Medio millar de familias del barrio Benta Berri de San Sebastián han vivido los últimos meses bajo la amenaza de verse obligados a abandonar sus hogares. Son inquilinos que residen en viviendas de protección oficial que iban a perder esta calificación social en noviembre de 2028 y habían recibido notificaciones del propietario, la compañía inmobilaria Testa (filial del fondo de inversiones Blackstone), advirtiéndoles de que sus pisos pasaban al mercado libre desde esa fecha. Si ahora estaban pagando un alquiler de 800 a 1.000 euros mensuales, la pérdida del régimen de protección abría la puerta a encarecer muchísimo esa renta. El Gobierno vasco ha venido a rescatar a los vecinos con una operación de compra de las 510 viviendas afectadas. Es la primera vez que una Administración pública en España adquiere un paquete de pisos de estas dimensiones a un fondo de inversiones, con lo que podrá prolongar el régimen de protección de las casas.

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La Fiscalía ha recurrido por “prematura” la reciente decisión del Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco de conceder por segunda vez el tercer grado o régimen abierto al exjefe de ETA Juan Antonio Olarra Guridi. El ministerio público alega para ello que solo han pasado tres meses desde que el juez de Vigilancia Penitenciaria José Luis Castro le revocara en julio una medida similar al considerar ya entonces que el recluso no había acreditado una “maduración suficiente del proceso de reinserción”. Es la cuarta vez en el último mes y medio que la Fiscalía se opone a aplicar una medida similar a presos de ETA. El juez Castro debe resolver aún los recursos por las semilibertades de Henri Parot, alias Unai; la exjefa etarra Soledad Iparragirre, Anboto; e Idoia Mendizábal, Iliargi.

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