Hoy jueves 23 de septiembre entra en vigor una nueva reforma de la ley de dependencia y discapacidad que resulta de gran relevancia para la personas que viven a diario esta realidad. El cambio más esperado es la reducción de los plazos administrativos. A partir de ahora, el tiempo máximo para resolver la solicitud de dependencia baja de 6 a 3 meses.

La teleasistencia se convierte en un derecho garantizado para todos los grados de dependencia. Además, pasa a ser un servicio complementario que no impide recibir otras prestaciones de forma simultánea.

Reconocer un Grado I de dependencia supone una equivalencia automática del 33% de discapacidad. Para los Grados II y III, la equivalencia que prevé la norma pasa a ser del 65% de discapacidad.

Nuevos apoyos para cuidar en casa

La prestación para cuidados familiares se amplía para reconocer a personas del entorno relacional, como amigos o vecinos. Se elimina el periodo de espera de hasta 2 años para empezar a cobrar esta ayuda.

La ley garantiza por escrito que el Estado pagará la cotización a la Seguridad Social de las personas cuidadoras. También se amplía la asistencia personal para favorecer la inclusión en la comunidad y las competencias digitales.

Viviendas con apoyo y sus ventajas

Se crea el nuevo servicio de cuidados y apoyos en viviendas para fomentar la vida independiente. Puede prestarse con alojamiento y manutención en pequeños grupos que gestionan la convivencia de forma participativa.

También se ofrece la modalidad sin alojamiento en casas propias o alquiladas, permitiendo convivir con familiares o allegados. Todas las prestaciones económicas vinculadas a este servicio quedan totalmente exentas del IRPF.

Atención digna y sin ataduras

La nueva ley reconoce el derecho de las personas en situación de dependencia a recibir una atención totalmente libre de ataduras y restricciones. Esto cambia el modelo de cuidados para poner en el centro la dignidad, la libertad de movimiento y las preferencias de cada persona.

La norma distingue dos tipos principales de sujeción:

• Las sujeciones físicas o mecánicas son cualquier objeto o método, como cinturones o arneses, que impide a la persona moverse libremente o zafarse por sí misma
• Las sujeciones farmacológicas o químicas implican usar medicamentos para controlar la conducta o sedar a la persona sin que exista un trastorno médico o psiquiátrico diagnosticado que lo justifique.

Para eliminar estas prácticas, los centros y residencias tienen la obligación de implantar planes de sujeciones cero. Estos planes buscan transformar la forma de trabajar para que el uso de cualquier atadura deje de ser una rutina o un hábito.

Poner una sujeción solo se autoriza en casos totalmente excepcionales de urgencia vital, cuando la vida de la persona o la de quienes la rodean esté en peligro grave e inminente. Incluso en esa situación límite, solo se podrá actuar así si antes se han agotado todas las alternativas posibles.

Cuando sea imprescindible aplicarla, debe hacerse con la mínima intensidad y durante el tiempo estrictamente necesario. Además, exige siempre un examen individualizado de la persona, una prescripción médica específica y un consentimiento informado otorgado para ese caso concreto, quedando prohibidos los permisos genéricos o firmados con anterioridad.

Por último, la ley prohíbe tajantemente usar sujeciones como castigo, para mantener la disciplina o para compensar la falta de personal y la falta de organización en los centros.

Lo que la ley no cambia por ahora

La equivalencia entre dependencia y discapacidad no sirve para aplicar deducciones en la declaración de la Renta. Para disfrutar de los beneficios fiscales de Hacienda, sigue siendo necesario el certificado formal de discapacidad. tener una discapacidad reconocida no convierte automáticamente a una persona en dependiente, requiriéndose la tramitación formal de la dependencia.

Tampoco sirve este reconocimiento para pedir la pensión no contributiva ni la asignación por hijo a cargo. Ambas ayudas siguen exigiendo un certificado de discapacidad específico de al menos el 65%.

Las autonomías mantendrán sus reglas de incompatibilidad entre ayudas hasta que las adapten, con fecha límite en 2030. Asimismo, el nuevo baremo de valoración tardará hasta 12 meses en aprobarse y no se crea un Grado III+ ni un IVA del 4%.

La letra pequeña: limitaciones, debates y margen de mejora

Aunque la ley supone un avance significativo, no es una norma perfecta ni de aplicación inmediata. La coexistencia de distintas reglas autonómicas abre un periodo de transición hasta 2030 para lograr la compatibilidad real de las prestaciones domiciliarias.

Existe el riesgo de generar falsas expectativas entre las familias, ya que la equivalencia de discapacidad no surte efectos tributarios ni abre la puerta a pensiones no contributivas. Esto mantendrá la necesidad de realizar dobles trámites administrativos.

En el aspecto económico, aunque el Estado asumirá el 50% del gasto certificado, la ley remite a un grupo de trabajo estatal para precisar la financiación real. El cálculo final del copago seguirá variando según los mínimos exentos que fije cada autonomía.

Finalmente, la implantación de las sujeciones cero exige una reestructuración profunda en las residencias. La norma contempla evaluaciones de género cada dos años para medir si realmente se avanza en la corresponsabilidad.

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"Durante 2026 ha continuado acentuándose el desequilibrio entre la suficiencia actual del sistema público de pensiones y su sostenibilidad", ha alertado Ignacio Garralda, presidente del Grupo Mutua Madrileña durante la presentación del II Observatorio de Pensiones del grupo. Esto se debe a varios factores, entre ellas, la conjunción de la necesidad de financiación del actual sistema y las reformas más recientes que no estaban alcanzando sus objetivos de mejora.

Así, el presidente ha catalogado como "decepcionante" el resultado de 2026 debido a la ausencia de avances materiales en el desarrollo del segundo pilar, integrado por los planes de pensiones de empleo". Además, ha cifrado en 60.000 millones las transferencias que el Estado tendrá que realizar para atender el gasto en pensiones, equivalentes a alrededor del 3,5% de nuestro PIB.

Durante su intervención, Garralda señaló que el autoenrolment, es decir, la adscripción automática de los trabajadores a los planes de empleo que promueven las empresas, es un punto de partida para lograr un sistema de previsión social empresarial más sólido y desarrollado.

Sobre la segunda edición del observatorio, presentado este jueves en Madrid, ha asegurado que su balance "ofrece motivos de preocupación, pues demuestra la persistencia de las debilidades registradas". El resultado, ha afirmado, "no debería sorprendernos" ya que, durante 2026, "el sistema público ha soportado casi por completo la presión de las pensiones".

El informe se hace eco de la publicación de las recomendaciones de la Comisión Europea, que, pese a que saca los colores al sistema español, considera que es el segundo país con más potencial para desarrollar este segundo pilar. Sin embargo, el pilar II mantiene un escaso desarrollo en España a pesar del foco creciente. Apenas el 2,4% del PIB viene de las participaciones en estos productos.

Por ello, desde Europa llaman a incorporar las tres herramientas ya mencionadas hace un año, pero que siguen pendientes: 'autoenrolment', 'pension tracking system' (sistema para consultar los derechos a futuras pensiones) y 'pension dashboard' (panel que aglutina en un único lugar la información sobre futuras pensiones).

En este contexto, el primer mecanismo, la adscripción automática de los trabajadores a los planes de empleo que promueven las empresas, gana peso como sistema eficaz para aumentar el ahorro complementario con vistas a la jubilación.

"La implantación de este sistema en nuestro país debe formar parte de un modelo integral que combine aportaciones de trabajadores y empresas, mecanismos efectivos de salida voluntaria, incentivos adaptados a rentas bajas y una implantación gradual que tenga en cuenta la elevada presencia de pymes, autónomos y trabajadores con carreras laborales discontinuas", ha explicado Manuel de Orte, director del Servicio de Estudios de Mutua.

Sin embargo, los trabajadores parecen no reaccionar ante esta situación. Pese a que la preocupación es notable, pues ha recibido una puntuación de 4,4 sobre 5 en la encuesta realizada, no tiene efectos prácticos en la realidad. Uno de cada dos ocupados asegura no estar ahorrando para la jubilación y un 65% de ellos no planea empezar a hacerlo de cara al futuro.

La incertidumbre es especialmente notable entre las personas que se encuentran más cercanas a la edad de jubilación, pues dos de cada tres creen que la retribución pública se quedará por debajo de lo necesario.

"El modelo de contribuciones debería ser compartido entre trabajador y empresa, con apoyo del Estado, especialmente en situaciones de rentas más bajas", aseguró el director de Servicios de Estudios. Por ello, considera que "los planes de empleo pueden tener un papel decisivo", pero el objetivo debe ser que el ahorro recurrente se vuelva extensible entre la masa salarial.

Reino Unido e Irlanda, modelos a seguir

Como modelos a seguir, el observatorio ha puesto la mira en países cercanos, como Reino Unido e Irlanda, que muestran que medidas como la adscripción automática a planes de empleo pueden contribuir de forma efectiva a impulsar la previsión social complementaria.

Tampoco hace falta irse tan lejos para encontrar ejemplos que funcionen. Orte ha destacado el caso del País Vasco, donde existen las entidades de previsión social complementaria. "El marco fiscal vasco y la experiencia de sus sistemas de previsión social ponen de relieve la importancia de combinar una cultura de ahorro consolidada, la participación de los agentes sociales y un tratamiento fiscal estable”, mencionó también Garralda.

Aportaciones de menos de 5.000 euros al año

Este jueves también se han presentado los resultados de la I Encuesta para la Jubilación del Grupo Mutua Madrileña. Como se comentaba en el estudio, la preocupación ante la sostenibilidad del sistema no se ha traducido necesariamente en un incremento del ahorro privado.

Sin embargo, entre quienes sí ahorran para la jubilación, el esfuerzo anual suele ser moderado: el 74% de los ahorradores aporta menos de 5.000 euros al año. En cuanto a los productos de ahorro, el plan de pensiones individual sigue siendo la herramienta más utilizada, presente en seis de cada diez ahorradores.

A la hora de elegir un producto, la seguridad se sitúa como el atributo más valorado, por delante de la rentabilidad y de las ventajas fiscales. Estas últimas no aparecen como un factor decisivo en las decisiones actuales, aunque casi la mitad de los encuestados afirma que incrementaría su ahorro si mejoraran los incentivos fiscales.

La penetración de los planes de empleo es reducida: menos de un cuarto de los encuestados cuenta con este producto. Entre los que sí lo tienen, únicamente un 35% realiza aportaciones adicionales a las efectuadas por la empresa. El 60% de los encuestados valoraría positivamente que su empresa ofreciera productos de ahorro para la jubilación.

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Las elecciones generales del próximo 29 de noviembre afrontan una nueva jornada de precampaña con los partidos políticos inmersos en la presentación de sus candidaturas al Congreso y al Senado. El plazo para registrar las listas permanecerá abierto hasta el 26 de octubre, mientras continúan los anuncios de candidatos y las negociaciones entre las principales formaciones.

Uno de los asuntos que marca la actualidad electoral es la decisión del Tribunal Constitucional de rechazar el recurso del Defensor del Pueblo contra las medidas cautelares que afectan al voto de los nacionalizados mediante la conocida como ley de nietos. Por su parte, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha presentado nuevas propuestas en materia de vivienda, mientras PSOE, Vox y Frente Amplio avanzan en la configuración de sus candidaturas para el 29N.

Elecciones generales 29N, en directo: última hora de las candidaturas del PSOE, PP y Vox tras la decisión del Constitucional sobre el voto de los nietos

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