Pregunta. Alquilé mi vivienda en julio de 2019 por cinco años, hasta julio de 2024. El contrato se prorrogó tres años más, hasta julio de 2027, debido a que la propiedad no me avisó con cuatro meses de antelación de que quería rescindir el contrato. ¿Puede el propietario rescindir el contrato de alquiler en 2027 con los nuevos decretos de vivienda? Eduard.

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La brecha en el mercado del alquiler en España no solo se mide por barrios o por metros cuadrados; también importa el perfil del casero. Entre 2019 y 2023, los propietarios con cinco o más viviendas en alquiler encarecieron sus rentas un 13,5% de media, casi el doble que el incremento del 7,2% registrado por los pequeños propietarios con un solo piso en el mercado. La conclusión se extrae de un análisis publicado este jueves por el centro de investigación EsadeEcPol, que ha examinado los datos de Hacienda de más de 780.000 alquileres declarados por personas físicas en España.

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Vivir de alquiler supone un esfuerzo mayúsculo para muchos bolsillos, y puede llegar a resultar asfixiante para las finanzas de numerosos hogares en varias ciudades del país. En algunos barrios de Madrid, de hecho, se ha convertido casi en una quimera. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), publicados este miércoles, 36 de los 50 barrios más caros de España para ser inquilino se concentran en la capital. El más costoso de todos es Recoletos, donde el arrendamiento mensual medio alcanza los 2.037 euros. Le siguen Pedralbes, en Barcelona, y Piovera, de nuevo en Madrid, ambos con una renta media de 2.002 euros. En total, doce barrios barceloneses aparecen en esta clasificación, que completan Malagueta-Limonar, en Málaga (1.214 euros), y El Pla de Remei-Gran Via, en Valencia (1.167).

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A España le faltan ya unas 750.000 viviendas para cubrir la demanda existente, según los cálculos del Banco de España. Y la brecha sigue creciendo: si se mantienen los actuales flujos migratorios y el ritmo de creación de hogares (más de 200.000 al año), el déficit podría alcanzar el millón de viviendas en 2030. Cubrir ese agujero recae en buena medida sobre el sector de la construcción y promoción, que pide agilizar trámites burocráticos y liberar más suelo, aunque duda sobre la capacidad de sus empresas para crecer. Problemas de financiación y escasez de mano de obra se interponen en esa misión.

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Camino Alto de San Isidro es una calle peatonal de Carabanchel con alma de corrala. Por las tardes, los adultos se asoman a los balcones y se sientan en sillas plegables a ver pasar a los niños en edades de primaria volando a 25 kilómetros por hora en patinetes eléctricos. Otros pequeños juegan al fútbol cerca de una pared de ladrillo donde alguien pegó hace tiempo una foto de Jenni Hermoso, la estrella del fútbol femenino que dio aquí sus primeras patadas al balón. Los vecinos hablan de chismes y asuntos serios, entre otros un tema que les duele: el problema de los pisos vacíos, cerrados con puertas de acero. Todo el mundo los ha visto en esta colonia de 28 bloques, una de las principales reservas de vivienda pública de la región, donde no es raro que diez o doce personas compartan un mismo hogar. EL PAÍS ha recorrido los edificios uno a uno y ha contado 18 pisos cerrados.

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Medio millar de familias del barrio Benta Berri de San Sebastián han vivido los últimos meses bajo la amenaza de verse obligados a abandonar sus hogares. Son inquilinos que residen en viviendas de protección oficial que iban a perder esta calificación social en noviembre de 2028 y habían recibido notificaciones del propietario, la compañía inmobilaria Testa (filial del fondo de inversiones Blackstone), advirtiéndoles de que sus pisos pasaban al mercado libre desde esa fecha. Si ahora estaban pagando un alquiler de 800 a 1.000 euros mensuales, la pérdida del régimen de protección abría la puerta a encarecer muchísimo esa renta. El Gobierno vasco ha venido a rescatar a los vecinos con una operación de compra de las 510 viviendas afectadas. Es la primera vez que una Administración pública en España adquiere un paquete de pisos de estas dimensiones a un fondo de inversiones, con lo que podrá prolongar el régimen de protección de las casas.

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Hace unas semanas centenares de personas en Madrid sufrieron un fraude: habían reservado un alojamiento a través de Booking que no existía. No es el único caso y la Comisión Europea sospecha que la plataforma digital no hace lo suficiente para evitar este tipo de falsos anuncios. Este es uno de los tres motivos por los que ha abierto una investigación a la firma tecnológica de Países Bajos. También lo ha hecho para evaluar si vigila lo suficiente los datos de sus clientes, tanto de quienes reservan alojamientos como de quienes los ofrecen. Y, además, va a indagar si Booking cumple con las obligaciones legales de transparencia en la publicidad.

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El juez ha paralizado este martes el desahucio de una veintena de familias de La Riera de Gaià (Tarragona), que se enfrentaban a tener que dejar las viviendas en las que residen desde hace 13 años en régimen de alquiler. Según fuentes de la Sareb (propietaria de esas casas), el aplazamiento se ha producido después de que haya pedido tiempo al juez para estudiar la situación de los inquilinos. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha anticipado esa decisión de la empresa pública poco antes en Catalunya Ràdio.

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Pregunta. Tengo un piso alquilado por habitaciones. Quiero utilizar la vivienda para mí y no renovar a las tres personas alquiladas. Con la nueva normativa, ¿cómo tendría que actuar? V. De los Reyes

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Tener un techo bajo el que vivir y poder pagarlo. Se trata de una ecuación complicada para muchos bolsillos. Y puede volverse dramática para una parte creciente de quienes reciben un sueldo a final de mes, especialmente si viven de alquiler. Así lo advierte Oxfam Intermón en su último informe, Cuando trabajar no es suficiente, publicado este martes, en el que estima que el coste de la vivienda sitúa a otras 770.000 personas trabajadoras por debajo del umbral de pobreza. De acuerdo con esta metodología, el número de empleados que se encuentran en esa situación se aproxima a los tres millones. Si no se contabilizara el impacto de la vivienda, los trabajadores pobres ascenderían a 2,2 millones. Traducido a porcentaje, la tasa de pobreza laboral aumenta cuatro puntos, del 11,48% al 15,49%, una vez se descuentan de los ingresos gastos como el alquiler, la hipoteca o los impuestos asociados al inmueble, según el estudio.

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La oferta de vivienda en alquiler es uno de los termómetros que miden la salud del mercado inmobiliario. En ese contexto, la aprobación hace dos semanas por parte del Gobierno de dos reales decretos ha introducido un nuevo foco de incertidumbre. Aunque uno de ellos, el que contempla contratos de arrendamiento indefinidos, aún no ha entrado en vigor, el sector inmobiliario insiste reiteradamente en que este tipo de medidas pueden llevar a algunos propietarios a retirar sus inmuebles. Por ahora, sin embargo, el mercado apenas refleja ese impacto. Según el Barómetro del tercer trimestre del Observatorio del Alquiler, impulsado por la Fundación Alquiler Seguro, la oferta disponible aumentó un 3,46% respecto al segundo trimestre y alcanzó las 683.920 viviendas. Y, respecto al arranque del año, la cifra se ha incrementado en un 2,14%. Pese a ello, el volumen de casas para arrendar entre julio y septiembre fue más baja que la de un año antes: en el mismo periodo de 2025, el estudio contabilizaba cerca de 10.000 viviendas más en el mercado.

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