El número de mujeres asesinadas este año por violencia de género ha ascendido a 43 y a 1.384 desde 2003, cuando se empezaron a recabar datos, tras la confirmación por parte del Ministerio de Igualdad de un caso en Madrid. Según ha informado el departamento que dirige Ana Redondo, se trata de una mujer de 52 años, presuntamente asesinada por su pareja el martes 20 de octubre. La víctima no tenía hijos menores de edad y no existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

La víctima fue hallada con múltiples heridas de arma blanca en la calle Ontanilla, en el distrito madrileño de Carabanchel. Los hechos ocurrieron en torno a las 14:45 horas, en el portal de una urbanización, cuando la Policía Nacional recibió la llamada al Centro Inteligente de Mando, Comunicación y Control (Cimacc) alertando de que una persona se encontraba herida en la vía pública, informa Ep.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha pedido a través de un mensaje en la red social X no mirar "hacia otro lado". "El asesinato de Gloria Esperanza nos recuerda, de nuevo, que la violencia machista es un problema de toda la sociedad. Frente al negacionismo, no podemos mirar hacia otro lado. Detrás de cada asesinato hay una vida arrebatada por el hecho de ser mujer. Mi más sentido pésame", ha asegurado.

Por comunidades, Andalucía cuenta con el mayor número de asesinatos machistas este año, con 12. Le sigue la Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid, con seis; Cataluña y Castilla-La Mancha, con tres; Aragón, Canarias, Cantabria y Navarra, con dos; y Asturias, Castilla y León, Extremadura, Galicia y Murcia, con uno.

En total, 31 de los 43 casos por violencia machista (72,1%) ocurridos en 2026 no contaban con denuncia previa y en diez de ellos (23,3%) el presunto agresor se suicidó tras cometer el crimen, según datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

Además, 27 de las víctimas mortales eran españolas (62,8%) y 16 de otro país (37,2%). En el caso de los presuntos agresores, 28 de ellos eran españoles (65,1%) y 15 (34,9%) de otro país.

La estadística de Igualdad también refleja que 2026 registra el peor dato de violencia machista, hasta la fecha, desde 2023, con 52 mujeres asesinadas en el mismo periodo. Así, 2025 tenía hasta octubre 34 crímenes machistas y 2024 un total de 41.

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La escena es cotidiana. Unos abuelos llegan a una casa y abrazan a su nieto con entusiasmo, pero, cuando se acercan a su nieta, esta los mira con recelo. Así empieza un polémico anuncio para redes sociales que ya ha sido retirado en Irlanda, que ha despertado numerosas críticas pues tras ese momento cotidiciano aparece en pantalla el siguiente mensaje: “No todo el mundo quiere un abrazo. Ni siquiera de las personas que los aman”. También se escucha una voz en off que dice: “¿Incómodo? Tal vez. ¿Importante? Sin duda". Según informan medios británicos como la BBC, la campaña ha sido elaborada por el Centro de Atención a Víctimas de Violación de Dublín (DRCC, por sus siglas en inglés) para “educar a la sociedad, especialmente a los más pequeños, sobre el consentimiento”. Sin embargo, el resultado no ha sido el esperado.

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© Sally Anscombe (Getty Images)

Aprender a sentarse, agarrar un juguete o llevarse las manos a la boca son algunos de los pequeños hitos que marcan el desarrollo de un bebé. Sin embargo, para Alma, una niña de Tudela (Navarra) que acaba de cumplir su primer año de vida, conseguir cualquiera de estos movimientos supone un enorme esfuerzo.

Alma convive con el síndrome CASK, una enfermedad genética ultrarrara que afecta al desarrollo neurológico de diferente manera en cada paciente. Su evolución dependerá de cómo se desarrolle, por lo que las terapias son especialmente importantes ahora que es pequeña y su cerebro tiene una mayor plasticidad.

Con motivo del Día Mundial de la Terapia Ocupacional, que se celebra el próximo 27 de octubre, su madre, Tania, quiere dar visibilidad a la importancia de las terapias durante los primeros años de vida. Para poder mantenerlas, ha puesto en marcha una campaña solidaria a través de Fundación Donio, con la que busca financiar los tratamientos que Alma necesita y que, en su mayoría, debe costear de forma privada.

Risueña, cariñosa y tranquila, Alma se enfrenta cada día a dificultades relacionadas con la alimentación y el desarrollo psicomotor. Presenta hipotonía, una disminución del tono muscular que dificulta el control de los movimientos y el mantenimiento de la postura, además de problemas de coordinación. Por el momento, no consigue mantenerse sentada, gatear ni desplazarse de forma autónoma. También tiene dificultades para regular la alimentación y no suele demandar comida por sí misma. Su familia confía en que la estimulación continuada le permita desarrollar nuevas capacidades.

Actualmente, Alma recibe atención temprana una vez por semana a través de los recursos públicos, mientras que el resto de sus terapias se financian de forma privada. Su rutina incluye sesiones de fisioterapia, estimulación, actividades musicales y logopedia alimentaria. «Lo que para otros bebés son movimientos naturales, a Alma tenemos que enseñárselo una y otra vez. Ahora que es pequeña, es fundamental aprovechar la plasticidad de su cerebro y estimularla todo lo posible. Estamos empezando a ver pequeños avances. Abre más las manitas, consigue hacer algunos agarres y puede mantener ciertas posturas durante unos segundos. Para nosotras, cada uno de esos logros significa muchísimo», explica Tania, madre de Alma y creadora de la campaña.

La campaña «Alma guerrera» tiene como objetivo financiar las terapias especializadas que necesita la pequeña para favorecer su desarrollo motor y trabajar las dificultades relacionadas con la alimentación. Su continuidad actualmente supone un coste de entre 150 y 200 euros semanales, una cantidad difícil de asumir para su madre.

Las aportaciones se destinan exclusivamente a sus tratamientos, cuyos pagos se canalizan a través de Fundación Donio. Las personas interesadas pueden colaborar directamente en: https://donio.es/alma-guerrera

La fundación entrega el 100% del dinero recaudado a las personas beneficiarias. Su modelo se sostiene con aportaciones voluntarias de los donantes a la plataforma, y comprueba que la ayuda llegue a su destino mediante recibos, facturas u otros justificantes.

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Si uno se pone a revisar cajones, monederos viejos o cajas de recuerdos en casa, es bastante habitual encontrar alguna pieza que a simple vista parece no tener el menor interés. La mayoría de la gente las considera objetos corrientes y sin valor. Las monedas de dos euros cambian de manos constantemente y prácticamente nadie se detiene a examinar su diseño o su procedencia.

Sin embargo, en ciertos casos esa apariencia y ese origen pueden convertirlas en piezas muy cotizadas, capaces de alcanzar varios miles de euros. De hecho, existen ejemplares cuyo precio de mercado supera con creces los 3.000 euros. El Banco Central Europeo introduce en el circuito miles de monedas de dos euros que circulan por todos los países de la zona euro.

La mayor parte de ellas mantiene su valor facial y pasa desapercibida. No obstante, algunas se distinguen del resto, ya sea por un error de acuñación o por pertenecer a una emisión especial o conmemorativa. Con el paso de los años, la escasa cantidad disponible y el interés de los coleccionistas hacen que su valor se multiplique de forma notable respecto al precio inicial de dos euros.

La pieza dedicada a Grace Kelly

Un ejemplo claro es la moneda de dos euros acuñada para celebrar el 25º aniversario de la muerte de la princesa Gracia Patricia, la antigua actriz de Hollywood Grace Kelly. Su tirada se limitó a solo 20.001 ejemplares y, según expertos de la numismática, su valor ronda los 3.100 euros en el mercado. Aunque en su momento no se destinó a la circulación habitual, a día de hoy puede utilizarse sin problema para pagar en cualquier establecimiento. Quienes la posean conviene que sepan que su cotización es mucho mayor que su valor facial.

Para reconocerlas basta con observar el anverso, donde figura el rostro de Grace Kelly. En el canto aparecen seis números ‘2’ y 12 estrellas intercaladas. Esa combinación de elementos y la reducida cantidad emitida explican el interés que despierta entre los aficionados a la numismática.

La edición de Mónaco de 2015

Otra moneda de elevado valor es la emitida por el Principado de Mónaco en 2015, por la que se pagan entre 1.500 y 2.000 euros.

Apenas se pusieron en circulación 10.000 unidades. Se identifica con facilidad porque muestra una vista panorámica de la Roca de Mónaco, en conmemoración de la fundación de la ciudad. Al igual que ocurre con otras piezas de tirada limitada, su rareza ha impulsado su cotización en el mercado de coleccionistas, muy por encima de los dos euros nominales.

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WWF advierte, tras la "grave campaña" de incendios forestales vivida este verano, de que la emergencia "no termina cuando se apagan las llamas", ya que hay "una segunda amenaza" sobre los territorios quemados: "Las lluvias intensas pueden desencadenar riadas, arrastrar toneladas de suelo y cenizas y contaminar ríos, embalses y captaciones de agua potable".

Cuando los incendios ya se han apagado, la ONG avisa de que España "sigue sufriendo consecuencias del fuego", informa Ep. De hecho, señala que "la desaparición de la cubierta vegetal y la pérdida de materia orgánica han dejado los suelos desprotegidos y reducido su capacidad para absorber el agua".

La organización asegura que este problema "se traduce en que las precipitaciones intensas del otoño pueden generar fuertes escorrentías que arrastran tierra, cenizas, piedras y restos vegetales hacia los cauces, provocando procesos erosivos, problemas de calidad del agua y avenidas aguas abajo".

De hecho, afirma que esta situación "ya se está haciendo visible en varias de las zonas afectadas" y destaca que las lluvias intensas registradas en los últimos días en el arco mediterráneo "vuelven a poner de manifiesto los riesgos asociados a los terrenos quemados".

En la Comunidad Valenciana, municipios afectados este verano por el incendio de la Vall d'Uixó, como Alfondeguilla o Alcudia de Veo, han registrado precipitaciones importantes, mientras que en Cataluña episodios recientes de lluvias intensas aconsejan extremar la vigilancia en zonas incendiadas como Carme, en Anoia, o la La Bisbal d'Empordá.

En estos territorios, todavía con una cobertura vegetal reducida, las precipitaciones pueden aumentar la escorrentía, la erosión y el arrastre de cenizas y sedimentos hacia los cauces, por lo que resulta esencial identificar y proteger cuanto antes las áreas más vulnerables.

En cuanto al balance de incendios, a falta del cierre definitivo, WWF lamenta que "los datos confirman la gravedad de la campaña". Según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (Effis), hasta el 19 de octubre habían ardido 301.299 hectáreas, lo que supone un 139% más que la media del último decenio. Se han registrado 49 grandes incendios forestales, frente a una media de 23, que han concentrado unas 241.000 hectáreas quemadas.

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El Ministerio de Sanidad ha tenido que aclarar el alcance de la nueva regulación de los ingresos psiquiátricos involuntarios tras la preocupación generada entre las principales sociedades científicas de psiquiatría y salud mental y las asociaciones de pacientes y familiares de personas con enfermedades mentales graves. Después de horas de reunión este jueves entre la comisionada de Salud Mental, Belén González, la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental (Sepms), la Confederación Salud Mental España y la asociación Hierbabuena, los psiquiatras aseguran que los criterios clínicos para ingresar a un paciente contra su voluntad apenas cambian y que el artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil sigue siendo la referencia para estos internamientos.

La rectificación llega después de que la Semps y otras veinte sociedades científicas alertaran del riesgo de que el artículo 13 bis de la Ley 4/2026 dejara sin una respuesta adecuada a pacientes con trastornos mentales graves. La controversia se centraba en la expresión "urgencia vital", que podía interpretarse de forma restrictiva y dificultar ingresos necesarios en personas que atraviesan una crisis psicótica, abandonan sus autocuidados o presentan otros cuadros graves sin que exista un peligro inminente de muerte.

"En definitiva, no cambia prácticamente nada respecto a lo que son los criterios de ingreso", ha señalado a LA RAZÓN la presidente de la Sepsm, Marina Díaz-Marsá tras el encuentro. La psiquiatra considera que la reunión ha permitido despejar las dudas sobre la aplicación de la norma y evitar que la nueva redacción se interprete como un obstáculo para ingresar a quienes necesitan atención hospitalaria.

Sanidad "vende" la reforma como un avance en derechos

Mientras sucedía la reunión, el Ministerio difundió una nota de prensa sobre la entrada en vigor de la reforma. Bajo el enfoque de la garantía de los derechos de los pacientes, Sanidad destacó el consentimiento informado, las decisiones anticipadas y las obligaciones que deberán cumplir los profesionales. Sin embargo, el comunicado no refleja en los mismos términos la rectificación interpretativa del concepto de "urgencia vital" que, según la Semps, se abordó en el encuentro.

La nueva regulación incorpora exigencias de documentación en la historia clínica. Los profesionales deberán dejar constancia de que han consultado las decisiones anticipadas del paciente, de que se han agotado las alternativas de tratamiento voluntario o de que estas son inadecuadas, insuficientes o no están disponibles, y de que se ha informado al paciente de su derecho a recibir asistencia legal.

Las decisiones anticipadas expresan las preferencias de una persona sobre su atención futura, pero, según ha explicado Díaz-Marsá, no serán vinculantes si resultan contrarias a lo que exige la situación clínica en ese momento. Además, será necesario desarrollar cómo se registran y consultan, ya que esta información todavía no está recogida en la historia clínica de todos los pacientes.

En cuanto a los tratamientos voluntarios, la presidenta de la Semps ha precisado que dejar constancia de que se han agotado o de que no son adecuados para la situación clínica ya forma parte de la práctica habitual. La nueva exigencia pasa por documentarlo expresamente, junto con la información sobre el derecho a asistencia legal.

La clave para los psiquiatras es que estas obligaciones no impidan que los profesionales actúen cuando la situación clínica requiere un ingreso. La aclaración sobre la urgencia vital pretende evitar que la norma se aplique de forma más restrictiva que los supuestos previstos en la legislación vigente.

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El otoño vuelve a situar el gasto energético y de luz entre las preocupaciones de los hogares. Las tardes más cortas y la bajada de las temperaturas cambian las rutinas domésticas, mientras la iluminación y la calefacción ganan protagonismo. Mantener una vivienda confortable sin desequilibrar el presupuesto se convierte en uno de los retos de esta época.

Este año, el cambio al horario de invierno llegará el domingo 25 de octubre. Esa madrugada, a las tres volverán a ser las dos en la Península y Baleares; en Canarias, a las dos será la una. Así lo establece el calendario publicado en el Boletín Oficial del Estado.

El ajuste del reloj coincide con una etapa en la que conviene prestar atención al consumo doméstico. La cuestión no consiste únicamente en cuánto tiempo permanecen encendidos los aparatos, sino también en si su funcionamiento responde a las necesidades de quienes viven en casa.

Enchufes inteligentes contra el standby

La primera propuesta de PcComponentes en su selección de consejos de domótica para este invierno apunta al consumo en espera. La televisión o la consola pueden seguir utilizando electricidad aunque nadie las esté usando. Un enchufe inteligente permite interrumpir su alimentación mediante una programación, sin tener que desenchufarlas manualmente cada noche.

La utilidad está en automatizar una rutina que suele olvidarse, desconectar determinados equipos al acostarse y restablecer el suministro de luz cuando vuelvan a necesitarse. Eso sí, la propuesta se refiere a aparatos cuyo funcionamiento puede interrumpirse, no a desconectar indiscriminadamente todos los dispositivos de la vivienda.

Regletas conectadas para el espacio de trabajo

El escritorio también concentra oportunidades para reducir consumos innecesarios. Se pueden agrupar los equipos del puesto de trabajo en una regleta conectada y establecer una hora de apagado al terminar la jornada. Así, la desconexión deja de depender de acordarse de cada aparato por separado.

Esta medida resulta especialmente práctica cuando el teletrabajo mantiene varios dispositivos reunidos en una misma zona. Frente al enchufe destinado a un equipo concreto, la regleta permite organizar la desconexión del conjunto. La programación debe ajustarse al horario real de trabajo para que el ahorro en la factura de la luz no interfiera con el uso de los aparatos.

Programación por tramos horarios

Automatizar el consumo también permite trasladar ciertos usos a momentos económicamente más favorables. Sin embargo, antes de establecer horarios hay que revisar el contrato. La CNMC recuerda que el PVPC tiene precios que varían según el momento del día, mientras que en el mercado libre rigen las condiciones pactadas con la comercializadora.

La propuesta de PcComponentes consiste en utilizar un programador para activar la calefacción en las franjas elegidas. Conviene combinar ese planteamiento con la recomendación del IDAE de adaptar el encendido a la ocupación efectiva de la vivienda. No basta con buscar una hora de luz barata, también importa evitar calentar cuando nadie necesita ese calor.

Control térmico inteligente por zonas

Mantener todas las habitaciones a la misma temperatura no responde necesariamente al uso de la casa. Los termostatos y los cabezales inteligentes permiten regular la calefacción por estancias para evitar calentar igual una habitación ocupada y otra que permanece vacía.

Como referencia general, el IDAE recomienda ajustar el termostato a entre 20 y 21 grados cuando sea posible. Además, estima que cada grado adicional incrementa aproximadamente un 7% el consumo de calefacción. Ese porcentaje corresponde a la energía destinada a calentar la vivienda, no a una reducción garantizada del conjunto de la factura eléctrica.

Iluminación LED con sensores

El último consejo combina las bombillas LED con la detección de presencia. Aquí se señalan espacios como el pasillo o el baño, donde una luz puede quedarse encendida por un despiste. Los sensores permiten que la iluminación se active al pasar y se apague cuando deja de ser necesaria.

La automatización permite así vincular el encendido al uso efectivo del espacio, en lugar de depender exclusivamente del interruptor. La propuesta contempla también cambios de intensidad, de modo que la iluminación pueda adaptarse al paso de las personas y evitar que una estancia vacía permanezca iluminada innecesariamente.

El mapa de la jubilación anticipada en España vive un momento de profundos contrastes. Miles de personas con dolencias graves ven cumplida una demanda histórica tras la entrada en vigor del Real Decreto 632/2026, que amplía el catálogo de patologías para adelantar el retiro sin sufrir penalizaciones en la pensión. Esta medida permite a los trabajadores afectados por un deterioro físico abandonar el mercado laboral a partir de los 56 años conservando su prestación.

Sin embargo, este avance convive con una brusca parálisis legislativa en el resto del sistema. La convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre y la disolución de las Cortes han congelado otras dos reivindicaciones clave. Por un lado, la aplicación de coeficientes reductores para los conductores profesionales y, por otro, la eliminación de los recortes a las carreras de más de 40 años cotizados.

Requisitos y patologías para la jubilación anticipada por discapacidad

La reforma modifica el anexo del Real Decreto 1851/2009 e introduce importantes novedades para el acceso al retiro antes de la edad ordinaria. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones calcula que la norma beneficiará a cerca de 50.000 personas.

Para acogerse a este régimen y no ver minorada la cuantía final de la pensión, la Seguridad Social exige el cumplimiento de algunos criterios clave:

• Edad mínima de retiro. Se fijan los 56 años como regla general para el catálogo de patologías con discapacidad del 45%. En el supuesto general de discapacidad igual o superior al 65%, la normativa permite el retiro a partir de los 52 años.
• Grado de discapacidad acreditado. Tener reconocido un grado igual o superior al 45%, o alcanzar esa cifra por la suma de varias dolencias, siempre que una de las incluidas en el listado oficial represente al menos el 33% del total.
• Tiempo de cotización exigido. Acreditar un mínimo de 15 años de cotización a lo largo de la vida laboral. De ellos, al menos 5 años deben corresponder a un periodo en el que la persona haya trabajado estando afectada por la patología y con el grado de discapacidad del 45% reconocido.
• Nuevas patologías incorporadas. Entre las 11 dolencias sumadas destacan el párkinson, la espina bífida, la esclerosis sistémica, la enfermedad renal crónica (estadio G5), la lesión medular (traumática y no traumática) y patologías neurodegenerativas como la atrofia multisistémica, la degeneración corticobasal y la parálisis supranuclear progresiva.

La gran ventaja de este régimen radica en que el periodo durante el que se anticipa el retiro se computa como cotizado para determinar el porcentaje aplicable a la base reguladora. Se evita así que el adelanto penalice el cálculo de la prestación.

Enfermedades excluidas de la pensión y procedimiento de revisión

A pesar del evidente paso adelante que supone el decreto, la norma ha generado protestas entre diversas asociaciones de pacientes. Colectivos que agrupan a enfermos con artritis reumatoide, lupus o síndrome de fatiga crónica han criticado el informe desfavorable que los deja fuera del catálogo. Desde estas plataformas denuncian que miles de personas continúan acudiendo a sus puestos de trabajo con un severo deterioro físico al no poder acogerse a ningún mecanismo de retiro adaptado.

Frente a estas quejas, la Administración recuerda que la lista de patologías no es un documento cerrado. La regulación vigente contempla un mecanismo de actualización continua mediante la Orden ISM/444/2025. El catálogo funciona como una relación abierta a futuras incorporaciones conforme avance la evidencia médica.

Para ello, una Comisión Técnica permanente (encabezada por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social e integrada por especialistas del Instituto de Salud Carlos III, el Consejo Médico Forense, la Sociedad Española de Medicina Interna, el INSS, el IMSERSO y el Consejo Nacional de la Discapacidad), se encarga de analizar periódicamente las solicitudes presentadas por los colectivos afectados. Si los informes técnicos avalan la inclusión de una dolencia conforme a los criterios exigidos, podrá plantearse su incorporación en posteriores revisiones del Real Decreto.

Jubilación en el transporte por carretera y pensiones con 40 años cotizados

Todo esto ocurre en medio de una parálisis legislativa agravada por el adelanto electoral. El caso más tenso se vive en el transporte por carretera. El expediente impulsado por las patronales FENADISMER y CETM junto a los sindicatos para aplicar coeficientes reductores a conductores de camión y autobús permanece en vía muerta desde septiembre.

Pese a contar con los informes técnicos listos del INSST y la Inspección de Trabajo, la Seguridad Social ha frenado la Comisión de Evaluación, desatando críticas sindicales y la exigencia de partidos como ERC para que el Gobierno apruebe la medida vía decreto antes de las urnas.

En una situación similar se encuentra la demanda de quienes acumulan largas carreras de cotización. La proposición de ley para eliminar los coeficientes reductores a quienes suman 40 o más años cotizados ha caducado tras la disolución del Congreso. Aunque plataformas reclaman un Real Decreto Ley de urgencia a través de la Diputación Permanente, la viabilidad jurídica de modificar las pensiones por esta vía excepcional resulta muy improbable.

España afronta, por tanto, una realidad a dos velocidades. Se consolidan derechos clave para los trabajadores con discapacidad por enfermedades graves, mientras colectivos como los transportistas o los cotizantes de larga duración ven su retiro supeditado a la incertidumbre del nuevo mapa político.

La reforma de las leyes de dependencia y discapacidad entra en vigor este viernes, 23 de octubre, con nuevas prestaciones, menos burocracia y mayores garantías para las personas que necesitan apoyos y sus cuidadores.

La nueva regulación busca adaptar la atención a las necesidades de cada persona, reforzar los cuidados en el hogar y favorecer la autonomía personal. Según informa EFE, la norma también amplía los servicios de asistencia a domicilio, reconoce nuevos derechos para las personas con discapacidad y establece cambios en la financiación del sistema.

Reducción de esperas en la dependencia

Una de las principales novedades es que el plazo máximo para resolver el reconocimiento de la dependencia se reduce de seis a tres meses. Por otro lado, la reforma también elimina las incompatibilidades entre distintas prestaciones, lo que permitirá combinar ayudas cuando las circunstancias de la persona lo requieran.

En cuanto al servicio de ayuda a domicilio también hay novedades ya que se ampliará para incluir acompañamientos en actividades cotidianas, como acudir al médico o hacer la compra.

Otra de las medidas afecta a los cuidados en el entorno familiar. Las personas allegadas, como amigos o vecinos, podrán recibir la prestación económica si asumen estas tareas. Asimismo, se garantizan las cotizaciones a la Seguridad Social de las cuidadoras principales y se prevén medidas para asegurar la continuidad de los cuidados cuando estas enfermen o sean hospitalizadas.

Nuevos derechos para las personas con discapacidad

La reforma facilita el acceso al reconocimiento de la discapacidad para quienes tienen reconocida una situación de dependencia. Las personas con grado I podrán obtener automáticamente un 33 % de discapacidad, mientras que aquellas con grado II o III podrán ser reconocidas con un 65 %.

La accesibilidad universal también se reconoce como un derecho, de manera que las personas con discapacidad podrán reclamar condiciones de accesibilidad en servicios y edificios públicos. En las comunidades de vecinos, se facilita el acceso a las ayudas para realizar obras de adaptación y se reduce del 75 % al 70 % el porcentaje de financiación de la obra que debe asumir la comunidad.

Entre las novedades figura también la incorporación del facilitador procesal, un profesional que apoyará a las personas con discapacidad durante los procedimientos judiciales para evitar situaciones de indefensión. Además, la norma prohíbe la discriminación por discapacidad en los seguros y reconoce la atención temprana como un derecho para los menores de seis años con trastornos del desarrollo o riesgo de presentarlos.

Teleasistencia como derecho y más apoyo para vivir en casa

La nueva regulación pretende reforzar los cuidados fuera de los centros residenciales y facilitar que las personas dependientes puedan permanecer en sus hogares. Para ello, contempla el préstamo de productos de apoyo, como sillas de ruedas y andadores, y permite que los centros de día ofrezcan determinados servicios a personas que viven en sus domicilios, como el suministro de comidas.

La teleasistencia pasa a ser un derecho para todas las personas con dependencia reconocida y podrá incorporar dispositivos como pulseras geolocalizables para facilitar el seguimiento de los usuarios. También se amplía la asistencia personal para promover la autonomía, la vida independiente y la inclusión en la comunidad.

Por último, la reforma establece que la Administración General del Estado deberá asumir el 50 % de la inversión destinada al sistema de dependencia. Las comunidades autónomas tendrán que adaptar progresivamente sus recursos y procedimientos para aplicar las nuevas medidas.

Un mensaje que parece proceder de tu banco, una llamada de un supuesto empleado de seguridad o una web clonada pueden bastar para que un estafador acceda a tu cuenta y vacíe tus ahorros en cuestión de minutos. Los ciberengaños son cada vez más sofisticados. Los delincuentes imitan el diseño de las entidades, utilizan enlaces convincentes y, en algunos casos, consiguen que sus SMS aparezcan en el mismo hilo que los mensajes legítimos del banco.

Hasta ahora, muchas víctimas se encontraban con una segunda frustración. Tras descubrir el robo, la entidad se negaba a devolver el dinero alegando que el cliente había facilitado sus claves o confirmado la operación. Sin embargo, un fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del 15 de octubre de 2026, en el asunto C-70/25, ha reforzado la protección del consumidor y ha cambiado el orden de las cosas.

Cuándo debe devolverte el dinero

La normativa española de servicios de pago, contenida en el Real Decreto-ley 19/2018, obliga a la entidad a reembolsar de inmediato una operación no autorizada y, como máximo, al final del día hábil siguiente a aquel en que conoció la operación o se le comunicó. Esta regla traspone el artículo 73 de la directiva europea PSD2.

El TJUE ha precisado que una posible negligencia grave del cliente no es motivo suficiente para suspender ese reembolso. Si el banco cree que hubo fraude o culpa del usuario, deberá devolver el importe y reclamar después por las vías legales, aportando pruebas de esa negligencia.

La única excepción prevista es que la entidad tenga motivos razonables para sospechar un fraude cometido por el propio cliente. En ese caso, puede retrasar la devolución, pero debe comunicar formalmente esos motivos por escrito a la autoridad competente; una simple "investigación interna" no basta.

Qué cuenta como operación no autorizada

Que hayas introducido tu contraseña en una web falsa o hayas facilitado un código recibido por SMS no significa, por sí solo, que autorizaras la operación. La ley considera autorizada una operación cuando existe consentimiento real del titular; si ese consentimiento se obtiene mediante engaño, el pago puede considerarse no autorizado.

Además, el registro de que se utilizaron las credenciales correctas no libera al banco. La normativa establece que la entidad debe demostrar que el mensaje y la operación fue autenticada, registrada correctamente y que no estuvo afectada por un fallo técnico u otra deficiencia del servicio.

Qué hacer en las primeras horas

La rapidez es decisiva. En cuanto detectes cargos, transferencias o compras que no reconoces, llama de inmediato al teléfono de emergencias de tu banco y solicita el bloqueo de tarjetas, accesos digitales y operaciones. Cambia también las contraseñas comprometidas y, si sospechas un duplicado de SIM, contacta con tu operadora.

Después, conserva todas las pruebas. Entre ellos, mensajes, correos, capturas de pantalla, números de teléfono, extractos bancarios y justificantes de las operaciones. No borres nada del móvil y guarda el enlace fraudulento, si es posible.

Presenta una denuncia ante la Policía Nacional o la Guardia Civil y comunícalo al banco por escrito, pidiendo expresamente la devolución del importe como operación no autorizada. Este escrito debe identificar los movimientos fraudulentos, la fecha en que los detectaste y el hecho de que no diste tu consentimiento.

Si el banco se niega

Si la entidad rechaza la reclamación o no responde, puedes elevar el caso al Servicio de Reclamaciones del Banco de España. La reclamación al banco debe resolverse, como norma general, en un plazo máximo de 15 días hábiles, ampliable a un mes si la entidad lo justifica.

Ten en cuenta que el informe del Banco de España no es vinculante. La entidad puede no aceptarlo. Por eso, si el importe es relevante o el banco mantiene su negativa, la vía judicial puede ser necesaria. La sentencia europea puede invocarse en la reclamación y en un eventual proceso.

El mercado mayorista de la electricidad, administrado por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE), registra este jueves un precio medio de 155,63 euros/MWh. Este importe supone una subida del5,89% respecto al valor alcanzado durante la jornada anterior.

En cuanto a los hogares acogidos al Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), la tarifa eléctrica regulada registra hoy un coste medio de 207,74 euros/MWh. Esta cantidad incluye la actualización tarifaria, si bien podría experimentar nuevas subidas en los próximos días debido a la aplicación de los peajes de acceso y otros cargos regulados.

Qué se espera para los próximos meses de frío

Con la llegada de los meses fríos, el consumo eléctrico de los hogares suele aumentar debido al uso de la calefacción, los radiadores y otros sistemas para mantener una temperatura confortable en casa. Esta mayor demanda puede ejercer presión sobre el mercado eléctrico, aunque la evolución de los precios también dependerá de factores como la disponibilidad de energía renovable, el coste del gas y las condiciones meteorológicas.

Uno de los elementos que pueden influir en el precio de la electricidad durante los próximos meses es la temperatura. Las olas de frío pueden elevar las necesidades de calefacción y aumentar la demanda energética, mientras que los episodios de viento y lluvia pueden favorecer la producción eólica e hidráulica, respectivamente. Por este motivo, no es posible anticipar una subida continuada de la luz durante todo el invierno, ya que el mercado puede experimentar variaciones importantes de una jornada a otra.

Ante este escenario, los consumidores pueden adoptar algunas medidas para contener el gasto energético durante los meses más fríos. Ajustar la calefacción a una temperatura moderada, mejorar el aislamiento de puertas y ventanas y aprovechar las horas más económicas para utilizar los electrodomésticos puede ayudar a reducir el consumo. En el caso de los usuarios con tarifa regulada (PVPC), consultar los precios por franjas horarias también permite adaptar determinados usos domésticos a los periodos con electricidad más barata.

Cuándo es más barato y más caro el precio de la luz

Hora más barata: Una de las franjas más barata hoy es entre las 14:00 y las 15:00, aproximadamente 13,14 €/MWh para PVPC.

Hora más cara: La franja más elevada del día se encuentra entre las 19:00 y las 20:00, alcanzando hasta 367,99 €/MWh para la tarifación PVPC.

Precio de la luz (PVPC) por horas

• 00:00 - 01:00: 231,99 €/MWh
• 01:00 - 02:00: 224,68 €/MWh
• 02:00 - 03:00: 222,51 €/MWh
• 03:00 - 04:00: 222,87 €/MWh
• 04:00 - 05:00: 220,99 €/MWh
• 05:00 - 06:00: 220,34 €/MWh
• 06:00 - 07:00: 238,72 €/MWh
• 07:00 - 08:00: 279,21 €/MWh
• 08:00 - 09:00: 329,58 €/MWh
• 09:00 - 10:00: 280,78 €/MWh
• 10:00 - 11:00: 246,96 €/MWh
• 11:00 - 12:00: 155,78 €/MWh
• 12:00 - 13:00: 89,69 €/MWh
• 13:00 - 14:00: 83,70 €/MWh
• 14:00 - 15:00: 13,14 €/MWh
• 15:00 - 16:00: 13,45 €/MWh
• 16:00 - 17:00: 13,89 €/MWh
• 17:00 - 18:00: 49,76 €/MWh
• 18:00 - 19:00: 275,44 €/MWh
• 19:00 - 20:00: 367,99 €/MWh
• 20:00 - 21:00: 375,35 €/MWh
• 21:00 - 22:00: 342,15 €/MWh
• 22:00 - 23:00: 254,51 €/MWh
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María Dolores tiene 92 años y hace 14 permitió que su nieto Juan se instalara en una de sus viviendas, pero ahora desea que se marche porque, según cuenta, la relación con él le impide estar tranquila en el piso que ella ocupa dentro del mismo edificio.

La mujer sostiene que el joven pretende convertir el piso en un alojamiento turístico, una idea que rechaza porque preferiría tener cerca a una familia, sobre todo por las noches, cuando se queda sola en casa tras la partida de la persona que la ayuda por horas.

El conflicto ha llegado a la televisión después de que la abuela denunciara conductas que, según su relato, han deteriorado la convivencia, aunque Juan niega las acusaciones y afirma que es ella quien intenta perjudicarlo, de modo que ambos ofrecen versiones distintas de lo que sucede dentro del inmueble.

La convivencia en el mismo edificio

En un extracto emitido por 'Y ahora Sonsoles', de Antena 3, María Dolores explica que el joven ocupa el piso de arriba y que, cuando recibe a sus amigas, mira hacia la escalera porque cree que él la está grabando: "Me graba cuando salgo con mis amigas", dice antes de describir una ocasión en la que abrió la puerta y, según cuenta, lo vio detrás grabándola.

La mujer insiste en que quiere vivir sola y sin esa vigilancia que denuncia, "no me deja vivir", y señala que Juan podría instalarse en la casa de su madre o ir con su padre, que, según María Dolores, está enfermo y necesita ayuda para bañarse y realizar otras tareas.

María Dolores afirma que su nieto quiere hacer pisos turísticos, mientras que ella preferiría que se mudara una familia: "Yo por la noche me quedo sola", explica al hablar de la compañía que le gustaría tener cerca cuando termina la jornada de la mujer que la ayuda por horas.

Acusaciones cruzadas

La información publicada por Antena 3 recoge otras acusaciones de María Dolores contra Juan: asegura que ha causado daños en la casa que ocupa, que le ha robado y que ha intentado agredirla, e incluso sostiene que él trató de tirarla por las escaleras.

La información publicada no aclaran bajo qué acuerdo comenzó Juan a vivir en el piso, si se ha iniciado algún trámite para que lo deje ni si existe un proyecto de alojamiento turístico, una intención que solo aparece en el relato de María Dolores. Ella explica que preferiría ver instalada a una familia en la vivienda y pide a su nieto que se traslade con alguno de sus padres, en lugar de seguir viviendo en el piso que le dejó ocupar hace 14 años.

Juan rechaza las acusaciones y afirma, por su parte, que su abuela ha echado aceite en las escaleras y le ha roto ventanas para dificultar que siga viviendo allí, unas acciones que, según el relato del programa, María Dolores reconoce y justifica porque quiere que él se vaya: "Quiero que se vaya, no voy a esperar a que me eche".

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La mitad de la población cree que las personas pobres optan por depender de las ayudas sociales en lugar de buscar soluciones y cuatro de cada diez opinan que intentan aprovecharse de las ayudas públicas, según la primera encuesta sobre la aversión a la pobreza efectuada en España.

Los resultados de la encuesta, elaborada por AporoLAB, el Observatorio de Aporofobia del IQS (Universidad Ramon Llull), en colaboración con la Fundación "La Caixa", se han presentado este jueves en Barcelona en el marco de la 4ª Conferencia Internacional sobre Aporofobia, informa Efe.

Con una muestra de 6.000 entrevistas representativa de la población adulta española, el sondeo analiza diferentes aspectos de la aversión hacia las personas pobres, según ha informado IQS en un comunicado.

Entre los datos más destacados, se encuentra este 50,4% de los encuestados que cree que las personas pobres "se acomodan a su situación y dependen de las ayudas sociales en lugar de buscar soluciones".

Además, el 43% considera que intentan aprovecharse de las ayudas públicas y el 33,1% las ve como una carga para los servicios públicos.

Más rechazo de los jóvenes

Por franjas de edad, los más jóvenes son los que muestran más rechazo hacia las personas sin recursos económicos. Así, el 27,7 % de los que tienen entre 18 y 24 años se muestra favorable a cambiar de asiento si una persona sin hogar se sienta a su lado en el transporte público, frente al 8,6% de los mayores de 65 años. Además, el 21,1% ve bien impedir la entrada de una persona sin hogar en un bar, frente al 7,5% de los mayores.

Asimismo, el 23,1% de los jóvenes asocia a las personas pobres con las adicciones o la inferioridad moral, frente al 6,5 % de los mayores de 65 años.

Entre la población general, el 10,8% de las personas encuestadas relaciona la pobreza con la pereza o la falta de principios morales y el 10,2% asocia a las personas pobres con las adicciones o la inferioridad moral.

El codirector del observatorio AporoLAB, Mihály Tamás Borsi, ha destacado: "No podemos dar por hecho que las generaciones más jóvenes tengan menos prejuicios".

En esta línea, ha instado a reflexionar "sobre cómo se construyen estas percepciones y sobre la importancia de combatirlas desde la educación y la sensibilización".

La Conferencia Internacional sobre Aporofobia reúne entre hoy y mañana en Barcelona a investigadores y organizaciones sociales para abordar esta problemática.

Cómo combatir la pobreza

La encuesta (EINA 2026) también analiza a quién atribuyen las personas encuestadas la responsabilidad de combatir la pobreza y qué medidas consideran prioritarias.

La principal medida para luchar contra la pobreza es la creación de empleo (apoyan esta actuación el 59,1%), seguida de la mejora de la educación pública (16,5%), mientras que solo el 2,7 % considera prioritario llevar a cabo más acciones de caridad.

El 70,9% de los encuestados cree también que la responsabilidad principal de combatir la pobreza corresponde al Gobierno, las empresas, las ONG o la Iglesia, frente al 29, % que lo ve como una responsabilidad de toda la sociedad.

El Gobierno es el principal responsable de la pobreza para el 61,8% de las personas encuestadas.

Las 6.000 entrevistas sobre las que se basa el sondeo se realizaron de manera online entre mayo y agosto de 2026 en las 17 comunidades autónomas.

El Observatorio de la Aporofobia de IQS investiga la aporofobia partiendo del convencimiento de que no se limita a los delitos de odio ni al rechazo hacia las personas sin hogar, sino que también se manifiesta a través de prejuicios, actitudes y decisiones del día a día que influyen en el trato que reciben los más pobres.

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Empezó a trabajar con 16 años en su pueblo de Valladolid y hoy dirige su propia empresa de construcción. Gonzalo Flores Martín, albañil autónomo de 41 años, ha detallado cuánto ingresa cada mes y qué mensaje tiene para los jóvenes, en unas declaraciones que recogió originalmente El Español y que ha difundido en las últimas horas el medio argentino Todo Noticias.

Su historia arranca en Velascálvaro, un pequeño municipio vallisoletano, donde creció en lo que describe como una infancia de pueblo, jugando en la calle y siendo feliz. Su primer empleo fue en una máquina de patatas durante los veranos, y después pasó por una bodega, donde embotellaba vino. Mientras tanto, la albañilería se le fue cruzando en el camino: surgían encargos de fachadas y de enlucidos de yeso en viviendas.

Cuánto gana al mes este albañil autónomo y qué parte de sus ingresos destina a gastos e impuestos

Entre los 30 y los 38 años compaginó la bodega con trabajos de albañil y yesero, hasta que decidió dedicarse por completo a la construcción. En marzo de 2026 dio el paso definitivo y fundó su empresa. "Se cobra bien si trabajas, pero es una profesión dura", concreta.

Él mismo se define como un albañil autónomo que trabaja sobre todo en reformas pequeñas de viviendas, además de revestimientos de mortero monocapa y de yeso.

Sobre el dinero es directo. Asegura que ingresa entre 3.000 y 4.000 euros al mes y que sus gastos oscilan entre 800 y 1.000. Lo que más le pesa, dice, es la factura fiscal: cuando llega Hacienda, afirma, se queda con la mitad de lo que gana. Aun así, defiende que en el sector se cobra bien si se trabaja, aunque advierte de que es una profesión dura que exige constancia y esfuerzo. "El lío es cuando viene Hacienda y te quita la mitad de lo que ganas", expresa.

La advertencia de Gonzalo Flores a los jóvenes ante la falta de albañiles y el futuro del oficio

Su otra preocupación es el relevo generacional. Flores expresa que faltan profesionales y, si los jóvenes no se interesan por el oficio, la profesión corre el riesgo de desaparecer. Comenta que muchos veteranos del sector llevan tiempo alertando de la escasez de mano de obra.

Además, comenta que muchos veteranos del sector llevan tiempo alertando de la escasez de mano de obra. "Si trabajas, el futuro es bueno; si esperas a las ayudas, vas a malvivir", sostiene.

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Hay quien a los 101 años descansa y quien, tras la cosecha de la aceituna, se pone a limpiar las hojas del fruto. Pierina Canali es de las segundas. Vecina de Casperia, una localidad de la provincia italiana de Rieti, acaba de celebrar su cumpleaños número 101 con la cabeza despejada y ganas de seguir echando una mano en casa. Lo cuenta el diario romano Il Messaggero, que habló con ella por teléfono para felicitarla.

Pierina nació el 19 de octubre de 1925 y es la persona más longeva del municipio. Hace un año, el pueblo entero se volcó para festejar su centenario. Esta vez la celebración fue más íntima, pero no faltó una visita ilustre: el alcalde, Giancarlo Sileri, se acercó hasta su casa, en la pedanía de Santa Maria in Legarano, con un ramo de flores y las felicitaciones de la corporación municipal y de toda la comunidad.

Pierina Canali, la mujer de 101 años que sigue colaborando en las tareas domésticas tras la cosecha de aceitunas

"Me mantengo activa. Hago algo útil y pregunto si hace falta ayuda; de lo contrario, me aburro si estoy sin hacer nada", concreta.

Su rutina desmiente la idea de que a esa edad solo toca reposar. Sus hijos, Maurizio y Marisa, cuentan que sigue colaborando en las tareas domésticas: además de limpiar las hojas de las aceitunas recién recogidas, pela judías verdes y prepara ensaladas.

Ella lo explica de la forma más simple: pregunta si hace falta ayuda porque, si se queda sin hacer nada, se aburre. Además, para moverse por casa usa un andador y, cuando sale al campo, una silla de ruedas.

La memoria y el buen ánimo de la centenaria que se ha convertido en un referente para todo el municipio italiano

Lo que más sorprende es su memoria. Recuerda episodios históricos y anécdotas del pueblo, donde ha conocido a prácticamente todo el mundo a lo largo de más de un siglo, y conserva una letra muy cuidada. Lo demostró hace poco en el Ayuntamiento, al cambiar su viejo carné de identidad en papel, a punto de caducar, por el electrónico.

El alcalde la describe como una testigo valiosa de la historia local y guardiana de recuerdos y valores que, en sus palabras, son un patrimonio para toda la comunidad. Destacó también la agilidad de su mente y su ánimo. Pierina es viuda de Oscar Laureti, recordado como uno de los pioneros del emprendimiento en la zona. Junto a la tarta y las velas posaron sus hijos y sus nietos, Beatrice, Daniele y Roberto, en las fotografías que inmortalizaron la visita.

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León XIV pidió este jueves ayudar a los jóvenes a ser protagonistas de una nueva forma de estar en el mundo, al saludar en el Vaticano a los participantes del Congreso sobre Pastoral Escolar y Universitaria.

El Papa, que tras su operación en el pulmón ha retomado completamente su agenda, lamentó que existan tantos estudiantes con "dificultades existenciales" y "familias heridas, soledad digital y sentimientos de insuficiencia o miedo ante un futuro aparentemente incierto", informe Efe.

"Muchos caminan por los pasillos de nuestras escuelas y universidades, tal vez sintiéndose anónimos", dijo, y por ello instó a que las universidades "sean un ambiente acogedor".

"En un ambiente acogedor, los estudiantes pueden expresar su profundo deseo de comprender, de dar sentido a la realidad", dijo el pontífice.

Destacó que "muchos jóvenes hoy están paralizados por el miedo a cometer errores, a no estar a la altura, ser incomprendidos y no cumplir con las expectativas"

Porque, criticó, "vivimos en una cultura del rendimiento que constantemente compara y clasifica, a veces de forma despiadada. Una meritocracia mal entendida termina por faltar al respeto a las personas. Por eso muchos se rinden antes incluso de intentarlo".

Entonces instó a las instituciones a ayudar a los jóvenes a ser protagonistas de una nueva forma de habitar el mundo, constructores de fraternidad, de una sociedad más justa.

Y les animó a "un pacto de confianza: de la experiencia de alguien que cree en ti antes de que tú creas en ti mismo".

"Bajo la armadura que tantos adolescentes construyen para evitar el sufrimiento yace el deseo de amar y ser amados", añadió el pontífice estadounidense y peruano.

Pidió además evitar "a los falsos maestros" y a "los mensajes engañosos, que prometen respuestas rápidas a las preguntas de los jóvenes".

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La actividad económica española emitió 283,6 millones de toneladas de gases de efecto invernadero el año pasado, lo que supone un 1,5% más respecto a 2024. De esta cifra, la gran parte de las emisiones (un 23,1% del total) correspondió a los hogares, por delante de la Industria manufacturera (22,1%) y la agricultura, ganadería, selvicultura y pesca (15,3%).

La única rama de la economía que disminuyó sus emisiones fue la industria manufacturera (un 2,1%), mientras que la mayor subida se produjo en el suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado (9,2%). Por su parte, los hogares las incrementaron un 1,1%.

Son datos extraídos de una nueva publicación de la «Cuenta de emisiones a la atmósfera» elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que ayer fue dada a conocer. Este indicador registra las emisiones realizadas por las unidades económicas residentes, tanto en el territorio económico como fuera de él.

Entre los distintos gases de efecto invernadero los principales, por su nivel de emisiones en España, son el dióxido de carbono (CO2), el metano (CH4) y el óxido nitroso (N2O). Las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera crecieron un 1,7% el año pasado, las de metano un 0,4% y las de óxido nitroso un 1,5%.

Para elaborar su informe, el INE tiene en cuenta el CO2 equivalente, es decir, las emisiones de todos los gases son convertidos a su valor en ese gas equivalente multiplicando la masa de un determinado gas por su potencial de calentamiento global. La serie contable del INE comenzó en 2008 (año del inicio de aplicación práctica del primer periodo del Protocolo de Kioto), y desde entonces se ha producido una disminución del 32% en las emisiones.

Las mayores cantidades de CO2 en 2025 se liberaron en los hogares (63,4 millones de toneladas), la industria manufacturera (59,2 millones) y los servicios de transporte y almacenamiento (39,5 millones). Mientras tanto, la agricultura, la ganadería, la servicultura y la pesca acumularon las mayores emisiones de metano (61,3% del total) y óxido nitroso (55,2%).

Otros de los gases emitidos que causan también problemas en el medio ambiente son los acidificantes, los precursores del ozono troposférico y las partículas (polvo fino).

Los gases precursores del ozono troposférico disminuyeron un 0,6% en 2024 y las emisiones de partículas de diámetro aerodinámico inferior a 2,5 micras un 0,4%, señala el documento del INE.

Por su parte, los gases acidificantes –óxidos de azufre (SOx), óxidos de nitrógeno (NOx) y amoníaco (NH3) medidos en toneladas equivalentes de dióxido de azufre (tSO2e) en función de su grado de acidificación– aumentaron un 0,7%.

Las mayores emisiones de gases precursores del ozono correspondieron a la agricultura, ganadería, selvicultura y pesca (362,8 miles de toneladas de COVNM equivalentes), la industria manufacturera (362,2) y los hogares (297,0).

Por su parte, la agricultura, ganadería, selvicultura y pesca emitió las mayores cantidades de gases acidificantes (947,3 miles de tSO2e), seguida por la industria manufacturera (146,5).

Finalmente, el informe del INE concluye señalando que las mayores cantidades de emisiones de partículas de diámetro aerodinámico inferior a 2,5 micras (PM2,5) correspondieron a los hogares (36,9 miles de toneladas) y a la agricultura, ganadería, selvicultura y pesca (25,1 miles de toneladas).

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Morir en España no garantiza poder ser enterrado aquí. Así lo refleja la investigación Los datos cuentan otra historia, elaborada por la asociación Entierro Digno, que se ha presentado este jueves en Madrid y que pone cifras a las dificultades de muchas familias musulmanas para dar sepultura a sus seres queridos conforme a sus creencias religiosas. La entidad ha catalogado 44 espacios funerarios islámicos en todo el país, pero solo 14 cuentan con datos verificables sobre su capacidad. Maysoun Douas, portavoz de la organización, advierte de que alrededor de 8.000 municipios carecen de un cementerio islámico habilitado o de una parcela planificada. En otras palabras, solo dos de cada mil cementerios están habilitados para enterrar a una persona musulmana, pese a que los musulmanes representan en torno al 5% de la población española. A la falta de infraestructuras se suman la escasez de información pública sobre los espacios disponibles y las desigualdades territoriales en los costes que afrontan las familias, que pueden llegar a multiplicarse por seis según el lugar del entierro, de acuerdo con el estudio.

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Un padre quería dejar de pagar la pensión de alimentos a su hijo universitario. Como alternativa, pidió reducirla de 180 a 100 euros mensuales y limitarla al final de la carrera. La Audiencia Provincial de Córdoba rechazó el recurso y mantuvo la cantidad fijada por el juzgado.

El hombre sostenía que su economía había empeorado desde que dejó un empleo asalariado y empezó a trabajar como jardinero por cuenta propia. También decía que no mantenía relación con su hijo. La mayoría de edad del joven, nacido en 2006, era otra razón por la que consideraba excesiva la obligación.

En su apelación añadió que mantener los pagos hasta los 25 años "podría desincentivar la autonomía del joven". Los magistrados examinaron los ingresos que decía haber perdido y la trayectoria académica del hijo. Ni la alegada caída de ingresos ni los estudios justificaban la rebaja solicitada.

El litigio comenzó con una demanda presentada en noviembre de 2024 para extinguir la pensión establecida tras un divorcio de 2011. Según la sentencia consultada por Informativos Telecinco, el padre alegó que antes percibía unos 1.200 euros mensuales como asalariado y que su actividad como autónomo le reportaba ahora ingresos irregulares. Solicitó incluso que el pago terminase en tres meses como una de sus propuestas.

El juzgado estimó su petición solo en parte: en septiembre de 2025 fijó la ayuda en 180 euros al mes, con actualización anual conforme al IPC y hasta que el hijo cumpliera 25 años. Además, dispuso que los gastos extraordinarios se acordaran entre ambos progenitores y se pagaran por mitades.

Las cuentas del padre ante los jueces

El padre recurrió porque quería que la prestación quedara en 100 euros. Aportó declaraciones tributarias para defender que ganaba menos como autónomo, pero la Audiencia consideró que no había acreditado objetivamente esa disminución. Aceptar la autenticidad de unos documentos no obligaba al tribunal a dar por probada toda la interpretación económica del apelante.

La cantidad de 180 euros mensuales fue calificada por la Sala de "modesta". El tribunal valoró tanto las necesidades del joven como la capacidad del progenitor y mantuvo la pensión de alimentos. El cambio a un trabajo por cuenta propia no bastó, por sí mismo, para demostrar que el padre no pudiera abonarla.

La obligación de prestar alimentos entre parientes abarca necesidades que van más allá de la comida. En este procedimiento, los magistrados examinaron la continuidad de la formación del hijo: terminó Bachillerato con buenas notas en 2024 y después se matriculó en Ingeniería Eléctrica.

Estudiar después de los 18

El padre quería vincular el pago al fin de los estudios universitarios, que situaba en torno a los 22 años. La Audiencia recordó que cumplir 18 años no extingue automáticamente la pensión y que terminar un grado tampoco significa, siempre y de inmediato, disponer de independencia económica.

En este caso, el expediente mostraba que el joven seguía formándose y había aprobado Bachillerato con buenos resultados. La Sala consideró que el esfuerzo académico estaba acreditado y que los 180 euros mensuales no representaban una suma capaz de desincentivar por sí sola su autonomía.

La Audiencia desestimó el recurso e impuso al padre las costas de la apelación. Se mantiene así el límite de los 25 años fijado en la instancia y el reparto de gastos extraordinarios. La resolución aún podía ser recurrida en casación, según la información publicada sobre el fallo.

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La mayoría de las víctimas jóvenes de violencia sexual facilitada por drogas en contextos de fiesta y ocio nocturno no comunica lo ocurrido a profesionales sanitarios, psicólogos o autoridades. Aunque el 78,2% comparte la agresión con su entorno más cercano, solo el 4,3% recurre a algún servicio sanitario, psicológico, policial o judicial, según una investigación del Observatorio Universitario de Violencia Sexual Facilitada por Drogas.

El estudio se basa en 1.601 entrevistas a jóvenes de entre 18 y 35 años residentes en España. De ellos, 583, el 36,4%, declararon haber sufrido violencia sexual facilitada por el consumo de drogas.

De acuerdo con los resultados, apenas el 1,9% de las víctimas informó de lo sucedido a las autoridades policiales o judiciales. Los investigadores también observaron diferencias importantes en función de cómo se produjo la sumisión química.

La agresión que menos se comunica

Cuando el agresor administra sustancias a la víctima de forma encubierta o forzada, un tipo de violencia conocido como sumisión química proactiva, el 34,2% de las víctimas comunica la agresión a las instituciones policiales y judiciales.

Sin embargo, la proporción cae hasta el 1,4% cuando el agresor se aprovecha del consumo voluntario de alcohol por parte de la víctima, una modalidad denominada sumisión química oportunista. Los investigadores señalan que este tipo de violencia sexual es especialmente difícil de visibilizar.

La gravedad de la agresión también influye en la comunicación de lo sucedido. Las víctimas de las agresiones más invasivas compartieron lo ocurrido con su entorno cercano en menor medida que quienes sufrieron episodios menos invasivos: un 65,4%, frente al 81%. En cambio, la comunicación a las autoridades fue mayor en los casos más graves, con un 13,5%, frente al 2,3%.

Diferencias entre mujeres y hombres

El estudio también detecta diferencias por sexo. Las mujeres compartieron la agresión con su entorno social más cercano con mayor frecuencia que los hombres, con porcentajes del 82,6% y el 71,2%, respectivamente.

No obstante, su comunicación a las instituciones fue menor: el 3,7% de las mujeres trasladó lo ocurrido, frente al 5,4% de los hombres.

Las barreras que dificultan pedir ayuda

La investigación, publicada en la revista Frontiers in Public Health y en la que participan la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y la Universidad de Alcalá (UAH), identifica varios obstáculos que pueden dificultar que las víctimas reconozcan la agresión, la comuniquen y busquen ayuda.

Entre ellos figuran los mitos sobre la sumisión química, los problemas de memoria que pueden provocar las sustancias, la falta de lesiones físicas visibles y los estereotipos sexistas que contribuyen a culpabilizar a las víctimas.

Pablo Prego, investigador del Departamento de Salud Pública de la UCM, advierte de que la combinación de estos factores puede contribuir a que las agresiones sexuales oportunistas permanezcan especialmente invisibilizadas.

Por ello, el investigador insiste en la importancia de evitar cualquier juicio o cuestionamiento hacia las víctimas y de favorecer entornos de comprensión, apoyo y confianza que faciliten la comunicación de lo sucedido y la búsqueda de asistencia.