España e Italia han acordado no prorrogar los controles fronterizos que recuperaron el pasado mes de agosto para los vuelos y las conexiones marítimas, coincidiendo con la crisis migratoria de Ceuta, según ha informado el Ministerio del Interior español. El Ejecutivo de Giorgia Meloni impuso esta medida el pasado 1 de agosto como respuesta a la entrada irregular a la ciudad autónoma de miles de migrantes procedentes de Marruecos a finales de julio, y el Gobierno español respondió el 9 de agosto con medidas de control en frontera similares que afectaban a los viajeros procedentes de Italia. Los grandes damnificados de este choque que ha durado más de dos meses han sido los numerosos viajeros que tenían a estos países como destino.

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© Alejandro Martínez Vélez (Europa Press)

La ciudad de León se ha colado en la selección de los destinos más interesantes para descubrir en 2027 en todo el mundo, según el ranking anual Best in Travel de Lonely Planet. Los que se animen a visitarla, podrán descubrir que la ciudad tiene unas vidrieras excepcionales en una de las catedrales más bellas de Europa, unos inesperados frescos románicos en San Isidoro, la sorprendente arquitectura de Gaudí, un divertido Barrio Húmedo para probar los mejores vinos de la tierra o un museo contemporáneo de los que llaman la atención. A lo que se suma que la capital está profundamente ligada al Camino de Santiago (y 2027 será nuevamente Año Jacobeo). Definitivamente, 2027 será un buen momento para descubrir o revisitar León.

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© JESÚS DE FUENSANTA (GETTY IMAGES) (EL PAÍS)

Bogotá, 21 oct (Prensa Latina) El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, destituyó hoy al ministro del Interior, Rodrigo Lara, a menos de tres meses de su nombramiento en el cargo.

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El juicio del llamado caso Cuarteles que ha sentado en el banquillo al teniente general Pedro Vázquez Jarava, el más alto mando de la Guardia Civil juzgado por corrupción, ya tiene veredicto: culpable. Los nueve miembros del jurado popular han concluido por unanimidad que Vázquez Jarava favoreció a su amigo empresario, Ángel Ramón Tejera de León, Mon, también declarado culpable, para que este se hiciera con contratos de obra en diversas comandancias del instituto armado a cambio de dádivas.

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© guardia civil

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) describe en uno de sus análisis estratégicos una "estructura logística organizada" para facilitar la llegada de migrantes marroquíes a Ceuta, con una red de "facilitadores", alquileres temporales de viviendas en varias localidades del norte de Marruecos y el uso de motos de agua y pesqueros para trasladarlos desde las costas de Castillejos hasta la zona del Sarchal, en la ciudad autónoma.

La información aparece en el informe que el CNI ha remitido a la jueza María Tardón, instructora de la investigación sobre la entrada masiva de migrantes registrada los días 30 y 31 de julio y al que ha tenido acceso El Independiente. El documento, elaborado a requerimiento de la magistrada, repasa la información de inteligencia recopilada durante los meses anteriores y sitúa esta infraestructura dentro de los análisis que el servicio de inteligencia venía realizando sobre la presión migratoria hacia Ceuta.

El CNI afirma expresamente que sus informes recogían que los migrantes, "particularmente los de nacionalidad marroquí", operaban con una "estructura logística establecida". Según detalla, esta incluía una "red de facilitadores con alquileres estacionales en Castillejos, Mdiq, Martil y Tetuán", además del "uso de motos de agua y pesqueros para el traslado desde las costas de Castillejos a la zona del Sarchal en Ceuta".

Una red de apoyo

Se trata de uno de los elementos más novedosos del informe entregado ahora por el CNI a la Justicia, ya que aporta una descripción de cómo, según la inteligencia española, se articulaban los movimientos de los migrantes antes de alcanzar la ciudad autónoma. El documento no se limita a hablar de personas que intentaban cruzar individualmente a nado, sino que identifica una red de apoyo y medios materiales destinados a facilitar los desplazamientos desde el norte de Marruecos.

La referencia a los "alquileres estacionales" adquiere importancia por la concentración de población que se produce en Castillejos y otras localidades próximas a Ceuta durante los meses de verano. El propio CNI explica que sus análisis consideraban la presión migratoria procedente de Marruecos como un fenómeno estructural y que la zona colindante con Ceuta experimentaba una especial presión. En el caso de la ciudad autónoma, la vía marítima se había convertido en la principal forma de acceso irregular de los migrantes marroquíes, con casi 13.000 intentos de entrada a nado registrados durante 2025.

El informe sitúa esta estructura logística dentro de un escenario que los servicios de inteligencia españoles venían siguiendo desde comienzos de año. El CNI explica que sus análisis estratégicos recogían de forma periódica la elevada y constante presión migratoria sobre Ceuta y Melilla y las convocatorias de asalto difundidas a través de redes sociales, especialmente coincidiendo con festividades religiosas o locales.

El CNI habló con el CENIF

En julio, la atención del servicio de inteligencia se centró además en el posible efecto que una interpretación de una sentencia del Tribunal Supremo podía tener sobre los intentos de entrada a nado. El 28 de julio, el CNI de Ceuta contactó con el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) para valorar conjuntamente el incremento de las entradas a nado y de ese intercambio salió el informe de riesgo difundido el día 29.

Ese episodio forma parte de los avisos previos a la entrada masiva que ya han sido documentados. El nuevo informe, sin embargo, permite añadir que la inteligencia española no solo estaba siguiendo el aumento de personas que pretendían alcanzar Ceuta, sino que describía una estructura de facilitación que, según el CNI, incluía alojamientos temporales y medios marítimos.

El documento detalla además cómo evolucionó la situación en las horas previas al 30 de julio. Según el CNI, las autoridades marroquíes tenían conocimiento del incremento de la afluencia de migrantes hacia la zona próxima a Ceuta. El 29 de julio aumentó de forma muy notable el número de personas interceptadas por las fuerzas de seguridad marroquíes y durante la noche se detectó un número creciente de ciudadanos que se dirigían hacia la ciudad autónoma. A primera hora del día 30 comenzaron las travesías a nado.

El CNI sostiene que durante esa jornada numerosos grupos de migrantes se aproximaron al litoral fronterizo desde las laderas de las montañas y que incluso se produjeron atascos en la carretera A-7 entre Tetuán y Castillejos por la llegada de personas en vehículos y a pie. Según su reconstrucción, los controles establecidos por la Gendarmería Real fueron insuficientes y la entrada masiva se produjo alrededor de las 11.00 horas.

Las figura de "Ahmed"

Ahora, la investigación judicial todavía trata de reconstruir qué ocurrió en las horas previas y cómo se organizó la llegada de miles de personas a la frontera. De hecho, el último auto dictado por Tardón, pone el foco precisamente en la información disponible antes de los acontecimientos. La magistrada ha ordenado identificar y llamar como testigo a una persona conocida como "Ahmed", residente en Benzú, después de que el entonces jefe de Gabinete del delegado del Gobierno, Gonzalo Sanz Ruiz, declarara que habría proporcionado información previa sobre "movimientos inusuales en Castillejos" y concentraciones de personas en territorio marroquí. Sanz lo describió, además, como un interlocutor "constante y fiable" de la Comandancia de la Guardia Civil de Ceuta.

La magistrada ha pedido también a la Guardia Civil y a la Policía que identifiquen a los agentes que hubieran mantenido interlocución con "Ahmed" para que puedan declarar como testigos. Al mismo tiempo, ha reclamado documentación de las reuniones celebradas los días 27, 28 y 30 de julio y grabaciones procedentes de cámaras, drones, sistemas de control fronterizo y otros medios audiovisuales. También ha solicitado los informes de inteligencia y seguridad elaborados entre el 15 de julio y el 7 de agosto y los informes generados por el grupo de seguimiento de Marruecos del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS).

El final del verano dejó atrás los bañadores, sandalias y pantalones cortos y trajo el cambio de armario inevitable por estas fechas. Sin embargo, es posible que muchos de los lectores de EL PAÍS Escaparate se hayan dado cuenta de que les falta una serie de básicos imprescindibles para abordar con todas las garantías la llegada de las bajas temperaturas propias del otoño. Por eso mismo, nos hemos puesto manos a la obra para que ahorres al máximo en este tipo de prendas: ya sea pantalones de pijama, camisetas, sudaderas, calzoncillos o calcetines. Y ello se debe a que hemos seleccionado los mejores packs ahorro de ropa básica masculina que realmente merecen la pena.

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Un Kalashnikov y un lanzagranadas ocultos en una bolsa de basura. Ocho fusiles de asalto abandonados en un coche tras una persecución a más de 150 kilómetros por hora. Dos hallazgos en apenas siete días que hablan del tamaño del agujero: los fusiles de asalto circulan por España sin control.

El primer caso ocurrió en plena calle del barrio sevillano del Tiro de Línea, cuando un vecino alertó de lo que escondía un plástico negro tirado en la acera. Apenas unos días después, la autovía entre Alicante y Elche fue escenario de una fuga que acabó con un vehículo estrellado en unos cultivos de Murcia. El conductor logró huir a pie, pero dejó atrás una carga que eleva el nivel de alerta policial: ocho fusiles automáticos AK-47 en su interior. Ver un fusil tirado en la calle o interceptarlo en una persecución es solo el escaparate: hallazgos aparte, la incógnita necesita saber cuál es la ruta logística de las mafias y cuál es la cotización de estas armas en un circuito tan opaco.

Fusiles de asalto desde 1.000 euros

Conseguir un fusil de asalto a través de los circuitos ilegales puede costar entre 1.000 y 4.000 euros por unidad, según las estimaciones sobre el mercado negro europeo, un precio que varía en función del modelo, su estado de conservación y las circunstancias de cada transacción. En América Central, la presencia de este tipo de armas en países como Costa Rica se ha relacionado con envíos procedentes de Nicaragua y con rutas vinculadas al narcotráfico desde Colombia. En esta región, la horquilla sitúa el precio de los fusiles en torno 1.500 y 2.000 dólares, aunque algunas armas pueden acabar llegando posteriormente a España a través de redes de tráfico ilícito y su precio aumenta.

Frente a los circuitos ilegales, la imagen del AK-47 también tiene presencia en el mercado legal, aunque bajo condiciones muy distintas; en España, la venta de armas de fuego está sujeta a una normativa específica y los establecimientos autorizados comercializan rifles destinados a la caza, el tiro deportivo y el coleccionismo. Es el caso una armería situada en Viladecans (Barcelona), cuyo catálogo en línea incluye modelos civiles de fabricantes como Kalashnikov USA.

Si bien estas armas pueden compartir la estética del conocido fusil, su funcionamiento y su régimen legal difieren de los de las versiones automáticas, sometidas a restricciones específicas. A esta oferta, además, se suman las réplicas recreativas y los modelos de airsoft, que reproducen su apariencia sin ser armas de fuego funcionales o que utilizan balines, mucho más accesibles para el gran público y sin necesidad de navegar demasiado por la denominada 'dark web'. Así, el AK-47 trasciende el mercado negro y su imagen está presente también en ámbitos como la venta legal de armas, el coleccionismo y el ocio.

"Creemos que llegan desde Marsella"

El foco vuelve a Cataluña cuando se trata de analizar las posibles vías de abastecimiento de las organizaciones criminales: su conexión con Francia y la actividad de grupos delictivos asentados en la región forman parte del contexto que construye esta realidad. Albert Palacio, portavoz del sindicato policial USPAC, sostiene que la competencia entre organizaciones criminales contribuye a que estas busquen disponer de armamento para proteger sus actividades y enfrentarse a grupos rivales: ''El crimen organizado tiene que armarse'', afirma. Y añade: ''Se siguen armando con armas de guerra''.

Palacio también apunta a la posible influencia de los conflictos internacionales en el movimiento de armas por Europa: ''Estando la guerra de Ucrania tan cerca, hay muchas armas que pasan por aquí'', asegura. Sobre las posibles vías de entrada en España, señala: ''Creemos que la entrada es por desde Marsella''. Según su explicación, Barcelona como ubicación, desempeñaría un papel relevante en la distribución posterior: ''Tienen sus contactos, sobre todo en Barcelona, que es donde las consiguen y desde aquí se distribuyen'', explica. Su testimonio apunta a la existencia de intermediarios y contactos entre redes internacionales y grupos delictivos locales.

El riesgo para los agentes

La presencia de armas automáticas introduce un factor adicional de riesgo en las intervenciones policiales: una persecución que comienza por una conducción peligrosa puede complicarse si los ocupantes transportan armamento de guerra, como ocurrió en el caso de Alicante. Allí, los agentes tuvieron que hacer frente a una huida en la que el conductor embistió repetidamente a los vehículos policiales y puso en peligro a sus ocupantes.

Palacio advierte de la diferencia entre las armas cortas habituales en otros delitos y los fusiles de mayor calibre –algo sobre lo que ya informó El Independiente–. Su preocupación se centra en la protección de los agentes ante un posible enfrentamiento con este tipo de armamento: "Nuestros chalecos no pueden contra un disparo de armas de guerra".

Una vez incautado un fusil, el trabajo continúa en el laboratorio. Su análisis puede ayudar a identificar el modelo, determinar algunas de sus características y buscar indicios que permitan esclarecer su procedencia o relacionarlo con otros hechos. Palacio describe así parte del procedimiento: ''Recogerlas y llevarlas al laboratorio, a la unidad de armas y que las analicen. En el caso de que sean reales, conocer más o menos el modelo, año de origen y buscar huellas''.

Dos hallazgos y muchas preguntas abiertas

En Sevilla, la Policía Nacional intenta identificar a quien dejó el fusil y el lanzagranadas en la vía pública. En el caso de Alicante, las pesquisas posteriores a la persecución permitieron detener a cuatro hombres, que deberán responder ante la Justicia por los presuntos delitos que se les atribuyen. En ambos episodios, el origen y el destino del armamento siguen siendo cuestiones centrales para esclarecer lo ocurrido.

Los dos casos muestran cómo las armas de guerra pueden aparecer en circunstancias muy diferentes: abandonadas en una calle o transportadas en un vehículo que trata de escapar de la Policía. Pero el hallazgo de un fusil no basta, por sí solo, para determinar de dónde procede, a quién iba destinado o si forma parte de una red criminal más amplia.

Esas son las preguntas que deberán resolver las investigaciones. Mientras tanto, las armas intervenidas quedan fuera de circulación y a disposición de los análisis policiales, que pueden aportar nuevas pistas sobre su procedencia y sobre las personas que las tuvieron en su poder.

El director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, Manuel Llamas, ordenó abrir una información reservada para investigar si la filtración de los WhatsApp de Pedro Sánchez y José Luis Ábalos publicados por El Mundo procedía de la Unidad Central Operativa (UCO) mientras los agentes seguían revisando los dispositivos de la Operación Delorme para comprobar si contenían los mensajes difundidos por el periódico. La cronología figura en la documentación incorporada a la causa que instruye el juez Santiago Pedraz, que ha pedido nuevas explicaciones sobre aquellas comprobaciones y sobre la información que manejaba la cadena de mando.

El 11 de mayo de 2025, después de que El Mundo publicara nuevas conversaciones entre el presidente del Gobierno y su entonces ministro de Transportes, el DAO llamó al jefe de la Jefatura de Armas, Explosivos y Seguridad (JAES) y se reunió con él en la Dirección General de la Guardia Civil. Según declaró este mando ante la UCO, el DAO le comunicó que tenía intención de abrir una información reservada a raíz de las noticias sobre la investigación de Ábalos y Koldo García y le preguntó si tenía algún inconveniente en asumir la instrucción.

Una "posible filtración" de la UCO

La reunión se celebró entre las 11.30 y las 12.00 horas. La orden formal llegó al instructor el 13 de mayo, en un sobre cerrado, según su declaración. El objetivo era esclarecer una posible filtración por parte de la UCO relacionada con las investigaciones que desarrollaba y con las informaciones publicadas en prensa.

Sin embargo, ese mismo 11 de mayo, un mensaje de WhatsApp de López Malo a Llamas reflejaba que la UCO estaba revisando los dispositivos del 'caso Koldo' —discos duros, memorias USB, teléfonos y tabletas— "por si apareciera lo publicado en el diario Mundo". En la misma conversación se indicaba que no había nada relativo a los dispositivos a los que se refería Ábalos.

El mensaje no acredita por sí solo que la UCO hubiera abierto una investigación formal para identificar el origen de la filtración, pero sí que estaba buscando en los dispositivos que analizaba para saber si se encontraban los mensajes filtrados a la prensa y si se encontraban entonces poder actuar al respecto. Sin embargo, Manuel Llamas no esperó a que terminasen de evaluar la situación y decidió que, mientras buscaban, el DAO ponía en marcha una investigación interna para determinar si las conversaciones habían salido de la propia Unidad.

Pedraz pide aclarar la secuencia

El juez Santiago Pedraz ha pedido aclarar precisamente esa secuencia. En una providencia reclamó al jefe de la UCO un informe sobre la conversación del 11 de mayo y sobre los dispositivos intervenidos a Koldo García que podían contener información relacionada con la publicación. El magistrado quiere que se explique lo que la defensa de Llamas presenta como una contradicción entre la afirmación de que no había nada en los dispositivos a los que se refería Ábalos y el hecho de que la UCO continuara revisando otros equipos del caso para localizar los mensajes.

La cronología incluye un segundo mensaje que añade relevancia al episodio. El 14 de mayo, a las nueve de la mañana, el jefe de Policía Judicial remitió un WhatsApp al entonces responsable de la UCO en el que le trasladaba: "Me ha dicho DAO que tiene claro que la filtración no sale de UCO".

El jefe de Policía Judicial explicó que había comunicado previamente que la UCO no podía haber sido el origen de la filtración por razones cronológicas relacionadas con los archivos de los dispositivos. Según su declaración, el archivo más reciente del equipo del que supuestamente procedían los mensajes databa de octubre de 2021, antes de algunas de las conversaciones difundidas. Preguntado sobre si Llamas conocía esa circunstancia, respondió afirmativamente y aportó el mensaje del 14 de mayo como respaldo.

Pese a ello, la información reservada siguió su tramitación administrativa. El informe de la UCO destaca expresamente que, aunque el DAO conocía —según el testimonio del jefe de Policía Judicial— que la filtración no procedía de la Unidad, no se acordó el archivo de las actuaciones internas.

La difusión de datos personales

La defensa de Llamas sostiene que la apertura de la información reservada respondía a la necesidad de esclarecer la posible difusión de datos personales y que la actuación del DAO estaba justificada por la publicación de las conversaciones. También cuestiona la interpretación de los mensajes relativos a los dispositivos. Esa es la versión de la defensa, que debe contrastarse con los mensajes y las declaraciones incorporados a la causa.

La providencia de Pedraz no da por resuelta la controversia. El juez ha solicitado nuevas explicaciones a la UCO para contrastar la documentación aportada por la defensa con los extremos que constan en los informes y las declaraciones. Entre ellos figura la diferencia entre los dispositivos a los que se refería Ábalos y el conjunto de equipos que estuvo investigando la unidad.

La cronología documental sitúa, por tanto, el inicio de la información reservada el mismo día en que la UCO comunicaba que seguía buscando en sus dispositivos los mensajes publicados por El Mundo, sin dar por parte de DAO margen a que la duda sobre si estos mensajes se encontraban en posesión de la UCO en ese momento se resolviera de forma orgánica.

La documentación aportada por el director adjutno operativo (DAO) de la Guardia Civil al magistrado Santiago Pedraz, recoge, entre otros, la relación de las 58 investigaciones reservadas por infracciones muy graves aplicadas por la cúpula de la Guardia Civil entre junio de 2024 y junio de 2026. La mayoría, según el documento al que ha tenido acceso El Independiente, corresponde a casos de abusos de atribuciones, desobediencia, incompatibilidades, trato vejatorio, abandono de servicios o negativa a someterse a pruebas, pero ninguna de ellas aparece vinculada a filtraciones de información.

La relación forma parte de la documentación aportada por la defensa del DAO, Manuel Llamas, después de su declaración ante Pedraz. El escrito explica que Llamas había señalado ante el magistrado que las informaciones reservadas "no son excepcionales" dentro de la Guardia Civil y que él mismo había abierto seis. El listado que se entrega al juez recoge únicamente aquellas de las que el DAO tiene conocimiento porque terminan vinculadas a infracciones muy graves. Según su declaración, si se sumaran las relativas a infracciones graves, leves o aquellas que finalmente no conllevan responsabilidad, el número podría situarse en torno al millar.

La relación, por tanto, no recoge todas las informaciones reservadas abiertas por la Guardia Civil durante esos dos años, sino el conjunto de 58 que la documentación vincula a infracciones muy graves. Y el contenido de esas investigaciones ofrece una fotografía bastante precisa de para qué se utilizó esta herramienta disciplinaria durante el periodo analizado.

El régimen disciplinario de la Guardia Civil

La conducta que aparece de forma reiterada es el abuso de atribuciones previsto en el artículo 7.7 del régimen disciplinario de la Guardia Civil. Junto a ella figuran casos relativos a incompatibilidades, discriminación o acoso, trato inhumano, degradante o vejatorio, incumplimiento o abandono de servicios de especial relevancia, grave desobediencia o indisciplina, omisión injustificada de auxilio y negativa injustificada a someterse a pruebas médicas o de alcohol y drogas.

El listado distribuye estos casos entre puestos, compañías, comandancias y otras unidades de la Guardia Civil de distintos puntos de España. Es decir, se trata fundamentalmente de investigaciones sobre la actuación profesional de los agentes y mandos como posibles abusos en el ejercicio de sus funciones, incumplimientos del servicio, conductas incompatibles con el cargo o actuaciones que pudieran causar un perjuicio grave.

La Ley Orgánica 12/2007 establece que la información reservada es una actuación previa al inicio de un procedimiento disciplinario. El artículo 39.5 permite a la autoridad disciplinaria ordenarla para esclarecer los hechos, determinar a sus posibles responsables y decidir si procede o no iniciar un procedimiento sancionador.

No aparece la filtración de información

En esa relación de 58 investigaciones no aparece, sin embargo, la filtración de información como conducta que haya motivado la apertura. No figuran como objeto de esas informaciones la publicación de informes policiales, la difusión de documentación judicial o la revelación de información reservada a medios de comunicación. Es precisamente este dato el que diferencia los casos relacionados con la UCO que el DAO ha tenido que explicar ante Pedraz.

La propia documentación aportada por Llamas incluye, además, tres informaciones reservadas abiertas por él distintas que no tienen como destinataria a la UCO. Una fue dirigida a Asuntos Internos; otra, a una Agregaduría de Interior en el extranjero por una filtración a la prensa; y una tercera afectó a un oficial del Sector de Tráfico por el uso para fines particulares de vehículos oficiales.

La primera de ellas está documentada en un escrito firmado por el propio Llamas el 30 de agosto de 2024. El DAO recibió un escrito procedente de la Agregaduría de Interior en Tánger en el que se comunicaba la filtración a la prensa de una nota informativa elaborada por el agregado y distribuida a varios destinatarios dentro de la Guardia Civil. Llamas ordenó entonces instruir una información reservada para esclarecer los hechos y determinar si procedía iniciar un procedimiento sancionador.

Pero esta investigación no forma parte de las 58 que constituyen la relación de informaciones reservadas por infracciones muy graves aportada al juez. Es decir, la propia documentación distingue entre esa información por una filtración y el listado de las 58 investigaciones que el DAO utiliza para contextualizar la frecuencia y naturaleza de estas actuaciones disciplinarias.

A la UCO sí

El contraste con la UCO es especialmente significativo. La primera información reservada relacionada con la unidad la abrieron el 4 de diciembre de 2024, después de que la prensa publicara direcciones de correo electrónico de personas a las que no se estaba investigadando en la causa de Badajoz contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.

Según la versión aportada por la defensa del DAO, Llamas se encontraba en París el 29 de noviembre de 2024 cuando tuvo conocimiento de la publicación. Pidió explicaciones al general jefe de la Policía Judicial y consideró insuficiente tanto la explicación verbal recibida como la primera nota de despacho que se le remitió. Fue después de esas explicaciones cuando ordenó abrir la información reservada.

La investigación puso posteriormente el foco en el supuesto incumplimiento del "Protocolo de control documental" en la documentación remitida al órgano judicial. Según la explicación ofrecida por el DAO, se habían incluido datos personales de personas ajenas a la investigación bajo la premisa de que no serían puestos en manos de las partes del procedimiento, algo que finalmente ocurrió.

Sánchez y Ábalos

El segundo caso es todavía más claro en cuanto a su relación con una posible filtración. Se trata de la información reservada abierta después de la publicación de los mensajes de WhatsApp intercambiados entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos.

El 11 de mayo de 2025, El Mundo publicó los mensajes y, al día siguiente, comenzaron las acusaciones públicas que apuntaban a la UCO como posible origen de la filtración. La documentación aportada por el DAO sostiene que la unidad tenía bajo su custodia dispositivos incautados en el 'caso Koldo' y que todavía estaba analizando parte de ese material. Por ello, Llamas defendió que existían elementos suficientes para investigar si los mensajes publicados podían haber salido de alguno de esos dispositivos.

La información reservada se abrió el 12 de mayo de 2025 y posteriormente fue cerrada después de que Ábalos afirmara que había autorizado la difusión de los mensajes. La UCO negó que los WhatsApp hubieran salido de los dispositivos que estaban bajo su custodia. La defensa del DAO insiste, no obstante, en que la investigación estaba justificada porque los mensajes afectaban a datos personales del presidente del Gobierno y porque inicialmente existía una duda sobre su posible origen.

Existe además una tercera información reservada relacionada con la UCO, aunque de naturaleza diferente a las dos anteriores. Según la documentación aportada por el DAO, fue incoada por la directora general de la Guardia Civil y estaba desvinculada de una instrucción judicial concreta. Se sitúa en el contexto de las notas de despacho de abril y mayo de 2025 que alertaban de una supuesta "campaña de descrédito contra la UCO". La defensa de Llamas niega que el DAO ocultara durante ocho días una de esas notas y sostiene que la comunicación fue finalmente despachada el 8 de mayo.

No todo acaba en información reservada

El propio DAO explicó ante el juez que la diferencia entre unas filtraciones y otras estaba precisamente en la naturaleza de la información afectada. Según su versión, cuando una filtración se produce dentro de una investigación penal y no afecta a datos de terceras personas ajenas al procedimiento, corresponde al magistrado instructor decidir si debe investigarse y no necesariamente se abre una información reservada desde la Guardia Civil. En cambio, defendió la apertura de las investigaciones relacionadas con la UCO cuando estaban comprometidos datos personales de terceros.

La documentación aportada al juez muestra, además, que no todas las filtraciones de informes de la UCO provocaron una actuación disciplinaria de la Dirección General. En el caso de Begoña Gómez, el juez Peinado abrió una pieza separada para investigar la filtración de un informe de la unidad. En la causa de David Sánchez, en cambio, la magistrada Biedma no abrió una investigación judicial y tampoco se inició una información reservada desde la Dirección General de la Guardia Civil.

El propio listado de 58 casos aporta otro elemento relevante para el debate sobre la actuación del DAO. Según la documentación, sólo en 2025 se abrieron cuatro expedientes disciplinarios por infracciones muy graves contra agentes de la UCO que no estuvieron precedidos de una información reservada porque, según explicó Llamas, los hechos estaban claros. La Guardia Civil, por tanto, no recurrió siempre a esta vía cuando se trató de posibles infracciones muy graves cometidas por miembros de la unidad.

La relación aportada a Pedraz permite así establecer una diferencia entre la utilización ordinaria de las informaciones reservadas por infracciones muy graves y los casos que han provocado la controversia en torno a la UCO.

On Saturday, demonstrations in France against the rising cost of living turned violent in Paris and Lyon, with further unrest reported in other locations, according to the Police Prefecture and sources from the Ministry of the Interior.

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France Suspends Stun Grenades After Teen Loses a Hand

In Paris, the day began with clashes at the Place de la République. The Prefecture reported that several hundred individuals, identified as members of far-left groups, threw projectiles at police officers and gendarmes. Some participants also damaged building facades, prying loose stones.

Security forces responded with tear gas and moved to disperse the violent groups. Despite these incidents, the march began its route at 2:15 p.m. local time (12:15 GMT), moving from the Place de la République toward the Place de Clichy, even as police operations continued in the area.

By 2:00 p.m. local time, authorities had made 133 arrests in Paris—primarily for alleged participation in groups organized to commit acts of violence or cause property damage, as well as for assaults on law enforcement officers. Additionally, police conducted 1,046 preventive security checks throughout the day.

Protests in #Paris and #Tunis put rising prices and deteriorating living standards in focus, as demonstrators demand economic relief and social rights. #France #Tunisia https://t.co/IlS12uwV3G

— Al Mayadeen English (@MayadeenEnglish) October 17, 2026

In Lyon, in southeastern France, a group of protesters smashed the windows of a tourist office located in the central Place de Bellecour and set it on fire, according to footage broadcast live by BFM TV.

The French government had previously warned of a high risk of unrest during the protests across various cities in the country. Sources close to Interior Minister Laurent Nuñez indicated that, by midday, 140 protest actions and 32,800 participants had been recorded across the provinces, while the total number of arrests throughout France had reached 166.

“There is a very high probability that the far-left will cause the afternoon demonstrations to turn violent,” the same sources stated, also reporting targeted acts of violence in Paris, Marseille, Rennes, Toulouse, and Angers.

According to the Ministry of the Interior, the incidents included attempted looting, attacks on security forces, the setting of fires to street furniture, and actions directed against institutions and media outlets.

In Marseille, several businesses were vandalized, and a municipal police station sustained damage. Additionally, a group forced open the doors of City Hall and briefly entered the lobby before being stopped.

Thousands of French people continued to protest and block educational centers just hours before student organizations held a new meeting with the Education Ministry, the third since the protests began more than two weeks ago.

Among the blocked institutions is the Paris School of… pic.twitter.com/yjld03PtLt

— teleSUR English (@telesurenglish) October 15, 2026

Hace casi dos meses, un tiroteo mortal sacudió la barriada de El Rocío (Huelva) en plena escalada de violencia cuando un par de hombres encapuchados y armados con un fusil AK-47 abrieron fuego contra la madre de M.S., alias 'El Baba', de 62 años, que murió en el acto junto con su hija, de 39 años y embarazada de ocho meses, y un menor de 16 años sin vínculos familiares con ellas. Ahora, 'El Baba' se sienta en el banquillo por unos hechos que se investigan como los posibles antecedentes del último tiroteo registrado.

Será la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Huelva la encargada de juzgar a partir de hoy, viernes 16 de octubre, a 'El Baba', por, entre otras cosas, el delito de asesinato con alevosía, relativo a un tiroteo ocurrido el 10 de septiembre de 2024 en el barrio de El Torrejón (Huelva), en el que presuntamente acabó con la vida de una persona mientras que otras dos resultaron heridas, según informó entonces Europa Press.

El procedimiento se prolongará previsiblemente hasta el miércoles 21 de octubre y por el momento, la jornada de hoy estará dedicada a la constitución del jurado popular, por lo que todo apunta, el juicio oral comenzará el lunes 19 de octubre, a las 10.00 horas con la declaración de los testigos propuestos por las distintas partes. El martes 20 será el turno de las pruebas periciales y, si todo sale según lo vaticinado, el miércoles 21 declarará 'El Baba'. Ese mismo día se entregará al jurado el objeto del veredicto para que pueda retirarse a deliberar.

Un juicio marcado por la tensión

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han preparado un dispositivo especial de seguridad ante la tensión que rodea a las familias implicadas y los incidentes registrados en los últimos años. Ya en mayo de 2025, la Guardia Civil desarrolló en Isla Cristina una operación que se saldó con la detención de tres personas, entre ellas un menor de edad, familiares del acusado. Según informó entonces el Instituto Armado, los arrestados habrían puesto "en grave riesgo a la población" y amenazado a vecinos desde una azotea durante la noche, llegando a efectuar "disparos intimidatorios".

Un mes después, en junio de 2025, otro tiroteo en Isla Cristina se saldó con una persona fallecida y otra herida. Además de 'El Baba', se sientan en el banquillo un primo suyo, acusado de encubrimiento por presuntamente ocultarlo tras los hechos, y el hermano de la víctima mortal, al que se imputa un delito de homicidio en grado de tentativa por supuestamente abrir fuego contra el principal acusado.

'El Baba' es el único de los procesados que permanece en prisión provisional por estos hechos. La Audiencia Provincial de Huelva acordó prorrogar su encarcelamiento durante dos años más tras la vista celebrada el pasado 30 de septiembre en Huelva. Entonces, la medida se adoptó ante la posibilidad de que la prisión provisional alcanzara su límite ordinario de dos años sin que se hubiera celebrado el juicio, una situación en la que la ley permite acordar una prórroga cuando se cumplen los requisitos legales.

Fiscalía pide 28 años y seis meses de cárcel para 'El Baba'

La Fiscalía de Huelva solicita 28 años y seis meses de prisión para 'El Baba', como presunto autor del tiroteo ocurrido el 10 de septiembre de 2024 en el barrio de El Torrejón, que dejó un fallecido y dos heridos.

Le atribuye presuntos delitos de asesinato con alevosía, homicidio en grado de tentativa y tenencia ilícita de armas. Además, pide 15 años y medio de cárcel para el hermano del fallecido, acusado de dos presuntos delitos de homicidio en grado de tentativa y tenencia ilícita de armas, y dos años para el primo de 'El Baba', por un presunto delito de encubrimiento.

El relato de los hechos según la Fiscalía

Según el escrito del Ministerio público, los hechos comenzaron sobre las 14.10 horas del 10 de septiembre de 2024, cuando el hermano del fallecido circulaba en su vehículo por la calle Margarita, en El Torrejón. Al pasar frente al portal de su cuñado, con quien mantenía una "conocida enemistad y enfrentamientos violentos" previos, habría abierto fuego desde el coche en marcha, sin detenerse y con la intención de acabar con su vida o con la de sus acompañantes.

El escrito sostiene que efectuó "al menos seis disparos", ninguno de los cuales alcanzó a 'El Baba', aunque uno de sus acompañantes resultó herido en las piernas y los brazos. Al ver aproximarse el vehículo y con "el idéntico propósito de acabar con la vida de su cuñado", 'El Baba' habría respondido disparando contra el coche en movimiento. Según la Fiscalía, dos proyectiles atravesaron la luna trasera: uno rozó a la víctima y quedó alojado en el reposacabezas, mientras que el otro le alcanzó en la parte posterior de la cabeza.

A consecuencia del impacto, el conductor perdió el control del vehículo y colisionó contra varios coches estacionados en la calle Margarita, cuyos propietarios han renunciado a reclamar indemnizaciones. El hombre tuvo que someterse a una intervención quirúrgica para extraerle el proyectil. Apenas unos minutos después del tiroteo, el fallecido, hermano del hombre acusado de los dos homicidios en grado de tentativa y cuñado de 'El Baba', tuvo conocimiento de lo sucedido y se desplazó en coche hasta el lugar junto a su madre. Para entonces, según la versión de la Fiscalía, 'El Baba' se había atrincherado en su vivienda.

Cuando el hombre llegó al inmueble y comenzó a subir las escaleras para acceder al piso en el que residía su hermana junto a 'El Baba', este último habría salido a su encuentro armado con un revólver. Al alcanzar su cuñado el último escalón, presuntamente "abrió fuego a quemarropa sin darle opción de respuesta, percutiendo tres disparos".

Mientras uno de los disparos alcanzó a la víctima provocándole una lesión cardiaca, que según el escrito del Ministerio público fue lo que causo la muerte instantánea al producirle un shock hipovolémico, los otros dos disparos atravesaron e impactaron en la puerta de una vivienda vecina. Tras la agresión, 'El Baba' huyó del lugar. Posteriormente, en el portal se encontró un cuchillo de campo con ADN de la víctima, mientras que en la vivienda del acusado y en el vehículo del hermano del fallecido se localizó numerosa munición.

Detenido en Gijón un mes después

De acuerdo con el relato de las citadas fuentes, 'El Baba' permaneció en paradero desconocido desde el día de los hechos hasta el 12 de octubre de 2024, cuando fue localizado y detenido en Gijón, Asturias. El acusado se encontraba oculto en el domicilio de su primo, también procesado en la causa. Este último le habría dado cobijo "a sabiendas de la orden de busca y captura incoada contra él", con la intención de ayudarle a eludir la acción de la justicia.

Por estos hechos, el Ministerio Público considera que concurren un delito de asesinato consumado atribuido presuntamente a 'El Baba'; tres delitos de homicidio en grado de tentativa —uno atribuido a este y otros dos al hermano del fallecido—; dos delitos de tenencia ilícita de armas, uno para cada uno de ellos, y un delito de encubrimiento atribuido al primo del principal acusado. La Fiscalía señala, asimismo, que ninguno de los procesados cuenta con antecedentes penales computables.

El director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, Manuel Llamas, defiende ante el juez Santiago Pedraz que los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) siguen sometidos al régimen disciplinario del Instituto Armado aunque actúen como Policía Judicial. Su argumento tiene un antecedente incómodo dentro de la misma causa, ya que en mayo de 2025, el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente rechazó tajantemente una información reservada impulsada por la cúpula de la Guardia Civil y su respuesta acabó llevando al archivo de las actuaciones sin que se practicara ninguna diligencia.

El contraste entre estos dos conceptos salta a la luz después de la documentación que ha aportado Llamas a Pedraz. En su escrito, el DAO invoca la relación entre la dependencia funcional de los agentes respecto de jueces y fiscales y la potestad disciplinaria de sus mandos para defender que la condición de Policía Judicial no los sitúa al margen de las normas internas de la Guardia Civil.

Sin embargo, el episodio de mayo de 2025 evidencia que esa potestad no puede ejercerse de espaldas a la autoridad judicial que dirige una investigación. Fuentes de la UCO consultadas por El Independiente resumen el principio que, a su juicio, debe regir en estos casos: "La vía judicial prevalece a la disciplinaria". Cuando una actuación interna puede interferir en una investigación judicial, explican, debe prevalecer esta última y paralizarse la actuación disciplinaria que pueda comprometerla.

La decisión de Leopoldo Puente

El antecedente que se encuentra en la misma causa y que documentó la UCO en uno de sus informes se produjo después de que se ordenara una información reservada relacionada con la publicación de mensajes de WhatsApp entre el entonces ministro José Luis Ábalos y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La actuación pretendía indagar sobre el origen de las filtraciones periodísticas. La iniciativa se puso en marcha en mayo de 2025, en un momento en el que la UCO desarrollaba investigaciones judiciales sensibles para el entorno del Ejecutivo.

Según la documentación incorporada a la causa, el general que instruía aquella información reservada se reunió con responsables policiales y les trasladó su intención de informar a los magistrados que dirigían las investigaciones afectadas. El jefe de la UCO le desaconsejó hacerlo, al considerar que los agentes actuaban como Policía Judicial y que debían rendir cuentas ante el juez o fiscal responsable de cada procedimiento, no ante otros órganos ajenos a esa dirección funcional.

El instructor de la información reservada, sin embargo, ya había contactado con los magistrados. En el caso del Tribunal Supremo, la respuesta de Leopoldo Puente fue tajante. De acuerdo con la documentación presentada en la causa, la reacción del magistrado, transmitida al DAO, llevó a que se acordara el archivo de la información reservada sin practicar diligencia alguna.

La secuencia ilustra el límite de la potestad disciplinaria cuando la iniciativa interna afecta a una investigación judicial. No fue una investigación administrativa la que resolvió si había que practicar diligencias sobre los hechos investigados judicialmente, ya que la intervención del magistrado condicionó el desenlace de la información reservada.

Dependencia orgánica y funcional

En el escrito remitido a Pedraz, Manuel Llamas sostiene que la condición de Policía Judicial no exime a los agentes de la UCO del régimen disciplinario de la Guardia Civil. La cuestión jurídica exige distinguir dos planos. Los investigadores pertenecen orgánicamente al instituto armado, pero, cuando trabajan en una causa penal concreta, dependen funcionalmente del juez, tribunal o fiscal que dirige las pesquisas.

La Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, recoge esa doble relación en su artículo 31. El Real Decreto 769/1987, que regula la Policía Judicial, desarrolla la dependencia funcional de la autoridad judicial y fiscal en las tareas de investigación criminal. Su artículo 11 establece, además, que las instrucciones técnicas de los superiores policiales no pueden contradecir las órdenes dictadas por el juez o fiscal para la investigación encomendada.

La normativa incluye una garantía específica para proteger esa función: los agentes de Policía Judicial no pueden ser apartados de una investigación concreta hasta que finalice, salvo decisión o autorización de la autoridad judicial o fiscal competente. La regla pretende evitar que una decisión de la jerarquía policial interfiera en el desarrollo de las diligencias que están bajo dirección judicial.

El régimen disciplinario, por tanto, no desaparece cuando un guardia civil ejerce funciones de Policía Judicial. Pero tampoco puede interpretarse como una habilitación para que los mandos policiales intervengan sin límites en el trabajo de una unidad que actúa por encargo judicial. El artículo 17 del Real Decreto 769/1987 contempla expresamente la relación entre la autoridad judicial y la potestad disciplinaria y permite que jueces, tribunales y fiscales insten actuaciones disciplinarias cuando consideren que la conducta de un funcionario puede merecer sanción y prevé su intervención cuando los hechos tengan relación directa con la investigación.

El argumento del DAO ante Pedraz

Llamas ha remitido su escrito a Pedraz en respuesta a un requerimiento judicial dentro de la causa que investiga una presunta trama de influencias y actuaciones dirigidas a obstaculizar investigaciones policiales y judiciales. El magistrado había pedido aclaraciones sobre diferentes actuaciones de la Guardia Civil y su eventual relación con investigaciones en curso.

El DAO defiende que la estructura jerárquica del cuerpo conserva sus competencias disciplinarias sobre los agentes de la UCO. Pero el precedente de Puente obliga a atender a la otra parte de esa relación que tiene que ver con la dirección de las investigaciones penales corresponde a los jueces y fiscales competentes y las actuaciones internas no pueden convertirse en una vía para interferir en ellas.

La información reservada de mayo de 2025 no equivale a los expedientes disciplinarios que ahora se analizan ante Pedraz, ni el archivo de aquella actuación supone por sí mismo la anulación de estos procedimientos. Se trata de actuaciones distintas. Su conexión está en el debate de fondo sobre hasta dónde puede llegar la potestad de los mandos de la Guardia Civil cuando los agentes afectados trabajan en investigaciones judiciales.

VTM

Durante um discurso na Casa de Mateus, António José Seguro afirmou que “a cultura tem neste caminho um papel decisivo”. O Presidente destacou que a cultura dá visibilidade aos territórios, mobiliza comunidades, atrai visitantes e estimula a economia.

A visita de António José Seguro começou em Chaves, onde esteve no museu Nadir Afonso, projetado pelo arquiteto Siza Vieira. A cerimónia de entrega do prémio D. Diniz à escritora Djaimilia Pereira de Almeida ocorreu em Vila Real.

O Presidente sublinhou que “o interior não é uma margem de Portugal”, mas sim parte integrante do seu centro histórico, cultural, económico e humano. Ele reiterou que “um país que desvaloriza o interior empobrece-se a si próprio” e que investir no interior fortalece a coesão nacional.

António José Seguro defendeu que Portugal deve transformar esta convicção numa prioridade permanente. Ele apelou à mobilização do Estado, autarquias, universidades e sociedade civil para desenvolver as potencialidades de cada território.

O Presidente enfatizou que “um país mais coeso é um país em que o código postal não determina as possibilidades de cada cidadão”. A sua presença em Trás-os-Montes visa reafirmar a importância de valorizar plenamente o interior do país.

Seguro referiu ainda que os momentos culturais vividos durante o dia estão unidos pela ideia de que “a cultura é uma forma de afirmar a identidade”. Ele destacou que tudo isso acontece em Trás-os-Montes como demonstração de que o talento e a criatividade não estão restritos aos grandes centros urbanos.

Após elogiar a obra da escritora Djaimilia Pereira de Almeida, António José Seguro considerou-a merecedora do prémio na Casa de Mateus. A autora luso-angolana dedicou o prémio ao marido, expressando gratidão pelo seu apoio incondicional ao longo da sua carreira literária.

O prémio D. Diniz conta com um valor de 7.500 euros e tem o apoio da Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas. O júri é composto por Fernando Pinto do Amaral (presidente), Pedro Mexia e Mário Cláudio.

A diretora delegada da Fundação da Casa de Mateus, Teresa Albuquerque, aproveitou a presença da ministra da Cultura para agradecer a confirmação do protocolo que assegura a continuidade do apoio ministerial ao prémio.

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