El líder de la izquierda abertzale, Arnaldo Otegi, está convencido de que no existe la más mínima posibilidad de que los atentados terroristas vuelvan a Euskadi. Preguntado por la detención de dos personas a las que la Ertzaintza acusa de un posible delito de terrorismo y que han sido trasladadas a la Audiencia Nacional para ser interrogadas, el dirigente de EH Bildu ha asegurado hoy que no contempla «ni en un 0,1 % de posibilidades» una eventual vuelta de la violencia.

En el día en el que se cumplen 15 años del cese definitivo de la actividad criminal de ETA, Otegi ha afirmado que necesita «más datos» para conocer las circunstancias en las que han sido arrestadas estas dos personas, a las que la Ertzaintza acusa de tener información de guardias civiles, policías y ertzainas, así como de contar con la geolocalización de un zulo en el que podría haber armas.

"Sí hay nostálgicos, de Franco"

Para Otegi, en declaraciones a Radio Popular, «la vuelta hoy de formas de violencia armada en el País Vasco es una hipótesis que nosotros no contemplamos ni en el 0,1 % de posibilidades, pero vamos a ser prudentes». El líder independentista vasco ha subrayado que han transcurrido 15 años «en los que no ha habido ningún tipo de acción armada por parte de ETA»: «No sé si hay nostálgicos que piensan que el país era mejor antes, pero nosotros no somos de esos, y sí creo que hay nostálgicos que piensan que con Franco se vivía mejor, y me preocupan bastante más».

Precisamente a los dos arrestados se les vincula con movimientos críticos con la izquierda abertzale y con la manera en la que se gestionó el proceso final de la banda. Hoy Otegi ha hecho valer la aportación que, en su opinión, realizó la izquierda abertzale para favorecer ese desenlace.

Tras décadas de apoyo al entorno de la organización y de aliento a la banda terrorista por parte de la izquierda abertzale, Otegi ha destacado hoy que la suya fue «una contribución decisiva y determinante a que el país viva el momento que está viviendo». Ha recordado la Conferencia Internacional de Paz de Aiete que impulsó y que se convirtió en la «pista de aterrizaje» para que ETA formalizara su final. Otegi ha recordado que aquel encuentro concluyó instando a la banda a abandonar la actividad terrorista, y que tres días después anunció el cese definitivo de su actividad armada.

El "conflicto político continúa"

El líder de EH Bildu ha señalado que, tras todo ello, «el conflicto político» continúa: «Aiete puso encima de la mesa una hoja de ruta para solucionar el problema de los presos, los deportados y los refugiados», aún pendiente a su entender, e indicó que tampoco se ha resuelto «nuestro derecho a decidir nuestro futuro».

Otegi ha recordado que la izquierda abertzale reconoció que la violencia de ETA «nunca debió ocurrir» y ha instado a «reconocer la violencia del Estado y que se ha torturado a miles de personas, reconocer que se ha hecho guerra sucia y tantas barbaridades contra el independentismo vasco», pero «no como contrapartida a lo que nosotros hicimos», sino como «aportación a la paz que todavía está pendiente».

El frío y la lluvia comienzan a dar forma al otoño. Es cuando el menor número de horas de luz obliga a iluminar antes los hogares y empresas y cuando la bajada de temperatura reactiva el encendido de calefacciones. Hacerlo en el escenario energético actual ha comenzado ya a disparar la factura de la luz. Este lunes nuestro país tocó techo en el precio de la luz y hoy volverá a rozarlo. En realidad, la última semana el gráfico de precios de mercado oscila en los niveles más altos. El incremento del precio del gas está detrás de este repunte que ha hecho que encender los interruptores se pague esta semana un 15% más cara que hace solo siete días.

La luz alcanzó ayer máximos anuales con un precio medio de 215 euros/MWh, según OMIE (Operador del Mercado Ibérico de Energía), incluso con picos que llegaron hasta los 296 euros/MWh. Para hoy, los precios se moderan levemente, pero continúan estando entre los niveles más elevados del año: 195 euros/MWh y picos de 278 euros/MWh a las 20:00 horas de esta tarde. El constraste volverá a producirse a las 16:00 horas, cuando el precio caerá hasta los 58,1 euros el MW/h, según avanza el OMIE.

Tarifa regulada (PVPC) y mercado libre

El comportamiento al alza del precio de la luz, con máximos durante los tramos más caros que rozan los 300 euros el MW/h, no afectará por igual a todos los consumidores. El impacto será más directo en quienes cuentan con una tarifa regulada (PVPC). El precio del kilovatio hora (kWh) cambia cada hora de cada día en función de la oferta y la demanda del mercado eléctrico. Se determina sumando el coste de la energía en el mercado mayorista -pool eléctrico- más los peajes de acceso, costes de transporte, cargos regulados por el Gobierno y el margen para la comercializadora de referencia. Actualmente el cálculo combina el precio diario con una cesta de precios a plazos -mercados de futuros a un mes, tres meses y un año-. De este modo, las subidas repentinas del mercado diario impactan con menor fuerza en el recibo final. En esta modalidad se encuentran 9,7 millones de hogares en nuestro país.

En cambio, en la opción del mercado libre, los consumidores no se ven tan condicionados por los incrementos de precios diarios. El precio no cotiza de forma directa hora a hora para el cliente. La compañía fija un precio y propone un acuerdo cerrado al consumidor. En esta opción, a la que se acogen la mayoría de hogares y empresas de nuestro país, 20,4 millones de usuarios, el precio del kWh se establece por periodos acordados entre la comercializadora y el cliente. En este caso se puede establecer un precio fijo durante las 24 horas o precios por tramos horarios.

La razón de este encarecimiento se encuentra en el gas. El índice TTF de referencia en Europa ayer cotizaba a 88 euros el MWh. Supone un 180% más que en febrero de este año, cuando se inició el conflicto en Irán y el gas cotizaba a algo menos de 32 euros. A ello se suma el descenso en la producción de energía solar fotovoltaica que se produce en este periodo otoñal y la disminución en la producción eólica que se ha registrado estos días. Factores todos ellos que obligan a tirar del gas para generar energía y con ello a encarecer el proceso.

Claves de ahorro para la factura de la luz

El 'mix energético' español requiere cada vez más del gas para generar electricidad. El modo reforzado que se impuso tras el apagón de abril de 2025 ha elevado el peso de los ciclos combinados para poder casar oferta y demanda en el sistema. El gas supone entre un 17% y 21% del peso de las fuentes de energía empleadas.

El escenario no parece que vaya a mejorar. Con el gas en niveles de los precio más elevados desde 2022, seguirá disparando la generación de electricidad, que estos días ha rondado en un coste medio de entre 160 a 215 euros el megavatio hora.

Para controlar el encarecimiento de las facturas ante esta escalada de precios, la estrategia que aconsejan las asociaciones de consumidores pasa por adaptar el tipo de contrato al modo de consumo en cada caso. Contar con una tarifa regulada (PVPC) requiere optimizar el consumo concentrando el empleo de electrodomésticos de mayor gasto en las horas valle, más económicas y que habitualmente se producen en los tramos centrales del día. Es en esas franjas de mediodía donde la aportación de energía renovable se dispara y reduce notablemente el coste por kWh.

En el caso de los clientes del mercado libre, es solo en el momento de renovar los contratos cuando se deben analizar de nuevo las condiciones para evitar que las comercializadoras trasladen a la nueva oferta posibles sobrecostes anteriores.

Son cientos. La mayoría hace tiempo que peina canas. Su aspecto poco se parece al que mostraron años atrás en las fichas policiales. Se pasean por los municipios vascos. Se les puede ver comprando o tomando vinos. La mayoría se ha alejado del foco social y apuesta sumergirse en el anonimato. Unos pocos, en cambio, han optado por seguir 'luchando' formando parte de listas electorales o integrándose en la política activa. A casi todos, sólo les queda el apoyo discreto de los más afines, de los que les aplaudían cuando sembraron el rastro de dolor que partió a la sociedad vasca en dos. La mayoría se enteró en la cárcel del final de la tragedia que habían alimentado. El 20 de octubre de 2011, hace hoy 15 años, ETA anunció el “cese definitivo” de sus acciones criminales. Desde entonces, alrededor de 600 miembros de la banda terrorista han salido en libertad.

Cuando los tres encapuchados de ETA proclamaron el inicio de “un nuevo ciclo” y la apuesta por las vías exclusivamente políticas, en las prisiones españolas cumplían condena cerca de 700 terroristas de la organización. Tres lustros después, son algo menos de un centenar: 93 presos de ETA, según el colectivo de familiares Etxerat. En esa contabilidad no se incluye al puñado de presos críticos con el colectivo ‘oficial’ de presos, el EPPK, afín a la izquierda abertzale que lidera Arnaldo Otegi.

Ese cupo se reduce aún más si se analiza la situación penitenciaria de ese escaso centenar de presos. Son apenas 36 los que cumplen condena sin salir de prisión, en régimen ordinario. El resto lo hace saliendo de la cárcel y regresando a prisión solo a dormir gracias a progresiones a tercer grado o a la concesión del artículo 100.2 del reglamento penitenciario. Esta fórmula, previa al tercer grado, permite flexibilizar la situación del interno y le permite salir para trabajar o cooperar en una ONG.

Cuando los tres encapuchados -David Pla, Iratxe Sorzabal e Izaskun Lesaka- difundieron el vídeo del final de ETA la tarde del 20 de octubre de 2011, la banda aún tenía una última baza con la que negociar: su disolución y desarme. La demoraría aún ocho años. En ese periodo, ETA siguió existiendo como organización, presionando con la posibilidad de revertir la situación si no se le concedía una salida para sus cientos de presos en las cárceles españolas. Incluso se intentó negociar con el Gobierno francés el acercamiento de los 140 presos de ETA que entonces cumplían condena en cárceles francesas.

El fracaso de la 'última baza' de ETA: desarme y disolución

Entre 2011 y 2018 los intentos para presionar al Gobierno de Mariano Rajoy fueron reiterados. Incluso el Gobierno vasco de Iñigo Urkullu intentó mediar un acuerdo que acelerara la desaparición definitiva de la estructura de ETA. Ni con Rajoy ni con Urkullu, que llegaría a reprochar a ETA su falta de voluntad real de buscar una salida para disolverse, hubo acuerdos ni cesiones.

Finalmente, y ante el convencimiento de que no podrían obtener beneficios en su final, ETA optó por recurrir a una disolución y desarme unilateral. Lo hizo apoyándose en un hasta entonces desconocido grupo de intermediarios: los ‘artesanos de la paz’, procedentes de colectivos afines a la izquierda abertzale. El 8 de abril de 2017, en Bayona, la banda escenificó el desarme entregando la localización de ocho depósitos o ‘zulos’ con armas y ante la mirada de ‘invitados’ como algunos de sus militantes más sanguinarios como Josu Zabarte, el ‘carnicero de Mondragón’.

En los años transcurridos desde el cese de sus acciones terroristas, cerca de medio centenar de presos siguieron saliendo en libertad cada año. Cuando el 3 de mayo de 2018, en la localidad vascofrancesa de Cambo-les-Bains, ETA escenificó y oficializó su disolución con la lectura a cargo de ‘Josu Ternera’ y ‘Anboto’ del último comunicado de ETA, la banda aún tenía en las cárceles a casi 300 militantes. Ese mismo mes, todo empezaría a cambiar… tras la moción de censura que aupó a Pedro Sánchez al Palacio de la Moncloa.

Política penitenciaria, Bildu y PNV

El relevo gubernamental no hubiera sido posible sin el apoyo de los dos partidos nacionalistas vascos: el PNV y EH Bildu. La coalición de Otegi siempre ha puesto la ‘cuestión de los presos’ encima de la mesa para seguir apoyando al Ejecutivo socialista. Las condiciones del acuerdo nunca han trascendido oficialmente, pero los hechos han evidenciado que el cambio de la política penitenciaria aplicada a los presos de ETA figuraba en la lista.

Habían transcurrido solo tres meses desde la moción de censura cuando Pedro Sánchez optó por revertir una política que el PSOE había aprobado y aplicado desde 1989: la dispersión de los presos en cárceles alejadas de Euskadi y Navarra. En septiembre de 2018 comenzaron los primeros acercamientos de presos de la banda a prisiones próximas a Euskadi. Poco después, a carceles vascas. El goteo de acercamientos no paró, hasta que en marzo de 2023 se dio por concluida la operación. Para entonces, todos los presos de ETA cumplían condena en cárceles vascas o navarras. En este periodo también se facilitó el traslado de los presos que cumplían condena en prisiones galas para que lo hicieran en cárceles españolas.

Según el observatorio de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), entre septiembre de 2018 y agosto de 2022 se trasladaron a 202 presos de ETA a cárceles vascas o próximas a Euskadi, la mitad de ellos con delitos de sangre y acumulando 303 víctimas.

Acercamiento a Euskadi y gestión de prisiones

Por el camino, Sánchez y Bildu siguieron apoyándose. El 20 de octubre de 2021, cuando se cumplían diez años del cese de la actividad de ETA, fue el propio Otegi quien reconoció en un encuentro con simpatizantes de Bildu que apoyaría los presupuestos de Sánchez para favorecer la salida de prisión de los etarras: “Tenemos 200 dentro y hay que sacarlos; si para eso hay que votar los presupuestos, los votaremos. Sin problema, muy tranquilos. Lo tenemos en nuestro frontispicio. Ahora es el momento”, dijo.

En este vaciado de presos de ETA de las cárceles, también el PNV ha jugado su papel. Desde que el PSOE comenzó a gobernar España, la formación nacionalista ha presionado para que se acelerara la transferencia de la gestión de las prisiones vascas. El 1 de octubre de 2021, el Gobierno vasco logró su objetivo y comenzó a gestionar las tres cárceles vascas. En ese momento, eran cerca de 200 los internos de la banda cumpliendo condena.

Desde 2018 y hasta que cedió la gestión al Ejecutivo vasco, Instituciones Penitenciarias había concedido 27 terceros grados a presos de la banda. Desde que Euskadi está al frente, han sido cerca de un centenar los presos que han progresado hasta el tercer grado, el que les concede un régimen de semilibertad. En los últimos años, la aplicación de la vía previa, el artículo 100.2, concebido como un proceso preparatorio para la semilibertad, se ha concedido a cerca de una treintena de internos. Concesiones que en muchos casos han sido revocadas por la Justicia, obligando al reingreso en prisión de los internos.