El exconsejero catalán Toni Comín, fugado de la justicia española hace nueve años como consecuencia de su papel en el proceso independentista, se ha presentado finalmente este jueves en Madrid para acudir a la Junta Electoral Central (JEC) y jurar la Constitución española para adquirir plenamente la condición de eurodiputado. A la salida, Comín ha querido restar trascendencia a ese gesto formal y lo ha catalogado como “una pataleta de mal perdedor” y “un derecho al pataleo” del Estado español: “Es una prueba más de que saben que hemos ganado. Confirma nuestra victoria”.

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Estaba cantado. El auto del lunes del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que levantaba la orden de arresto contra Carles Puigdemont en aplicación de la doctrina del Constitucional, fijada por su presidente, Cándido Conde-Pumpido, y con notables críticas a esta, era el prólogo. La resolución de ayer de la Sala de lo Penal, firmada por Manuel Marchena, eleva varios grados la fricción entre ambas instituciones y certifica un choque de trenes que no es sólo producto de interpretaciones opuestas en materia jurídica y de competencias.

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El Tribunal Supremo ha aplicado este martes la amnistía al exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y a los exconsejeros Raül Romeva, Dolors Bassa y Jordi Turull. Dos semanas después de que el Tribunal Constitucional estableciera que la Sala Penal debió otorgar la medida de gracia al delito de malversación que atribuyó a los exdirigentes independentistas, el Supremo ha cumplido este mandato y ha amnistiado a los cuatro antiguos miembros del Govern a los que juzgó y condenó por ese delito en 2019. La amnistía deja sin efecto la pena de inhabilitación que aún pesaba sobre ellos, por lo que los cuatro podrían ya presentarse a las próximas elecciones u ocupar un cargo público. En el auto en el que expone su decisión, el Supremo lanza al Constitucional un reproche insólito, por extenso y contundente. “Su innecesaria grandilocuencia revela el deseo de adornar un razonamiento invasivo del ámbito jurisdiccional que corresponde al Tribunal Supremo”, recalcan los jueces.

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El Tribunal Constitucional empieza a aplicar su doctrina a favor de amnistiar el delito de malversación a los últimos seis líderes independentistas aún procesados o condenados por ese delito. El Pleno delibera este martes sobre el recurso del exportavoz de la Generalitat Jordi Turull, condenado a 12 años de inhabilitación absoluta en 2019, y previsiblemente la mayoría progresista, tal y como ya ocurrió el pasado 6 de octubre con el recurso de la exconsejera Dolors Bassa, aprobará el perdón legal a Turull. El ponente de la sentencia de Turull será, como en el caso de Bassa, el presidente del tribunal, Cándido Conde-Pumpido, que asumió la ponencia tras la renuncia del magistrado José María Macías en el pleno anterior.

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