Los grupos parlamentarios Adelante Andalucía (ocho diputados) y Por Andalucía (cinco) no asistirán al pleno de Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2027, el primero elaborado al alimón por el Gobierno de PP y Vox, para sumarse a la huelga general convocada el 11 de noviembre. La fecha del debate estaba fijada con antelación a la del paro. La Mesa del Parlamento, con mayoría de las derechas, no ha atendido a la petición de cambiar la sesión a otro día, por lo que la izquierda alternativa dejará sus escaños vacíos.

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Manuel Merino, de 33 años, llevaba mucho tiempo acariciando el sueño de una vivienda para poder emanciparse. Pero cuando, por fin, resultó agraciado en el sorteo realizado entre los muchos aspirantes a una Vivienda de Protección Oficial (VPO) en Jaén, el sueño se transformó en pesadilla: “Creía que el precio era una broma”, dice el joven jienense, al que pedían 350.000 euros más gastos de gestión por un piso de apenas 90 metros cuadrados.

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El pasado 25 de noviembre el Parlamento andaluz admitía a trámite la iniciativa legislativa popular (ILP) impulsada por Mareas Blancas para blindar la sanidad pública y limitar la firma de conciertos con la privada. Salió adelante, de manera sorpresiva, con el apoyo del PP, que entonces tenía la mayoría absoluta en la Cámara regional en los que los propios proponentes como los partidos de la oposición entendieron como un cálculo electoralista, dado que el deterioro de los servicios sanitarios públicos era el mayor talón de Aquiles de la gestión del presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno. Con las elecciones autonómicas de mayo, la propuesta no pudo ser desarrollada, pero, con la nueva legislatura en marcha la comisión de Sanidad ha comenzado esta mañana con las comparecencias de profesionales para mejorar y complementarla, el primer paso antes de que se dicte el dictamen que determine su viabilidad o como ha ocurrido con todas las ILP que se han presentado en esta comunidad, se quede en un cajón.

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El 5 de octubre, varios centros de día para personas sin hogar de las provincias de Cádiz, Sevilla, Jaén y Córdoba que gestiona la ONG Inserta Andalucía se quedaron sin luz por impago de las facturas del suministro eléctrico. Un corte que también afectó a algunas oficinas de la entidad, según confirmaron al personal los coordinadores territoriales de la entidad. Ese día, los usuarios tuvieron que acudir a otras instituciones para poder comer y asearse. Al impago de la luz, se suman las reclamaciones de varios caseros por no abonar el alquiler de los pisos en los que desarrollan otros programas de acogida y atención, como ha podido constatar este diario. Son algunos de los problemas de gestión y organización que atraviesa esta entidad y que afectan a sus trabajadores ―parte de la plantilla que se acogió a un ERE en junio no ha cobrado aún y los empleados arrastran retrasos en el abono de sus salarios― y a los beneficiarios de los programas sociales que prestan, la mayoría subvencionados por la Junta de Andalucía. Además, todos estos usuarios se encuentran en situación de vulnerabilidad y, en muchos casos, tampoco reciben las prestaciones a las que tienen derecho.

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La polémica reapertura de la mina de Aznalcóllar (Sevilla), 28 años después del desastre medioambiental que supuso el vertido de lodos tóxicos cerca de Doñana, está cada vez más cerca. Este lunes el Ayuntamiento sevillano ha anunciado la concesión del permiso de obras a la empresa Minera Los Frailes para que construya durante el próximo año y medio la depuradora para las aguas que verterá en el río Guadalquivir, dos días después de la manifestación de Ayuntamientos, colectivos sociales y ecologistas que recorrió la capital andaluza el sábado contra dichos vertidos.

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