El precio de la luz no es la única razón. Ni siquiera es la más relevante. En el incremento de las facturas energéticas que pagan hogares, empresas e industrias, el factor que está provocando un sobrecoste 'invisible' es el funcionamiento de la red eléctrica. Lo hace de modo especial desde el apagón del 28 de abril del año pasado. Asegurar no solo un correcto suministro, un necesario ajuste de oferta y demanda, y una operativa segura de la red está conllevando en los últimos años un coste cada vez más disparado. En lo que llevamos de 2026 el incremento es ya del 41%. El encarecimiento de estos servicios para operar la red, los llamados 'servicios de operación' -que los consumidores pagan en sus facturas- suponen ya más del doble que hace solo dos años.

El 'Observatorio del coste de los servicios de Operación', que agrupa a algunas de las principales asociaciones del sector y agentes empresariales y energéticos, estima que el año 2026 se cerrará con un coste que rondará los 6.000 millones de euros. Supone una cifra que duplica los 2.695 millones de euros que se pagaron por los servicios de operación en 2024 o los 2.400 millones de 2023. Solo entre enero y septiembre de este año el coste ha alcanzado los 4.360 millones de euros, lo que supone un encarecimiento del 41%. Sólo en los primeros quince días de octubre la factura por estos servicios ha alcanzado los 260 millones de euros.

El 'modo reforzado' tras el apagón, uno de los factores que dispara la factura

Desde el Observatorio -al que están adheridas entidades como Aelec, AEGE, Cepyme o ACIE, entre otras- denuncian que el encarecimiento se ha acelerado en poco tiempo. El coste del conjunto de actuaciones técnicas y de gestión para operar correctamente y con garantías la red que lleva a cabo Red Eléctrica se ha disparado. Si en 2024 el coste medio por MWh era de 11,62 euros, en la primera quincena de este mes alcanzaba ya los 25,95 euros el MWh.

Unos costes disparados que se soportan con el pago que los consumidores hacen en sus facturas y que en el caso de los hogares representan ya el 8% del total del pago, pero que en la pequeña empresa es del 11% de su factura eléctrica y en la industria electrointensiva supone ya el 16%.

Los costes para operar el sistema eléctrico se han incrementado tanto que desde el Observatorio aseguran que en algunos momentos ha alcanzado incluso “niveles superiores al propio precio de la energía”. Aseguran que el incremento se ha agravado sin duda por la aplicación del llamado modo reforzado de operación que se acordó tras el apagón: “Este mecanismo se ha intensificado de forma notable, provocando un aumento sustancial de los costes que soportan hogares y empresas”. Subrayan que esta realidad no solo encarece el propio suministro eléctrico, sino que supone un impacto negativo para la competitividad de las empresas que deben asumir una factura mayor por los costes eléctricos de su actividad.

Petición a la CNMC para frenar el impacto en la industria

Para contribuir a una reducción de estos costes y rebajar el perjuicio a la competitividad de las empresas, desde el Observatorio se reclama una mayor transparencia y desglose de los costes que tiene operar el sistema: “Es imprescindible que la CNMC refuerce la fiscalización de estos costes, especialmente los de la operación reforzada, cuya eliminación generaría importantes ahorros a los consumidores”, señalan. Reclaman además la publicación detallada y periódica de todos los costes y fijar un calendario para poner fin al uso del modo reforzado de operación de la red.

Se propone evaluar “soluciones regulatorias” que permitan asegurar la financiación de los servicios necesarios, pero sin penalizar a la industria y logrando un equilibrio entre estabilidad de suministro y competitividad industrial. Recuerdan que en la vecina Portugal recientemente el regulador “incluyó un porcentaje, el 40% de los costes del servicio de ajuste, en la tarifa”: “Es lo que estamos proponiendo el sector, que de algún modo, se busque un componente regulado para intentar solventar estos costes. De algún modo, socializa ese coste entre más consumidores y hace que la industria no tenga tanta tensión”.

Junto a ellos plantean avanzar “hacia un marco fiscal estable y coherente con los objetivos de descarbonización, competitividad industrial y autonomía estratégica”. Señalan que la suspensión del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica y del Impuesto Especial a la Electricidad, entre otras, “debe consolidarse de forma permanente, evitando la introducción de costes adicionales que encarecen artificialmente la electricidad”.

Fue uno de los símbolos de la lucha contra ETA. En su entrada figura un panel con los cerca de un centenar de agentes de la Guardia Civil que murieron por atentados de la banda en Gipuzkoa. Su lista de detenciones y comandos de la banda desarticulados es larga. Es el lado brillante de su historia. Pero el cuartel de Intxaurrondo de San Sebastián también esconde un lado oscuro: la ‘guerra sucia’ contra ETA. En algunas de sus estancias se practicaron torturas y se vivieron algunos de los episodios de vulneración de la ley más graves de los duros años 80 y 90 de violencia terrorista.

Ahora, el Gobierno vasco quiere que el emblemático cuartel que el general Enrique Rodríguez Galindo lideró durante muchos años con mano de hierro se convierta en símbolo de tortura y de vulneración de derechos. Pero no solo Intxaurrondo. La Comisión de Valoración de Víctimas de Motivación Política, vinculada a la Consejería de Justicia del Ejecutivo, quiere que un cuartel más de la Guardia Civil y dos comisarías de la Policía Nacional también engrosen esa lista de ‘memoria’ de la tortura.

Se trata del cuartel de La Salve de Bilbao y de las comisarías de Indautxu, en la capital vizcaína, y la comisaría de Amara, en San Sebastián. La comisión que evalúa denuncias de posibles torturas y excesos policiales cometidos por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y la Ertzaintza entre 1978 y 1999 quiere que los cuatro centros policiales se conviertan en símbolo de la lucha al margen de la ley que también se practicó durante años en la batalla contra el terrorismo. "Venimos constatando que hay determinados centros de detención que aparecen y reaparecen, una y otra vez, como lugares en que se practicó la tortura de una severa gravedad. Son torturas que responden en muchos casos a patrones que se repiten por cuerpo policial, momento histórico y lugar concreto de detención", señala el informe.

305 víctimas de tortura y abusos policiales reconocidas

La petición la lanzó la presidenta de la Comisión, Juana Balmaseda, durante la presentación del último informe de este organismo que ya ha reconocido a 305 personas como víctimas de torturas y excesos policiales. En este último informe se incluye el reconocimiento de 60 casos más. A todas ellas se sumarán más, ya que aún restan 284 expedientes por resolver. Además, los responsables de la comisión recordaron que existen otras 416 peticiones para ser analizadas que no se han incluido por presentarse fuera de plazo al inicio de los trabajos de este organismo. La Comisión de Valoración estima que para el año 2028 concluirá de manera definitiva el análisis de los expedientes pendientes.

Un reconocimiento de víctimas que incluye en muchos casos el pago de una indemnización económica. Los 60 nuevos casos conllevan unos pagos indemnizatorios por un montante total de 993.000 euros. Las víctimas a las que se ha dado por acreditado que sufrieron malos tratos por parte de agentes o funcionarios públicos recibirán en su conjunto algo más de 618.000 euros. Una de las víctimas acreditadas percibirá casi 35.000 euros por haber recibido el impacto de una pelota de goma y los casos de heridos o fallecidos por arma de fuego supondrán un desembolso de las arcas públicas de casi 334.000 euros.

Abusos sexuales y maltratos mortales

En la lista de víctimas reconocidas por la Comisión figuran algunas personas relacionadas con ETA que fueron maltratadas, así como miembros vinculados a la izquierda abertzale o del entorno de las familias de presos de ETA, el Partido Comunista o el sindicato LAB.

El informe destaca los numerosos casos de mujeres que sufrieron amenazas y violencia de carácter sexual. Uno de los casos más relevantes es el del médico de Oiartzun, Esteban Murutagoiena, quien fue detenido el 16 de marzo de 1982 en San Sebastián. Posteriormente fue trasladado a la Dirección General de la Policía en Madrid, donde permaneció incomunicado nueve días. El informe sostiene que durante su detención fue torturado y humillado, no le dieron de comer durante tres días ni le permitieron descansar, además de ser amenazado con la violación de su mujer y de su hija, entre otros malos tratos. Finalmente fue puesto en libertad, pero con claros signos de deterioro por el trato recibido; a los tres días falleció. Otro de los casos mortales está relacionado con un miembro de los Comandos Autónomos Anticapitalistas, que falleció por disparos de la Guardia Civil mientras su comando era perseguido por los agentes tras un atentado en Aretxabaleta (Gipuzkoa).