Medio millar de familias del barrio Benta Berri de San Sebastián han vivido los últimos meses bajo la amenaza de verse obligados a abandonar sus hogares. Son inquilinos que residen en viviendas de protección oficial que iban a perder esta calificación social en noviembre de 2028 y habían recibido notificaciones del propietario, la compañía inmobilaria Testa (filial del fondo de inversiones Blackstone), advirtiéndoles de que sus pisos pasaban al mercado libre desde esa fecha. Si ahora estaban pagando un alquiler de 800 a 1.000 euros mensuales, la pérdida del régimen de protección abría la puerta a encarecer muchísimo esa renta. El Gobierno vasco ha venido a rescatar a los vecinos con una operación de compra de las 510 viviendas afectadas. Es la primera vez que una Administración pública en España adquiere un paquete de pisos de estas dimensiones a un fondo de inversiones, con lo que podrá prolongar el régimen de protección de las casas.

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Hace unas semanas centenares de personas en Madrid sufrieron un fraude: habían reservado un alojamiento a través de Booking que no existía. No es el único caso y la Comisión Europea sospecha que la plataforma digital no hace lo suficiente para evitar este tipo de falsos anuncios. Este es uno de los tres motivos por los que ha abierto una investigación a la firma tecnológica de Países Bajos. También lo ha hecho para evaluar si vigila lo suficiente los datos de sus clientes, tanto de quienes reservan alojamientos como de quienes los ofrecen. Y, además, va a indagar si Booking cumple con las obligaciones legales de transparencia en la publicidad.

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