El Ministerio de Cultura conmemora el sábado, 24 de octubre, el Día de las Bibliotecas 2026, con el que se promueven distintas iniciativas en todo el territorio con el objetivo de implicar tanto a los usuarios de las bibliotecas de cualquier tipología como a sus profesionales.

El lema de este año, 'Sin profesionales no hay bibliotecas', pone en el centro a las personas que hacen posible que las bibliotecas sean mucho más que un conjunto de recursos y espacios.

Así, el Día de las Bibliotecas 2026 pone el foco en la diversidad del trabajo que realiza su personal: selección y organización de sus colecciones, preservación del patrimonio, facilitación del acceso a la información, fomento de la lectura, acompañamiento en el aprendizaje y creación y organización de actividades y servicios para responder a las necesidades de sus usuarios y usuarias.

Con el fin de visibilizar y poner en valor la profesión bibliotecaria, el Ministerio de Cultura ha realizado una serie de vídeos divulgativos que muestran al público la diversidad y riqueza del trabajo que se lleva a cabo en los distintos tipos de bibliotecas.

A lo largo de este mes de octubre, en el canal de YouTube del Ministerio de Cultura, así como en las redes sociales del ministerio y de la Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura, se están publicando estos vídeos que profundizan en el trabajo realizado en bibliotecas públicas, universitarias, especializadas, científicas y en la propia Biblioteca Nacional de España.

Adicionalmente, el Ministerio de Cultura, en colaboración con SEDIC, ha convocado 300 plazas gratuitas para el webinar online '¡Pasa a la acción! Guía práctica de advocacy para profesionales de bibliotecas', dirigido a bibliotecarios y centrada en la defensa aplicada a este sector.

Red de bibliotecas públicas del Estado

En el portal web del Día de las Bibliotecas 2026 se puede consultar un listado actualizado de las actividades programadas por la Red de 53 Bibliotecas Públicas del Estado con motivo del Día de las Bibliotecas. Entre otras, en la Biblioteca Pública del Estado en Cádiz - Biblioteca Provincial de Cádiz, donde se han organizado visitas teatralizadas bajo el título 'Descubre tu biblioteca', o en la Biblioteca Pública del Estado en Huesca, donde se imparten talleres sobre cómic y se recogen carteles históricos del Día de las Bibliotecas en una muestra virtual.

Por su parte, en los Museos Estatales también se han organizado actividades en sus bibliotecas dirigidas a diferentes públicos. Por ejemplo, el Museo Arqueológico Nacional propone visitas guiadas bajo el título 'Los orígenes de la imprenta madrileña en la Biblioteca del MAN' y la biblioteca del Museo Casa Cervantes en Valladolid organiza el taller infantil 'Tras las pistas del oro', dirigido por la artista Dora García.

El diseño del cartel de este año, disponible en todas las lenguas del Estado, ha sido obra de la ilustradora Carmen Segovia. Mientras que, para el video conmemorativo, el Ministerio de Cultura ha contado con la colaboración de la escritora Irene Vallejo, autora de El infinito en un junco, Premio Nacional de Ensayo en 2020, obra que presta especial atención a las bibliotecas como baluartes de la cultura y el conocimiento y a sus profesionales como guardianes de la memoria.

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres de 29 y 41 años acusados de dos robos con fuerza y dos allanamientos de morada con hurto cometidos entre septiembre y octubre en apartamentos de la calle Rumanía y un campin de Benidorm (Alicante).

Presuntamente sustrajeron joyas, cuyo valor podría rondar los 10.000 euros, además de dos móviles, una tableta electrónica y dinero. Según han señalado fuentes policiales, uno de los presuntos autores, el de 29 años, fue arrestado el pasado 15 de octubre, mientras que el segundo, el de 41, aunque en un primer momento no pudo ser localizado, fue detenido este miércoles.

El primero de los hechos investigados ocurrió el 26 de septiembre en un domicilio de la citada calle, donde presuntamente cometieron un robo con fuerza al sustraer "bastantes" joyas, según la víctima, por un valor que podría rondar los 10.000 euros.

Con el inquilino dentro

Asimismo, el 9 de octubre al parecer robaron un móvil y la tableta, también en un apartamento de esa calle, al que supuestamente accedieron mientras el morador de la vivienda estaba durmiendo la siesta, han apuntado las mismas fuentes.

Por otro lado, el tercer suceso se produjo a la jornada siguiente, es decir, el día 10 de ese mes, cuando presuntamente entraron a otro domicilio de la calle Rumanía, aunque el denunciante no echó nada en falta.

Finalmente, el cuarto y último de los hechos investigados ocurrió en el camping el 11 de octubre, momento en el que supuestamente fue robada una bandolera con una cartera, donde había otro móvil y 80 euros, han detallado desde el cuerpo de seguridad.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Huelva ha condenado a dos hombres a penas de hasta cinco años y medio de prisión por secuestrar a un conocido en Cortegana, maniatarlo con bridas y mantenerlo encerrado durante toda una noche en una finca de Galaroza para reclamarle deudas relacionadas con el tráfico de drogas. El tribunal ha absuelto a otros tres procesados al no considerar acreditada su participación en los hechos.

Según recoge la sentencia, consultada por Europa Press, ambos acusados han sido condenados a dos años y medio de prisión por un delito de detención ilegal. A uno de ellos se le añaden tres años de cárcel por los delitos de robo con intimidación y estafa, mientras que el otro deberá pagar una multa de dos meses por un delito leve de maltrato de obra y ha sido absuelto de las acusaciones de robo y estafa.

Los hechos ocurrieron la noche del 25 de octubre de 2023, cuando los dos condenados localizaron a la víctima en Cortegana y la acompañaron hasta su domicilio. Una vez allí, y debido a las deudas que había acumulado por negocios ilícitos relacionados con el suministro y la venta al menudeo de drogas, le taparon los ojos con un chaleco, le ataron con bridas y le introdujeron por la fuerza en un vehículo.

A continuación, lo trasladaron a una finca alquilada a las afueras de Galaroza, donde permaneció encerrado en una habitación durante toda la noche, atado de pies y manos, mientras sus captores le exigían la devolución del dinero. Al día siguiente, lo desataron y lo llevaron de vuelta en el mismo automóvil hasta el municipio.

Días después, uno de los condenados acudió al domicilio en el que se alojaba la víctima, en Galaroza, armado con una barra de hierro con la que comenzó a golpearla. El agredido consiguió escapar y refugiarse en una sucursal bancaria. Desde allí, la Guardia Civil acudió en su auxilio tras recibir un aviso sobre la presencia de un hombre alterado y con marcas de golpes en el cuerpo.

Amenazas y varias transferencias bancarias

A finales de octubre de 2023, el segundo condenado volvió a abordar a la víctima en Cortegana, acompañado de otra persona que no ha sido identificada. Bajo amenazas de matarlo y de hacer daño a su hijo, ambos le obligaron a entregar su teléfono móvil, su tarjeta bancaria, el DNI y las claves de acceso a sus cuentas.

Con esta información, el acusado realizó varias transferencias mediante Bizum por un importe total de 863,60 euros a la cuenta de un familiar. Ese mismo día, acudió a dos oficinas bancarias de Huelva capital para retirar en efectivo el dinero sustraído.

En los fundamentos jurídicos, la Audiencia destaca la "plena validez" de la declaración de la víctima, cuyo relato considera respaldado por los testimonios de testigos presenciales y de los agentes de la Guardia Civil que intervinieron en el caso.

La sala ha aplicado una atenuante por la liberación de la víctima dentro de los tres primeros días, aunque ha fijado las penas en la parte superior de la horquilla correspondiente por la violencia ejercida y el hecho de mantenerla atada durante toda la noche.

Por el contrario, el tribunal ha rechazado la atenuante de drogadicción solicitada por la defensa de uno de los acusados. La sentencia señala que "el mero consumo o adicción a sustancias estupefacientes no exime ni atenúa la responsabilidad criminal", si no se acredita documental y clínicamente que, en el momento de cometer los delitos, existía una alteración o un deterioro grave de las capacidades intelectivas y volitivas.

En cuanto a los otros tres procesados, para quienes la Fiscalía solicitaba penas como cómplices o coautores de los delitos de estafa y robo, la Audiencia ha dictado una sentencia absolutoria al concluir que "no existe prueba alguna" que demuestre su participación en los hechos ni que conocieran el origen ilícito del dinero transferido.

En concepto de responsabilidad civil, el condenado por robo y estafa deberá indemnizar a la víctima con 863,60 euros por el dinero sustraído, además de abonar el valor de los objetos y dispositivos personales retenidos que no hayan sido recuperados, cuya cuantía se determinará durante la ejecución de la sentencia. Contra el fallo cabe interponer recurso de apelación.

Este jueves la Asamblea de Madrid ha aprobado la Ley de Defensa del contribuyente y la Ley para la Ordenación del Turismo. Ambas normas han salido adelante con los votos favorables del Partido Popular y de Vox, pese al rechazo de Más Madrid y el PSOE-M. La primera de estas leyes busca reforzar la seguridad jurídica de los ciudadanos ante la Administración. Mientras que la segunda modificará el texto actual sobre turismo de 1999 para contemplar las nuevas modalidades de alojamiento como las hosterías (hostels), las áreas de acogida y pernocta para autocaravanas, vehículos cámper y similares.

La regulación para la Defensa del Contribuyente será de aplicación exclusiva a los tributos cedidos por el Estado cuya gestión corresponde a la Comunidad de Madrid. Entre ellos se encuentran el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP y AJD), el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, el Impuesto sobre el Patrimonio y los Tributos sobre el Juego. La ley busca incorporar el principio de buena administración como criterio inspirador de la actuación de la Administración tributaria regional, con el fin de garantizar una protección efectiva de los derechos de los contribuyentes.

Para ello, establece un modelo de asistencia basado en la confidencialidad, la gratuidad de los servicios y una asistencia adaptada a las circunstancias y necesidades de cada ciudadano. Asimismo, se creará la Oficina de Defensa del Contribuyente. Este órgano sustituirá al anterior para dotar al sistema de una mayor robustez técnica, según han explicado desde el Ejecutivo autonómico. Además, este recurso se encargará de tramitar de manera ágil las quejas o sugerencias referidas a demoras indebidas, incidencias electrónicas o deficiencias. Junto a estas novedades, se pondrá en marcha la carpeta tributaria que permitirá un acceso a la información ágil, comprensible con un lenguaje más claro.

Para defender la ley ha intervenido la diputada del PP Ainhoa García Jabonero, quien ha subrayado que el objetivo de esta norma es "garantizar los derechos" y el "respeto" a los ciudadanos. "Respeto a su esfuerzo, a su trabajo, a su dinero y también a su tiempo. Pero también respeto a las instituciones, a las reglas del juego y a nuestro trabajo", ha recalcado. La diputada 'popular' ha explicado que se trata de una ley "clara, sencilla y útil" que trata de actualizar la manera de atender al contribuyente. Se quiere que los madrileños tengan más facilidades para cumplir con sus obligaciones tributarias, que reciban una información clara, que sepan dónde tienen que acudir cuando tienen una duda y obtengan una respuesta cuando necesiten ayuda.

En el caso de Vox, Ana Cuartero ha afirmado que es "más necesario que nunca" defender al contribuyente en toda España ante "las garras de un Gobierno depredador que no ha dudado en lucrarse" a costa del "dinero de todos los españoles". La parlamentaria ha defendido que esta norma debería ser "más ambiciosa" en la defensa del contribuyente y que sumase a ella una "reducción de impuestos" enfocada en aliviar la carga fiscal de las familias, así como un énfasis en desregulación.

El PSOE ha defendido, de la mano de Agustín Vinagre, que en la ley no se incluyen "buena parte de las garantías" de las que hace gala el Gobierno regional. "No estamos en contra de defender al contribuyente, sino precisamente creemos que merece una defensa bastante más seria", ha planteado. Aun así, ha puesto en valor que se llegara a acuerdo con el PP para advertir al ciudadano de que una queja no suspende los plazos de recurso y otro para fijar un plazo máximo de respuesta a las sugerencias; pero ha insistido en que el PP plantea la defensa del contribuyente únicamente a través de "mirar cuánto paga" sin atender a "qué recibe y quién se beneficia de las decisiones fiscales".

También ha sido crítico con la norma el diputado de Más Madrid Gumersindo Ruiz Rosales, quien ha afirmado que es un ejercicio de "redundancia legislativa" que se limita a agrupar derechos que ya están plenamente reconocidos en la Ley General Tributaria y en la Ley del Procedimiento Administrativo Común. "Cuando una ley no añade nuevos derechos sustantivos a la nueva Oficina de Defensa del Contribuyente no se le asigna un solo euro de presupuesto adicional, no incorpora ni un funcionario de refuerzo y no se la dota de independencia real, por más que la vendan con grandes titulares, estamos ante una simple campaña de propaganda", ha zanjado.

Ley de Turismo

La Ley para la Ordenación del Turismo actualiza la normativa de 1999 para incluir nuevas modalidades de alojamiento como las hosterías (hostels) y las áreas de acogida y pernocta para autocaravanas, vehículos cámper y similares. Entre los cambios que se introducen, se establece la necesidad de que los servicios turísticos cuenten con seguros y otras coberturas. Por otro lado, esta ley plasma el principio de libertad de precios y actualiza la regulación sobre la permanencia en los alojamientos, información que deberá estar a disposición de todos los interesados. La regulación también adecúa el régimen sancionador para adaptarlo al marco normativo actual.

Para defender la ley ha intervenido la diputada del PP Isabel Vega, quien ha explicado que su objetivo era "mejorar una ley y actualizarla al Madrid de hoy" frente al modelo que propone la izquierda del Madrid "en blanco y negro". "Antes éramos una ciudad de paso, no había plataformas, se reservaba de otra manera y hoy somos un destino internacional de referencia con cultura, gastronomía, patrimonio, naturaleza y grandes acontecimientos durante todo el año. Y no hemos llegado aquí por casualidad. Detrás hay trabajo de empresas, de profesionales de nuestros municipios y de decisiones valientes del Gobierno regional", ha reivindicado.

Por su parte, la diputada del PSOE Raquel Barahona considera que esta ley sigue sin garantizar "unos mínimos" y ha defendido que, aunque el turismo genera riqueza, también genera "necesidades", como limpieza o la protección del comercio y ha puesto el foco en hacer compatible el éxito del turismo con los vecinos. "Nos parece imprescindible que una parte de la riqueza que genera el turismo contribuya a los lugares que lo hacen posible", ha reivindicado, a la vez que ha afirmado que se puede "presumir" de hoteles de cinco estrellas en los que los trabajadores pueden asumir unas "condiciones penosas".

De su lado, la parlamentaria de Más Madrid Alicia Torija ha cargado contra anuncios que "nadie comprueba", alojamientos que "nadie inspecciona" y viviendas que están "al margen de la normativa", además de poner el foco en los problemas de vivienda que hay en la región. En concreto, ha puesto el foco en las viviendas de uso turístico y se ha preguntado "cuántos vecinos tienen que marcharse de sus casas" para que comprendan que el turismo "también tiene que ver con la vivienda. "No me digan que es problema del Ayuntamiento, la Comunidad tiene competencias y tiene instrumentos para intervenir", ha enfatizado.

Por último, el parlamentario de Vox Jorge Cutillas valora positivamente la actualización de esta ley y ve necesario que no se pongan "obstáculos innecesarios" a la actividad económica sino que se establezcan "reglas claras y que garantice la competencia leal". "Reconocemos los avances que incorpora el proyecto en materia de modalidades de alojamiento, derechos de los usuarios, obligaciones de las empresas y régimen sancionador", ha señalado, además de defender que su posición se articula en base a la protección de la propiedad privada, lucha contra la ilegalidad y responsabilidad de los poderes públicos.

La Parroquia Nuestra Señora de la Asunción, situada en la localidad madrileña Parla, ha interpuesto una denuncia por el robo de un sagrario que habría sido sustraído durante el desarrollo de la catequesis celebrada este miércoles. Así lo han confirmado fuentes de la Diócesis de Getafe, que han explicado que la desaparición se ha producido entre los dos turnos de esa catequesis, cuando varias personas se encontraban en las dependencias, aunque ninguna ha advertido el robo. La parroquia espera poder recuperar tanto la pieza como su contenido.

El sagrario en cuestión contenía "un copón" con las formas consagradas y otra de mayor tamaño destinada a la adoración nocturna que la comunidad celebra cada tercer viernes de mes. El párroco, Orlando Mateos, ha recorrido los alrededores para tratar de localizarlo, incluidos contenedores de basura y solares vacíos de la zona antigua de Parla, sin suerte. "Cuando han llegado los del segundo turno a hacer la oración, el sagrario ya había desaparecido, pero es que nadie ha visto nada, nadie sabe nada", ha lamentado.

Mateos ha apuntado a una posible relación con Halloween, que se celebra el 31 de octubre, aunque ha reconocido que no existe confirmación al respecto. La proximidad de esa fecha "hace pensar que pueda tener algo que ver con lo satánico", ha señalado. El sacerdote ha expresado la conmoción de la comunidad parroquial por lo ocurrido. "Estamos aquí así un poco como en shock", ha reconocido Mateos.

El centro parroquial donde se ha producido el robo se encuentra a unos 150 metros del templo. En el momento de la desaparición estaban presentes catequistas, madres de niños que acudían a la formación y el vicario parroquial, Andrés Klonowski, que estaba en el despacho. Ninguno ha podido aportar información sobre lo sucedido y la Policía ya investiga el caso.

La Mezquita-Catedral de Córdoba se ha convertido en el primer monumento español declarado Patrimonio de la Humanidad en obtener la certificación internacional Zero Waste, que reconoce la implantación de un sistema de gestión de residuos centrado en su reducción, reutilización y reciclaje.

Según ha informado el Cabildo Catedral en un comunicado, la distinción, concedida por OCA Instituto de Certificación, sitúa al monumento como "referente en la aplicación de criterios de sostenibilidad ambiental a la gestión del patrimonio histórico". La institución ha obtenido la categoría Oro tras superar una auditoría externa que acredita una tasa de reciclaje real del 87,3%.

La iniciativa comenzó a desarrollarse en 2025 y ha contado con la colaboración de Global Zero Waste, Innoune Group y OCA Global. Durante este periodo, se han implantado nuevos procedimientos para controlar y realizar un seguimiento de los residuos generados por la actividad de la Mezquita-Catedral. El reconocimiento supone, según el Cabildo, "un importante avance en el compromiso" con la economía circular y el uso responsable de los recursos.

El deán del Cabildo Catedral, Joaquín Alberto Nieva, ha destacado que "esta certificación representa un reconocimiento al esfuerzo que venimos realizando para hacer compatible la conservación de un patrimonio excepcional con una gestión cada vez más eficiente y respetuosa con el medio ambiente". Asimismo, ha subrayado que ser pioneros en España entre los monumentos Patrimonio de la Humanidad constituye "una responsabilidad que nos anima a seguir mejorando".

Tres certificaciones internacionales

La certificación Zero Waste se suma a las normas ISO 9001 e ISO 14001, obtenidas por el Cabildo el pasado mes de junio. Estos sellos acreditan, respectivamente, sus sistemas de gestión de la calidad y del medio ambiente, y abarcan las principales actividades del monumento, desde el mantenimiento y la conservación de sus instalaciones hasta la organización del culto, las visitas turísticas y la atención al público.

La ISO 9001 reconoce la implantación de un sistema orientado a garantizar la calidad de los procesos y servicios, así como su evaluación y mejora continua. Por su parte, la ISO 14001 acredita la existencia de un modelo de gestión ambiental que permite identificar y controlar el impacto de la actividad y fomentar un uso responsable de los recursos.

El deán ha destacado que estos reconocimientos refuerzan la apuesta de la institución por la transparencia y la colaboración con la sociedad cordobesa. "Queremos que los ciudadanos conozcan cómo gestionamos la Mezquita-Catedral, qué medidas adoptamos para conservarla y cuáles son los resultados de nuestra actividad. La transparencia, la calidad y la mejora continua son pilares fundamentales de nuestro trabajo", ha señalado.

"Nuestra responsabilidad es cuidar y transmitir este patrimonio a las generaciones futuras en las mejores condiciones posibles. Y queremos hacerlo con rigor, profesionalidad y de la mano de Córdoba, porque la Mezquita-Catedral es una parte esencial de la identidad de nuestra ciudad", ha concluido Nieva.

Contemporary Star Energy (CSE), la 'joint venture' de Stellantis y CATL que construye la gigafactoría de baterías de Figueruelas (Zaragoza), avanza en la formación de su primer grupo de profesionales en las instalaciones de CATL en Xiamen (China).

Los equipos de producción y mantenimiento, contratados localmente, realizan ya la formación práctica en las líneas de fabricación de celdas y módulos de batería, junto a profesionales de CATL, han informado desde CSE.

El programa, anunciado el pasado 3 de septiembre, permite adquirir experiencia en un entorno de producción a escala industrial como preparación para la futura actividad de la gigafactoría de Figueruelas. Tras una primera etapa de familiarización con el programa, las instalaciones y los equipos que los acompañan, los profesionales de CSE han comenzado el aprendizaje práctico en las líneas.

La fabricación de celdas de fosfato de hierro y litio (LFP) requiere conocimientos especializados en procesos como la fabricación de electrodos, el ensamblaje y la formación de las celdas. La estancia en las instalaciones de CATL permite a los participantes conocer estos procesos de primera mano y desarrollar las competencias necesarias para sus futuras funciones.

A su regreso a Figueruelas, estos profesionales compartirán la experiencia adquirida y formarán a los siguientes profesionales que se incorporen a CSE mediante contratación local. Esta transferencia de conocimiento contribuirá a desarrollar en Aragón el talento y las capacidades industriales necesarios para operar en la gigafactoría.

El programa forma parte del plan de contratación y formación por fases de la compañía, que se puso en marcha el 9 de julio de 2025, con la creación de la sociedad conjunta, y que se encuentra en su segunda fase. Las siguientes etapas se desarrollarán de manera gradual, conforme avance el proyecto y sus necesidades de incorporación de profesionales.

La estancia incluye también actividades culturales compartidas entre los equipos de CSE y CATL para estrechar las relaciones entre compañeros y fortalecer la colaboración.

La gigafactoría de Figueruelas, con una inversión prevista de 4.100 millones de euros y una capacidad de producción de hasta 50 GWh, contribuirá al fortalecimiento de la cadena de valor europea de las baterías para vehículos eléctricos y al desarrollo de un ecosistema industrial competitivo en Aragón. La plantilla prevista a plena producción es de cerca de 4.000 personas.

Pacientes inconscientes de la UCI pudieron aumentar y disminuir la frecuencia de un pitido con la mente, mediante electrodos de electroencefalograma (EEG) no invasivos que registraron y tradujeron sus ondas cerebrales. Así lo demuestra un nuevo estudio de la Universidad de Columbia (Estados Unidos), publicado en "Brain", que abre la puerta a interfaces cerebro-computadora no invasivas que podrían permitir a pacientes aparentemente en coma, con conciencia oculta, comunicarse con médicos y familiares.

"Las investigaciones realizadas en la última década por nosotros y otros han demostrado que muchos pacientes con lesión cerebral aguda que parecen estar en coma en realidad conservan cierto grado de conciencia, aunque no puedan hablar ni mover las manos o los ojos para comunicarse", comenta Jan Claassen, profesor de neurología en el Colegio de Médicos y Cirujanos Vagelos de la Universidad de Columbia, quien dirigió el estudio recogido por EP.

"Nuestra interfaz cerebro-computadora es solo un primer paso, pero demuestra que, en principio, esperamos poder dar voz a algunos de estos pacientes en el futuro", señala Claassen, quien también es director médico de la unidad de cuidados neurocríticos del NewYork-Presbyterian/Columbia University Irving Medical Center. Él ha sido uno de los pioneros en el reconocimiento de la conciencia oculta en pacientes con daño cerebral que se encuentran en un estado similar al coma y no pueden responder a preguntas o directivas de los médicos o sus familiares.

En 2019, su equipo utilizó tecnología EEG estándar e inteligencia artificial para analizar las ondas cerebrales de pacientes inconscientes con daño cerebral y detectó signos de consciencia oculta en el 15% de los pacientes. Esta cifra conmocionó al campo de los cuidados intensivos, que hasta entonces solo había documentado el fenómeno en unos pocos casos.

Aunque estos pacientes no respondían a las órdenes de sus médicos (parpadear, cerrar el puño o mover los dedos de los pies), el análisis de los registros de EEG mostró que intentaban obedecer, pero eran incapaces de mover los músculos.

El equipo de Claassen halló posteriormente evidencia de que esta disociación entre las funciones cognitivas y motoras se debe a una interrupción en la comunicación entre las regiones cerebrales responsables de la cognición superior y las regiones que controlan el movimiento muscular.

En los estudios de Claassen, los pacientes con disociación cognitivo-motora (DCM) tienen más probabilidades de recuperar la consciencia y una cantidad significativa de funcionamiento en la vida diaria. Si bien las técnicas para identificar la DCM aún no están disponibles fuera de los estudios de investigación, podrían ayudar a los médicos en el futuro a identificar a los pacientes con mayores probabilidades de recuperación.

"Hemos demostrado que la detección de la conciencia oculta tiene un enorme potencial para orientar la atención al paciente", cuenta Claassen. Si los pacientes inconscientes poseen consciencia latente, podría desarrollarse tecnología que les permita comunicar necesidades básicas o expresar sus deseos. En los últimos años, los científicos han desarrollado tecnología de interfaz cerebro-computadora para ayudar a pacientes con parálisis por lesiones medulares a controlar dispositivos de movilidad.

Esta técnica también ha demostrado facilitar la comunicación con pacientes que padecen enfermedades neurodegenerativas que afectan el movimiento y el habla, como la esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Dichas tecnologías implican la implantación de un chip informático en la superficie del cerebro para traducir los pensamientos del paciente en señales de comando.

¿En qué consiste el estudio?

Pero para un paciente hospitalizado que no responde y que sufre una lesión cerebral aguda grave, este enfoque no es el ideal. En cambio, el equipo de Claassen conectó cables de EEG a las cabezas de los pacientes (una parte rutinaria de la monitorización de pacientes con daño cerebral) y entrenó a los pacientes para controlar la computadora utilizando estas ondas de EEG.

Con este sistema, los investigadores diseñaron un reto sencillo para los pacientes: se reproduce un pitido a través de los auriculares y una voz grabada les pide que ajusten la frecuencia de los pitidos intentando abrir y cerrar las manos. Mientras el paciente intenta realizar la tarea, los impulsos eléctricos del cerebro se transmiten a un ordenador junto a la cama, que analiza las señales en tiempo real. La voz anima a los pacientes cuando modifican la frecuencia de los pitidos y los felicita cuando alcanzan el objetivo.

En el estudio, el equipo de Claassen probó el sistema con 41 pacientes que no respondían al tratamiento y que presentaban una lesión cerebral aguda, pocos días después de su hospitalización.

Tras un breve periodo de entrenamiento, aproximadamente uno de cada tres pacientes logró controlar los pitidos solo con el pensamiento, incluyendo a todos los pacientes con disfunción microvascular cerebral detectada mediante un examen independiente. Sorprendentemente, estos pacientes consiguieron controlar los pitidos a los pocos días de sufrir una lesión cerebral grave.

Aunque un estudio previo ha demostrado que la resonancia magnética funcional (RMf) puede utilizarse para obtener respuestas a preguntas sencillas de sí o no de un solo paciente que no responde, la RMf no es práctica para su uso rutinario.

"Por eso nuestro sistema representa un gran avance. El EEG se utiliza a diario en la práctica clínica en la UCI. La única parte sofisticada es el programa informático que desarrollamos, el cual analiza los datos en tiempo real y modula la información que se le proporciona al paciente", comenta Claassen.

Los participantes del estudio y sus familiares afirmaron que contar con una interfaz cerebro-computadora para su ser querido fue útil y ofrecieron consejos sobre cómo mejorar la tecnología, incluyendo la adición de funciones personalizadas, como la voz del ser querido, detalles culturalmente relevantes y funciones para detectar el dolor, el hambre y la consciencia.

Su objetivo es perfeccionar el sistema para que los pacientes puedan comunicar a sus médicos y seres queridos cómo se sienten, si tienen dolor o hambre, por ejemplo, de forma más directa. Los pacientes con conciencia oculta o disociación cognitivo-motora son incapaces de expresarse o comunicarse de ninguna manera. "Creo que ahí es donde nuestro trabajo puede ser fundamentalmente transformador", finaliza Claassen.

© Difoosion

Una jueza estadounidense ha ordenado que el presidente Donald Trump preste declaración en su demanda por difamación contra la BBC, estimada en casi 9.000 millones de dólares, antes del 11 de diciembre, según ha anunciado la propia cadena británica. Trump ha demandado a la radiotelevisión pública por un episodio de Panorama que editó uniendo dos secciones diferentes de un discurso que el presidente pronunció antes de los disturbios en el Capitolio de Estados Unidos en 2021.

La BBC ya se disculpó oficialmente ante Trump por el citado contenido, que forzó la dimisión del director general de la cadena británica, Tim Davie. Charles Tobin, abogado que representa a la BBC, argumentó ante el tribunal que había sido imposible tomar declaración al demandante a menos de dos meses para que terminara el periodo de presentación de pruebas. Después de que Trump cancelara por "motivos de importancia nacional" una declaración previa el 16 de octubre, la jueza Enjoliqué Lett ha ordenado que el mandatario comparezca antes de la fecha estipulada.

Además, la magistrada ha avisado de que la demanda podría ser desestimada si el equipo legal de Trump no se esfuerza más por proporcionar la información a la que el medio de comunicación tiene derecho en el caso, incluyendo la comparecencia. "El proceso de obtención de pruebas es engorroso, pero es una carga que asumimos, especialmente si presentamos una demanda", ha avisado la jueza a abogados personales de Trump.

© AP

"Está siendo muy difícil hacer valer mis derechos", ha denunciado el investigador tras ser desalojado Leer

Un juzgado de instrucción de O Porriño (Pontevedra) ha abierto diligencias por la actividad de un chat de Telegram con decenas de agentes policiales, donde supuestamente se compartió durante años información confidencial.

El diario The Objective adelantó que la Fiscalía investigó los hechos tras la denuncia de un inspector de Policía Nacional de Vigo y fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) han confirmado que un juzgado de O Porriño ha abierto diligencias, aunque la causa está declarada secreta y no han trascendido detalles, ni si hay alguna persona investigada.

Antecedentes y documentos

Según The Objective, la Fiscalía vio indicios de delitos como revelación de secretos, infidelidad en la custodia de documentos y omisión del deber de perseguir delitos.

Así, en el chat se habría compartido información relativa a antecedentes de personas, filiaciones, datos y documentos de consultas policiales, información sobre vehículos o fotografías de personas, todo ello al margen de la supervisión y control de los mandos policiales.

El titular de la Plaza de Instrucción número 4 del Tribunal de Instancia de Santander ha abierto juicio oral contra un policía local de la ciudad por consultar repetidamente y sin autorización el sistema VioGén para conocer el nivel de riesgo de una víctima de violencia de género cuya protección no tenía asignada. La Fiscalía solicita para él cuatro años y medio de prisión, mientras que la acusación particular, ejercida por la mujer, reclama tres años. Además, el juez ha declarado al Ayuntamiento de Santander responsable civil subsidiario.

Según las diligencias practicadas, el agente habría utilizado la información obtenida para dirigirse al policía nacional encargado de proteger a la mujer y pedirle que rebajara de medio a bajo el nivel de riesgo que le había asignado el sistema, al considerar que era "exagerado".

El agente, destinado en la Oficina de Protección de Víctimas (Oprovic), está procesado por un presunto delito contra la intimidad. Anteriormente, fue detenido por una supuesta revelación de secretos al informar al cabecilla de una trama dedicada al tráfico de cocaína en Cantabria.

Este presunto narcotraficante es también el supuesto agresor de la mujer cuyos datos consultó el policía local y, además, el arrendador de la vivienda del agente investigado. El hombre había denunciado a la mujer y tenía reconocida la condición de víctima protegida, por lo que su protección había sido encomendada al policía local. La seguridad de la mujer, por su parte, correspondía a un agente de la Policía Nacional.

La Fiscalía considera al acusado autor de un delito contra la intimidad y solicita una condena de cuatro años y medio de prisión, diez años de inhabilitación absoluta y el pago de una indemnización de 3.000 euros por los daños morales causados.

La acusación particular reclama tres años de cárcel, una multa de 8.100 euros, seis años de inhabilitación absoluta y una indemnización de 6.000 euros. Asimismo, el magistrado ha acordado que el agente deposite una fianza de 4.000 euros para garantizar las posibles responsabilidades económicas derivadas del procedimiento.

El Consistorio deberá comparecer en un plazo de diez días, representado por abogado y procurador, y presentar también un escrito de defensa en esta condición.

"Acceder al fichero no es delito, pero a los datos sí"

En su auto, el magistrado rechazó la petición de sobreseimiento de la defensa y argumentó que "el acceso al fichero no es delito, pero a los datos contenidos en el mismo sí", en referencia a la valoración del riesgo registrada en VioGén.

"Maniobrar para intentar rebajar el nivel de riesgo a una víctima a la que el funcionario policial no está protegiendo, porque la lleva otro cuerpo policial, tras acceder repetidamente al sistema VioGén en pos de ese dato, debe considerarse que colma las exigencias del tipo penal, al menos a priori, pues se accede a un dato protegido con la finalidad de perjudicar a su titular sin estar autorizado a ello", sostuvo el juez.

La Audiencia Provincial confirmó posteriormente la decisión del instructor, después de desestimar el recurso de apelación presentado por el policía local contra la transformación de las diligencias en procedimiento abreviado.

Una vez firme esa resolución, las acusaciones presentaron sus escritos y el magistrado ha acordado ahora la apertura de juicio oral, el paso previo a que el agente sea juzgado.

La Guardia Civil ha identificado a ocho personas en distintas localidades de España como supuestas autoras de varios delitos de estafa en el marco de un operativo policial iniciado a raíz de una denuncia en Lugo, donde una persona fue víctima de un fraude bancario con un perjuicio económico final de 25.000 euros.

A los ocho identificados se les atribuye la utilización de técnicas de 'smishing' y 'vishing' para la suplantación de la identidad corporativa de bancos, según el instituto armado. La denuncia que activó la investigación fue presentada a principios de año en Lugo, en la que se alertaba de un presunto fraude de este carácter.

Los hechos delictivos comenzaron cuando la víctima recibió un mensaje SMS que simulaba proceder de su entidad bancaria y en el que se le informaba de una supuesta compra por importe de 5.000 euros.

El mensaje advertía de que, si no reconocía la operación, debía contactar urgentemente con un numero de teléfono facilitado en el propio texto. "Alarmada por el importe, la victima llamó al número indicado, contestándole un supuesto operador, que se identificó como miembro del departamento de seguridad informática de la entidad bancaria, comunicándole que debía actuar con diligencia para anular el cargo y bloquear sus cuentas", relata la Guardia Civil.

Durante aproximadamente una hora, los estafadores mantuvieron a la víctima al teléfono y le indicaron que accediera reiteradamente a su aplicación de banca electrónica para, supuestamente, "revertir la operación", según los agentes. De forma simultánea, le enviaron códigos de verificación y le indicaron como proceder, "consiguiendo que autorizase operaciones fraudulentas creyendo que estaba cancelando una transferencia".

Las gestiones practicadas por los investigadores permitieron determinar que los autores realizaron operaciones en distintos establecimientos comerciales, lo que supuso un perjuicio económico a la víctima de 25.000 euros totales.

Ante estos hechos, la Guardia Civil recuerda que las entidades bancarias no solicitan por teléfono ni mediante SMS las claves de acceso a la banca electrónica ni los códigos de verificación de un solo uso para autorizar operaciones y recomienda contactar directamente con la entidad a través de los canales oficiales. Además, insiste en la importancia de denunciar los fraudes a la mayor brevedad posible.

Tres testigos que eran menores cuando se originó el bulo del 'caso Bar España' han asegurado este jueves, durante el juicio, que las acusaciones que realizaron sobre supuestas prácticas de pederastia eran "mentira" y que las formularon bajo amenazas de la persona a la que la Fiscalía sitúa como origen de la trama, ya fallecida.

Uno de los testigos ha explicado que hizo aquellas afirmaciones porque el fallecido le amenazaba. "Nos dictaba lo que teníamos que decir y lo escribíamos", ha señalado.

Su hermano, que también ha declarado en la vista, ha relatado que denunció esas supuestas prácticas porque esta misma persona le obligaba a hacerlo. Según ha explicado, le amenazaba con impedirle ver a sus hermanos si no obedecía. "Pero todo era mentira", ha recalcado.

Una prima de ambos ha corroborado esta versión y ha afirmado que también recibió amenazas para denunciar unos abusos en el Bar España que, según ha sostenido, nunca ocurrieron.

"Fue duro, muy desagradable y muy ofensivo"

En la sesión de este jueves también ha declarado la exconsellera de Justicia Gabriela Bravo, quien ha recordado las informaciones publicadas sobre una supuesta red de pederastia en la que se señalaba a distintos personajes públicos. A ella se le acusaba de conocer los presuntos delitos y no actuar para investigarlos ni proteger a los menores.

"Yo no sabía de dónde podía salir eso. Se me acusaba de que era encubridora de la red de pederastia, es decir, que no hacíamos nada porque lo estábamos encubriendo", ha manifestado.

Bravo ha explicado que las acusaciones le afectaron tanto por su responsabilidad política como por su trayectoria profesional como fiscal, especializada en la jurisdicción de menores. "De repente, verme involucrada en un tema de que consentía determinados hechos delictivos y que los encubría fue duro, muy desagradable y muy ofensivo como persona y para mi profesión y mi carrera", ha afirmado.

La exconsellera ha relatado que tuvo conocimiento de un informe en el que se solicitaba abrir una investigación y que, al mismo tiempo, se la atacaba por no haber investigado los hechos. A su juicio, "lo que se publicó basándose en ese informe" es lo que considera injurioso.

Por ello, ha reclamado una indemnización y que se eliminen de las redes sociales las informaciones relacionadas con estas acusaciones. "Estas afirmaciones injuriosas no pueden seguir estando ahí, pues a veces, a base de repetir mucho una mentira, puede dar apariencia de verdad, y eso hace daño", ha subrayado.

"Me han destrozado la vida"

Durante la jornada también han declarado varios empresarios que, según han relatado, fueron vinculados en redes sociales y mediante panfletos distribuidos por Benicarló con una supuesta red de pederastia con sede en el Bar España. Los testigos han descrito las consecuencias que estas acusaciones tuvieron en su vida personal y profesional. "Me han destrozado la vida", ha asegurado uno de ellos.

Otro de los empresarios ha recordado que se les atribuían abusos a menores e incluso asesinatos. "Se decía que había un tema de abuso de niños, que a algunos los habíamos matado, que era un bar de violaciones y asesinatos", ha declarado.

Una tercera persona ha explicado que, a raíz de las acusaciones relacionadas con el caso, su negocio comenzó a ir mal hasta que finalmente tuvo que cerrarlo.

El desahucio de Daniel González Iglesias, físico e investigador en la Universitat de València (UV), se ha ejecutado en la mañana de este jueves tras diez años peleando por evitarlo. "No tengo ganas de más follones, quiero intentar vivir tranquilo y está siendo muy difícil intentar hacer valer mis derechos".

Así lo ha expresado el investigador en un audio facilitado a los medios, ya que, aunque en un principio estaba previsto que atendiera a los periodistas poco antes de la hora programada para el lanzamiento --las 09.30--, finalmente la Policía Nacional ha acudido a la vivienda sobre las seis de la madrugada y ha desplegado un dispositivo con ocho furgones.

Ante esta situación, Daniel ha "decidido colaborar", identificándose con DNI y número de teléfono al ser requerido y abandonar el inmueble. Por su parte, el portavoz del Sindicat d'Habitatge de València, Esteban Arellano, en atención a los periodistas, ha incidido en que, tras lo sucedido, Daniel se ha "alejado" del domicilio por necesidad, al sufrir un "cuadro de ansiedad", por el que ha sido atendido en un centro de salud.

En su audio, el propio Daniel explica que se encontraba durmiendo "como se puede dormir la noche anterior a un desahucio", cuando ha escuchado "ruido" en la calle. "Había furgones de antidisturbios cortando la calle, un montón de señores", en ese momento ha comenzado a experimentar síntomas de ansiedad porque "lo que quería precisamente evitar era este tipo de situaciones".

Desde el sindicato han indicado que el despliegue policial se debía a la posibilidad de convocar una concentraran para intentar paralizar el desahucio, pero ha sido el investigador el que "no quería exponer a nadie a esta situación", por lo que no se ha convocado. "Si hubiéramos estado concentrados aquí nos hubiéramos enfrentado a una situación como la que se vivió en el desahucio de Mari Carmen, una represión policial muy importante", ha lamentado Arellano.

Un "ejemplo claro de la crisis de vivienda"

Arellano ha incidido en que el caso de Daniel y lo sucedido este jueves es un "ejemplo claro de la realidad de la crisis de la vivienda que sufren las trabajadoras", al tiempo que ha lamentado que la mayoría de la población está "más cerca de encontrarse en esta situación que de poder tener una casa".

Daniel llegó a la vivienda en 2009 como estudiante con un alquiler compartido de 594 euros. A lo largo de los años, se quedó solo en el piso y a causa de la crisis, el entonces propietario, añadió anexos que rebajaban el precio hasta los 350 euros. Más tarde, se firmó otro nuevo que establecía la opción de compra del piso por un precio de 71.000 euros y el derecho al tanteo y retracto, según relató Daniel anteriormente en declaraciones a Europa Press TV.

Tres años después la empresa entró en concurso de acreedores y Daniel consignó el pago del alquiler en los juzgados. El piso salió a subasta pública en 2017 y Caixabank lo adquirió a través de la sociedad participada, Coral Homes S.L, que demandó a Daniel por ocupar ilegalmente la vivienda. Tras en 2018 ser informado por el administrador concursal de no ingresar más alquileres al juzgado y en 2020, presentar un procedimiento de jurisdicción voluntaria y pagar de nuevo, no pudo efectuar ningún abono por no disponer de la cuenta bancaria del arrendador.

La propiedad volvió a denunciar al investigador en 2023 y en 2025 vendió el piso por mucho más de 71.0000 euros a una propietaria particular. Después de haberle dado la razón en las dos sentencias anteriores, esta última demanda condena a Daniel al desalojo del piso y al pago de 35.620,88 euros en concepto de rentas vencidas --por la diferencia entre los 494 euros y los 350 euros sin "contar modificación"--. El Sindicat d'Habitatge ha recordado que el desahucio se ha producido mientras "hay un real decreto que en teoría prohíbe los desahucios, frena la especulación y defiende a los inquilinos".

Además, acusa a la inmobiliaria de "engañar y vender la casa, de manera que se han vulnerado los derechos de Daniel, y además, la justicia lo ha permitido". En este sentido, ha manifestado que hay dos recursos en marcha, uno de queja para elevar la situación al Tribunal Supremo y otro de reposición, ya que "no se han aceptado los diez días hábiles que tenía para intentar que los recursos llegaran a máximo término posible".

"Intentamos que se demuestre que hay una falsedad procedimental porque se han negado los derechos de una persona que tiene reconocido su derecho a compra y su contrato de alquiler, por lo que este desahucio no se debería de haber producido", ha reivindicado.

Para el Sindicat d'Habitatge, este procedimiento no ha acabado y esperan que tenga "más recorrido". Sobre la manera en la que se ha realizado, creen que se trata de "estrategias de desgaste a largo plazo" a la que ya se han enfrentado "muchas veces". "Al final, por mucho que el procedimiento judicial siga adelante, el resultado es que llaman a ocho furgones de policía, llegan a las seis de la mañana a tu casa, te echan y por mucho que tengas la razón y ganes el juicio, ya has perdido la casa", ha concluido el portavoz.

Un 95,7% de las víctimas que han sufrido violencia sexual bajo el efecto de drogas en contextos de ocio no ha comunicado la agresión a los servicios sanitarios, psicológicos, policiales o judiciales, según ha revelado un estudio sobre sumisión química con finalidad sexual (VSFD) liderado por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y la Universidad de Alcalá (UAH).

En este sentido, el informe recoge que, entre las 583 personas que declararon haber sufrido VSFD, el 17,5% nunca había contado lo ocurrido a nadie, el 78,2% lo había comunicado exclusivamente a su entorno cercano y el 4,3% lo había hecho a algún servicio sanitario, psicológico, policial o judicial. En concreto, el 1,9% había informado a instituciones policiales o judiciales.

El estudio, publicado en Frontiers in Public Health, también refleja la diferencia en la comunicación a instituciones según la estrategia de agresión sexual empleada por el perpetrador. Mientras que el 34,2% de las víctimas de sumisión química proactiva -aquella en la que el agresor administra de forma encubierta o forzada sustancias a la víctima- había comunicado la agresión a alguno de estos servicios, la proporción desciende hasta el 1,4% cuando el agresor se había aprovechado del consumo voluntario de alcohol por parte de la víctima.

Igualmente, los investigadores proponen un modelo conceptual en el que confluyen diversas barreras que pueden dificultar el reconocimiento de la agresión, su comunicación y la búsqueda de ayuda. Entre ellas destacan los mitos asociados a la sumisión química, las alteraciones de la memoria provocadas por las sustancias, la ausencia de lesiones físicas visibles y los estereotipos sexistas que "pueden favorecer la culpabilización de las víctimas".

Cuestionamiento a las víctimas

"La interacción de estos factores podría contribuir a que las agresiones sexuales oportunistas permanezcan especialmente invisibilizadas. Por ello, resulta fundamental evitar cualquier juicio o cuestionamiento hacia las víctimas, favoreciendo un entorno de comprensión, apoyo y confianza que facilite la comunicación de lo sucedido y la búsqueda de ayuda", ha asegurado el investigador del Departamento de Salud Pública de la UCM, Pablo Prego.

Una investigación anterior del mismo equipo, publicada en Public Health en 2024, encontró que el 48,4% de las mujeres y el 27,0% de los hombres de entre 18 y 35 años declaran haber sufrido al menos un episodio de VSFD mientras estaban de fiesta.

Entre las víctimas con información disponible sobre la modalidad de consumo, el 92,6% declaró que el agresor se había aprovechado de los efectos de sustancias consumidas exclusivamente de forma voluntaria, principalmente alcohol, frente al 7,4% que refirió algún tipo de consumo involuntario de sustancias.

La investigación ha sido desarrollada por un equipo de investigadores vinculados al Observatorio Universitario de Violencia Sexual Facilitada por Drogas (ObservaVSFD), una iniciativa de carácter interuniversitario en la que participan investigadores de la Universidad Complutense de Madrid y de la Universidad de Alcalá.

Reorientar las campañas de prevención

La muestra inicial de este estudio estuvo constituida por 1.601 participantes, seleccionados mediante un procedimiento de muestreo por cuotas según sexo, grupo de edad y comunidad autónoma de residencia, con cobertura de las 17 comunidades autónomas. De ellos, 583 (36,4%) declararon haber experimentado al menos una agresión sexual facilitada por alcohol u otras drogas durante o inmediatamente después de una actividad de fiesta u ocio nocturno.

El cuestionario fue elaborado por un equipo interdisciplinar tomando como referencia instrumentos científicos previamente utilizados en investigaciones sobre violencia sexual. Se analizaron los patrones de comunicación correspondientes a la experiencia de victimización más reciente, así como su relación con diferentes características sociodemográficas y de la agresión, incluyendo su carácter invasivo, el número de agresores, la relación previa entre víctima y agresor y la estrategia utilizada para facilitar la agresión.

Los investigadores destacan la necesidad de reorientar las campañas de prevención hacia una representación más completa de la VSFD, que incorpore la sumisión química oportunista.

"Es muy importante dejar claro que no se debe, en ningún caso, estigmatizar ni responsabilizar a la víctima por la agresión sexual sufrida, aunque el agresor se haya aprovechado del consumo voluntario de sustancias por parte de aquella. La responsabilidad debe recaer únicamente sobre quien perpetra la agresión, no sobre quien la sufre", recuerdan los autores.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares ha condenado este jueves a dos años de prisión a un hombre por violar a una mujer en un hotel de Magaluf, en el municipio mallorquín de Calvià.

La Sala ha dictado oralmente una sentencia de conformidad después de que el acusado alcanzara un acuerdo con la Fiscalía y la acusación particular para reducir de siete a dos años la petición inicial de cárcel. Para rebajar la condena, se han aplicado como atenuantes el consumo de alcohol y drogas y las dilaciones indebidas en la tramitación de la causa.

El condenado no ingresará en prisión, siempre que no cometa ningún delito durante los próximos dos años. Además, ha reconocido los hechos y se ha comprometido a abonar a la víctima una indemnización de 6.000 euros en un plazo de seis meses, mediante pagos mensuales de 1.000 euros.

El hombre ha admitido que el 15 de julio de 2022 invitó a la víctima, a quien había conocido en una fiesta en la piscina, a subir a su habitación del hotel. Una vez allí, aprovechó que la mujer perdió repentinamente el conocimiento tras consumir una gran cantidad de cocaína y vodka para agredirla sexualmente en dos ocasiones.

El Sindicato de Trabajadores (STR) ha anunciado la convocatoria de una huelga para los días 3 y 4 de noviembre en las refinerías de A Coruña, Cartagena, Puertollano y Tarragona en el contexto de la negociación de varios convenios colectivos de los trabajadores de la multinacional energética.

La convocatoria llega tras el fracaso de la mediación del Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) de cara a la negociación de los convenios colectivos en Repsol Fuels, Repsol Materials, Repsol Trading y RLESA.

En Fuels, los paros están previstos en las refinerías de A Coruña, Cartagena, Puertollano y Tarragona.

En Materials, abarcarán las plantas químicas de Puertollano y Tarragona, además del personal de sus oficinas y servicios incluido en el ámbito de la huelga.

La huelga anunciada también comprende al personal de Trading en las oficinas de Madrid, cuya actividad incluye el abastecimiento de crudo y materias primas y la comercialización internacional de productos.

Se extiende asimismo a RLESA, dedicada a lubricantes, asfaltos y especialidades, que cuenta, entre sus instalaciones, con la planta de lubricantes de Puertollano y la planta de especialidades de Palencia.

Piden mejoras de salarios, pluses y “medidas reales” de conciliación

El STR, sindicato mayoritario en el negocio industrial de Repsol, considera que las ofertas empresariales siguen muy por debajo de la capacidad económica de la compañía. Reclama mejoras económicas, avances en pluses, plantillas suficientes y medidas reales de conciliación.

“Cuando la empresa ha exigido esfuerzo, responsabilidad y compromiso, la plantilla ha respondido. Ahora le corresponde a la Dirección trasladar los grandes resultados a los convenios. Sus propuestas siguen sin estar a la altura y nos llevan a anunciar estos paros”, ha señalado Jordi Margalef, secretario de Comunicación del Sindicato de Trabajadores.

Desde el sindicato han subrayado que Repsol obtuvo 2.711 millones de euros de resultado neto ajustado en el primer semestre de 2026, por encima de los 2.568 millones de todo 2025.

En la misma línea, han apuntado a las previsiones que sitúan en otros 2.625 millones para el tercer trimestre, lo que elevaría el acumulado hasta septiembre a 5.336 millones, más del doble que en todo el ejercicio anterior, si se confirma la estimación en los resultados oficiales del 29 de octubre.

“La Dirección debe explicar por qué esa capacidad económica no se refleja en propuestas más ambiciosas para quienes la hacen posible. A grandes resultados deben corresponder grandes convenios”, ha afirmado Margalef.

La organización ha advertido de que los paros del 3 y 4 de noviembre serán las primeras jornadas de un proceso de movilización que continuará si no se producen avances suficientes.

“Seguimos abiertos a una negociación seria, con propuestas concretas y acordes con los resultados de Repsol. Nuestro objetivo es conseguir que las trabajadoras y trabajadores reciban una parte justa de la riqueza que generan. Si la Dirección mantiene sus ofertas actuales, mantendremos también la movilización”, ha añadido Margalef.

Un hombre ha fallecido este jueves tras caer desde el tejado de una nave industrial en la que trabajaba en Lucena (Córdoba), desde una altura de entre seis y siete metros, según ha informado el servicio de Emergencias 112 de Andalucía.

El accidente se ha producido sobre las 11:10 horas en una nave situada en la calle Mercedes la Partera. A esa hora, el centro de coordinación ha recibido una llamada de socorro que alertaba de la caída de un hombre desde la cubierta de las instalaciones.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061, la Policía Local y la Policía Nacional, que han confirmado el fallecimiento del trabajador, de unos 40 años, según los testigos.

La Policía Local ha indicado que el hombre había subido al tejado para comprobar su estado, ya que estaba prevista una reforma de las instalaciones. El 112 ha puesto los hechos en conocimiento de la Inspección de Trabajo y del Centro de Prevención de Riesgos Laborales.

La Jefatura Superior de Policía de la Región de Murcia ha alertado sobre la estafa conocida como la "falsa urgencia hospitalaria", en la que los delincuentes recurren al engaño y la presión psicológica para conseguir dinero y objetos de valor de sus víctimas, principalmente personas mayores, haciéndoles creer que un familiar necesita una intervención médica urgente.

Los estafadores se hacen pasar por profesionales sanitarios y comunican una supuesta emergencia que requiere un pago inmediato para recibir tratamiento. A continuación, envían a una persona al domicilio de la víctima para recoger el dinero y las pertenencias de valor. En algunos casos, incluso les piden que introduzcan los objetos en un paquete opaco y lo arrojen por la ventana o el balcón, según ha explicado la Policía Nacional.

Medidas a tomar para evitar la estafa

La Policía Nacional recomienda mantener la calma y evitar decisiones precipitadas, ya que los delincuentes utilizan el miedo y la presión psicológica para impedir que las víctimas comprueben la veracidad de la información. Por ello, aconseja detenerse, verificar lo sucedido y no realizar pagos ni entregar objetos de valor sin confirmar antes la situación.

Asimismo, insta a contactar directamente con el familiar supuestamente afectado para comprobar si existe una emergencia real y a desconfiar de quienes soliciten dinero en efectivo o joyas para sufragar una intervención médica urgente, especialmente si anuncian que enviarán a alguien al domicilio para recogerlos.

También aconseja desconfiar de las llamadas procedentes de números ocultos, no facilitar información personal y establecer una pregunta o clave de seguridad compartida entre familiares y personas de confianza, cuya respuesta solo conozcan los miembros de ese círculo cercano.

En caso de sufrir una estafa o sospechar de un intento de fraude, la Policía Nacional recomienda llamar inmediatamente al 091 o acudir a una comisaría para denunciar los hechos.

Si la víctima ya ha entregado dinero o joyas, las autoridades aconsejan denunciar lo antes posible, proporcionar una descripción detallada de la persona que recogió los objetos y aportar cualquier información que pueda contribuir a la investigación.