Milán es la ciudad a la que la cantante Dua Lipa está pensando irse a vivir pero también donde muchos de sus vecinos se ven obligados a marcharse. Está entre las que acoge más millonarios del mundo, que se instalan en nuevos rascacielos firmados por grandes arquitectos. Llegan atraídos por la tarifa plana fiscal ofrecida en Italia desde 2017, un solo pago de 300.000 euros (convenció a Cristiano Ronaldo a irse del Real Madrid a la Juventus en 2018). Es el llamado modelo Milán, una ciudad de lujo, de cultura, de moda, de bancos de inversión, ideal para vivir, salvo que por el precio de los pisos y de los alquileres vivir se ha vuelto imposible: comprar cuesta un 57% más que hace una década y alquilar, un 70% más que en 2018, según los datos de los portales inmobiliarios.

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La primera reacción del Gobierno italiano de Giorgia Meloni a los incidentes de Milán del fin de semana ha sido, como en muchos otros momentos de crisis y más aún cuando hay elecciones a la vista, aprobar un decreto con nuevos delitos que endurecen las medidas de seguridad. Ya van ocho decretos en cuatro años, más otras normas y proyectos de ley. Además, ha habido críticas a la escasa presencia policial, pues un gran despliegue no se hizo hasta el lunes. Pero al margen de que las protestas surgen de un claro descontento social, los servicios de inteligencia italianos van más allá: el análisis de las redes sociales de esos días indica que no todo fue tan espontáneo en la movilización de unos 2.000 chavales, sin ninguna organización ni reivindicación, que súbitamente se dirigieron al centro de Milán y rompieron escaparates para robar zapatillas y ropa de marca. “Es el punto culminante de una guerra híbrida”, ha dicho sin rodeos el ministro de Defensa, Guido Crosetto, que desde hace años alerta sobre el problema.

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Mano dura de la ultraderechista Giorgia Meloni contra los menores que cometen actos violentos en la calle. El Gobierno italiano ha aprobado este martes, después de un día de intensas negociaciones, un decreto con polémicas medidas de seguridad especialmente pensadas para menores, tras los incidentes y saqueos del fin de semana en Milán, donde el 80% de los 271 detenidos no llegaban a la mayoría de edad. Algunas de ellas ya habían sido anunciadas en julio, en medio de fuertes críticas de la oposición, e insertadas en un proyecto de ley que aún se está tramitando en el Parlamento, pero ahora se aplicarán de inmediato: el arresto preventivo o retención en comisaría de 12 a 24 horas —que no es exactamente una detención, que implica la comisión de un delito— de menores antes de movilizaciones públicas, si se sospecha que pueden delinquir, y la rebaja de la imputabilidad penal de 18 a 14 años. También se prevé hacer pagar a los padres los daños materiales causados por sus hijos y se crea el delito de “participación violenta en una manifestación”, penado con hasta cinco años de cárcel.

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El Gobierno italiano de Giorgia Meloni ha decidido enviar a Milán 500 soldados para garantizar la seguridad de la ciudad tras dos noches consecutivas de caos y saqueos en el centro, en una emulación de lo sucedido en Francia. Lo ha anunciado el vicepresidente y líder de La Liga, Matteo Salvini, milanés, este lunes por la tarde como parte de un decreto con nuevas medidas de seguridad que el Consejo de Ministros aprobará probablemente el martes. Meloni ha mantenido una reunión con varios ministros y responsables de seguridad para acordar algunas decisiones, como extender el arresto preventivo a menores de edad, según los medios italianos. Es una medida aprobada recientemente que permite retener antes de una protesta a los sospechosos de posibles actos violentos. También se baraja la prohibición de reunirse en grupo en lugares públicos a los menores detenidos.

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