre 2025 y 2028 distribuida en un 2,5% en 2025; un 1,5% este año (con un 0,5% adicional si la inflación se comía esa mejora); un 4,5% en 2027 un 2% final en 2028. Aunque el acuerdo está rubricado, es necesario darle cobertura legal a cada incremento salarial, de ahí la urgencia de los sindicatos.

Desde UGT Servicios Públicos han emplazado al ministerio a que apruebe la mejor retributiva antes del 24 de noviembre, cuando está previsto el último Consejo de Ministros antes de las elecciones, que se celebrarán el domingo de esa semana. La secretaria general del sindicato, Isabel Araque, ha destacado que la mejora retributiva del 4,5% se pactó el año pasado y ha señalado que el Congreso de los Diputados convalidó "sin dificultades" la subida del año 2025 incluso siendo retroactiva.

Además, ha añadido que la mejora está respaldada legalmente aunque se tenga que convalidar en la Diputación Permanente o con el Ejecutivo en funciones. Y ha recordado que también está pendiente una subida adicional del 0,5% vinculada a la inflación que se suma al 1,5% que ya se decretó para 2026.

Por su parte, desde Comisiones Obreras han reclamado al Ejecutivo "el cumplimiento efectivo de todos los compromisos adquiridos". El propio Óscar López prometió hacer "todo lo posible" para ejecutar el incremento salarial antes de las elecciones, pero todavía no lo materializa.

El sindicato ha señalado que hay otras reformas acordadas que todavía no se han desarrollado, como la eliminación de las tasas de reposición -que limitan el número de plazas que la administración puede sacar para reponer las salidas de funcionarios-, la actualización de las indemnizaciones por residencia y por razón de servicio o la mejora del personal del Servicio Exterior.

Del lado de CSIF, sindicato mayoritario en la Administración General del Estado (AGE), han reclamado también que la subida se apruebe antes de las elecciones "para evitar retrasos por las limitaciones que tiene el Ejecutivo una vez que entra en funciones". Algo que consideran de gran importancia porque el texto que recoja la subida "debe estar disponible con suficiente antelación para que las diferentes administraciones puedan presupuestar y preparar nóminas".

La subida salarial afectará a los 3,5 millones de empleados públicos (funcionarios o no) que trabajan en las distintas administraciones. El impacto de la subida del 4,5% para un salario medio del sector público -que rondaba los 3.232 euros brutos al mes en 2024- sería de unos 151 euros adicionales (aplicadas ya las revalorizaciones de 2025 y de 2026). Lo que situaría esta renta en los 42.380 euros brutos.

Otras cuentas pendientes

Más allá de la cuestión salarial, los sindicatos han reclamado al Gobierno que cierre otros asuntos todavía pendientes de desarrollar del acuerdo salarial de 2021. Entre ellos, la implantación de la jubilación anticipada parcial para los funcionarios -la del personal laboral se desbloqueó recientemente en el Congreso- o que se tomen medidas para atajar la temporalidad abusiva que aqueja a la administración pública y que ha colocado a España al borde de una multa de la Comisión Europea.

El Tribunal Supremo ha declarado nulo el despido de una trabajadora víctima de violencia machista que la empresa acordó una semana después de que uno de sus administradores tuviera que declarar como testigo en la causa penal abierta por la denuncia por la agresión.

En su sentencia, la sala de lo social del alto tribunal estima el recurso presentado por la trabajadora y revoca la resolución de un juzgado de Ávila -después confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León- que declaraba su despido improcedente, y no nulo, como la empleada solicitaba.

La sentencia concluye que hay indicios de que la trabajadora, representada por la cooperativa de abogados Colectivo Ronda, fue despedida por su condición de mujer, puesto que la empresa percibió como "inconvenientes o complicaciones" las consecuencias judiciales de la denuncia por violencia machista que había presentado.

El tribunal apunta además como otro de los motivos del despido que la empresa asoció la condición de víctima de violencia de la trabajadora con una serie de circunstancias derivadas de la "presión, malestar, miedo e incertidumbre".

La empleada, responsable de 'marketing' de la empresa NAGAMI DESIGN SL dedicada a la impresión en 3D, denunció haber sido víctima de violencia de género el 2 de febrero de 2024 y estuvo de baja entre los días 5 y 23 de ese mes, con un diagnóstico de fiebre y malestar emocional y físico que la incapacitaban para trabajar.

El 2 de abril de ese año, el administrador mancomunado de la empresa acudió a declarar al juzgado tras ser citado como testigo en la causa penal abierta por la agresión machista. Una semana después, la empleada fue despedida por una "disminución continuada y voluntaria" del trabajo acordado.

"Discriminación laboral"

El Supremo, sin embargo, considera que no ha habido "la más mínima actividad probatoria" sobre esa supuesta disminución del rendimiento laboral, sin que la empresa haya dado "una explicación alternativa" sobre los motivos del despido.

Al declarar nulo el despido, la sentencia obliga a la empresa a reincorporar a la trabajadora a su puesto y a pagarle los salarios pendientes, además de pagar una indemnización de 10.000 euros por los daños derivados de la vulneración de sus derechos fundamentales.

En un comunicado, el Colectivo Ronda ha celebrado la sentencia porque supone "un avance significativo en la protección de las mujeres que sufren violencia machista ante la discriminación laboral" y establece un "criterio especialmente relevante para impedir que las consecuencias personales, médicas o judiciales de sufrir ese tipo de agresiones pueda ser motivo de despido.

El Tribunal Supremo ha rechazado que la Agencia Tributaria pueda tasar un inmueble atendiendo exclusivamente al catastro, imágenes de Google Maps o fotografías aéreas, y establece que es preciso visitarlo y examinarlo también por dentro, lo que implica una inspección física del perito. Las identificaciones sin visita al inmueble deben ser excepcionales, solo en casos muy concretos y de manera justificada.

En una sentencia a la que ha tenido acceso EFE, la sala de lo contencioso estima un recurso presentado contra un fallo de julio de 2024 del Tribunal superior de Justicia de Extremadura, que anula. Lo que ha aclarado el Supremo, en relación con el trabajo de los peritos de la Agencia Tributaria, es si la exigencia de visita al inmueble por parte del perito impone que se visite tanto el exterior como el interior de inmueble, o, por el contrario, es suficiente con la mera contemplación del exterior de éste o la toma de fotografías.

El caso es el de un inmueble cuya tasación fue revisada por Hacienda y en la que el perito aseguró que pudo examinar las características del bien inmueble al acceder, a través de la sede electrónica del Catastro, a las ortofotografías aéreas del Instituto Geográfico Nacional, del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea y de Google Maps España.

En su informe, el técnico aportó el plano de cartografía catastral, la ortofotografía catastral y la fotografía de Google Maps España, con lo que "se hizo innecesaria la visita personal al inmueble". El Supremo rechaza este sistema y entiende que la valoración de un inmueble debe ser individualizada y, como regla general, requiere que el perito realice una inspección personal, directa y presencial, tanto del exterior como del interior del inmueble.

Esta visita permite comprobar circunstancias relevantes para determinar su valor real, entre ellas la superficie y distribución; el estado de conservación y de construcción; la calidad de los materiales, las características concretas del inmueble y la existencia de servidumbres visibles u otras circunstancias relevantes. La finalidad es garantizar que la valoración se ajuste a las características efectivas del bien y esté suficientemente motivada, explica la sentencia.

Los magistrados admiten que, en circunstancias muy concretas, pueda prescindirse de la inspección presencial, pero Hacienda debe justificar expresamente en el propio informe pericial por qué resulta innecesaria la visita y la justificación debe ser individualizada, racional y suficiente, apoyada en datos objetivos, contrastados y debidamente documentados en el expediente.

Por ello, no basta con mencionar de forma genérica fuentes de información fiable y debe explicarse por qué permiten conocer las características relevantes del inmueble concreto que se está valorando. La Sala reitera que los datos catastrales y las fotografías no son suficientes por sí solos, ya que pueden aportar información útil, pero no garantizan necesariamente una valoración individualizada y, sobre todo, no permiten conocer de forma suficiente el estado interior de una vivienda.

Es Hacienda, añade la Sala, la que debe fundamentar adecuadamente el valor que utiliza para liquidar el impuesto y no corresponde al contribuyente aportar una tasación alternativa para paliar las deficiencias del informe de Hacienda.

Nueve de cada diez consumidores en España (el 90% exacto) afirma que compara los precios de los productos antes de realizar la compra, una práctica que permite ahorrar entre un 5 y un 10%, según el estudio 'El valor de comparar: decisiones de compra y ahorro en los hogares en España', realizado por Ipsos para Amazon.

Esto deriva de que el 95% de los consumidores en el país percibe que el coste de la vida ha aumentado durante los últimos doce meses y que cuatro de cada diez (39%) consideran que esa subida está por encima del 15%, por lo que el 80% de los consumidores dice prestar más atención al precio de los productos que hace un año.

Así, el 44% considera que comprar por Internet les ayuda a ahorrar en sus compras habituales, con un foco especial en los jóvenes: en particular, lo cree la mitad de los consumidores de entre 18 y 25 años (el 53%) y de los de 26 a 45 años (el 48%).

Además del 90% de encuestados que compara antes de comprar un artículo, seis de cada diez lo hacen siempre o casi siempre. Esto se produce sobre todo entre los de 26 a 45 años (66%), seguidos de los jóvenes de 18 a 25 años (62%) y los de 46 a 64 años (60%), así como entre la mitad (49%) de los mayores de 65 años.

Según el análisis, la comparación de precios permite ahorrar entre un 5% y un 10% en cada compra, el consumidor en España consulta tres tiendas online antes de decidir dónde comprar (34%) y le puede llevar entre 5 y 20 minutos por compra (49%). Otros comparan entre cuatro y cinco establecimientos (el 17%) y dedican incluso más de 20 minutos a ello (25%).

Por otra parte, el hecho de que una tienda compare regularmente sus precios con los de otros establecimientos para ofrecer el precio más bajo facilitaría al consumidor tomar mejores decisiones de compra (44%), ahorrar tiempo (38%) y controlar mejor sus gastos y ahorrar (36%). En esa línea, el 93% afirma que conocer esta práctica aumentaría su confianza en que está encontrando un precio bajo.

La calidad del producto (57%) y el precio final (55%) son los dos aspectos más importantes para los consumidores a la hora de planificar sus compras, por delante de la confianza en la tienda (31%).

En el desglose de sectores para esa comparación, se observa que moda y tecnología lideran el ranking general (45%), seguidas de alimentación y supermercado (43%), electrodomésticos (32%) y cuidado personal (28%).

Por generaciones, los jóvenes de 18 a 25 años comparan precios sobre todo en ropa (48%), juguetes y videojuegos (24%) y libros y entretenimiento (18%), mientras que las personas con 46 a 64 años se centran en tecnología y electrónica (50%) y los mayores de 65 años son quienes más comparan en alimentación (54%), electrodomésticos (41%) y productos de limpieza y hogar (27%).

Dos tendencias "destacadas"

Finalmente, el análisis detecta dos tendencias "destacadas". Por un lado, que el aumento del coste de la vida impulsa un consumo "más racional y planificado", con estrategias diferenciadas según la generación y entre las que destacan aprovechar promociones y cupones (40%), optar por marcas blancas o más económicas (36%), hacer la compra en diferentes establecimientos buscando mejores precios (30%) y comparar el precio de un mismo producto entre tiendas físicas y online (28%).

Por otro, los consumidores con entre 26 y 45 años serían los más sensibles a las subidas de precios -perciben un incremento del coste de la vida superior al 15% durante el último año- y quienes más comparan costes.

Estas conclusiones han sido presentadas este martes en una mesa redonda en la que han participado la directora de consumo en Amazon.es, Ana Sánchez-Jauregui; el presidente de la Asociación Española de Consumidores, Miguel Ángel Ruiz; la creadora de contenido Paloma Blanc y el consejero y profesor de escuela de negocios Pablo Foncillas.

El Gobierno ha aprobado este martes en Consejo de Ministros dos importantes medidas en el ámbito de la Seguridad Social. Por un lado, ampliará la pensión de viudedad a las parejas con hijos en común que hayan convivido al menos dos años antes del fallecimiento, aunque no estén casadas ni registradas como unión de hecho. Y, por el otro, mejorará la prestación que perciben los trabajadores de baja laboral provocada por catástrofes naturales.

Así lo ha confirmado este martes la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el que el Ejecutivo ha aprobado otras medidas de componente social que benefician a las víctimas de violencia de género, las mujeres con menopausia incapacitante o a las familias con hijos con cáncer.

Saiz ha destacado que el real decreto ley que desarrolla estas medidas, que deberá ser convalidado más adelante en la Diputación Permanente, es el resultado de "meses de diálogo social" y que "amplía derechos", "refuerza la protección de las familias" y "da respuesta a situaciones que requieren una cobertura más adecuada".

En lo tocante a la ampliación de la pensión de viudedad, las parejas que hasta ahora estaban excluidas de la prestación al no estar registradas públicamente podrán solicitarla desde la entrada en vigor del decreto, previsiblemente el miércoles. Para acreditar la convivencia bastará con demostrar dos años de empadronamiento en la misma residencia.

Además, esta posibilidad se amplía a todas las personas que hayan perdido a su pareja antes de la aprobación del real decreto ley. El Gobierno ha habilitado un plazo de un año para que los afectados puedan solicitar la prestación siempre y cuando cumplan el resto de requisitos.

En España hay registradas un total de 1.461.769 personas que perciben pensiones contributivas de viudedad, de las cuales el 95,6% corresponden a mujeres. La gran mayoría, viudas mayores de 65 años para quienes esta renta a menudo es su único sustento.

La cuantía de la viudedad es modesta, apenas alcanza los 976,3 euros mensuales en 14 pagas, frente a los 1.374 de la pensión media del sistema o los 1.576 que cobran los jubilados. Esto se debe a que la cuantía de la prestación oscila entre el 56 y el 70% de la base reguladora del fallecido (algo parecido al salario que cobró el fallecido). En cambio, en las pensiones de jubilación es frecuente cobrar el 100% de esa base reguladora

Mejores prestaciones para las víctimas de catástrofes

Además, la norma aprobada este martes introduce un cambio en la Ley General de Seguridad Social que habilita al Gobierno a aumentar la protección para los afectados de catástrofes como las danas, accidentes ferroviarios o pandemias. Así, los trabajadores que sufran una baja laboral debido a la catástrofe, o que se vean incapacitados permanentemente verán mejoradas sus prestaciones porque se asimilará la situación a la derivada de un accidente de trabajo.

En el caso de las bajas laborales ordinarias (incapacidad temporal), esta mejora se traduce en que cobrarán la prestación desde el primer día -no tendrán que esperar los tres días de carencia- y además lo harán en una cuantía mayor durante los 16 primeros días de prestación.

Interrogada por el coste fiscal y el margen presupuestario de que dispone el Gobierno para aprobar estas medidas, la ministra portavoz se ha limitado a señalar que el Ejecutivo "está demostrando que es perfectamente compatible extender la acción protectora con gobernar con responsabilidad y rigor fiscal".

El Gobierno ha dado luz verde este martes, a propuesta del Ministerio de Agricultura, a ayudas directas de 9 millones de euros para los agricultores y ganaderos cuyas explotaciones haya sufrido daños por los incendios producidos durante este año. Además de elevar la subvención a la contratación de una póliza de seguro agrario hasta el 70% del coste total de la prima, que el tope máximo permitido por Bruselas. El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha asegurado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que "con esta medida complementamos al seguro agrario en defensa de los intereses de los agricultores".

Planas ha anunciado también la transferencia de 19,1 millones a las comunidades autónomas, para financiar diferentes iniciativas en materia de sanidad animal, así como una nueva reunión con los consejeros autonómicos mañana para decidir la distribución de los más de 50 millones de euros de la Reserva de Crisis de la Política Agraria Común (PAC), para compensar la escalada del precio de los fertilizantes.

Fuerte impacto del fuego en la agricultura

El titular de Agricultura ha recordado también que, este año, se han calcinado más de 270.000 hectáreas, de las que alrededor de 60.000 hectáreas corresponden a superficie agraria. El ministro ha hablado de 42 grandes incendios, con una dimensión superior a las 500 hectáreas durante este año y elogiado al "aseguramiento agrario como la mejor herramienta de gestión de emergencias". El fuego ha afectado de forma relevante a explotaciones agrícolas y ganaderas, además de a pastos o colmenares.

Planas asegura que lo hace a través de 2 medidas: una ayuda extraordinaria para compensar los daños producidos pero no indemnizados ("franquicia"), de aquellos agricultores y ganaderos que ya estén asegurados. "Por ejemplo, serían 3.500 euros por hectárea de frutales, 1900 euros por hectárea en el caso de los cítricos, 450 euros en el caso de una cabeza de ganado bovino y 120 euros por colmena", ha abundado el ministro quien lo ve como una respuesta que complementa "al mejor instrumento de gestión de riesgos dentro de nuestro sector primario".

Mayor apoyo al seguro agrario

Sobre la ampliación del apoyo económico a la contratación de una póliza del seguro agrario, para aquellas explotaciones que haya sufrido un siniestro indemnizable, eleva esta subvención hasta el 70% del coste total de la prima. Esto es el tope máximo autorizado por Bruselas para este tipo de aseguramiento. Los beneficiarios tendrán que ser titulares de pólizas vigentes durante los daños por los incendios declarados entre el 1 de enero y el 7 de septiembre.

Planas ha recordado que el Gobierno ya ha desembolsado 344 millones de euros del Plan de Seguros Agrario anual, para apoyo a este tipo de seguros. El ministro ha recordado que el sector primario esta sometido a "fenómenos climáticos extremos, que lógicamente afectan a agricultores, ganaderos y pescadores".

Lucha contra las enfermedades animales

El Ejecutivo ha dado luz verde a la distribución entre las comunidades autónomas de 19,1 millones de euros "para contribuir a la lucha contra las enfermedades en materia de sanidad animal" en referencia a agentes patógenos como la tuberculosis bovina, la Peste Porcina Africana (PPA), la gripe aviar, la brucelosis bovina o la enfermedad de Newcastle, entre otras. "Es un tema muy importante y muy influenciado por el cambio climático, así como la intensificación de los contactos a nivel del transporte a nivel agroalimentario", ha apuntado el ministro.

Planas ha asegurado que estas transferencias monetarias financiarán iniciativas contra enfermedades como la tuberculosis bovina, la dermatosis nodular contagiosa (DNC), la gripe aviar y la vacunación contra la lengua azul. El titular de Agricultura ha recordado lo sucedido alrededor de la gripe aviar, que "ha tenido un impacto directo en el precio de alimentos como la carne de pollo o los huevos".

Defensa de la gestión del Gobierno

Sobre la tractorada prevista para el próximo lunes, Planas ha valorado tanto el avance en la renta agraria durante los últimos años como la posición común que vienen defendiendo comunidades autónomas y Gobierno en las negociaciones para la PAC 2028-2034. Un posicionamiento que ha resumido en "un presupuesto sustantivo de apoyo al sector primario", en que sea "una política agraria común plenamente europea" y con "niveles de flexibilización sostenida".

Además ha defendido la gestión del Ejecutivo respecto al incremento de costes de producción de agricultores y ganaderos, destacando que los apoyos económicos desplegados están por encima de países como Francia y Alemania.

No presentarse al 29-N: "Una decisión personal"

Preguntado por su renuncia a ser cabeza de lista por Córdoba por el PSOE, el titular de Agricultura ha asegurado que se trata de "una decisión personal, que no tiene que ver con ningún otro factor" y se ha declarado comprometido con la actividad del Gobierno. "Me preocupa mucho la negociación de aquí a final de año, nos jugamos el futuro de la Política Agraria Común (PAC)", ha apuntado.

Revolut ha restablecido todos sus servicios después de sufrir una caída que ha impedido operar con normalidad a sus clientes durante la mayor parte de este martes. La incidencia, provocada por una caída de los sistemas de Google Cloud, ha afectado a los pagos con tarjeta, las transferencias, las retiradas de efectivo y el acceso a las cuentas o a la operativa en Bolsa, entre otros.

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© Hiba Kola (REUTERS)

Las políticas del Gobierno se han convertido en una de las claves para el buen desempeño del motor en el último año, con un ritmo de ventas que, de seguir así, podría cosechar el mejor registro de producción pospandemia. Es por ello que los fabricantes, proveedores y concesionarios han vuelto a alzar la voz en los últimos días para reclamar a los partidos políticos que la automoción sea un pilar de sus programas electorales. Los últimos en pronunciarse han sido fabricantes (Anfac) y proveedores (Sernauto), en el marco de la reunión de la Junta Directiva de la Asociación Española de Proveedores de Automoción, momento que aprovecharon para pedir "compromisos concretos y una visión a largo plazo", tal y como recogen en un comunicado.

Factores como "la profunda transformación tecnológica, la creciente presión competitiva, la evolución de costes industriales, un complejo entorno geopolítico o un marco regulatorio cada vez más exigente" han llevado a las patronales a levantar la mano en aras de mantener los valores industriales que históricamente habían caracterizado a la industria del automóvil español: "España cuenta con una posición de referencia y una cadena de valor altamente competitiva, pero esta posición no está garantizada".

Dada la vorágine de circunstancias, Anfac y Sernauto han solicitado a los principales partidos políticos "una estrategia a largo plazo, que dé continuidad y profundidad al Plan España Auto 2030". Un plan que, a juicio de ambas entidades, debe tomar en cuenta factores como la "fiscalidad, regulación, inversión, innovación, financiación, talento y transformación", algo que debería pasar por una dotación de "partidas presupuestarias", matiza el documento.

Unas intenciones que quiso remarcar el propio Markus Haupt, presidente de la patronal de fabricantes y consejero delegado de Seat & Cupra: "La automoción es una industria estratégica para España y necesitamos actuar con visión y ambición". En la misma línea apuntó Javier Pujol, presidente de Sernauto, destacando la importancia de la "fortaleza de la cadena de valor": "El apoyo a las pymes es esencial. Necesitamos contar con un marco que permita a las empresas invertir, innovar y competir en igualdad de condiciones".

Ambas entidades también abordaron la situación de la industria europea, apuntando a la necesidad de "encontrar un equilibrio entre los objetivos de descarbonización y la necesidad de preservar la competitividad". Por ello, consideran indispensable el fortalecimiento de las cadenas de suministro del continente, así como fomentar la producción o reducir las dependencias estratégicas: "La industria europea debe poder competir en un escenario global en el que otras regiones están desarrollando políticas industriales cada vez más ambiciosas y cuentan con importantes ventajas en términos de costes, escala y acceso a determinadas tecnologías y materias".

Faconauto apunta en la misma línea

La patronal de concesionarios de todo el país, Faconauto, tampoco ha desaprovechado la nueva cita electoral para lanzar un mensaje a las principales formaciones que concurren a las urnas, apuntando directamente a dos prioridades: un plan nacional de ayudas al alcance de todas las familias y un marco fiscal estable durante los próximos cuatro años. En este mismo marco, la entidad elaboró un listado asentado en siete ejes, empezando por la renovación del envejecido parque nacional: "Apostamos por incentivos abiertos a todas las tecnologías, con ayudas que aumenten cuanto menores sean las emisiones del vehículo adquirido".

Otra de sus prioridades más claras es "un marco fiscal estable" que se mantenga sin cambios durante al menos cuatro años: "No podemos pedir a los ciudadanos que renueven sus vehículos mientras las ayudas y los incentivos cambian de un año para otro". Dos reclamos que forman parte de una propuesta más amplia en la que se reclama que el sector "sea reconocido como estratégico para España".

No menos importante es el papel que juega en este proceso la infraestructura de carga para los coches enchufables, por lo que reclaman un ecosistema "verdaderamente operativo" que avance hacia criterios comunes o facilitar la renovación del vehículo industrial. A todo ello sumaron, además, la apuesta por reforzar la formación profesional atractiva para atraer talento a concesionarios y talleres, concluye el comunicado.

La inflación escaló el mes pasado hasta el 3,8% en la Eurozona a causa de la subida de los precios energéticos, que se dispararon cerca del 19% con respecto al año anterior por efecto de los conflictos en Oriente Próximo y Ucrania. Sin embargo, el efecto del alza del petróleo o el gas apenas se percibe aún en los precios de los alimentos, que venían de registrar un incremento notable en la crisis anterior. Los economistas del Banco Central Europeo (BCE) advierten, sin embargo, de que es demasiado pronto para dar por sentado que la inflación de los alimentos ha perdido fuerza.

En un artículo publicado este martes en el blog de la entidad explican que el impacto del aumento de los precios de la energía no se propagará de un modo uniforme en todos los productos alimenticios, que están expuestos por una doble vía: la de los costes energéticos en sí y la de los insumos que requieren mucha energía. "Se espera un fuerte impacto en los productos vinculados a la agricultura intensiva en energía. Esto incluye cereales como el trigo, el maíz y la cebada, y productos derivados como el pan, la pasta y otros productos de panadería", detallan en el artículo, donde puntualizan además que la transmisión se extenderá a los piensos para animales y que el aumento de los precios de los cereales acabará afectando a los productos lácteos y a la carne.

La reciente crisis energética está teniendo un impacto significativo en los precios energéticos que soportan los productores, pero todavía no terminan de apreciarse en las etapas posteriores, en los lineales de los supermercados. El gas se ha encarecido menos que después de la pandemia de coronavirus, si bien lo ha hecho con más fuerza desde este verano. Los expertos del BCE explican que esto repercute en los precios de los alimentos, ya que el gas es un insumo fundamental en la producción alimentaria, especialmente para la fabricación de fertilizantes.

"Unos precios más altos del gas pueden incrementar los costes de producción de cultivos como cereales, oleaginosas, hortalizas frescas y patatas, además de aumentar los costes de calefacción para los productos cultivados en invernaderos", puntualizan. Mientras, el el aumento del precio del petróleo afecta a los precios de los alimentos a través del transporte y otros costes indirectos, aunque no se manifiestan de inmediato y pueden tardar años en repercutir plenamente en los precios de los alimentos.

El efecto del clima extremo en los precios de los alimentos

Otro factor relevante en el coste de los productos de la cesta de la compra es el clima. El calor y la sequía han afectado a los cultivos en una etapa crítica de la temporada de 2026. Las condiciones extremadamente secas y persistentemente calurosas en gran parte de Europa han empeorado "gravemente" las perspectivas de suministro agrícola en la región, por lo que los economistas del emisor ven probable que esto eleve la inflación de los alimentos el próximo año.

En el BCE calculan un efecto de entre 0,3 y 0,8 puntos porcentuales en la inflación de los alimentos en la zona del euro en 2027, si bien el impacto variará según los países y los productos. "Es probable que los efectos climáticos se manifiesten más rápidamente que los efectos energéticos, ya que el clima influye directamente en el suministro de alimentos no procesados", apuntan Elena Bobeica, Gerrit Koester, Friderike Kuik y Christiane Nickel, autores del artículo. Así, estiman que el IPC de estos productos básicos alcance el 3,4% en el tercer trimestre de 2027, para luego descender.

Los alimentos se encarecerán más en 2027

Con todo, la actual crisis energética difiere de la de 2022. Es de menor magnitud y, hasta el momento, está más influenciada por el petróleo y sus derivados que por el gas, lo que respalda la idea de que la inflación alimentaria será más moderada que tras la invasión rusa de Ucrania. "En general, se espera que el pico de la inflación alimentaria sea aproximadamente una quinta parte del registrado tras el inicio de la guerra de Rusia contra Ucrania", añaden los economistas del BCE.

Eso sí, dejan claro que la trayectoria exacta de los precios de los alimentos dependerá de la evolución de las crisis energéticas y las condiciones climáticas. El hecho de que la Unión Europea produzca parte de los fertilizantes que consume puede servir de atenuante y están las ayudas a los agricultores para que puedan sortear su escalada.

El hecho de que los precios de los alimentos hayan subido más que los de otros productos desde 2022 -la brecha que se abrió entre ese año y 2025 fue "excepcional y persistente"- ha hecho que a estas alturas sigan muy por encima del nivel previo a esa crisis, lo que se refleja en el poder adquisitivo de los hogares. En el conjunto de la zona euro son alrededor de un 30% más elevados que a finales de 2021, si bien la subida varía mucho entre territorios y va desde cerca del 24% en Finlandia hasta cerca del 48% en Estonia.

Arquia Banca ha relanzado su 'Depósito Bienvenida' a 12 meses con una remuneración del 3% TAE -tasa anual equivalente-, con el objetivo de "seguir incrementando la captación de recursos", tal y como ha explicado la firma en un comunicado.

La oferta, que estará disponible hasta el 30 de octubre, está dirigida exclusivamente a nuevos fondos procedentes de otras entidades financieras. Para contratarlo, la compañía exige una inversión mínima de 10.000 euros y máxima de 200.000 euros, con la que se podrán obtener hasta 6.000 euros brutos en intereses en un año. En el caso de la inversión mínima, la remuneración ascenderá a 300 euros brutos.

Respecto a las condiciones, desde Arquia Banca han detallado que el 'Depósito Bienvenida' admite renovación y los intereses se abonan al vencimiento, al tiempo que ha adelantado que no permite cancelaciones parciales y en caso de cancelación total de la imposición, el cliente recuperará únicamente el nominal, puesto que la remuneración pasará a ser del 0% TAE (0% TIN), aunque se hayan devengado intereses durante el periodo transcurrido.

De este modo, si un cliente deposita 10.000 euros durante 12 meses al 3% TAE, podría ganar unos 300 euros brutos en intereses. Sin embargo, si cancela el depósito a los seis meses, recuperará únicamente los 10.000 euros iniciales y perderá todos los intereses generados (150 euros).

Arquia Banca está adherida al Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito, que garantiza los depósitos en dinero hasta un importe máximo de 100.000 euros por titular. El Grupo Arquia cerró el ejercicio 2025 con un volumen de negocio gestionado de 4.863 millones de euros, un coeficiente de solvencia del 21,5% y una liquidez estructural del 253,7%.

"Desde hace más de cuatro décadas, la entidad bancaria desarrolla productos competitivos y adaptados a las necesidades concretas de sus clientes, a los que ofrece un trato personalizado y diferencial de calidad, con amplios horarios de atención en oficinas, sin la necesidad de cita previa, ni restricciones de operativa", ha concluido la entidad financiera.

Comprar en supermercados baratos supone un ahorro medio de 1.310 euros al año, según la OCU. Esta organización ha elaborado una lista con las tiendas más económicas. Muchas de estas tiendas son de carácter local o desconocidas para el gran público.

El inversor extranjero gana protagonismo en el mercado de deuda pública española. La estrategia de financiación del Tesoro Público para este 2026 contempla entre sus objetivos que la base de extranjeros pasara de representar el 48% a situarse por encima del 50%. Una meta que ya se ha conseguido tras cerrar el pasado mes de junio en el 50,8%, una cota récord. Esto equivale a que de los casi 1,5 billones en circulación, casi 760.000 millones están en manos de ahorradores no residentes en España, según datos del Tesoro Público. Refuerzan así su apuesta por esta economía, que ha ido en aumento de manera sostenida desde la pandemia con un incremento del 38% desde entonces.

Félix López, gestor de renta fija en Abante Asesores, destaca que aunque su peso en el conjunto del apalancamiento público siempre ha sido relevante, este comportamiento evidencia el atractivo de la renta fija española. No obstante, avisa de que el dato se puede ver distorsionado porque también se incluye dentro de esta categoría a las gestoras españolas con sede en Luxemburgo que adquieren bonos.

En cualquier caso, el porcentaje supera el contabilizado en 2007, antesala del estallido de la burbuja inmobiliaria, cuando se movía sobre el 45%. En aquel momento, la economía vivía los últimos coletazos de una época dorada asentada sobre el boom del ladrillo. En el momento actual, el escenario de crecimiento es totalmente diferente. Al margen de que la crisis de vivienda, que ahora es de escasez y no de exceso de oferta, la expansión de la actividad por encima del resto de la eurozona se asienta sobre la robustez del mercado laboral y el aumento de la población, que roza los 50 millones de habitantes.

Estos factores avalan la confianza en la economía española, que viene refrendada también por la mejora de su 'rating'. La estadística del Tesoro recoge el dato solamente hasta julio, cuando las principales agencias de calificación (Moody's, Fitch y S&P) aún no habían actualizado su visión sobre España a 'A+' con perspectiva estable después de seis años sin novedades. El cambio de posición a finales de verano se produce después de que el año pasado la colocaran en el nivel A, un umbral que no tocaban desde 2012, justo en plena crisis de deuda que tuvo en el foco a los países periféricos de la eurozona, entre ellos, España.

Catorce años después, el país da por enterrado este capítulo y el inversor internacional se ha rendido a los encantos de la deuda española en un contexto en el que busca calidad, tal y como afirma Juan Vilarrasa, senior portfolio manager en Miraltabank. Esto también tiene su reflejo en la prima de riesgo, el principal indicador de estrés financiero de una economía, que recoge el diferencial del interés de la deuda española con respecto a la alemana, considerada la referencia. En este caso, tras el ligero repunte experimentado en los últimos días como consecuencia de los disturbios producidos en Francia, que está al está al borde de una crisis de deuda, ha repuntado hasta los 65 puntos a escala nacional, cuando en agosto oscilaba en la franja de los 40 puntos.

"No es algo necesariamente positivo ni negativo, pero la mayor presencia de inversores extranjeros hace a España más vulnerable a los movimientos de los mercados y más dependientes de su percepción sobre el país", señala Víctor Alvargonzález, socio fundador de Nextep Finance, compañía de asesoramiento independiente, quien resalta la dependencia del ahorro externo que esta radiografía arroja. El mayor papel de los extranjeros en la compra de deuda ha ayudado a compensar la retirada gradual del Banco Central Europeo (BCE), representada en la muestra a través del Banco de España (BdE) y que con los últimos datos disponibles acaparan un 20% de toda la deuda en circulación. Durante el pico registrado en 2021 como consecuencia de la pandemia de Covid-19 llegó a ser del 33%.

En la misma línea, las administraciones públicas también han acometido una reducción paulatina de compras de títulos hasta pasar del 11,6% de 2010 a un testimonial 2,5% actualmente, que se traduce en 37.700 millones. El particular, en contraste, apenas supone el 1,7% del total y viene condicionado por su alto peso en la deuda a corto plazo a través de las Letras del Tesoro.

Por último, las entidades de crédito, que históricamente han tenido un papel relevante en este sentido, comienzan a ganar de nuevo terreno. La tendencia a la baja arranca en 2014 para alcanzar el valle en 2021 (12,2%), cuando empiezan a remontar y ya rozan el 15%. En cualquier caso, es la mitad de lo que llegaron a concentrar hace doce años con 223.000 millones ahora mismo. La exposición a la deuda pública por parte de las entidades le sirve para blindarse frente a la evolución de los tipos de interés a la vez que gestiona el control del riesgo. Asimismo, en la lista también aparecen las aseguradoras, que canalizan un 6,4% del total, equivalente a 95.000 millones, así como los fondos de inversión con un 2% (30.409 millones).

Antes de empezar a buscar casa, hay una cuestión que necesitas tener clara: ¿qué vivienda puedes permitirte con tu sueldo? Y es que el salario es uno de los elementos clave que los bancos examinan antes de conceder la hipoteca, aunque no el único. También cuentan los ahorros que tengas para los gastos iniciales y tu estabilidad laboral.

De hecho, tener ingresos suficientes para asumir una cuota mensual no significa que el banco vaya a financiarte la compra. Y al contrario, contar con dinero para la entrada tampoco garantiza que puedas pagar la hipoteca sin dificultades. ¿Cómo calcular entonces hasta dónde puedes llegar sin poner en riesgo tus finanzas?

Cuánto puedes pagar de hipoteca según tu sueldo

El punto de partida es sencillo: tus deudas no deben superar el 30-35% de tus ingresos netos mensuales. Es lo que se conoce como tasa de esfuerzo hipotecario y es la referencia de la mayoría de las entidades financieras. Ese porcentaje sirve para calcular qué parte de tu sueldo puedes destinar a la hipoteca o, mejor dicho, qué cuota puedes pagar de hipoteca y, con ella, estimar el valor total del préstamo.

Por ejemplo, si cobras 2.000 euros netos al mes, una cuota hipotecaria de entre 600 y 700 euros estaría dentro de ese margen. Si compras en pareja, puedes hacer el cálculo con los de ambos, siempre que compréis la casa entre los dos. Y si cobras 14 pagas, puedes repartir el salario neto anual entre 12 para obtener una referencia mensual.

Eso sí, el límite incluye todas tus deudas, no únicamente la hipoteca. Si ya pagas 200 euros al mes por el coche, con un sueldo de 2.000 euros y una tasa del 35% te quedarían 500 euros para la vivienda.

Además, este porcentaje es una referencia orientativa y no siempre conviene exprimirlo al máximo. La razón es muy simple: cuanto más ajustado vayas cada mes, menos margen tendrás para otros gastos e imprevistos.

Qué casa puedes comprar según tu salario

Una vez que sabes cuánto puedes pagar de hipoteca al mes, puedes calcular qué precio máximo de vivienda podrías asumir con tu sueldo. Para hacerlo hay que tener en cuenta el importe del préstamo, el tipo de interés y la duración de la hipoteca.

Vamos a verlo con el ejemplo de una hipoteca a 30 años con un interés fijo del 3%, muy próximo al 3,01% de interés medio de las hipotecas sobre viviendas registradas en julio de 2026, según el INE. También suponemos que el banco financia el 80% de la compra y que no tienes otras deudas.

Estos cálculos son orientativos. Una hipoteca a menos años o con un interés más alto reducirá el precio de la vivienda que puedes comprar con la misma cuota mensual. Por el contrario, un plazo más largo permite financiar una cantidad mayor, aunque terminarás pagando más intereses.

Además, la tabla muestra lo que podrías permitirte según tus ingresos. Para comprar también necesitarás disponer de ahorros suficientes, como veremos en el siguiente apartado.

Cuánto dinero necesitas tener ahorrado para comprar casa

Como norma general, es necesario disponer de alrededor de un 30% del precio de la casa como punto de entrada. La razón es que los bancos financian habitualmente hasta el 80% del valor de la casa, por lo que tendrás que aportar el 20% restante, además de pagar los impuestos y gastos de compraventa.

Por ejemplo, para comprar una vivienda de 200.000 euros necesitarías unos 60.000 euros ahorrados, que se distribuirían de la siguiente forma:

• 40.000 euros para la entrada, el 20% que no financia el banco.
• 20.000 euros para impuestos y gastos (el 10% adicional).

Ese 10% restante es orientativo, ya que los impuestos al comprar casa dependen de la comunidad autónoma donde compres y de si la vivienda es nueva o de segunda mano. Por eso, puede que tu salario te permita pagar la hipoteca de una vivienda de 200.000 euros, pero que no tengas ahorros suficientes para comprarla.

¿Es obligatorio tener ahorrado el 20% para comprar una vivienda?

Aunque es lo habitual, no siempre necesitas aportar el 20% del precio de la vivienda para conseguir una hipoteca. Hay bancos que pueden financiar el 90%, el 95% e incluso el 100% de la compra, dependiendo de tu perfil financiero y de las garantías que puedas ofrecer.

Una de las opciones para conseguir más financiación son los avales públicos, como la línea de avales ICO para jóvenes de hasta 35 años y familias con menores a cargo. También existen programas autonómicos, como Mi Primera Vivienda de la Comunidad de Madrid. Estas ayudas permiten acceder a hipotecas de hasta el 100% si cumples los requisitos y el banco aprueba la operación.

Además, la tasación de la vivienda puede influir en la cantidad que te presta el banco. Algunas entidades calculan la financiación sobre el precio de compraventa, otras sobre la tasación y otras utilizan el menor de ambos valores. Si la tasación es superior al precio de compra y el banco utiliza ese valor, podrías necesitar una entrada menor.

Eso sí, financiar más también significa pedir una hipoteca mayor y pagar una cuota mensual más alta. Además, aunque consigas una hipoteca al 100%, normalmente seguirás necesitando ahorros para hacer frente a los impuestos y gastos de compraventa.

El Tribunal Supremo vuelve a tumbar las cuentas del Gobierno sobre la indemnización por el rescate de las autopistas R-3 y R-5 de Madrid y le exige que cierre, sin más demora, la responsabilidad patrimonial definitiva por la resolución anticipada de la concesión. En una sentencia fechada el 6 de octubre, la Sala de lo Contencioso-Administrativo estima parcialmente el recurso de varios fondos de titulización y entidades financieras acreedoras y deja sin efecto las liquidaciones aprobadas por el Consejo de Ministros en diciembre de 2021 y diciembre de 2023. No determina, sin embargo, una cifra ni ordena pagar cantidad alguna, y rechaza el resto de las peticiones de los recurrentes, que reclamaban más de 918 millones de euros.

El fallo llega después de otros dos varapalos judiciales al cálculo del Ejecutivo. En enero, el Supremo estimó parcialmente el recurso de Accesos de Madrid, la empresa concesionaria de las autopistas, contra la liquidación complementaria de 2023. En junio hizo lo mismo con el recurso de la constructora Sacyr, que también había impugnado ese cálculo. Ahora, al resolver la demanda de los acreedores, el tribunal vuelve a anular la liquidación complementaria y deja sin efecto, además, la primera, aprobada en 2021.

El pronunciamiento se enmarca en el largo contencioso derivado del colapso de las autopistas radiales de Madrid, uno de los episodios más complejos del modelo concesional español. El origen se remonta a la concesión adjudicada en 1999 para construir, conservar y explotar las R-3, entre Madrid y Arganda del Rey, y R-5, entre Madrid y Navalcarnero, además de un tramo de la M-50. La explotación comenzó en 2004 y el contrato tenía una duración prevista de 50 años. Sin embargo, el desplome del tráfico tras la crisis económica de 2008 hizo inviable el proyecto, lo que condujo a la insolvencia de la concesionaria y a la apertura de la fase de liquidación del concurso de acreedores en noviembre de 2017.

Desde entonces, el Gobierno intenta calcular cuánto debe reconocer por la terminación anticipada de la concesión. Es lo que se conoce como responsabilidad patrimonial de la Administración (RPA), la cantidad que corresponde reconocer por las inversiones cuando la concesión termina antes de tiempo. El Gobierno aprobó una primera liquidación en diciembre de 2021 y una complementaria dos años después, tras las correcciones exigidas por sentencias anteriores. Esta última resolución contemplaba un pago a cuenta de unos 450 millones de euros a Accesos de Madrid y la retención provisional de otros 92 millones.

Esa cadena de liquidaciones es la que han combatido los fondos de titulización y entidades financieras que adquirieron la deuda vinculada a la concesión. La Abogacía del Estado cuestionó su legitimación, pero el Supremo la rechaza al entender que, como acreedores afectados por el rescate de las autopistas, tienen derecho a cuestionar cómo se ha calculado la compensación.

Urge al Ejecutivo cerrar la indemnización

Resuelta esa cuestión, el tribunal insiste en que el Gobierno deje de encadenar cálculos provisionales, subrayando que el Consejo de Ministros, "siguiendo su propio esquema cronológico", no dictó una liquidación definitiva sino la complementaria, y lo hizo antes de la sentencia de 2025. El tribunal no acepta, en cambio, la petición de declarar inactiva a la Administración por la vía utilizada por los demandantes. Aunque reconoce que los plazos previstos para las actuaciones previas se han superado ampliamente, considera que eso no permite estimar esa reclamación concreta.

La DANA Adam, que ha afectado principalmente a las comarcas de la Marina Alta (Alicante) y la Safor (Valencia) dejando acumulados más de 700 litros por metro cuadrado en algunos puntos, también ha impactado sobre cultivos como los cítricos, el caqui, los aguacates y las hortalizas. Organizaciones agrarias como la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA- ASAJA) estiman una superficie afectada de unas 8.000 hectáreas, así como varias infraestructuras afectadas (caminos, cercados, acequias...), especialmente en las comarcas de La Safor y La Marina Alta. En La Unió Llauradora también habla de afectación, aunque menor, en las comarcas valencianas de Ribera Alta y Baixa.

El mayor daño en cítricos

Fuentes de AVA-Asaja en la localidad valenciana de Oliva, que se encuentra confinada y cuyos accesibilidad era compleja este lunes, hablan de destrozos en infraestructuras agrícolas como en los vallados y los caminos rurales por el desbordamiento de ríos y barrancos. Tampoco ayuda, añaden, el mal estado de la mar para que estas corrientes puedan ir bajando y abandonando las zonas inundadas, principalmente de cultivo de cítricos.

"Todo esto nos pilla en un momento de acabado de variedades tempranas, que estaban madurando a buen ritmo, como la mandarina Marisol y la naranja Navelina cuya recolección estará afectada porque el tiempo apremia en estas variedades y madurarán muy pronto siendo difícil recuperar toda la cosecha", comentan desde esta organización agraria. En AVA -ASAJA en Oliva estiman daños en la mitad de la superficie y esperan que "se evalúen los daños en profundidad" para poder recibir ayudas.

Desde esta organización agraria lamentan que "las lluvias han paralizado la recolección y comercialización de cítricos" y apuntan que los caquis también se han visto impactados en La Ribera "por el exceso de humedad en un momento clave para la recogida de este fruto". También señalan hacia "daños puntuales" en otros cultivos como aguacates y hortalizas.

"Todo esto nos pilla en un momento de acabado de variedades tempranas, que estaban madurando a buen ritmo, como la mandarina Marisol y la naranja Navelina", lamentan desde AVA-ASAJA en Oliva

El secretario general de La Unió Llauradora, Carles Peris, explica a La Información Económica, que la mayor preocupación de su organización se centra en la comarca de La Safor "donde ha habido puntos que han llegado a entre 600 y 700 litros por hectárea". Lo que, añade, ha supuesto la anegación de campos de cítricos y, en menor medida, aguacates y hortalizas. Además de daños en construcciones como cercados o muretes, "especialmente en zonas cercanas a barrancos y ríos".

Próximos retos: los hongos y la 'asfixia' del cultivo

Lo importante para Peris, de La Unió, una vez cesen las lluvias es "entrar en los campos para aplicar tratamientos con fungicidas y parar la proliferación de hongos, así como la asfixia radicular de los árboles" por el desplazamiento repentino del oxígeno ante el exceso de agua.

El máximo responsable de esta organización agraria recuerda que, en ocasiones recientes, "se realizó una compra pública de fungicidas y se repartieron en las zonas afectadas". AVA-Asaja también apoya que las administraciones públicas apoyen este tipo de tratamientos para evitar la proliferación de hongos. A lo que añaden ayudas directas y alivios fiscales para los agricultores afectados por esta nueva Dana.

El representante de La Unió se pronuncia en términos similares aunque pide prudencia a la espera de las valoraciones que realicen los peritos de Agroseguro en las próximas semanas, cuando los campos sean accesibles. El secretario general de La Unió sí espera "inversión pública para reparar infraestructuras agrarias" como los muros, acequias, instalaciones de riego, casetas de aperos o los cercados, sobre todo, los más próximos a barrancos y ríos.

Tanto desde AVA-ASAJA como La Unió temen la acción de hongos como el 'aiguat' en los frutos y la citada asfixia radicular, que puede secar las raíces de los árboles. Ambas organizaciones agrarias coinciden en que el grado de la afectación dependerá de cómo evolucione el clima en los próximos días y cuánto tarde en salir el agua.

Para Carles Peris (La Unió) lo importante es "entrar en los campos para aplicar tratamientos con fungicidas y parar la proliferación de hongos, así como la asfixia radicular de los árboles"

La 'cara positiva' de la DANA

'Nunca llueve a gusto de todos', dice el refranero español. Lo sucedido con Adam se ajusta como anillo al dedo. El secretario general de La Unió Llauradora destaca que, al margen de las comarcas mencionadas, "en el resto de la Comunidad Valenciana ha llovido con moderación y escalonadamente". Lo que ha resultado "muy positivo" para las zonas de interior de Valencia con cultivos de secano. "En el caso de los cítricos y el olivar, han ganado calibre y se han regenerado pastos. Además se podrá dejar de regar un mes, con el ahorro que significa ", apunta Peris.

AVA- ASAJA también ve efectos "positivos" para la agricultura en muchas comarcas, ya que "esta agua ayuda a recargar acuíferos y embalses, recupera pastos y fortalecer el estado hídrico de los cultivos de cara a la próxima temporada". Lo que, coinciden, va a redundar en el mayor tamaño de los frutos, en la limpieza de los árboles, la prevención de plagas y en el ahorro en el riego.

"Un comportamiento irregular" en Alicante

Desde las vecina provincia de Alicante, el presidente de Asaja Alicante, José Vicente Andreu, habla de "un comportamiento irregular" de las precipitaciones. "Desde los más de 600 litros en Pego hasta los 4 o 5 litros de algunos municipios del interior o el sur", apunta en declaraciones a este medio.

El presidente de Asaja Alicante, José Vicente Andreu, habla de "un comportamiento irregular" entre el norte y el resto de esta provincia pero cree que, en general," estamos ante una lluvia buena del orden de 30 litros por metro cuadrado"

Andreu valora que "estamos, en general, ante una lluvia buena del orden de los 30 litros por metro cuadrado". Un agua que no supone, añade, un riego completo pero sirve para "refrescar" los árboles y favorece a las hortalizas. "Tampoco hace daños a la uva ni a la granada en plena recolección", observa. Una opinión similar apuntan desde COAG Murcia, donde destacan como muy positiva la falta de daños.