Los planes de pensiones de empleo no despegan y apenas llegan a uno de cada siete trabajadores
El sistema de pensiones español se concentra casi exclusivamente en su rama pública. El conocido como primer pilar, es decir las pensiones públicas que reciben cada mes casi 11 millones de personas, supone la principal fuente de renta de los pensionistas. Mientras que el resto de formas de ahorro de cara al futuro son minoritarias y están poco desarrolladas.
En concreto, los planes colectivos de empleo -donde las empresas y los trabajadores hacen aportaciones económicas a un fondo para ahorrar de cara a la jubilación- apenas cubren a 3,3 millones de trabajadores. O lo que es lo mismo, un 15% de los ocupados actuales. Además, su patrimonio es relativamente modesto. Los activos ascienden a 42.400 millones de euros, una cifra equivalente al 2,4% del PIB. Por poner los números en contexto, esta cifra es más de cuatro veces inferior a lo que se gasta cada ejercicio en pensiones públicas.
Estos datos aparecen recopilados en un informe elaborado por el Grupo Mutua Madrileña, que ha presentado este jueves la segunda edición de su Observatorio de Pensiones. Aunque los participantes en este segundo pilar del sistema de pensiones se han incrementado un 12,5% en el último año y las aportaciones brutas lo han hecho un 16%, lo cierto es que las cifras de adhesión siguen siendo bajas para los estándares europeos. El 15% de participación de la fuerza laboral en España es sustancialmente inferior al 28% de media en la Unión Europea.
Los planes colectivos de empleo también manejan menos patrimonio que los individuales y su cobertura también es inferior. Los planes individuales -el tercer pilar del sistema- llegan a 7,2 millones de personas y acumulan un patrimonio de 101.800 millones de euros. Un volumen de activos un 140% superior al de los planes colectivos.
La reforma del segundo pilar que acometió el ex ministro José Luis Escrivá -ahora gobernador del Banco de España- entre los años 2021 y 2022 reforzó los incentivos fiscales, creó nuevos instrumentos con la intención de reforzar los planes colectivos. En detrimento de los individuales, a quienes penalizó fiscalmente reduciendo el volumen de aportaciones anuales.
El informe elaborado por el Grupo Mutua apunta a que el escaso desarrollo de este segundo pilar se explicaría por el elevado peso que tiene el sistema público de pensiones, el predominio de las pymes en la economía española, con menor capacidad para contribuir a estos fondos y el elevado peso de los autónomos en el tejido productivo. Factores a los que se añade la precariedad laboral o la fragmentación de la negociación colectiva.
Para incrementar el despliegue de este segundo pilar del sistema de pensiones, el documento propone apostar por una fórmula de adhesión automática (conocida en la jerga como auto-enrolment) en la que el trabajador sea incluido automáticamente en un plan colectivo. Eso sí, con derecho a abandonarlo si así lo desea.
En la línea de las recomendaciones que ha venido haciendo la Comisión Europea, el documento propone que esa adhesión automática se haga a partir de ciertas edades y niveles de ingresos para no perjudicar a los trabajadores con menor capacidad de ahorro. Además, proponen que las aportaciones iniciales sean bajas y vayan creciendo progresivamente para favorecer su aceptación, así como que las aportaciones sean compartidas entre la empresa y el empleado.
