El Partido Socialista ha confirmado este jueves que participará en un cara a cara con el principal líder de la oposición el próximo 16 de noviembre, primer lunes de campaña electoral. De esta forma, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se volverán a encontrar en un debate organizado por una cadena privada, tal y como ocurrió el 11 de julio de 2023 antes de las elecciones generales en Antena 3 (Atresmedia). Desde principios de octubre, el Partido Popular ya había confirmado su disposición para celebrar el cara a cara con el líder socialista en esta fecha. El PP quiere que tenga lugar en Mediaset, aunque el PSOE no lo ha confirmado.

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El expresidente del Gobierno Felipe González ha entrado en la precampaña, pero no para apoyar al PSOE, el partido del que fue secretario general durante 23 años. Preguntado durante un acto en el Círculo Empresarial de Málaga sobre cuál va a ser su preferencia electoral en las elecciones generales del 29 de noviembre, ha justificado por qué va a votar en blanco: “Si me siento representado, voto por alguien que me represente. Si no, voto en blanco. Es un voto positivo, no es una abstención. Explica lo que siento, la carencia de representación”.

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No solo hay 10 horas de diferencia entre los dos vídeos. El primero, del PSOE, se publicó en la cuenta oficial de Pedro Sánchez a las 8.29 de la mañana de este miércoles, justo antes de la ponencia de Javier Milei en el Casino de Madrid. Y el segundo, del PP, pasadas las diez de la noche. Pero uno es real: grabado con cámaras, micrófonos y editado por un equipo de comunicadores audiovisuales. Y el otro, no: está generado por una aplicación de inteligencia artificial. Es más, es la primera vez que un partido político en España usa esta estrategia para suplantar la identidad y la voz de dirigentes y figuras políticas, como José Luis Rodríguez Zapatero, Begoña Gómez, la exportavoz socialista Montse Mínguez y hasta José Luis Ábalos, entre otros. En el caso de este último, quizá sea el más realista y parece que habla él mismo de verdad. Dice así:

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Tres ciudadanos españoles residentes en el extranjero se han personado ante el Tribunal Supremo para pedir que anule las medidas cautelares que mantienen suspendidos los efectos electorales de la inscripción en el censo de parte de los nacionalizados por la llamada ley de nietos. Lo han hecho representados por el despacho del exjuez Baltasar Garzón, después de que el Tribunal Constitucional rechazara el recurso de amparo presentado por el Defensor del Pueblo y antes de que expirara el plazo dado por el alto tribunal para que los afectados comparecieran y formularan alegaciones en el procedimiento.

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En el Senado también se juega una parte de la próxima legislatura: su mayoría puede retrasar leyes y, si alcanza los tres quintos, decidir los nombramientos de órganos como el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial que corresponden a esta Cámara.

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Antes de que su abogado, Pedro J. Díaz, pudiera darle la noticia, el único ciudadano español nacionalizado al amparo de la ley de nietos que acudió al Tribunal Constitucional para adherirse al recurso de amparo del Defensor del Pueblo ya le había enviado el enlace de la información con el fallo. El pleno del tribunal de garantías había inadmitido, por diez votos a dos, el recurso que reclamaba restablecer el derecho al voto de más de 160.000 nacionalizados, entre ellos el suyo. Junto al enlace, el hombre, español de origen argentino, escribió una pregunta tan breve como cargada de desazón: “¿Y ahora qué se puede hacer?”. El portazo judicial lo dejó triste y desmoralizado, aunque no ha conseguido apagar del todo su esperanza. Su abogado, sin embargo, mira al futuro con mucho menos optimismo. Las posibilidades de que los afectados puedan votar el próximo 29 de noviembre son, a su juicio, “pocas o ninguna”.

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La retirada del derecho al voto a más de 160.000 nacionalizados por la llamada ley de nietos ha puesto el foco en una ley y una instrucción aprobadas en octubre de 2022 sin que ningún partido político las recurriera. La Ley de Memoria democrática se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 19 octubre de ese año tras un año de compleja tramitación parlamentaria con intensos debates, no solo entre el Gobierno y la oposición sino también con los socios de investidura. La instrucción del Ministerio de Justicia con las directrices para tramitar el derecho a optar a la nacionalidad española se aprobó seis días después y solo fue impugnada por una asociación contraria a las leyes de memoria histórica y democrática, pero su recurso fue desestimado por una cuestión de forma. Cuatro años después, el debate político a las puertas de un nuevo ciclo electoral ha desenterrado aquella instrucción que en su momento pasó inadvertida para los partidos y ahora ha derivado en un enorme embrollo jurídico.

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Este octubre se cumplen seis meses desde que el PP inaugurase la segunda ronda de Gobiernos autonómicos con Vox. María Guardiola, baronesa extremeña, cedía de nuevo ante la extrema derecha incluyéndola en su Ejecutivo y desataba la caída del resto de fichas del dominó: Aragón, Castilla y León y Andalucía. En todas los pactos, los populares dieron cancha a la formación de Santiago Abascal, cuya agenda ultra ha ido avanzando en los boletines territoriales desde entonces hasta hoy. Medidas que se han acelerado con el inicio del curso político, así como con la paulatina aprobación de los Presupuestos autonómicos en plena precampaña de las elecciones generales del 29 de noviembre en la que, según las encuestas, la alianza de PP y Vox puede alcanzar una mayoría de gobierno.

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Pasado el folletín del intento frustrado para una única papeleta en la izquierda, Frente Amplio empieza a despejar las incógnitas sobre la configuración de sus listas. La coalición que aúna a una quincena de partidos por todo el país y que tiene como principales referentes a Izquierda Unida, Más Madrid, Comuns y Movimiento Sumar (MS) ha cerrado ya los primeros puestos de la candidatura en Madrid, donde, tras un pulso intenso que mantuvo bloqueado el acuerdo durante días, finalmente estarán todas las fuerzas de Sumar en el Gobierno excepto la catalana Comuns, que acaparará la papeleta por Barcelona, encabezada por la aspirante a la presidencia, Ada Colau. Aunque las encuestas dibujan en este momento una representación de la izquierda muy a la baja respecto a los comicios de 2023, cuando el grupo de Yolanda Díaz obtuvo 31 escaños, el reparto final otorga a la organización de la ministra Mónica García las dos primeras posiciones y la quinta, mientras que la tercera será para IU y la cuarta para MS.

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