Enagás acude a su cita con el mercado con un beneficio después de impuestos de 204 millones de euros en los primeros nueve meses del ejercicio. La cifra incluye el empujón contable de la venta del 40% de su filial de gases renovables pero se sitúa un 22% por debajo de la registrada hace un año cuando registró las plusvalías de las ventas de Soto la Marina y de Sercomgas y la plusvalía contable neta de Gasoducto Sur Peruano (GSP). Sin contar la desinversión en su filial, el beneficio se queda en 195,8 millones, una cantidad con la que la compañía asegura estar bien encaminada para alcanzar los 235 millones que se ha marcado como meta para el conjunto de 2026.

Con más detalle, según ha informado este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el beneficio bruto de explotación fue de 491,5 millones, y la gasista sostiene que avanza al ritmo adecuado para llegar a los 620 millones previstos a final de año. Estas cifras, no obstante, están condicionadas por el periodo regulatorio que ahora termina y que le ha recortado los ingresos un 2% respecto a un año antes hasta los 696,7 millones, y ha reducido su Ebitda -el resultado bruto de explotación- un 2,9% hasta los 505,9 millones.

En este escenario, la gasista ha compensado su balance con la aportación al Ebitda de nuevos negocios con partidas pequeñas como los 5,4 millones más gracias al buque 'Alisios LNG', una instalación flotante que recibe gas natural licuado, y otros 5,9 millones por haber integrado en sus cuentas a Axent, una compañía de fibra óptica. El grueso del alivio ha llegado de sociedades en las que Enagás participa sin controlarlas, que aportaron 145,8 millones al beneficio bruto, un 23,9% más que en el mismo periodo de 2025, un salto que se explica sobre todo por la ampliación del gasoducto TAP, la gran arteria que lleva gas desde el Cáucaso hasta Italia, y por la compra del 31,5% del operador francés Teréga, cerrada el 30 de julio.

Esa compra es, probablemente, el movimiento más llamativo del trimestre. Enagás pagó 573 millones de euros al fondo GIC por su parte en Teréga, una operación que defiende como una forma de reforzar la seguridad del suministro y de avanzar en la descarbonización de ambos países, aunque manteniendo, subraya, la independencia de los dos operadores. Casi a la vez, el 21 de julio, anunció un acuerdo para quedarse con el 20% que Osaka Gas tiene en la planta de regasificación de Saggas, en Sagunto, por 31 millones, a la espera de recibir las autorizaciones correspondientes, previsiblemente, este año.

El futuro inmediato del negocio se ha despejado en septiembre, con la entrada en vigor de las circulares definitivas con las que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) fija cómo se retribuirá el transporte y la regasificación de gas entre 2027 y 2032, así como la rentabilidad que podrán obtener las compañías. El nuevo marco supondrá, según la empresa, un ahorro del 10% para el sistema gasista frente al periodo que concluye, lo que en la práctica significa unos costes algo menores para el conjunto del sector.

El Tribunal Supremo vuelve a tumbar las cuentas del Gobierno sobre la indemnización por el rescate de las autopistas R-3 y R-5 de Madrid y le exige que cierre, sin más demora, la responsabilidad patrimonial definitiva por la resolución anticipada de la concesión. En una sentencia fechada el 6 de octubre, la Sala de lo Contencioso-Administrativo estima parcialmente el recurso de varios fondos de titulización y entidades financieras acreedoras y deja sin efecto las liquidaciones aprobadas por el Consejo de Ministros en diciembre de 2021 y diciembre de 2023. No determina, sin embargo, una cifra ni ordena pagar cantidad alguna, y rechaza el resto de las peticiones de los recurrentes, que reclamaban más de 918 millones de euros.

El fallo llega después de otros dos varapalos judiciales al cálculo del Ejecutivo. En enero, el Supremo estimó parcialmente el recurso de Accesos de Madrid, la empresa concesionaria de las autopistas, contra la liquidación complementaria de 2023. En junio hizo lo mismo con el recurso de la constructora Sacyr, que también había impugnado ese cálculo. Ahora, al resolver la demanda de los acreedores, el tribunal vuelve a anular la liquidación complementaria y deja sin efecto, además, la primera, aprobada en 2021.

El pronunciamiento se enmarca en el largo contencioso derivado del colapso de las autopistas radiales de Madrid, uno de los episodios más complejos del modelo concesional español. El origen se remonta a la concesión adjudicada en 1999 para construir, conservar y explotar las R-3, entre Madrid y Arganda del Rey, y R-5, entre Madrid y Navalcarnero, además de un tramo de la M-50. La explotación comenzó en 2004 y el contrato tenía una duración prevista de 50 años. Sin embargo, el desplome del tráfico tras la crisis económica de 2008 hizo inviable el proyecto, lo que condujo a la insolvencia de la concesionaria y a la apertura de la fase de liquidación del concurso de acreedores en noviembre de 2017.

Desde entonces, el Gobierno intenta calcular cuánto debe reconocer por la terminación anticipada de la concesión. Es lo que se conoce como responsabilidad patrimonial de la Administración (RPA), la cantidad que corresponde reconocer por las inversiones cuando la concesión termina antes de tiempo. El Gobierno aprobó una primera liquidación en diciembre de 2021 y una complementaria dos años después, tras las correcciones exigidas por sentencias anteriores. Esta última resolución contemplaba un pago a cuenta de unos 450 millones de euros a Accesos de Madrid y la retención provisional de otros 92 millones.

Esa cadena de liquidaciones es la que han combatido los fondos de titulización y entidades financieras que adquirieron la deuda vinculada a la concesión. La Abogacía del Estado cuestionó su legitimación, pero el Supremo la rechaza al entender que, como acreedores afectados por el rescate de las autopistas, tienen derecho a cuestionar cómo se ha calculado la compensación.

Urge al Ejecutivo cerrar la indemnización

Resuelta esa cuestión, el tribunal insiste en que el Gobierno deje de encadenar cálculos provisionales, subrayando que el Consejo de Ministros, "siguiendo su propio esquema cronológico", no dictó una liquidación definitiva sino la complementaria, y lo hizo antes de la sentencia de 2025. El tribunal no acepta, en cambio, la petición de declarar inactiva a la Administración por la vía utilizada por los demandantes. Aunque reconoce que los plazos previstos para las actuaciones previas se han superado ampliamente, considera que eso no permite estimar esa reclamación concreta.