En España, la mitad de la población considera que las personas pobres tienden a acomodarse a su situación y a depender de las ayudas sociales, en lugar de buscar soluciones por sí mismas. Y prácticamente un 11% atribuye la pobreza a la pereza o falta de principios morales. Son dos datos demoledores de la encuesta elaborada por Aporolab, el Observatorio de Aporofobia de la Universidad Ramón Llull, que se presenta este jueves en el marco del congreso anual sobre la discriminación y aversión hacia las personas sin recursos. El sondeo ahonda en creencias, actitudes y también en cómo se traducen en determinadas posiciones sociales al respecto, y a diferencia de otros estudios, está realizado sobre el conjunto de la población y no solo con personas vulnerables que cuenten su experiencia. Los resultados dibujan un mapa de prejuicios, en un país en el que más de nueve millones de personas viven bajo el umbral de la pobreza. Las actitudes discriminatorias son mucho mayores entre los jóvenes, y también entre quienes se identifican con opciones políticas de derecha.

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El Gobierno ha aprobado este martes el decreto ley que contiene la ampliación del derecho a la pensión de viudedad a las parejas con hijos que ni se casasen ni se registrasen como parejas de hecho. Desde la publicación en el Boletín Oficial del Estado de esta norma, tanto los futuros supervivientes como los pasados tienen derecho a pedir esta prestación si acreditan dos años de convivencia ininterrumpida mediante el padrón. Para el segundo grupo se abre una ventana de un año para que aporten pruebas del derecho a la misma.

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