Desde que el economista Javier Milei asumió la Presidencia de Argentina, en diciembre de 2023, ha mantenido un discurso que tiende a agravar la dura herencia recibida por el kirchnerismo y a magnificar sus logros económicos. Este martes, durante su discurso en el Nueva Economía Forum en Madrid, además de volver a insultar a Pedro Sánchez, enumeró una catarata de datos como evidencia del avance económico del país sudamericano. La mejoría macroeconómica es innegable, pero no tan grande como la pinta. Su discurso, además, omite cifras desfavorables como el aumento del desempleo, el cierre de más de 30.000 empresas, la agonía de algunos sectores industriales, la morosidad récord de las familias argentinas por la imposibilidad de devolver créditos y la caída del poder adquisitivo de salarios y pensiones por el aumento del gasto en servicios como luz, gas, agua y transporte. A continuación se ofrece una revisión de algunos de los datos mencionados por el presidente argentino:
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La deuda pública en la UE mantiene su camino inexorable al alza. No da grandes saltos, pero no cambia de tendencia. Y así ha llegado a una cantidad equivalente al 82,9% del producto interior bruto (PIB) de los Veintisiete durante la primera mitad del año. La cifra es todavía más alta si se toma solo la zona euro, un 88,8%, según la cifras divulgadas por Eurostat este miércoles. Este es el nivel más alto desde que se retiraban definitivamente buena parte de las medidas de apoyo a la economía que se aprobaron durante la covid-19.
© LUDOVIC MARIN / POOL (EFE)
Veinte millones de familias acuciadas por la pobreza empezaron a recibir esta semana, la última antes de las elecciones presidenciales, un dinero extra. El aumento del 15% en la cuantía de Bolsa Familia que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunció en septiembre, poco antes de la primera vuelta, llega al bolsillo de los más necesitados justo antes de los comicios del domingo. El incremento de la paga que garantiza lo más básico a los brasileños más vulnerables es la principal medida del amplio paquete de ayudas, subsidios y aumentos que el líder de la izquierda brasileña promete a un electorado partido en dos mitades casi exactas con pocos indecisos. Lula y el senador Flávio Bolsonaro llegan al sprint final en empate técnico.
© Ricardo Rimoli (EFE)
Hace poco más de un mes, en un instituto de la periferia parisina un grupo de estudiantes bloqueó su centro educativo para protestar por el estado de las instalaciones y la falta de profesores. En pocos días se sumaron alumnos de otros institutos, primero en París, luego por todo el territorio nacional, que denunciaban que tienen goteras en las clases y hasta cucarachas, y que las paredes se resquebrajan. Pasan frío en invierno y calor en primavera. Esa imagen descrita por algunos, la de una escuela pública considerada el pilar de la República francesa pero que se va fracturando poco a poco, ilustra también el declive económico de los últimos años.
© Christophe Ena (AP Photo/Christophe Ena)
La seguridad ha desplazado a la economía en el centro de la política latinoamericana. La creciente insatisfacción social y el avance sin tregua de la criminalidad ha empujado a los candidatos presidenciales a abandonar el tradicional debate sobre reformas, crecimiento y desarrollo para colocar el control territorial, el despliegue policial y la lucha contra el crimen organizado como prioridades de gobierno, según se concluye del Informe de Economía Latinoamericana, publicado este martes por el Banco de España.
Francia afronta su particular otoño caliente, marcado por una fractura política y social, un elevado déficit y un coste de financiación que se encarece día a día. El país afronta la próxima primavera unas elecciones presidenciales, que según los sondeos ganará en primera vuelta la ultraderechista Marine Le Pen. Para entonces, el actual Ejecutivo de Sébastien Lecornu aspira a tener aprobados unos presupuestos de 2027 que incorporan recortes por 54.000 millones de euros y que acaban de llegar a una Asamblea Nacional más dividida que nunca. Una fractura que ya se ha instalado en las calles de decenas de ciudades, donde a las movilizaciones contra el encarecimiento del coste de la vida y la pérdida de poder adquisitivo se han sumado las protestas estudiantiles.
© Stephanie Lecocq (REUTERS)
Decenas de miles de jóvenes han tomado las calles en Francia, Bélgica, España, Portugal, Italia y Albania. Se suman así a la llamada revolución de la generación Z (nacidos entre 1997 y 2012), que impulsó en los dos últimos años la caída del Gobierno de Bangladés, la dimisión del primer ministro de Nepal y la disolución del Gobierno de Madagascar. Ahora, en Europa, a las puertas de un superciclo electoral, en el que se decidirán los gobiernos de cuatro de los cinco países más poblados de la UE (Francia, Italia, España y Polonia), los jóvenes comparten un descontento generacional marcado por la sensación de que su futuro se vuelve cada vez más estrecho y precario.
© EPV
La Estatua de la Libertad es mucho más que un monumento: es el símbolo más reconocible de EE UU y un reclamo turístico que cada año atrae a millones de visitantes de todo el mundo. Sin embargo, ni siquiera esta condición de ícono nacional la ha librado de las consecuencias del bloqueo presupuestario, el temido government shutdown estadounidense. Miss Liberty, como se conoce popularmente el monumento entre los locales, tuvo que cerrar sus puertas en más de una ocasión porque el Congreso no logró ponerse de acuerdo para desbloquear a tiempo la financiación de la administración federal. El cese reciente más largo del monumento fue en 2013 y duró 12 días. A casi 6.000 kilómetros de distancia, en España, la legislación no contempla escenarios tan drásticos. Prueba de ello son los últimos años, en los que ni la Alhambra ni el Museo del Prado han dejado de recibir visitantes, ni mucho menos se ha paralizado el gasto público, aunque el país acumula ya más de 1.000 días sin que el Gobierno haya puesto sobre la mesa unos nuevos Presupuestos Generales del Estado.
La parálisis presupuestaria que vive España desde hace unos años supone una anomalía en toda regla y deja en evidencia el vacío de la normativa al respecto. Las disposiciones legales relativas a la prórroga son muy escuetas y no prevén cómo proceder si el impasse perdura en el tiempo. “Nadie puede forzar a redactar un proyecto de ley. Antes era casi automático que, si el Parlamento no apoyaba los Presupuestos, el Gobierno convocaba elecciones. Ya no es así, y está ocurriendo también a nivel autonómico”, subraya Violeta Ruiz Almendral, catedrática de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad Carlos III de Madrid.
Hay quien, sin embargo, ha movido ficha ante el bloqueo: el Senado —dominado por el PP— ha presentado un conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional contra el Gobierno por llevar años sin presentar un nuevo proyecto de Presupuestos. El organismo ha admitido a trámite el recurso y se espera una resolución para finales de año. La argumentación de los senadores es que el Gobierno está incumpliendo su mandato constitucional, recogido en el artículo 134 de la Carta Magna, de elaborar y presentar las cuentas, privando así al Parlamento de ejercer su función legislativa.
Mientras tanto, no hay ningún precedente que ofrezca pistas sobre cómo puede dirimirse la cuestión. El caso que más se asemeja a este conflicto se refiere a la declaración de inconstitucionalidad de una ley aprobada por el País Vasco para adaptar la prórroga del presupuesto autonómico en 2002. El Gobierno central impugnó la norma, alegando que pretendía crear un doble régimen presupuestario, y el Constitucional terminó anulándola por vulnerar los principios de unidad y universalidad presupuestaria.
Ruiz Almendral —quien fue letrada del Constitucional entre 2011 y 2020— explica que una manera para forzar un Gobierno a presentar los Presupuestos pasaría, por ejemplo, por endurecer el mismo artículo 134 de la Constitución. “¿Pero cuál serían las consecuencias? Puede que el resultado sea peor”, reflexiona la jurista. La idea de un bloqueo total como el estadounidense le parece impensable no solo en España, sino en Europa, un continente donde el sector público ocupa un gran espacio y el Estado del bienestar está asentado. “No sería asumible”, zanja.
© David Criado (EL PAÍS)
Mientras las calles de Francia se llenan de protestas exigiendo mayor gasto público, los intereses que exige el mercado para comprar los bonos franceses a diez años rozan el 5% y su prima de riesgo supera los 100 puntos básicos, un nivel que no se veía desde la crisis del euro de 2012.
Francia se encuentra bajo la lupa de los mercados. Y no es para menos. Su deuda pública pasará del 115% sobre el PIB en 2025 al 120% al cierre de 2026 y el déficit sigue sin corregirse. Además, con un crecimiento previsto de apenas el 0,5% y una factura anual por los intereses de la deuda que ronda los 90.000 millones de euros, el Ejecutivo francés tiene cada vez menos margen para cuadrar sus cuentas.
Pero no es solo un problema económico, la política incrementa la desconfianza de los inversores. A las puertas de las elecciones presidenciales de 2027, las propuestas económicas de la candidata de extrema derecha, Marine Le Pen, y del candidato de extrema izquierda, Jean-Luc Mélenchon, añaden incertidumbre sobre la credibilidad financiera del país.
Y, mientras los mercados ponen en entredicho la capacidad de Francia para corregir sus desequilibrios, queda otra incógnita: ¿hasta dónde estaría dispuesto a llegar el Banco Central Europeo realmente para frenar una eventual crisis de deuda francesa?
"El lobo son ellos. Yo, en todo caso, seré un perro que no tiene amo", proclamó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este sábado en Dos Hermanas (Sevilla), donde señaló al PP y a Vox como responsables de alimentar el miedo y desacreditar la gestión del Gobierno. La metáfora bien puede trasladarse a su política fiscal: desde que llegó a La Moncloa en junio de 2018, el presidente ha visto cómo la deuda pública española pasaba de aumentar en unos 30.000 millones de euros al año a hacerlo a un ritmo de 63.600 millones, más del doble, pese a los reiterados llamamientos de los organismos internacionales reclamando "disciplina fiscal".
El más reciente, el informe publicado este martes por el FMI (Fondo Monetario Internacional). En este documento, el organismo identificaba tres prioridades que deberían abordar los Gobiernos con urgencia y, la primera de ellas es "situar la deuda en una trayectoria sostenible". El organismo advierte de que la combinación de "el alto nivel de la deuda pública, el resurgimiento de las presiones inflacionarias y los elevados costos de endeudamiento" puede convertirse en una 'tormenta perfecta' para las cuentas públicas.
Ante un contexto internacional marcado por la guerra en Irán, el encarecimiento de la energía y la persistencia de otros focos de tensión e incertidumbre geopolítica, el FMI advierte de que los Gobiernos disponen de "mucho menos margen que antes para respaldar la economía tras un shock". Por ello, mantener unas cuentas públicas saneadas permite afrontar nuevas perturbaciones con medidas extraordinarias de apoyo, sin poner en riesgo la confianza de los mercados sobre la capacidad del Estado para devolver lo prestado, lo que puede encarecer todavía más la financiación de la deuda (y en el peor de los casos, requerir recortes presupuestarios).
Antes de la pandemia, la deuda pública aumentaba a un ritmo de unos 30.000 millones de euros anuales. 29.400 millones entre julio de 2017 y julio de 2018 y una cifra prácticamente idéntica en el ejercicio siguiente. Sin embargo, la irrupción de la pandemia cambió la trayectoria: hasta julio de 2020 el endeudamiento se disparó en 96.500 millones de euros, en plena crisis sanitaria y económica, y volvió a crecer en otros 92.000 millones durante el año posterior.
Un aumento extraordinario que respondía a la necesidad de sostener la actividad y amortiguar el impacto de una crisis sin precedentes recientes. La cuestión es que, una vez superada la emergencia, la deuda no ha vuelto a crecer al ritmo anterior. En los tres últimos ejercicios, el incremento anual se ha mantenido (y cronificado) en torno a los 60.000 millones de euros.
Precisamente esta cuestión ha suscitado el reproche del Banco de España. Durante la presentación del Informe Anual 2025, el director general de Economía del organismo, David López Salido, señaló que España debería haber aprovechado el dinamismo económico y el aumento de la recaudación para sanear las cuentas públicas y reducir su elevado endeudamiento.
Y es que, según el último dato disponible del Banco de España, correspondiente a julio, la deuda pública española alcanzó los 1,74 billones de euros, frente a los 1,68 billones registrados en el mismo mes de 2025. Por su lado, su peso sobre el PIB se ha reducido del 102,3% al 99,9% durante el mismo periodo. Esta aparente contradicción se explica porque la ratio no solo depende de cuánto debe el Estado, sino también del tamaño de la economía. Como el PIB crece a un ritmo superior al de la deuda, su peso relativo disminuye; no obstante, en euros contantes y sonantes sigue marcando cifras récord.
A la elevada deuda acumulada se suma otro factor clave para medir la solvencia de España: el coste de financiarla. Es decir, el interés que exigen los inversores para prestar dinero al Estado a través de los bonos. Pues bien, BBVA Research prevé que el tipo de interés de la deuda pública española a diez años se sitúe en el 3,57% de media en 2026 y aumente hasta el 3,89% en 2027. De cumplirse estas previsiones, se registrarían los promedios anuales más elevados desde 2013.
José Manuel Corrales, profesor de Economía y Empresa de la Universidad Europea, explica que "los tipos de interés y las condiciones de refinanciación importan especialmente porque una parte de la deuda debe renovarse progresivamente". Y es que un mayor coste supone un mayor impacto sobre las cuentas públicas. En este sentido, Funcas calcula que España destinará unos 60.000 millones de euros al pago de intereses en 2030, 20.000 millones adicionales en apenas cuatro años frente a los alrededor de 40.000 millones actuales.
No obstante, Corrales matiza que esto no significa que España se encuentre ante "una crisis de solvencia inmediata". La cuestión de la que advierte el FMI es que es "necesario reconstruir colchones fiscales para afrontar riesgos futuros", ya que "una deuda elevada hace que el Estado sea más vulnerable a una subida de los tipos de interés, a una desaceleración económica o a una crisis que obligue a incrementar el gasto".
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