La retirada del derecho al voto a más de 160.000 nacionalizados por la llamada ley de nietos ha puesto el foco en una ley y una instrucción aprobadas en octubre de 2022 sin que ningún partido político las recurriera. La Ley de Memoria democrática se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 19 octubre de ese año tras un año de compleja tramitación parlamentaria con intensos debates, no solo entre el Gobierno y la oposición sino también con los socios de investidura. La instrucción del Ministerio de Justicia con las directrices para tramitar el derecho a optar a la nacionalidad española se aprobó seis días después y solo fue impugnada por una asociación contraria a las leyes de memoria histórica y democrática, pero su recurso fue desestimado por una cuestión de forma. Cuatro años después, el debate político a las puertas de un nuevo ciclo electoral ha desenterrado aquella instrucción que en su momento pasó inadvertida para los partidos y ahora ha derivado en un enorme embrollo jurídico.

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Víctor de Aldama no está dispuesto a que vendan sus coches por él. El comisionista considera que puede sacar un precio más alto si la Audiencia Nacional le permite buscar a él compradores en lugar de realizar una subasta a través de una oficina del Ministerio de Justicia. Aldama ha realizado una tasación aproximada de los cuatro vehículos, entre los que se incluye un Ferrari, y le sale un montante de 760.000 euros. El juez del caso hidrocarburos, Santiago Pedraz, ha preguntado a la Fiscalía Anticorrupción si permite que el empresario, condenado a una multa de 72.000 euros por delitos de organización criminal y cohecho, haga la venta.

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