La vida de la magistrada Sofía Díaz se truncó hace tres décadas. Fue entonces cuando esta funcionaria –que desde el pasado año preside la Audiencia Provincial de Castellón- se situó en la mirilla del peluquero de Benicarló (Castellón, 30.296 habitantes) Reinaldo Colás, ideólogo del bulo del bar España. Una patraña que, propulsada por una legión invisible de webs, liga desde 1997 a dirigentes del PP y PSOE, jueces y empresarios con una red pedófila que organiza orgías y perpetra asesinatos. “He sentido miedo físico en este tiempo”, ha declarado Díaz este miércoles en la cuarta sesión del juicio, que sienta en el banquillo de un juzgado de Castellón a seis acusados.

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Imaginemos una ley que concede derechos a un grupo de personas que antes no los tenían. Imaginemos que esa ley entra en vigor y, a los pocos meses, se incorpora como disposición adicional una circular administrativa que aclara y concreta los criterios para aplicar la ley. Imaginemos que las previsiones originales sobre la cantidad de gente con derecho a solicitar los beneficios desbordan las capacidades de los funcionarios, por lo que se amplía el plazo inicial de dos años para presentar los papeles.

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