El Ministerio del Interior ha tomado la decisión de retirar las placas de matrícula reservadas que, con fines de seguridad personal y de sus familias, tenían los miembros de la Guardia Civil de las comandancias del País Vasco y Navarra, según han informado a LA RAZÓN fuentes conocedoras del asunto. Se mantienen las que usan los grupos operativos, lo que no resta gravedad a la resolución adoptada. Esta nueva situación coincide con la entrada en la cárcel de dos miembros del movimiento disidente proetarra Jardun, que tenían en su poder información relevante sobre agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado.
Los fines por los que habían acumulado los datos sólo los conocen los ahora encarcelados, ya que se negaron a declarar ante el juez, pero resulta preocupante que estuvieran en manos de unos individuos, uno de los cuales fue el encargado de leer el manifiesto del «Gudari Eguna» (Día del Soldado Vasco), que se celebró en una localidad fronteriza francesa al día siguiente de que fueran interceptados por una patrulla de Tráfico de la Ertzaintza que, inexplicablemente, no procedió a su detención para que se pusieran en marcha los protocolos habituales en estos casos, entre ellos el registro de sus domicilios. Además, lo ocurrido el 26 de septiembre se mantuvo oculto a la opinión pública hasta que el Gobierno del PNV-PSE decidió darlos a conocer días pasados.
El manejo de la información que se incautó, fuera por razones políticas u otras, no resta gravedad al asunto, por lo que no se entiende la medida adoptada por el Ministerio del Interior que afecta a la seguridad de los agentes y sus familias.
Las placas reservadas de matrícula es una medida de seguridad destinada a que los individuos, por las razones que sean, quieran controlar los movimientos de las Fuerzas de Seguridad en el País Vasco y Navarra. Se trata de algo absolutamente necesario cuando ETA estaba operativa. Es verdad que la banda terrorista ha dejado de matar lo que no significa que su siniestra presencia no se mantenga en las provincias del norte, bien sea con pintadas, homenajes y una omnipresencia de determinados elementos que estuvieron vinculados a su entorno y que ejercen una presión sobre los sectores considerados como españolistas.
Las fuentes que ha consultado este periódico no se explican por qué se ha adoptado esta medida y qué necesidad había de hacerlo ahora. En las dos últimas legislaturas, la opinión pública ha asistido, singularmente las víctimas del terrorismo, al blanqueamiento de ETA y sus crímenes, como si la banda no hubiera existido, tal vez para justificar unos pactos políticos necesarios para el mantenimiento del poder.
Es responsabilidad de quien lo ha hecho que deberá someterse al veredicto de las urnas el 29N, pero retirar una medida de seguridad necesaria no va a contribuir a cambiar una historia que está ahí, para dolor de tantos españoles.
Las placas reservadas de matrícula es una de tantas medidas para evitar que determinados individuos, como al parecer ocurría con los encarcelados de Jardun, pudieran identificar a los miembros de las Fuerzas de Seguridad.
Al retirar la medida a los vehículos particulares se expone no sólo a los agentes sino también a sus familias, que pueden viajar con ellos para cualquier desplazamiento, como ir al colegio, compras, vacaciones, etcétera.
Se dirá que ya no hay peligro, los últimos acontecimientos parecen indicar lo contrario; en cualquier caso, como medida preventiva no costaba tanto mantenerla porque a ningún agente que trabaje en el País Vasco y a sus familiares les gusta ser identificados por los señalamientos existen con fines claramente intimidatorios.
“Normalización” es una palabra que durante décadas utilizó el entorno de la banda terrorista dentro de su estrategia de poner en el mismo fiel de la balanza a víctimas y verdugos.
Las referidas fuentes señalaron que los agentes no entran en asuntos políticos sino a los que pueden afectar a su seguridad personal y familiar y, sobre todo, al derecho que tiene todo español a disfrutar de una vida tranquila sin tener que poner en marcha medidas suplementarias en lo que afecta a sus vehículos.
Se supone que, al igual que en los vehículos operativos, las placas reservadas se mantienen para su uso en los vehículos oficiales camuflados de instituciones oficiales dado la amenaza terrorista de carácter global que sufre Occidente.
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Rahal El Makkaoui, jefe del grupo parlamentario del Istiqlal, partido que forma parte de la coalición de Gobierno de Al Mansouri, ha manifestado que las relaciones con España están supeditadas al "expediente de las ciudades ocupadas de Ceuta y Melilla y las islas Jaafari (islas ypeñones de soberançia) se basa en la adhesión a la soberanía nacional y la defensa de la integridad territorial del Reino".
Subrayó que el respeto a los principios de coexistencia y cooperación que unen a ambos países, en virtud de la proximidad geográfica y los lazos históricos, no puede ir en detrimento de la soberanía territorial de Marruecos, que consideró vinculada a la recuperación de las ciudades de Ceuta y Melilla y las islas Jaafari.
Al-Makawi criticó lo que describió como la explotación política y mediática del tema por parte de algunos partidos españoles, considerando que tales posturas van más allá de los límites de la convivencia positiva que debería enmarcar las relaciones entre los dos países, y no son compatibles con los requisitos para construir una asociación basada en el respeto y la confianza mutuos.
El portavoz afirmó que Marruecos, basándose en su compromiso con la justicia de sus causas nacionales, no aceptará que su asociación con España se convierta en un medio de presión, chantaje o amenazas, e hizo hincapié en que las relaciones bilaterales no pueden mantenerse ignorando los asuntos pendientes, sino que requieren abordarlos con espíritu de responsabilidad y claridad
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Abdulrahman El Bahnasawy, de 28 años y originario de Ontario, Canadá, ha sido condenado a 50 años de prisión por delitos relacionados con un ataque perpetrado en 2020 contra funcionarios penitenciarios en la Penitenciaría Federal de Allenwood. Esta condena se suma a la de 40 años que ya cumple por su participación en la planificación de un atentado terrorista con numerosas víctimas en la ciudad de Nueva York en nombre del Estado Islámico.
“Aunque se encontraba tras las rejas, el terrorista convicto perpetró un ataque atroz contra dos funcionarios penitenciarios en nombre del Estado Islámico, quienes sobrevivieron”, declaró el subdirector Jarod Brown de la División Antiterrorista del FBI. atacó a dos guardias penitenciarias con un arma fabricada con parte de un escritorio de acero en su celda. apuñaló a una de los funcionarios en la cabeza y la cara, y cuando un segundo acudió en su ayuda, lo apuñaló en la mano.
El primer oficial perdió su ojo derecho como consecuencia del ataque. Al reducir a Bahnasawy, se encontró una nota en su calcetín que decía: "Este es un ataque terrorista del Estado Islámico". También se halló una declaración de lealtad al grupo yihadista pegada con cinta adhesiva en la parte interior de la puerta de una taquilla en la celda de Bahnasawy. En noviembre de 2025, Bahnasawy se declaró culpable de múltiples cargos de agresión, agresión con intención de cometer asesinato y posesión de contrabando dentro de una prisión.
En el momento de los ataques, cumplía una condena de 40 años por su participación en la planificación de un ataque terrorista con numerosas víctimas en la ciudad de Nueva Yor. Entonces ciudadano y residente canadiense de 20 años, conspiró con Talha Haroon y Russell Salic para llevar a cabo atentados con bombas y tiroteos en zonas densamente pobladas de la ciudad de Nueva York durante el mes sagrado islámico del Ramadán en 2016
Un agente encubierto del FBI se infiltró en el complot terrorista de los co-conspiradores, haciéndose pasar por un simpatizante del ISIS dispuesto a participar en los ataques. El FBI arrestó a Bahnasawy en mayo de 2016 después de que viajara desde Canadá a la zona de la ciudad de Nueva York para preparar los ataques, y ha permanecido bajo custodia desde entonces.
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